Sentencia 16466 de abril 30 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CANCELACIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VENDEDORES

Por cese definitivo de actividades del responsable del IVA.

EXTRACTOS: «Se debate en este proceso la legalidad de los actos a través de los cuales se negó a la demandante la solicitud de cese de responsabilidad en el impuesto sobre las ventas y se le comunicó que “mientras no presente y pague si fuera del caso, las declaraciones del impuesto sobre las ventas de los bimestres 3 al 6 del año 2005 y 1 y 2 de 2006, su solicitud de cancelación no será aceptada”.

La actora sostiene que no está obligada a declarar, toda vez que desde diciembre de 2003, es asalariada y desde ese momento no desarrolla actividad alguna que cause el tributo.

La demandada insiste en que mientras no se informe el cese de actividades, subsiste la obligación de declarar.

Debe la Sala resolver si la cancelación de la inscripción en el registro nacional de vendedores (ahora RUT) (1) , por el cese definitivo de las actividades del responsable, está sujeta a condición diferente del cumplimiento de la obligación formal de informarlo.

Al respecto advierte la Sala:

El artículo 614 del estatuto tributario, dispone:

“Los responsables del impuesto sobre las ventas que cesen definitivamente en el desarrollo de actividades sujetas a dicho impuesto, deberán informar tal hecho, dentro de los treinta (30) días siguientes al mismo.

Recibida la información, la administración de impuestos procederá a cancelar la inscripción en el registro nacional de vendedores, previas las verificaciones a que haya lugar.

Mientras el responsable no informe el cese de actividades, estará obligado a presentar la declaración del impuesto sobre las ventas”.

De conformidad con la disposición transcrita, los responsables del impuesto sobre las ventas tienen la obligación de informar a la administración, el cese definitivo de actividades sujetas a dicho impuesto.

El cumplimiento de esta obligación formal, permite a la autoridad tributaria conocer el hecho y proceder a cancelar la inscripción del responsable en el registro nacional de vendedores.

La norma establece que el hecho debe informarse dentro de los treinta días siguientes a su ocurrencia, y si no lo hace, el responsable estará obligado a declarar como lo establece el último inciso del artículo 614 del estatuto tributario.

De otro lado, es expresa la norma en cuanto a que una vez la administración reciba la información del cese definitivo de actividades, debe cancelar la inscripción del responsable en el registro nacional de vendedores, “previas las verificaciones a que haya lugar”.

Verificaciones que se relacionan, de una parte, con la información suministrada para efectos de la cancelación, y de otra, con el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contribuyente o responsable.

Es pertinente aclarar que la verificación del cumplimiento de los deberes a su cargo, no constituye causal para no aceptar el hecho puesto en su conocimiento (el cese de actividades) y para negar la consecuente cancelación de la inscripción en el registro, pues no es el mecanismo legal para exigirlo.

Si en la verificación la administración encuentra que el solicitante incumplió obligaciones a su cargo, debe adelantar el procedimiento legal previsto para lograr su observancia.

Finalmente, el legislador dispuso que los responsables del impuesto a las ventas que han cesado definitivamente sus actividades y no informen a la administración la ocurrencia de tal hecho, están obligados a declarar, es decir, que mientras la autoridad tributaria no reciba dicha información, subsiste la obligación de declarar.

En el caso, la administración negó la cancelación de la inscripción en el registro nacional de vendedores, porque en la verificación previa, el funcionario de gestión y asistencia al cliente, encontró que el responsable no presentó la declaración del impuesto sobre las ventas de los últimos seis períodos (bimestres 3 al 6 del 2005 y 1 y 2 del 2006, v. fl. 95) y le advirtió que mientras no cumpliera esta obligación, la solicitud no sería aceptada.

Es claro para la Sala que la autoridad tributaria condicionó la cancelación de la inscripción, al cumplimiento de la obligación formal de declarar, hecho que además de constituirse en una causal no prevista por el legislador para negar la petición, desconoce el debido proceso previsto para los casos de incumplimiento de la obligación de declarar.

En efecto, el procedimiento legal previsto para los eventos en que incumpla el deber de declarar está señalado en los artículos 715 a 718 del estatuto tributario, por lo que la administración debió acudir al proceso de aforo que se inicia con el emplazamiento para declarar y no condicionar la cancelación de la inscripción a la presentación de tales declaraciones.

Si bien como se indicó, el legislador dispuso que mientras los responsables no informen a la autoridad tributaria el cese definitivo de sus actividades, continuarán obligados a declarar, esta consecuencia no puede confundirse con una causal para negar el cese de responsabilidad en el impuesto sobre las ventas, que procede una vez la administración reciba y verifique dicha información.

En suma, la cancelación de la inscripción es la consecuencia jurídica del cumplimiento de la obligación formal de informar el cese definitivo de actividades, por lo que recibida la información en tal sentido, corresponde a la administración cancelar la inscripción “previas las verificaciones a que haya lugar”, éstas con el fin de constatar la información para efectos de la cancelación y de establecer el estado de las obligaciones para adelantar los trámites pertinentes.

En el asunto como se indicó, la administración en la verificación previa solo advirtió el incumplimiento de la obligación de declarar el tributo en los últimos seis períodos, sin cuestionar la finalización de las actividades gravadas, la cual se debió a la condición de asalariada. Así, las razones expuestas son suficientes para declarar la nulidad de la actuación, toda vez que no se ajusta a lo previsto en el artículo 614 del estatuto tributario.

Anulada la actuación surge en consecuencia el restablecimiento del derecho, que en el caso, no es otro que la cancelación de la inscripción en el registro nacional de vendedores, pretensión a la que estaba dirigida la petición radicada el 12 de abril de 2006 y que dio origen a la actuación acusada.

En el libelo inicial la demandante pide “se elimine la obligatoriedad de presentar las declaraciones del impuesto a las ventas, correspondientes a los períodos de que trata la resolución demandada” (bimestres 3 al 6 del 2005 y 1 y 2 del 2006), pretensión que es propia del análisis de legalidad de los actos de determinación del tributo, que no fue el objeto de esta controversia y tampoco es la consecuencia directa del análisis jurídico de los actos aquí demandados, los cuales negaron el cese de responsabilidad en el impuesto sobre las ventas.

En consecuencia, se declarará la nulidad de los actos administrativos demandados y a título de restablecimiento del derecho se ordenará la cancelación de la inscripción de la demandante en el registro nacional de vendedores».

(Sentencia de 30 de abril de 2009. Expediente 16466. Consejera Ponente: Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia).

(1) La Ley 863 de 2003 (art. 19), incorporó el Registro Nacional de Vendedores al Registro Único Tributario.

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