Sentencia 16476 de noviembre 21 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

MORA EN EL PAGO DE HONORARIOS EN MATERIA CIVIL

INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS

EXTRACTOS: «Por considerar que efectivamente el actor había cumplido con sus obligaciones profesionales —aspecto que no se discute en casación por ser el demandante el único recurrente— y que por consiguiente tenía derecho al pago de los honorarios profesionales pactados, condenó el tribunal a la demandada al pago de los mismos, su indexación y los intereses moratorios consagrados en el artículo 1617 del Código Civil, y en cuanto a los perjuicios materiales adicionales deprecados sostuvo que no accedía a ellos en atención a que se había fulminado condena a la desvalorización monetaria y ésta reparaba todos los eventuales daños sufridos por el acreedor.

Para dirimir la controversia jurídica es menester partir de las siguientes premisas indiscutidas en el caso bajo examen:

1. La alegada responsabilidad de la demandada fluye de una relación contractual.

2. El nexo jurídico de las partes no fue comercial sino civil.

3. Lo adeudado es una suma de dinero determinada.

En este orden de ideas, no son aplicables los artículos 847, 870 y 884 del Código de Comercio por cuanto ellos están destinados a regular las relaciones entre comerciantes, y si bien en algunas ocasiones son extensibles sus efectos a otras disciplinas, es porque existe disposición expresa que así lo permite, o por remisión a ellas o por vacíos jurídicos que razonablemente pueden llenarse con la normativa mercantil, siempre que ella no pugne con la naturaleza del tema debatido.

Sabido es que los perjuicios pueden ser regulados por la ley, por el juez o por acuerdo entre las partes. En el primer evento es el propio legislador el que los avalúa, como sucede en el caso del artículo 1617 del Código Civil; en la segunda hipótesis el juez puede determinarlos con apoyo en las pruebas legalmente practicadas en el proceso; y en la última situación ocurre cuando las partes los han concertado en el convenio jurídico respectivo. Para el caso sub lite, es claro que la última hipótesis no sucedió, dado que el tribunal no dio por demostrado un avenimiento al respecto, ni el recurrente pretende aducirlo.

Ahora bien, conforme lo tiene averiguado la jurisprudencia, no todo daño es jurídicamente reparable, pues para que ello ocurra debe ser “directo y cierto: lo primero porque sólo corresponde indemnizar el daño que se presenta como consecuencia inmediata de la culpa; y lo segundo, porque si no aparece como real y efectivamente causado, sino apenas como posibilidad de producirse, no entra en el concepto jurídico de daño indemnizable”, como con acierto lo enseñó la Sala de Casación Civil de esta corporación en sentencia del 25 de septiembre de 1976.

El mero incumplimiento contractual, sin demostración de perjuicios no da lugar a indemnizarlos, porque éstos ni se presumen, ni se pueden acreditar con un simple dictamen pericial que indique una determinada tasa de rendimiento bancario durante un período concreto, porque aún en los casos en que la ley permite acudir a esos patrones, la procedencia del perjuicio es del resorte del juzgador que da por esclarecida la culpa y la existencia real del daño. Bajo estos supuestos es carga probatoria de quien demanda la indemnización del perjuicio, a menos que solo cobre intereses, la ocurrencia del mismo y su monto, o por lo menos lo primero, para proseguir lo segundo, en los eventos de los artículos 307 y 308 del Código de Procedimiento Civil, en los procesos de conocimiento de los jueces civiles, mediante el incidente de regulación para traducir a un guarismo líquido la condena en abstracto.

En similares términos se pronunció la Sala Civil de esta corporación en sentencia de 4 de abril de 2001, radicación 5502.

En relación con el primer cargo, aclara la Sala que la imprecisión en que incurrió el ad quem al considerar que la desvalorización monetaria repara todos los perjuicios sufridos por el acreedor en concepto de daño emergente y lucro cesante, es intrascendente, por cuanto finalmente confirmó en su integridad la sentencia de primera instancia que condenó al pago de la indexación y además a los intereses legales del 6% anual desde el 2 de febrero de 1996 hasta el día del pago efectivo de los honorarios.

Así entonces, quedó a salvo la autonomía de cada uno de los conceptos, daño emergente y lucro cesante, dado que si bien la indexación apenas compensa uno de ellos, es claro que los intereses legales resarcen el otro aspecto del perjuicio, por cuanto en materia civil y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1617 del Código Civil, el interés legal cubre la indemnización de perjuicios por la mora cuando estos no han sido pactados. De manera que el perjuicio quedó reparado en forma completa e integral, pues no se limitó solamente al deterioro causado por la inflación, sino que incluyó el interés a aplicar por la mora en materia civil, que es el perjuicio que se presume, es decir, no es necesaria su prueba cuando se trata de la mora en el pago de sumas de dinero.

Otra podría ser la situación si el acreedor demandante hubiese demostrado un perjuicio particular adicional por el retardo injustificado en el cumplimiento del pago de sus honorarios, y hubiese acreditado que el envilecimiento de la moneda por inflación no quedaba suficientemente resarcido en su caso con las condenas fulminadas.

Interesa insistir en que para el caso específico que ocupa la atención de la Sala, la indemnización de perjuicios por la mora en el cumplimiento de un contrato decarácter civil, y específicamente generada en la falta de pago de sumas dinerarias, como aquí ocurre, está gobernada por el artículo 1617 del Código Civil, que es del siguiente tenor:

“Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes (subraya la Sala):

“1ª Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal, o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos casos.

El interés legal se fija en 6% anual;

2ª El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando sólo cobra intereses; basta el hecho del retardo;

3ª Los intereses atrasados no producen interés;

4ª La regla anterior se aplica a toda especie de rentas, cánones y pensiones periódicas”.

De tal manera que la disposición transcrita consagra un régimen resarcitorio específico que gobierna las consecuencias del incumplimiento de obligaciones pecuniarias civiles de estirpe contractual, consistentes en el pago de sumas de dinero determinadas, conforme al cual acreditado en juicio el retardo del deudor, proceden ipso jure, a menos que las partes hayan estipulado un interés superior, como mínimo, a título indemnizatorio los referidos intereses moratorios, avaluados por el propio legislador quien los presume de derecho y cuantifica. Lo anterior comprende, como atrás se dijo, el lucro cesante, esto es, la ganancia o provecho que deja de reportarse.

Pero como es menester contemplar las consecuencias de una economía inflacionaria, pues de lo contrario se llegaría al establecimiento de tasas negativas, debe agregarse la respectiva corrección monetaria.

Como lo tiene reiterado la jurisprudencia civil, sistema resarcitorio difiere sustancialmente del comercial, “diferencia normativa de notable trascendencia que no pocas veces... a la ligera se pasa por alto con funestas desviaciones en el camino de lograr, mediante el ejercicio de la lógica de lo razonable en la interpretación jurídica, el imperio de la equidad natural en todo litigio” (Sent. ene. 24/90).

De otra parte, el artículo 1649 del mismo ordenamiento positivo estatuye que el pago de la deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se deban. Este precepto, que ha sido en la jurisprudencia civil un fundamento esencial de la indexación de las obligaciones dinerarias, debe armonizarse actualmente con el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, que estatuye “Valoración de daños. Dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”.

Sin embargo, observa la Sala que esta última norma no incide en el presente caso porque no es aplicable por haber entrado en vigencia con posterioridad a los hechos debatidos.

Conviene aclarar, de otra parte, que bien se acoja la tesis de la procedencia de la corrección monetaria como consecuencia del daño emergente que sufre el acreedor por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda como efecto del pago retardado de la deuda —que ha sido la pregonada por la mayoría de la Sala y esbozada por la censura—, ora la de la simple actualización como consecuencia de la obligación de pago en su valor real, lo cierto es que actualmente no hay inconveniente jurídico alguno, a la luz de la jurisprudencia de las salas civil y laboral de la Corte Suprema para sostener la compatibilidad de la indexación del monto debido con los intereses moratorios legales contemplados en el artículo 1617 del Código Civil, por cuanto si se mira la indexación como resarcimiento del daño emergente ello no se opone al pago de los citados intereses ya que éstos reparan el lucro cesante. Y si se enfoca la corrección monetaria desde la óptica de la simple actualización a valor presente de las sumas adeudadas tampoco existe contradicción alguna porque obedecen a conceptos diferentes.

Debe precisarse eso si que aún podría excepcionalmente el acreedor de sumas de dinero que “no encuentre completa satisfacción en el pago de intereses” impetrar la indemnización del daño complementario que adicionalmente y para su específico caso le haya irrogado la mora del deudor, en tanto asuma “la carga de probar positivamente esa insuficiencia del interés moratorio como compensación resarcitoria, evidencia que consiste no tanto en certificar procesalmente la existencia de la desvalorización... y los términos numéricos en que se traduce el descenso del poder de compra del peso colombiano como efecto de ese fenómeno económico cuanto en demostrar que esa situación se dio en daño del acreedor hasta el punto de que no quede cubierto integralmente, indemne de todo perjuicio legal raclamable, con el reconocimiento de intereses moratorios. Pero en todo caso, siempre bajo el designio del mencionado artículo 1617” (resalta la Sala), como atinadamente lo precisó la Sala Civil en la última sentencia citada.

Y tal situación es la que acontece en el caso sub examine en que, sin haberse demostrado de modo particular un perjuicio complementario, se invoca un dictamen pericial sobre el valor de los intereses bancarios que habría tenido un certificado de depósito a término en el período correspondiente, dictamen que reproduce certificación de la Superintendencia Bancaria. Y a tal valor agrega “la corrección monetaria aplicada al crédito insoluto”, pretendiendo un total de $ 46.583.750, adicional a lo ya concedido por la condena a honorarios, intereses legales e indexación.

Con relación al segundo cargo recaba la Corte que la petición de condenar a la indexación, junto con la tasa de interés moratorio aprobado por la Superintendencia Bancaria, es igualmente improcedente aún en materia comercial, dado que como lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, el interés de mora de carácter mercantil, del artículo 884 Código de Comercio, incluye por principio el resarcimiento inherente a la pérdida del poder adquisitivo del dinero, descartándose entonces la posibilidad de que junto al pago de intereses moratorios, se imponga condena de suma en función compensatoria de la depreciación monetaria, pues tal proceder sería contrario al sentido básico de equidad que debe regir en estas materias, pues el deudor se vería forzado injustamente a pagar dos veces por igual concepto.

Y tampoco es procedente la condena por los intereses correspondientes al bancario corriente, pues éste es un interés remuneratorio para operaciones comerciales, es decir por la ventaja obtenida por el dinero prestado a plazos, y el presente es un evento de mora en el pago de una suma de dinero correspondiente a un asunto meramente civil, sin que exista vacío alguno en normatividad específica que gobierna la materia.

Por consiguiente, como lo puntualizó la Corte en el prenombrado pronunciamiento, aún en las hipótesis en que son viables en la respectiva especialidad los intereses de mora estatuidos para los comerciantes en el artículo 884 del Código Mercantil —que no es el presente caso porque aquí se trata de la reclamación de honorarios causados por el ejercicio independiente de una profesional liberal y los consiguientes perjuicios por la obligación de pago incumplida—, esos intereses comerciales moratorios comprenden el resarcimiento por pérdida del poder adquisitivo del dinero, por lo que aún en tales casos sustancialmente distintos al litigado “tampoco sería justo ni equitativo, esta vez con el deudor, hacer gravitar nuevamente y de manera arbitraria el deterioro del signo monetario, imponiéndole una condena adicional que vendría a hacerlo soportar un doble pago del mismo concepto por la vía de la devaluación de la suma líquida adeudada”.

Si se impone la condena a corrección monetaria y los intereses legales, necesariamente se recompone el capital erosionado, esto es, se ajusta la obligación a los parámetros del artículo 1617 del Código Civil, en concordancia con el 1649 ibídem —y hoy con el 16 de la Ley 446 de 1998—, razón por la cual no es dable acumular en estos casos los conceptos referidos en este párrafo con otro tipo de intereses, con el pretexto de aplicar el artículo 1649 del Código Civil, porque las condenas fulminadas en este proceso abarcan todo el monto de la indemnización legalmente contemplada. De modo que cuando de éste precepto se concluye que el pago total comprende el de los intereses y de la referida indemnización por daño emergente, tal condena es no sólo la legalmente facultada a los jueces, sino la que comporta un razonable y justo equilibrio entre los contendientes en tratándose de obligaciones típicamente civiles, por lo que no se puede extender adicionalmente a otro tipo de intereses, y menos aun cuando ellos no son fruto del ejercicio de actividades comerciales, excluidas de la órbita del mencionado artículo 1617.

Dado el importante y reciente pronunciamiento de la Sala de Casación Civil de fecha 19 de noviembre de 2001 (rad. 6094) sobre temas ventilados en este proceso, es conveniente reproducir algunos de los apartes pertinentes, que por lo demás coinciden en lo relevante con el criterio adoptado en esta providencia por la Sala Laboral de la Corte:

“De allí que cuando el pago, a manera de segmento cuantitativo, involucra el reconocimiento de intereses comerciales, no pueden los jueces, con prescindencia de toda consideración especial, ordenar igualmente el ajuste monetario de la suma adeudada, específicamente cuando los réditos que el deudor debe reconocer son de naturaleza comercial, puesto que, sean ellos remuneratorios o moratorios, el interés bancario corriente que sirve de base para su cuantificación (C. Co., art. 884), ya comprende, per se, la aludida corrección. (...).

c) En este orden de ideas, puede afirmarse que si el deudor de una obligación mercantil de naturaleza dineraria, está obligado —ope legis— a pagar intereses en caso de mora (L. 45/90, art. 65); si ese deudor, por mandato de la ley, debe reconocerle a su acreedor una tasa de interés, la cual, como se anotó, cubre la desvalorización de la moneda, debe concluirse que, tratándose de dichas obligaciones, el legislador, por vía de los intereses, consagró un mecanismo de indexación indirecta —o refleja— que excluye la posibilidad de reclamar un reajuste complementario o de prohijar un camino diferente para el reconocimiento de la corrección monetaria, como sería, por vía de ejemplo, la actualización del valor originario, para aplicar sobre el resultado una tasa de interés pura...Y como la modalidad adoptada por el legislador comercial para ajustar las obligaciones dinerarias en caso de mora del deudor, privativamente fue la de los intereses, no es posible, ad libitum, acudir a otra metodología, a pretexto de ser más decantada o diferente el resultado aritmético, de suerte que el juzgador, por su específica naturaleza imperativa, no puede soslayar la preceptiva legal para transitar, en el punto, por un sendero trazado a su talante, como quiera que “la revalorización del crédito... no debe hacerse matemática e indiscriminadamente, pues se corre el peligro de caer en graves injusticias sociales“ (1) , a fortiori, cuando se tiene establecido, a modo de inquebrantable criterio rector, que cuando se reconocen intereses se está igualmente actualizando la suma primigeniamente adeudada (cas civ., ene. 24/90, CC, pág 22; cas. civ., sep. 18/95, CCXXXVII, pág. 911, entre otros).

(1) Acdeel Ernesto Salas. Problemática jurídica de la desvalorización. En ajuste de obligaciones por depreciación monetaria. Montevideo. Acali. 1977. Pág. 172.

Ésta ha sido, cumple memorarlo, la doctrina prevalente de la Corte, con arreglo a la cual se ha precisado que, cuando se trata de intereses legales de carácter mercantil, la tasa certificada por la Superintendencia Bancaria “incluye por principio el resarcimiento inherente a la pérdida del poder adquisitivo del dinero” (cas. civ., mayo 30/96, CCXL, pág. 707), pues aquella refleja el promedio de las tasas que en un determinado período cobran los bancos a sus clientes en las operaciones activas de crédito, las que comprenden, “por sobre el denominado costo financiero estricto, un precio justo que al segundo —el banco— le permita cubrir sus expensas operativas, crear reservas para hacerle frente a los riesgos en los que la depreciación monetaria juega sin duda un papel preponderante y obtener, en fin, un razonable aprovechamiento empresarial” (se subraya; cas. civ., sep. 18/95, CCXXXVII, pág. 910). De ahí, entonces, que no sería “justo ni equitativo, esta vez con el deudor, hacer gravitar nuevamente y de manera arbitraria el deterioro del signo monetario, imponiéndole una condena adicional que vendría a hacerlo soportar un doble pago del mismo concepto por la vía de la revaluación de la suma líquida adeudada” (cas. civ., ene. 24/90; CC, pág. 22. Vid: CC VIII, pág. 418; cas. civ., mayo 3/2000; exp: 5360).

Es importante resaltar que a la tesis que se viene predicando, esto es, que en materia mercantil el legislador —por vía de intereses— estableció un mecanismo de indexación indirecta, no se opone el carácter supletivo de las normas que en dicho ordenamiento regulan este tópico, como quiera que esa fisonomía sucedánea sólo se predica respecto de las tasas que habrán de aplicarse cuando no “se especifique por convenio el interés” (C. Co., art. 884), pero no en lo atinente a los límites impuestos por el legislador a los réditos que puede cobrar el acreedor, aspecto éste de tales disposiciones de naturaleza eminentemente imperativa, como quiera que obedecen a claras y definidas reglas de orden público económico, las cuales, como se sabe, buscan “mantener el orden y garantizar la equidad en las relaciones económicas, evitando los abusos y arbitrariedades que se puedan presentar en perjuicio de la comunidad” (C. Const. Sent. C-083, feb. 17/99). Por tanto, si el legislador comercial, como se explicó, instituyó un mecanismo de indexación indirecta a través de los intereses, no puede el intérprete abogar por una metodología divergente para obtener el ajuste de la obligación dineraria, toda vez que ello traduciría, en últimas, el desconocimiento de normas que, en lo pertinente, son de obligatorio cumplimiento y observancia.

No escapa a la Sala que, en algunas oportunidades —ciertamente escasas—, la Corte en el pasado entendió que era posible acumular la corrección monetaria a los intereses bancarios corrientes (cas. civ. mar. 7 y 14/94, exps: 4163 y 3061; CCXXVIII, págs. 520 y 684). Sin embargo, con prontitud, abandonó esa postura, para señalar, con base en la orientación atrás esbozada, que el deudor moroso “está obligado al resarcimiento de los daños que pueden tener expresión, ya sea en los intereses moratorios..., o bien en la ulterior reparación de perjuicios de mayor entidad si el acreedor reclamante demuestra haberlos experimentado, siendo entendido desde luego que al ser objeto de reconocimiento los primeros..., ello impide que al mismo tiempo, a título de indemnización suplementaria, se imponga condena alguna con el fin de compensar en términos económicos, por ejemplo, la depreciación monetaria” (se subraya; cas. civ. ago. 12/98; CCLV, pág 355. Vid: Sent. sep. 18/95; CCXXXVII, pág. 910), criterio éste que también ha sido expuesto —una y otra vez— por la doctrina especializada, al señalar que la tasa de interés corriente para deudas no actualizables contiene una serie de escorias que se agregan a la renta del capital, una de las cuales, de significativa incidencia, es la tasa inflacionaria incorporada” (se subraya) (2) .

(2) Atilio Aníbal Alterini y Roberto M. López Cabana. Responsabilidad Civil. Dike. Medellín. 1995. Pág, 77. En similar sentido, Eduardo Zanoni. El Daño en la Responsabilidad Civil. Astrea. Buenos Aires. 1982. Pág. 214.

Obsérvese que, en el fondo, las mismas razones que —inicialmente— conducen a ordenar que el pago retardado incluya el reajuste monetario de la suma adeudada: la equidad; la buena fe —en su dimensión objetiva—; la plenitud del mismo y la necesidad de preservar el equilibrio contractual y de evitar un enriquecimiento injustificado, determinan, a su turno, que el deudor de una obligación de estirpe comercial no pueda ser compelido, por regla, a pagar al acreedor, además del capital y de los intereses convencionales o legales a que hubiere lugar, la corrección monetaria, cuando ésta se encuentra ínsita en la tasa que le sirve de medida a aquellos, pues si así se habilitase, el solvens, aún en el evento de la mora, estaría pagando más de lo debido, sin que exista motivo legal o contractual que justifique un doble reconocimiento de la indexación a favor del accipiens (plus), dado que ello equivaldría a cohonestar un enriquecimiento injusto en cabeza del acreedor, en claro y frontal desmedro del patrimonio del deudor.

Más aún, dado que el interés tiene como frontera inquebrantable la tasa de usura (C.P., art. 305), según lo ha expresado esta corporación en forma repetida (Vid: cas. civ. mayo, 30/96, CCXL, pág. 709 y cas. civ. mayo 11/2000; exp: 5427), esta limitación viene a confirmar la regla relativa a la incompatibilidad de los intereses comerciales con una indexación complementaria, pues el reconocimiento de ésta, a la par con aquellos, se traduciría de algún modo, en un desbordamiento de tales réditos, lo que colocaría al acreedor en situación de infringir la ley penal, sin perjuicio de los conocidos efectos patrimoniales previstos en el ordenamiento jurídico (...) .

Por supuesto que en frente de obligaciones de linaje civil y, puntualmente, en aquellos casos en que tan sólo se reconoce el denominado interés puro, como sucede con el interés legal civil (C.C., inc. 2º, num. 1º, art. 1617 e inc. 2º, art. 2232), nada obsta para que se disponga que el pago se realice incluyendo, además de dichos réditos, la corrección monetaria, pues en este evento la tasa en cuestión únicamente refleja el precio adeudado por el uso del dinero, sin miramiento a su poder adquisitivo (unicidad funcional) (Cfme: cas. civ. jun. 15/95, CCXXXIV, pág. 873). Al fin y al cabo, la metodología materia de comentario, esto es, la indexación indirecta a través de los intereses referidos a la tasa bancaria, sólo se aplica en los casos de responsabilidad contractual de origen mercantil.

d) Puestas de ese modo las cosas, puede concluirse que la compatibilidad originaria de la corrección monetaria y de los intereses, depende, fundamentalmente, de la naturaleza y tipología de éstos, puesto que si ellos son los civiles, nada impide que, in casu, se ordene el reajuste monetario de la suma debida. Pero si el interés ya comprende este concepto (indexación indirecta), se resalta de nuevo, imponer la corrección monetaria, per se, equivaldría a decretar una doble —e inconsulta— condena por un mismo item, lo que implicaría un grave quebranto de la ley misma, ya que ésta ha establecido, en forma imperativa, que la manera de hacer el ajuste monetario de las obligaciones dinerarias de abolengo mercantil, es por vía de los intereses, por la potísima razón de que está entronizado en uno de los factores constitutivos o determinantes de la tasa reditual de mercado, según se refirió a espacio”. Por todo lo dicho, los dos primeros cargos, no prosperan».

(Sentencia de casación, noviembre 21 de 2001. Radicación 16.476. Magistrado Ponente: Dr. José Roberto Herrera Vergara).

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