Sentencia 16483 de febrero 7 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 16483

Acta Nº 5

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Vásquez Botero

Bogotá, D.C., siete de febrero de dos mil dos.

EXTRACTOS: «Se considera

Toda la argumentación del impugnante gira en dirección a discutir el carácter laboral que dedujo el tribunal respecto del vínculo contractual que unió a las partes con ocasión de los servicios prestados por el promotor proceso, pues sostiene que nunca se trabó una relación jurídica de esa naturaleza, sino de carácter comercial, en la que ambos contratantes cumplieron sus respectivas obligaciones en pie de igualdad, de acuerdo con el principio de la autonomía de la voluntad.

Del examen que se hace a los medios de convicción denunciados tanto por su no valoración como por su equivocada apreciación, encuentra la Sala que la subordinación que dedujo el juzgador no es la propia e inherente a una relación contractual de naturaleza laboral, sino que, por el contrario, la diversidad de obligaciones que contienen cláusulas pactadas son claramente indicativas que el tipo de contrato que quisieron celebrar las partes era ajeno al campo del derecho laboral.

Así se afirma por cuanto, los acuerdos a que los contratantes llegaron respecto de la forma corro se desenvolverían los contratos visibles a folios 51 a 66 del expediente, no permiten deducir que con ellos se pretendía aparentar un vínculo negocial diferente al que aparece consignado en esos documentos, para de esa forma evadir el pago de acreencias de naturaleza laboral.

Y es que aunque resultan complejos los términos de esos contratos, en donde el hoy demandante sólo aportó su fuerza de trabajo como conductor de un vehículo automotor de propiedad de la sociedad demandada y cuya destinación era para el transporte exclusivo de los materiales de ella, así como el de las empresas Mármoles y Cementos del Nare, ello no permite por sí solo que se concluya que se está en presencia de una relación laboral regida por el Código Sustantivo del Trabajo, pues de los claros y precisos términos acordados, afloran, además, concesiones, derechos y obligaciones que no son propias y mucho menos comunes a un asalariado dependiente, como es, la posibilidad de hacerse dueño de la propia maquinaria que con cierto grado de autonomía e independencia conduce, al igual que el mantenimiento a su vehículo que inicialmente le fue entregado no como una herramienta de trabajo para la realización de las labores pactadas, sino en condición de usufructuario en el primer período y de propietario en el segundo, según las cláusulas contractuales.

Así mismo, la fijación del precio de los fletes, la constitución del fondo para el manejo del dinero que producía el vehículo, la administración por parte de la empresa demandada de esas sumas dinerarias en los términos consignados en los contratos y la exclusividad para el transporte de mercancías, no son reglamentos o imposiciones que provengan de la parte demandada para con el actor, sino que obedecen al atípico convenio suscrito, del que era obvio surgieran obligaciones y derechos correlativos para ambos contratantes.

Es por lo anterior que resulta equivocado afirmar que las precitadas cláusulas son muestras de la subordinación jurídica propia de un contrato de trabajo, pues nada se opone a que en virtud de la iniciativa privada y dentro del marco de la autonomía de la voluntad, se hagan acuerdos como los que ocupan la atención de la Sala, no regidos por las normas laborales, sino por disposiciones civiles o comerciales, dependiendo de la naturaleza jurídica del contrato respectivo.

Por lo tanto, si la conclusión que extrajo el tribunal de los medios de convicción calificados fue el de la existencia de un contrato de trabajo entre las partes, no cabe la menor duda que en efecto se incurrió en un desviado juicio estimativo al deducir una subordinación jurídica del demandante y negar que el acuerdo de voluntades que contiene esos documentos, se repite, es claramente ajeno al campo laboral.

De otra parte, en lo que hace a la prueba testimonial, que es pertinente examinar al aparecer demostrado con prueba calificada que el nexo contractual escrito entre las partes no estaba regido por un contrato de trabajo, se tiene que el hecho que la misma informe que las labores desempeñadas por el hoy demandante, eran iguales a las cumplidas por personas vinculadas laboralmente con la empresa demandada, tal circunstancia tampoco, por sí sola, logra trasladar al campo laboral la naturaleza jurídica del acuerdo a que llegaron las partes para el transporte de materiales, dado que son los testigos quienes también marcan algunos rasgos diferenciadores de esos dos vínculos, cuando al referirse a los “libradores” con contrato como el suscrito por el actor, expresan que ellos no tenían horario establecido, que podían contratar por su cuenta personas distintas o adicionales para conducir el vehículo en las 24 horas del día si así lo deseaban, y que, además, tenían un fondo para amortizar el vehículo donde podían convertirse en propietarios del mismo.

Ahora bien, como el principal soporte del fallo recurrido es la aplicación del principio de la primacía de la realidad, al respecto se estima pertinente traer a colación lo expresado por esta corporación en sentencia del 26 de marzo del 2001, radicación 15256, a saber:

“En razón de la trascendencia del tema tratado, encuentra la Sala conveniente referirse una vez más a un aspecto doctrinal, antes de abordar el estudio de las discrepancias fácticas de la censura, relativo a que controversias como la planteada en este caso deben ser resueltas atendiendo el postulado constitucional de primacía de la realidad, según el cual son necesariamente las circunstancias que se puedan extraer de la realidad las que determinan el convencimiento del juez respecto a la índole de los servicios prestados por una persona natural, en contraposición de los datos aparentes que puedan informar los documentos o contratos provenientes de las partes, máxime cuando estos ofrezcan duda de simulaciones o fraudes a la ley laboral que resulten perjudiciales al trabajador. Principio que no se traduce, como parece entenderlo el recurrente, en una presunción relativa a que todos los documentos de naturaleza comercial, que involucren una prestación de servicios personales, siempre contienen encubrimientos y falsedades, pues lícitamente pueden corresponder a situaciones reales.

En este sentido vale recordar que conforme al ordenamiento constitucional y legal nada se opone, a que en desarrollo de la libertad de industria y comercio que deriva de los principios de actividad económica y de libre iniciativa privada consagrada en el artículo 333 del primer ordenamiento, las empresas puedan celebrar contratos de naturaleza comercial con personas naturales o jurídicas para la ejecución de tareas o la prestación de servicios en actividades inherentes a las normales de su empresa o negocio.

En síntesis de las cláusulas del comercio referido se desprende que la voluntad de las partes fue la de ajustarse a un tipo de contratación mercantil, que se asimila al contrato de agencia comercial regulado en los artículos 1318 a 1331 del Código de Comercio, en los que se prevé que uno de los objetos del mismo es la distribución de uno o varios productos del empresario, quien no podrá servirse de varios agentes en la misma zona, que puede pactarse la prohibición para que el agente promueva en el territorio que se le demarque un producto de competidores del empresario, que el agente tiene derecho a una remuneración y la obligación de cumplir el encargo que le ha sido confiado conforme a las instrucciones recibidas, así como el deber de ofrecer al empresario las informaciones necesarias respecto de las condiciones de mercado en la zona asignada, y toda otra que sea útil para los fines propios de la actividad comercial.

No surge entonces del contrato mencionado que el actor haya estado subordinado laboralmente a la empresa demanda, (sic) pues de ninguna de sus estipulaciones se infiere conclusión en tal sentido y bien por el contrario las mismas partes dejaron constancia referente a que su relación no era de carácter laboral. Además conviene reseñar que este documento no aporta dato alguno referente a las circunstancias reales que rodearon el desarrollo de las obligaciones convenidas por las partes”.

Retomando el asunto que nos ocupa, a lo hasta ahora analizado y precisado, puede agregarse que tan consciente estuvo el actor acerca de que su relación contractual con la demandada era ajena al campo laboral, que varias transacciones realizó con la empresa contratante relacionadas con el porcentaje del vehículo que tenía a su favor por concepto de amortización de su valor y originado en los ya referidos contratos, tal como se evidencia de las documentales visibles a folio 67 a 69 y 77 del expediente, aspecto este que hace aún más notoria la equivocada conclusión del tribunal en torno a la naturaleza jurídica del vínculo que unió a las partes.

En consecuencia, habrá de quebrarse el fallo recurrido, dado que efectivamente el ad quem incurrió en los desatinos fácticos aducidos en el cargo; conclusión a la que también llegó la Corte al decidir un asunto en el que los supuestos fácticos de la controversia y del recurso eran semejantes a los del presente, tal como se infiere de la copia de la sentencia que consta de folios 78 a 92 del cuaderno de las instancias.

Como el recurso prospera no se impondrán costas por el mismo.

En sede de instancia y con base en las mismas motivaciones consignadas al despacharse el cargo, al igual que las expuestas por el sentenciador de primer grado, se confirmará la decisión por éste adoptada de absolver a la contradictora de todas las peticiones.

Las costas de la instancia correrán a cargo de la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, casa totalmente la sentencia del 6 de octubre de 2000, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso que Luis Ángel Soto le promovió a la sociedad Compañía de Cemento Argos, en cuanto revocó la decisión absolutoria de primera instancia, para, en su lugar, condenar a la demandada a reconocer en favor del actor la pensión de vejez a partir del 13 de enero de 1997, así como a los intereses moratorios.

En sede de instancia, confirma el fallo de primer grado dictado en este proceso.

Sin costas por el recurso extraordinario, y las de ambas instancias a cargo de la parte demandante.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen».

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