Sentencia 16499 de mayo 9 de 2003 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Álvaro Orlando Pérez Pinzón

Aprobado acta 52

Bogotá, D.C., nueve de mayo del dos mil tres.

EXTRACTOS: «Hechos

En la casa situada en la calle 8ª, Nº 6-47, barrio Buenos Aires, de la ciudad de Girardot, convivían Sandra Milena Ávila Laguna y José Faiber Torres Bocanegra. El 12 de diciembre de 1997, a eso de las 2:40 de la tarde, dentro de la vivienda, se presentó una discusión entre ambos. Al cabo del altercado, Torres Bocanegra disparó dos veces contra Sandra Milena, su campanera permanente. Las lesiones le causaron la muerte.

(...).

Consideraciones

Al procurador delegado, cuando propone la falta de interés del impugnante como motivo para desestimar la demanda, le asiste razón. Para deducir el interés para recurrir en sede de casación, no basta constatar que el demandante apeló el fallo de primera instancia. Se requiere, además, que exista identidad entre el objeto de la impugnación ordinaria y el de la extraordinaria.

Pues bien. En la audiencia de sustentación oral del recurso de apelación, el defensor del procesado solicitó a la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca lo siguiente:

“Mi humilde petición es que se haga una crítica de los testimonios allegados en forma somera, para que lleguen a la conclusión de que le cabe a mi cliente la causal de justificación establecida en el artículo 29 del Código Penal, porque su conducta fue en defensa legítima de su vida y que si en últimas, no se acepta este argumento, esta tesis de la defensa se concluya que obró en exceso de la legítima defensa...”.

Y el sentenciado, en su estudio para sustentar oralmente el recurso de apelación, sostuvo:

“La legítima defensa que esgrimo está respaldada en medios probatorios idóneos, y mi conducta se desarrolló ante la inminencia de la violenta arremetida de la hoy occisa que me atacó con unas tijeras y yo me defendí con un revólver que era el único medio que tenía a la mano, primero la herí en un dedo de la mano derecha (ella era izquierda) y parte del cuero cabelludo rozándole la cabeza, pero como siguió en su arremetida con la mano que usaba normalmente me chuzo nuevamente y yo le disparé asustado sin saber para dónde dirigía el disparo con tan mala fortuna que el impacto se alojó en su cabeza. La verdad es que yo no quería matarla porque yo la quería por eso tal vez la policía me encontró contemplando el cadáver o las heridas sin poderme explicar lo que había pasado”.

El apoderado de la parte civil, por su parte, expresó lo siguiente, luego de solicitar la confirmación de la sentencia, sin advertir que el valor de los perjuicios materiales sí habían sido tasados por la juez de primera instancia:

“Sólo me resta señores magistrados solicitar a la Sala que el numeral atacado de la sentencia brille en justicia para los perjudicados con el delito fijando los perjuicios materiales los cuales no fueron tenidos por la señora juez de primera instancia que en se Iimitó a fijar solamente los perjucios morales”.

Y la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior, consecuente con lo dispuesto en el artículo 217 del Código de Procedimiento Penal de 1991, modificado por el artículo 34 de la Ley 81 de 1993, en lo relativo a que al superior “la apelación le permite revisar únicamente los aspectos impugnados”, una vez apreciados los hechos y las pruebas, concluyó:

“Todo lo anterior descarta que el inculpado haya obrado amparado por la legítima defensa pues no se conjugan en su favor ninguno de los requisitos que la ley exige para que la misma sea reconocida. De igual modo, tampoco puede concebirse el exceso en la citada causal, como quiera que para que ésta se configure se requieren idénticos presupuestos, salvo el de la proporcionalidad, y como ya se dijo, en este caso brillan por su ausencia”.

Efectuada la relación entre los apartes transcritos, se colige que el reconocimiento del estado de ira e intenso dolor, definido en el artículo 60 del Código Penal de 1980 como circunstancia diminuente de la punibilidad, no fue objeto de debate ante la segunda instancia. El defensor y el procesado, ni siquiera tangencialmente, hicieron alusión al desconocimiento de este instituto como causa de su inconformidad.

El propósito del recurso se centró en solicitarle al tribunal, bajo el argumento de que se había omitido considerar las pruebas que daban cuenta de las circunstancias estructurantes de esta causal de justificación, el reconocimiento de la legítima defensa.

Por ese motivo, en este caso no se presenta la unidad de objeto, presupuesto de la determinación del interés para recurrir, entre el motivo de la impugnación ordinaria, que lo fue la legítima defensa de la vida, y el postulado en la demanda de casación, constituido por el estado de ira e intenso dolor.

La demanda de casación, en estas condiciones, deviene incausada, en virtud de que a la Corte, por consentimiento del recurrente en la instancia ordinaria, se le impide tener acceso, por sustracción de materia, al objeto de conocimiento propio de su ámbito de competencia.

E importa explicar: ciertamente, mediante auto del 8 de octubre del 2001, la Corte declaró ajustada la demanda de casación, en su “aspecto formal”. Esta decisión, como en todo caso, implica solamente confrontar el texto del libelo con los requisitos mínimos legales que establece la ley. Si se reúnen, se da vía libre al siguiente paso, el traslado al Ministerio Público. Pero en ese momento procesal no se estudia el contenido, el fondo del asunto. Por eso puede suceder que examinado en detalle el expediente para pronunciamiento de profundidad, se encuentre que en un momento determinado el casacionista carezca de interés. Eso fue lo ocurrido dentro de este asunto: la demanda compendiaba los requisitos formales mínimos. Pero el interés solamente podía ser detectado una vez realizado el análisis de fondo, que significa, ahí sí, el estudio total de los fallos, de las impugnaciones, del contenido de éstas y del resto del material que compone en totalidad las hojas judiciales. Por eso es claro que no hay contradicción en la actuación de la Corte.

Mas si se pensara en que en temas como este el juez de casación se ha equivocado, bastaría transcribir algunas palabras de la Sala sobre el punto. En efecto, por ejemplo, en sentencia del 19 de diciembre del 2000 —radicación 13.470, M.P. Carlos Augusto Gálvez Argote—, explicó la Corte:

“Pero además, tampoco resulta suficiente para acreditar que al sujeto procesal impugnante en casación le asiste interés para recurrir el solo hecho de haber apelado el fallo de primera instancia, sino que resulta imprescindible que exista identidad sustancial entre el objeto de la impugnación ordinaria y la extraordinaria, pues de lo contrario, se carecería de objeto para el cuestionamiento casacional, pues si por la limitante del artículo 217 el ad quem no puede pronunciarse al desatar la apelación sino sobre lo recurrido, es claro que al censurarse un fenómeno distinto por la vía de la impugnación extraordinaria, no tratado, por ende, en el fallo de segundo grado, se carecería de decisión para censurar”.

Probado que entre el motivo de inconformidad exteriorizado en la instancia ordinaria y el que se adujo en la extraordinaria no existe concordancia, resulta claro que el demandante carece de interés para recurrir.

De la definición de este punto, surge una cuestión adicional, relacionada con las consecuencias jurídicas de la ausencia de interés. A este respecto, suelen presentarse dos situaciones:

a) Cuando la falta de interés alcanza a ser detectada al momento de conocer las pretensiones de la demanda de casación, es decir, cuando se afronta el estudio de los requisitos formales técnicos, debe ser inadmitida y declarar desierto el recurso.

b) Cuando el señalamiento del defecto pasa inadvertido o no puede ser captado con el sencillo parangón que se hace entre demanda y requisitos formales, y como consecuencia de ello se admite el libelo, lo mismo que cuando la falencia sólo aflora al momento en que se procede a decidir de fondo, la demanda debe ser desestimada.

Esta última hipótesis es la que se da en este evento. Admitida la solicitud del recurrente por encontrarse ajustada a los requisitos de forma, y cuando la Corte se disponía a pronunciarse de fondo sobre ella, se halló la ausencia de uno de sus presupuestos indispensables para darle curso: el interés del demandante para impugnar el fallo. En estas condiciones, se impone, entonces, desestimar la demanda, por lo dicho y por las razones que ha precisado la Corte, por ejemplo en decisión del 20 de abril de 1999 —radicación 10.391. M.P. Carlos Augusto Gálvez Argote—:

“... pues siendo que la decisión que correspondería es la del fallo para decidir sobre las pretensiones del casacionista y para ello tienen que haberse cumplido las exigencias sustantivas y procesales previstas por la ley como supuestos, la subsistencia del hecho generador del vicio lo impide, ya que como sucede en casos como el presente, la falta de interés para recurrir por parte del demandante para formular un ataque como el que ha presentado, continúa produciendo, material y jurídicamente, los mismos efectos negativos atribuibles desde el momento en que se recurrió el fallo del tribunal, no quedándole otra alternativa a la Corte que la de desestimar oficiosamente la demanda, pues la simple inadvertencia de la causa a la hora de concederse el recurso o de inadmitirse la demanda no hace que el vicio pierda eficacia, sino que lo que era causa de rechazo o inadmisión se convierta en causa de desestimación, ya que todo depende de la fase procesal en que se tome la decisión, pues el auto de admisión erróneamente proferido, no obliga a tomar decisión alguna de fondo al estudiar los reparos hechos a la sentencia del tribunal y determinar el vicio o la índole de la pretensión, dado que carece de fuerza vinculante no porque se estime ilegal, sino porque carece de efecto, y pensar en atribuirle capacidad saneadora al auto de admisibilidad equivaldría, como se ha dicho, a comprometer a la Corte en el nuevo error de asumir una competencia de que carece, la cual queda limitada exclusivamente a tomar esta decisión, dado que el objeto del fallo, como es la demanda, no puede proferirse ante su ineptitud”.

En consecuencia, mediante decisión que no admite ningún recurso, se desestimará la demanda.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

DESESTIMAR la demanda de casación presentada por el defensor de José Faiber Torres Bocanegra.

Comuníquese, cúmplase y devuélvase el asunto al tribual de origen.

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