Sentencia 1650 de octubre 9 de 1992 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

JURISDICCIÓN COACTIVA

LAS CERTIFICACIONES COMO TÍTULOS EJECUTIVOS

EXTRACTOS: «a) Según el inciso 2° del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, en esta clase de juicios ejecutivos sólo se admiten como excepciones los hechos que suceden con posterioridad a la providencia de cuyo cobro se trata y en este sentido se ha pronunciado la Sala en forma reiterada.

La justificación de este sistema radica en que por tratarse el título de una “sentencia o providencia” que conlleva ejecución, cualquiera que haya sido su origen —administrativo o judicial— supone la preexistencia de un debate y que la providencia es ya constitutiva o declarativa de un derecho sobre cuya existencia no cabe discusión alguna.

En lo administrativo se ve claramente esta situación, cuando se trata del cobro de títulos ya discutidos y que han quedado en firme. Lo demuestra la enumeración de títulos que hace el artículo 68 del Decreto 01 de 1984 que se refiere a actos administrativos “ejecutoriados”, específicamente en materia de impuestos en el ordinal 3º consagra como títulos ejecutivos idóneos “las liquidaciones de impuestos contenidas en providencias ejecutoriadas que practiquen los respectivos funcionarios fiscales o las liquidaciones privadas que hayan quedado en firme”.

En tales circunstancias, resulta lógica la disposición del 2º inciso del artículo 509 del C.P.C. puesto que el juicio ejecutivo tiene por objeto la realización del derecho, mas no su establecimiento y por ello concuerda con el artículo 561, según el cual, en este proceso no pueden debatirse cuestiones que debieron o pudieron discutirse en la etapa gubernativa.

Pero en el presente caso el título aducido por la administración que es de fecha 23 de diciembre de 1986, no es ninguna providencia que conlleve “ejecución” sino que consiste en una “certificación'''' del administrador que no fue objeto de discusión ninguna, ni siquiera de notificación a la compañía deudora, por que esa clase de documentos no es objeto de ello. Dicha certificación ni siquiera menciona como fuente los verdaderos títulos que indica la ley, sino que el administrador certifica que la compañía DEBE a la Nación “de acuerdo con los registros” las cantidades que luego discrimina.

El artículo 68 del Decreto 01 de 1984 suprimió “las certificaciones expedidas por los administradores o recaudadores de impuestos nacionales” como uno de los títulos ejecutivos que traía en su enumeración el artículo 562 del Código de Procedimiento Civil; y dejó en materia de impuestos solamente las liquidaciones y las resoluciones que fallan recursos según la enumeración del ordinal 3º. Tales “certificaciones” dejaron de ser títulos ejecutivos, a menos que ley especial los autorice como sucede con las deudas por valorización (D. 1604/66, art. 14) y de nuevo a partir de 1988 en los impuestos nacionales que administra la DIN (D, 2503/87, art. 105 o art. 828, par. del E.T.).

En atención a estas razones no es posible dar estricta aplicación al segundo inciso del artículo 509 en cuanto restringe las excepciones a hechos posteriores, en la misma forma como lo ha venido sosteniendo la Sala cuando el título está conformado por una liquidación o una resolución que sí son providencias que conllevan ejecución.

b) En consecuencia, los hechos alegados como constitutivos de “pagos” que no son posteriores sino anteriores al título, tienen el sentido de que la ejecutada excepciona por no deber lo que se le cobra. Este ataque sustancial al título lo ha sostenido y alegado la compañía ejecutada aduciendo varias pruebas que no pueden desestimarse de plano por la sola circunstancia de ser anteriores al mandamiento, sino que es preciso entrar a examinarlas en su condición de respaldo a la excepción de mérito permitida por el primer inciso del citado artículo 509 del Código de Procedimiento Civil».

(Sentencia de octubre 9 de 1992. Expediente 1650. Consejero Ponente: Dr. Jaime Abella Zárate).

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