Sentencia 16516 de mayo 27 de 2004 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 45

Magistrado Ponente:

Dr. Yesid Ramírez Bastidas

Bogotá D.C., veintisiete de mayo de dos mil cuatro.

Vistos:

Decide la Corte la impugnación presentada por el accionante Julio César Iriarte Álvarez en contra del fallo proferido el 21 de octubre de 2003 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena de Indias (Bolívar) que declaró improcedente la tutela promovida en contra de las fiscalías 45, 47 y 2ª, delegadas ante los juzgados penales del circuito las dos primeras y ante los penales municipales la última, por la presunta vulneración de sus derechos al debido proceso, la honra y el buen nombre.

Fundamento de la acción

Julio César Iriarte Álvarez, estudiante de derecho de la Universidad de Cartagena, actuando en nombre propio, señala que el 13 de agosto de 2003 cuando se desplazaba en una buseta del servicio urbano de transporte de esa ciudad escuchó un boletín noticioso en que se daba cuenta de la captura de una persona con esos mismos nombres y apellidos como presunto responsable de conductas delictivas de lesiones personales y porte ilegal de arma de fuego, razón que lo impulsó a ir a la fiscalía donde pudo constatar que en el sistema de asignaciones figuraban tres investigaciones diferentes en donde su nombre estaba vinculado.

Como consecuencia de ese conocimiento y luego de haber establecido que el usurpador de su nombre es el individuo conocido como Pedro José Casadiego Granjas alias “El Cali”, se dirigió en varias ocasiones a los fiscales para informarles el verdadero nombre del sindicado, recibiendo por respuesta que debería esperar hasta cuando prosperara la acción que él inició en contra de Casadiego, no obstante que hoy aparece reseñado en el sistema de identificación judicial de la Fiscalía General de la Nación como si se tratara de un delincuente, razón para que solicite que el fallo de tutela disponga borrar su nombre de esa base de datos y disponer lo necesario para la verdadera identificación de Casadiego Granjas alias “El Cali”.

Fallo de primera instancia

La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, decidió mediante fallo del 21 de octubre de 2003, declarar improcedente la acción de tutela invocada por Julio César Iriarte Álvarez, señalando que cuenta con otros mecanismos judiciales de defensa para que se corrija el nombre que figura en las actuaciones de las fiscalías accionadas en Cartagena, explicando que precisamente la denuncia que formuló en contra del usurpador de su nombre es uno de esos medios protectivos. Frente a los fiscales accionados, estima que sus actuaciones han estado ajustadas a la ley, sin que se advierta que hayan incurrido en ninguna vía de hecho, pues, por ejemplo, la Fiscalía 47 ha dispuesto adelantar las averiguaciones correspondientes para establecer la verdadera identidad del denunciado por el aquí actor, sin que pueda reprochársele la apertura de investigación previa, pues tal trámite debe seguirse “cuando el imputado no está plenamente identificado y no se puede ubicar”.

La impugnación

El fallo fue impugnado por el accionante, mediante la simple anotación de la palabra “impugno” en el acto de notificación, pero sin dar razones de su disenso.

Consideraciones de la Corte:

1. Aunque la sentencia del a quo data del mes de octubre del año de 2003, su tardío conocimiento por esta Sala de Casación Penal obedece al error cometido en la remisión del expediente, pues lo fue a la Corte Constitucional y no a ésta corporación, a donde finalmente ha llegado después de haberse devuelto por aquélla al tribunal y ser de allí nuevamente enviado a ésta.

2. Las evidencias procesales recaudadas por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena de Indias, demuestran que alias “El Cali” es una persona que al parecer se dedica a las actividades delictivas, pues ha sido capturado en por lo menos cuatro (4) ocasiones por su presunto comprometimiento en delitos contra la propiedad, la integridad personal y la salud y seguridad públicas (1) y que al menos en una de sus aprehensiones por parte de la Policía Nacional (2) ha señalado que su nombre es “Julio César Iriarte Álvarez”.

3. El mencionado personaje ha rendido indagatoria en dos ocasiones así:

3.1. El 15 de agosto de 2003 (3) ante el Fiscal Seccional 45 Delegado de Cartagena de Indias, afirmando allí que se llamaba “Ais Junior Cárdenas” que era natural de Cali (Valle) y que estaba indocumentado, aunque en la firma se puede leer “Aris Yanio Cárdenas” y en la que estampó cuando se le concedió la libertad “Junior Cárdenas” (4) , y

3.2. El 17 de diciembre de 2002 (5) ante el Fiscal Segundo de la Unidad Delegada ante los jueces penales municipales de Cartagena de Indias, donde se hallaba sindicado de hurto calificado. Allí señaló llamarse “Julio César Iriarte Álvarez”, haber nacido el 22 de junio de 1980, ser natural de Cali y tener por compañera permanente a “María Jimena Cárdenas Robles” con quien tiene un hijo de nombre “Aris Junior”.

4. De lo transcrito y de la lectura de las indagatorias surge claro que quien presuntamente se dedica a las actividades delictivas y se ha autodenominado como “Julio César Iriarte Álvarez” no tiene ese nombre y, menos aún, es el aquí accionante Julio César Iriarte Álvarez, identificado con la cédula de ciudadanía 8.834.846 de Cartagena de Indias y estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena, sino que se trata de otra persona que ha utilizado de manera abusiva ese nombre para evadir sus responsabilidades judiciales.

No obstante la incipiencia de las diligencias de indagatoria practicadas por los fiscales 45, seccional y segunda local de Cartagena de Indias, de ellas son fácilmente advertibles algunos elementos comunes que permiten concluir inequívocamente que el indagado no es Julio César Iriarte Álvarez. En las dos diligencias de inquirir, el sindicado se reconoce natural de Cali; en ambas se describe un tatuaje en su hombro derecho con dos espadas cruzadas; en la segunda cronológicamente hablando —la verificada por el Fiscal Seccional— la descripción física incluye el tatuaje del nombre “María” en el hombro izquierdo, que coincide con el de su compañera permanente, que a su vez suministró en la primera indagatoria: “María Jiménez Cárdenas Robles”, con quien además dijo haber procreado un hijo de nombre “Aris Junior”, precisamente el nombre que usó en ésta diligencia (Aris Yunior Cárdenas), luego de haber negado en los siguientes términos que se llamara “Julio César Iriarte Álvarez”:

“(...) los policías y guardias me dijeron que tenía que contestar con ese nombre de Julio César, pero yo no me llamo así”.

De lo expuesto la Sala colige que el indagado por la Fiscalía General de la Nación a través de sus delegados Segundo Local y 45 Seccional de Cartagena de Indias, el 17 de diciembre de 2002 y 15 de agosto de 2003, respectivamente, no se llama Julio César Iriarte Álvarez, ni es el accionante Julio César Iriarte Álvarez.

5. Ahora bien: demostrado que el sindicado así indagado, usó de manera abusiva el nombre que identifica al actor y que los fiscales mencionados dispusieron el ingreso de ese dato identificatorio en el sistema de información judicial de la Fiscalía General de la Nación sin verificarlo, surge clara la vulneración a su derecho a la honra, por afectación de su buen nombre, pues identificado éste como un elemento personalísimo de autoestima referido a las cualidades y atributos que se poseen y a la forma como la sociedad lo percibe para el cumplimiento de las relaciones intersubjetivas que son necesarias para la vida en comunidad, resulta claro que la anotación de su nombre completo, compuesto por los dos nombres y los dos apellidos, asociado a actividades delictivas en una base de datos “donde se almacenan todas las asignaciones y decisiones de los despachos fiscales”, menoscaba el reconocimiento necesario para establecer las conexiones de interrelación que permiten su participación social, agravándose aún más el atentado por la publicidad que de ese dato se hizo a través de un medio de comunicación masiva, tal como consta en los recortes de prensa que se anexaron a la actuación (6) .

Y es que el concepto de honor, que comprende la honra y el buen nombre, no es atributo baladí o deleznable de la condición humana, sino que es parte esencial de su naturaleza consciente y de la dignidad que se reconoce a todo aquel de tal especie, por el sólo hecho de serlo, al punto que desde la Constitución Política, artículos 1º, 2º, 5º, 15 y 21, y en pactos internacionales como el de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica, se establecen o se reclama el establecimiento de mecanismos protectivos, no sólo frente a los ataques públicos, sino también a los privados en cuanto se reconoce que tal derecho humano no sólo tiene un componente objetivo –el reconocimiento social— sino, también uno subjetivo —la autoestima— inherente a la condición humana.

6. De lo transcrito surge claro que existe en la actualidad y existía para la fecha de la presentación de esta acción (sep. 30/2003) una clara vulneración al derecho fundamental al buen nombre de Julio César Iriarte Álvarez que proviene evidentemente de la omisión de verificación en que incurren dos funcionarios judiciales al disponer la inclusión en el sistema de información de la Fiscalía General de la Nación de ese nombre sin constatación alguna.

Y si bien es cierto los fiscales accionados podrían disculpar su actuación en que el sindicado se autoatribuyó ese nombre, tal exculpación no resulta suficiente en el escenario constitucional en que actúa el juez de tutela, donde basta constatar la afectación de un derecho fundamental para que se disponga su inmediata reparación.

Adicionalmente, este caso concreto muestra otro elemento de prosperidad, constituido por el conocimiento posterior que el Fiscal 45 delegado, Manuel Antonio Toloza Mora, obtuvo cuando practicó la diligencia de indagatoria verificada el 15 de agosto de 2003 y pudo enterarse por la primera respuesta del indagado aprehendido como “Julio César Iriarte Álvarez” que negaba llamarse así, luego de haber indicado que era “Ais Yunior Cárdenas”. Pero esa información no tuvo ninguna consecuencia en las anotaciones de la base de datos del sistema de información integral de la Fiscalía General de la Nación, pues para el 3 de octubre de 2003 cuando el coordinador de la unidad de sistema de información integral de la Dirección Seccional de Fiscalías de Cartagena de Indias dio respuesta en torno a las anotaciones que se registraban allí de Julio Cesar Iriarte Álvarez entregó datos que estaban inalterados desde su anotación inicial y concretamente el del asunto referido lo estaba desde el 12 de agosto de 2003 (fl. 23).

Así mismo, verdadera perplejidad causa a la Sala que diligencias tan básicas como la simple cotejación dactiloscópica de las reseñas que sucesivamente han debido hacerse en la cárcel “La Ternera” de Cartagena a quien allí ha ingresado con tres nombres diferentes, no haya sido ordenada por ninguno de los fiscales que han tenido que ver con las diligencias investigativas puestas a su disposición, ni tampoco se ha dispuesto ninguna comparación con la que debe figurar a nombre de Pedro José Casadiego Granja alias “El Cali”, otro de los nombres también usado por el sindicado, según da cuenta el sistema de información integral de la fiscalía.

En conclusión, las diligencias procesales muestran una gran negligencia de los fiscales accionados, que no sólo no realizan ninguna indagación sobre los datos personales del indagado, sino que ignoran olímpicamente las variaciones de esos mismos datos al no actualizarlos en la base correspondiente, dando lugar a la vulneración de derechos fundamentales como en este caso.

7. No puede pasarse por alto la gran potencialidad de daño que frente al derecho fundamental al buen nombre de cualquier ciudadano tiene el uso de su nombre por parte de un tercero para ocultar el propio y encubrir actividades delictivas como aquí ocurrió, que dada la progresividad que caracteriza el proceso penal es directamente proporcional al avance del mismo, en la medida en que a mayor conocimiento del objeto procesal, mayores consecuencias pueden derivarse para otros de sus derechos fundamentales, hasta culminar con la privación efectiva de su libertad si a ello hubiere lugar como consecuencia de una condena por un delito que así lo contemple.

De otra parte, el nombre como atributo de la personalidad jurídica tiene también protección constitucional, porque es una de las características que distinguen a un individuo de otro, de donde surge un verdadero derecho a la autenticidad personal, pues cada quien tiene derecho a ser como quiera ser, obviamente con las limitaciones de los derechos ajenos, y, sobre todo, a no dejar de ser por imposición abusiva de otro, tal como lo garantiza la Constitución en sus artículos 14 y 16.

En este orden de ideas y dado que las evidencias recaudadas en el trámite de la acción de tutela muestran el uso por parte de un tercero de un nombre ajeno —y no un caso de homonimia—, la protección que aquí se ordenará no sólo estima el daño actual que se está produciendo al buen nombre del accionante, sino que precave de daños futuros a otros derechos fundamentales suyos de no corregirse inmediatamente la situación y, adicionalmente, evita que la negligencia estatal termine cohonestando no sólo el uso abusivo de nombres ajenos, sino el ocultamiento del propio con protervos intereses.

En consecuencia y como las peticiones del afectado a las fiscalías accionadas nunca fueron atendidas, se tutelará el derecho de petición y de habeas data por afectación del buen nombre de Julio Cesar Iriarte Álvarez, ordenándose que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de este fallo, el Fiscal 45 seccional delegado, doctor Manuel Antonio Toloza Mora, de la unidad de delitos contra la salud pública y otros de Cartagena de Indias le resuelva al accionante sus peticiones de corrección del dato de su nombre asociado a las investigaciones 108810, 125926 y 129312 en la base de datos del sistema de información sobre antecedentes y anotaciones, SIAN de la Dirección Seccional de Fiscalías de Cartagena de Indias, previa verificación y cruce toda la información referente a la identidad del vinculado a la investigación 125.926 y 129.312 con la del indagado en la 108.810 del fiscal local 2º delegado de esa misma ciudad.

De todas las diligencias y de su resultado deberá dar cuenta a la Fiscal 47 seccional delegada para efectos de la investigación previa que allí se abrió el 26 de septiembre de 2003.

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia de tutela del 21 de octubre de 2003 proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena de Indias, y, en su lugar, tutelar los derechos fundamentales de petición, de habeas data y al buen nombre del accionante Julio César Iriarte Álvarez.

2. ORDENAR que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de este fallo, el Fiscal 45 seccional delegado, doctor Manuel Antonio Toloza Mora, de la unidad de delitos contra la salud pública y otros de Cartagena de Indias, le resuelva al accionante sus peticiones de corrección del dato sobre su nombre.

3. Requerir al Fiscal 45 seccional delegado de la unidad de delitos contra la salud pública y otros de Cartagena de Indias, para que atienda estrictamente a la forma y términos de este fallo en su cumplimiento.

4. En firme esta decisión remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Herman Galán Castellanos—Jorge A. Gómez Gallego—Alfredo Gómez Quintero—Édgar Lombana Trujillo—Álvaro O. Pérez Pinzón—Marina Pulido de Barón—Jorge l. Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas—Mauro Solarte Portilla.

Teresa Ruiz Núñez, Secretaria.

(1) Folio 23.

(2) Folio 29.

(3) Folio 38.

(4) Folio 40.

(5) Folio 59.

(6) Folio 10.

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