Sentencia 1654 de abril 18 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera Ponente:

Dra. Miren de la Lombana de Magyaroff

Ref.: Exp. 1654

Santafé de Bogotá, D.C., dieciocho de abril de mil novecientos noventa y siete.

Actor: Cristo Manuel Díaz Pacheco

Electoral segunda instancia - Apelación sentencia

EXTRACTOS: «Tratándose de acciones intentadas contra actos de elección o de nombramientos efectuados por cabildos municipales que no son capital de departamento, esta Sala se ha pronunciado en relación con el momento en que debe aparecer acreditado el monto del presupuesto anual del municipio, a efecto de precisar la competencia. Al respecto señaló:

“Dijo la procuraduría, como quedó expresado, que a la demanda o a su reforma debía acompañarse como anexo la prueba del monto del presupuesto del municipio de que se trate, que no es éste un requisito simplemente formal sino sustancial, sin el cual no puede determinarse desde el inicio la competencia funcional ni, por consiguiente, el procedimiento establecido; que la presentación de la prueba pertinente es presupuesto procesal de la demanda, y que como en este caso no se hizo, el Consejo de Estado ha de declararse inhibido para decidir la apelación, toda vez que la decisión judicial que decide sobre el fondo del asunto supone la existencia de los presupuestos procesales y, entre éstos, los de competencia y demanda en forma.

Este, en verdad, es el criterio que ha expresado reiteradamente la Sala, y entre otros mediante auto de 28 de noviembre de 1990 (exp. 492), en que se expresa con todo detalle.

Pues bien, según lo dispuesto en el artículo 131, numeral 3º, del Código Contencioso Administrativo, los tribunales administrativos conocerán en única instancia de los procesos de nulidad de las elecciones de miembros de los concejos municipales así como de los que se susciten con motivo de las elecciones o nombramientos hechos por estas corporaciones o por cualquier funcionario u organismo administrativo del orden municipal, cuando el municipio no sea capital de departamento o su presupuesto anual no exceda de $ 50.000.000, cantidad que con los reajustes dispuestos en el artículo 265 del mismo código es hoy y desde 1994 de $ 137.200.000.

Según lo establecido en el artículo 132, numeral 4º, conocerán los tribunales en primera instancia de esos mismos procesos, en los demás casos.

Y el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, de todos aquellos de que conocen los tribunales en primera instancia, según lo dispuesto en los artículos 129, numerales 1º, 2º y 231 del Código Contencioso Administrativo.

Sin embargo, es inexacta la afirmación de que la prueba de ese monto es anexo que debe acompañarse a la demanda o al escrito de su corrección, y que en el caso contrario ésta resulta inepta. Lo que ha de contener toda demanda y los anexos que deben acompañarse a la misma, están señalados en los artículos 137, 138 y 139 del Código Contencioso Administrativo. Ninguna de tales disposiciones, ni ninguna otra, señala entre los anexos que han de acompañarse a la demanda la prueba del monto del presupuesto anual ordinario. No es inepta, pues, la demanda que carezca de lo que no requiere.

Por lo demás, es lo cierto que de los referidos procesos conocen los tribunales administrativos, en todo caso, bien sea en única instancia, bien en primera instancia. Pero resulta indispensable al Consejo de Estado encontrar acreditado el monto del presupuesto anual ordinario del municipio correspondiente, cuando se trate de decidir acerca de los recursos de apelación que se interpusieren. Si así no ocurre, no estaría establecida su competencia y no podría en consecuencia conocer de tales recursos.

Se advierte, finalmente, que el monto del presupuesto no es tema de la prueba, esto es, no es hecho relacionado con la materia debatida o, en los términos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que se persigue, y, siendo así, no es prueba que sólo pueda decretarse y practicarse dentro de la oportunidad establecida en el artículo 234 del Código Contencioso Administrativo. Es por tanto asunto que puede acreditarse por el demandante, por el demandado u oficiosamente por el tribunal, en cualquier estado del proceso, en el curso de la primera instancia, pero, se repite, resulta indispensable al Consejo de Estado encontrarlo acreditado cuando de trate de decidir acerca de los recursos de apelación que se interpusieren.

En los términos expuestos, la Sala rectifica su jurisprudencia anterior”. (Sentencia de 10 de noviembre de 1995, M.P. Dr. Mario Alario Méndez; exp. 1443, actor: Luz Elena Polo Rodríguez).

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