Sentencia 1655 de abril 10 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Ref.: Expediente 1655

Santafé de Bogotá, D.C., abril 10 de 1997

EXTRACTOS: «Al respecto cabe anotar, en primer lugar, que los boletines parciales emitidos por la registraduría en el transcurso de las jornadas electorales no son documentos electorales por sí mismos considerados sino simples medios de información, que dan cuenta, con anterioridad a los escrutinios, de resultado parciales. En consecuencia, no pueden tomarse como datos oficiales del resultado electoral, que sólo puede darse con apoyo en lo que resulte del escrutinio. No puede colegirse, entonces, que la variación entre la información inicialmente consignada en el boletín único Nº 1 y la dada oficialmente por las comisiones escrutadoras sea producto de una falsedad material, razón que releva del estudio comparativo de los documentos señalados.

El artículo 258 de la Constitución Política establece la obligación general de votación con tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad, distribuidas oficialmente por la organización electoral. La Ley 84 de 1993 regló lo concerniente a las tarjetas electorales y su utilización en los artículos 7º y 8º. Pero esas dos disposiciones fueron declaradas inexequibles por la H. Corte Constitucional con sentencia de fecha marzo 23 de 1994 (Sentencia C-145-94. M.P. Alejandro Martínez Caballero), precisamente porque dada la naturaleza de esa normativa de funciones electorales, ellas debían tener carácter de ley estatutaria y no de ley ordinaria como fue el de aquélla (C.P., art. 152).

Por esa misma razón no se ocupó del tema la Ley 163 de 1994, expedida para regimentar cuestiones de materia electoral.

De allí se infiere que el espacio en blanco para la firma del jurado fue dispuesto por la organización electoral al ordenar la confección de los tarjetones. Por ello puede suscribir el tarjetón cualquiera de las personas que integran el jurado y la costumbre electoral es la de que debe hacerlo en el momento inmediatamente anterior a la entrega del tarjetón al sufragante. También debe señalarse que el hecho de no firmarse el tarjetón por parte de cualquiera de los jurados no está contemplado como causal de nulidad del mismo.

Por tanto, en consonancia con lo dicho por la señora delegada del Ministerio Público, el dictamen pericial rendido en el presente asunto no puede tenerse como fundamento para decretar la nulidad del acto declaratorio de la elección del señor César Reyes Carmona como alcalde del municipio de Arjona, por no haberse demostrado en el plenario que los tarjetones y su contenido adolecen de falsedad material, sino lo contrario, que ellos son auténticos según lo aclararon los expertos grafólogos al literal b) del documento visible del folio 499 a 501 de este cuaderno del expediente. Además, resultaba necesario probar que hubo diferencia entre el resultado del conteo realizado al momento de los escrutinios sobre los votos de los depositados en la mesa Nº 2 de Rocha y los registrados en el acta de escrutinio de los jurados de votación, el formulario E-14, para poder afirmar que se produjo alteración del resultado de la votación por efecto de las maniobras dolosas que pudieron practicarse sobre los tarjetones de la aludida mesa. Pero al no allegarse el formulario E-14 no es dable realizar esa comparación, debiéndose acoger lo expresado por los jurados de la mesa en mención, señorita Marinelsa Miranda Gómez (fl. 177. Exp. 125), Rosalbina Pérez Cerén (fl. 116. Exp. 125) y de la presidenta de la mesa Cruz María Jiménez Elles (fl. 297-298. Exp. 130) en cuanto al rendir su testimonio en el proceso manifestaron que los votos con que fueron favorecidos los candidatos a alcalde coinciden con los resultados del recuento efectuado en los escrutinios municipales. En reiteradas oportunidades esta corporación ha dicho, en efecto, que la falsedad o apocrifidad de los registros electorales o de los elementos que sirvieron para su formación deben alterar el resultado electoral para constituir causal de nulidad del registro electoral, por ser ese resultado el bien protegido por la ley. Por tanto, esta jurisdicción no puede suplir con supuestos la pasiva actuación probatoria del actor a quien correspondía la carga de la prueba, razón suficiente para descartar la falsedad propuesta como motivo de nulidad electoral.

Respecto de la irregularidad cometida por los claveros municipales señores Urias Cijanes Guerra, Carlos Julio Álvarez y Julio Castellón Martínez, quienes entraron el 31 de octubre de 1994 a las instalaciones de la Registraduría de Arjona destruyendo los sellos de seguridad del arca triclave con el pretexto de sacar unos elementos, como fue demostrado en el plenario, lo cual también fue tomado en cuenta por el a quo para conformar el grave indicio de falsedad material que dedujo, para la Sala por sí sólo ese hecho no implica causal de nulidad electoral, pues nada indica que las personas citadas, quienes detentan la calidad de juez, registrador y alcalde de Arjona, respectivamente, hayan cambiado las tarjetas electorales correspondientes a la alcaldía de las mesas citadas y ningún otro elemento adicional los compromete en el punible de falsedad. Siendo así las cosas no se configura, contra lo inferido por el tribunal, el indicio grave de apocrifidad de los elementos del registro de la mesa Nº 02, ya que los hechos sobre los cuales se estructura no están probados. Además, no es esta jurisdicción la competente para investigar la presunta conducta dolosa desplegada por lo claveros, situación que ya fue puesta en conocimiento de las autoridades penales, razones suficientes para revocar la decisión de primera instancia y denegar las pretensiones propuestas.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley ...».

_____________________________