Sentencia 16551 de agosto 28 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

José Roberto Herrera Vergara

Ref.: Expediente 16551

Acta Nº 41

Bogotá, D.C., veintiocho de agosto de dos mil uno.

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por Lino Valderrama Toledo contra la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 23 de noviembre de 2000 en el juicio seguido por el recurrente contra la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia - Comité Departamental del Huila.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte

La acusación presenta deficiencias de técnica que impiden acometer el análisis a fondo de la cuestión debatida:

1. La proposición jurídica es defectuosa puesto que solicita, entre otros derechos el pago de cesantías, intereses sobre las mismas, dominicales y festivos, vacaciones y primas, y sin embargo no cita las disposiciones sustanciales que consagran estos derechos, por lo que el análisis de la Corte tendría que circunscribirse a las indemnizaciones por despido injusto y moratoria, dado que respecto de ellas sí están enlistados los preceptos que las instituyen.

2. De otra parte, olvida la censura que el concepto “error de derecho” en casación laboral tiene un significado propio y preciso, ya que el artículo 87 del Código Procesal Laboral, modificado por el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, establece que “sólo habrá lugar a error de derecho en la casación del trabajo, cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley, por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esa naturaleza, siendo el caso de hacerlo”. De este modo, no encaja en el aludido alcance jurídico y procesal del error de derecho, ninguno de tres yerros endilgados al tribunal a los que pretendió dar tal denominación.

3. Por lo demás, aún suponiendo que lo que pretende en realidad la censura es acusar la comisión de errores de hecho por parte del tribunal, se observa que en lo que trae como demostración del cargo, más parecido, vale decir, a un simple alegato, se limita a señalar lo que, en su entender, se desprende de las pruebas que a su juicio le otorgan la razón en contra de lo decidido por el fallador, sin lograr desquiciar, mediante una crítica razonada valorativa, las bases sobre las que descansa la decisión cuestionada.

En efecto, como se tiene adoctrinado insistentemente por la Corte, para demostrar un error de hecho manifiesto no basta enunciar como dejados de estimar o apreciados incorrectamente un conjunto de medios probatorios —lo cual tampoco discrimina el recurrente— y hacer una breve referencia a su contenido, sino que es deber inexcusable del impugnante comprobar con cada uno de ellos cuál fue el defecto valorativo de la decisión acusada, qué es lo que la prueba en verdad acredita y la trascendencia del dislate en el fallo recurrido. De modo que, se repite, no se trata simplemente de confrontar las conclusiones fácticas del juzgador con las inferencias o el criterio del recurrente sin pasar por el examen detenido de las pruebas en cuanto a la verdad objetiva que emerge de ellas.

4. Por lo demás, como lo señala el opositor, no demuestra el impugnante el vínculo directo entre el actor y la demanda, y mucho menos la existencia de una subordinación. Resulta además razonable el aserto del tribunal de que lo que se dio con los verdaderos contratantes fue una relación diferente a la laboral, enmarcada en “órdenes de trabajo” ejecutadas más dentro de parámetros propios de un contrato civil de obra con los propietarios de las viviendas a reconstruir, lo que descarta un desacierto manifiesto.

Debe recordarse sobre el particular que no toda prestación personal de servicios comporta una relación de trabajo, y que si el tribunal descarta la subordinación, es carga del recurrente en casación demostrar con prueba calificada el yerro ostensible, lo que no se cumple en el caso presente porque los documentos aportados —que son en el sub lite las únicas pruebas aptas para efectos de este recurso extraordinario—, dicen lo concluido por el tribunal, y los testimonios denunciados por la censura no son en laboral probanza idónea para estructurar un cargo por error de hecho.

Lo dicho conduce de manera inexorable a la desestimación de la acusación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 23 de noviembre de 2000, en el juicio seguido por Lino Valderrama Toledo contra la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia - Comité Departamental del Huila.

Costas en el recurso extraordinario a cargo del recurrente.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal».

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