Sentencia 16563 de junio 4 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

INEFICACIA DE LA RENUNCIA

CUANDO SE PRESENTA EN ESTADO DE ALTERACIÓN MENTAL

EXTRACTOS: «La parte actora, para pedir la nulidad del acto acusado, considera que presentó su renuncia cuando no se encontraba en pleno goce y uso de razón, por sufrir de una depresión crónica con ideación suicida, y hallándose en tratamiento psiquiátrico (fl. 8).

De acuerdo con lo antes expuesto se pasará a examinar el proceso con el objetivo de tomar la decisión correspondiente.

Quedó demostrado en el proceso que la actora se encontraba afectada emocionalmente por depresión, desde el año de 1968, según consta en su historia clínica, visible al folio 97 vuelto del cuaderno Nº 2, y que su tratamiento psiquiátrico se adelantaba por la fecha en que se presentó su renuncia.

(...).

Su renuncia, y que originó el acto que ahora se acusa, a partir del 1º de febrero de 1995, se presentó precedida de cuadros sintomáticos de su enfermedad mental, que constataron funcionarios de la entidad, para lo cual solicitaron que la demandante fuera sometida a tratamiento psiquiátrico.

(...).

Como puede fácilmente concluirse, la demandante se hallaba afectada mentalmente, para la fecha de presentación de su solicitud de renuncia, motivo que necesariamente incidía en su voluntad, la cual no puede decirse con exactitud que era el resultado de un deseo claro, consciente, y exento de vicio alguno.

Jurídicamente se plantea que la renuncia debe ser regularmente aceptada, esto es, que debe ser el resultado de dos voluntades, a saber la primera, libre y espontánea, proveniente del empleado, y la segunda, emanada de la administración, las cuales una vez se reúnen, originan el consentimiento que trae como consecuencia la posibilidad de la separación del servicio.

Igualmente, el derecho público, y en especial el derecho administrativo laboral, tiene un régimen jurídico bien diferente al derecho privado, pues sus postulados, principios, términos de interpretación y regulación no pueden manejarse por la fría y rígida conducta privatista.

En efecto, el artículo 53 de la Carta Política prescribe que el estatuto del trabajo debe estar precedido de principios mínimos fundamentales, tales como el de la “primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales”, mediante el cual es fácil concluir que aún sin existir la declaración previa de interdicción judicial o de la demencia, el consentimiento de un trabajador, puede estar afectado por una alteración grave que impida una libre y espontánea decisión sobre cuestiones de carácter laboral o que incidan en ella.

Si bien es cierto el derecho civil llegó a gobernar relaciones laborales en un principio, con el transcurso del tiempo el derecho laboral y el derecho administrativo laboral adquirieron plena autonomía y se diferenciaron de aquél, y fue así como empezaron a ejercer sus funciones que le permite no sujetarse a los parámetros civilistas que fijó el Tribunal en el fallo apelado.

Debe tenerse en cuenta que existen enfermedades mentales distintas a la demencia que pueden afectar la voluntad de una persona, tales como la psicosis, y ante la cual, de hallarse debidamente comprobada que la padeció un funcionario, el juez administrativo no puede permanecer impasible y dejar de reconocerla, por formalidades susceptibles de ser removidas, toda vez que este derecho es de carácter social, y se repite, debe superar toda formalidad ante la realidad.

Por consiguiente, hallándose debidamente probado que la actora se encontraba por la época de la elaboración y presentación de su renuncia, afectada mentalmente, es fácil concluir que su voluntad no fue libre y espontánea, y menos eficaz, motivo por el cual se anulará el acto acusado, debiéndose revocar el fallo apelado.

Sin embargo, la Sala estima conveniente señalar, que si la actora para la fecha de su reintegro no demuestra que se encuentra suficientemente recuperada de su salud mental, la entidad demandada, deberá someterla al dictamen médico psiquiátrico, y proceder a tramitar su correspondiente pensión, según la evaluación médica correspondiente.

La Sala ordenará que el pago de los valores que resulten a favor de la parte actora, se ajustará al valor, de conformidad con el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, hasta la fecha de ejecutoria de la presente providencia dando aplicación a la siguiente fórmula:

 

En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por el actor desde la fecha en que dejaron de cancelársele los valores en virtud del acto acusado, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor, certificado por el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por el índice inicial, vigente para la fecha en que debió hacerse el pago, según se dispuso en la parte motiva de la providencia.

Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes por mes, para cada mesada salarial y para los demás emolumentos teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Revócase el fallo del día 28 de febrero de 1997, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en demanda promovida por B..., y en su lugar se dispone:

Declárase nula la Resolución DP-056 de 8 de febrero de 1995, proferida por el Hospital Psiquiátrico San Isidro de Cali, mediante la cual le fue aceptada la renuncia al cargo de auxiliar de enfermería de B...

A título de restablecimiento del derecho, el Hospital Psiquiátoco “San Isidro” de Cali, reintegrará al cargo de auxiliar de enfermería, o a otro igual o superior categoría, en la ciudad de Cali, a la señora B..., debiéndole cancelar los sueldos y prestaciones dejadas de percibir entre la fecha de su retiro y aquélla en que sea reintegrada, así como tenerle en cuenta este tiempo para todos los efectos legales, y en especial para su pensión de jubilación.

El reintegro de la demandante no se hará efectivo si la entidad de previsión social competente, considera que no está en condiciones mentales de desempeñarlo; caso en el cual se le pagarán los sueldos hasta la ejecución de la sentencia y se dará cumplimiento a las normas que sobre seguridad social regulan la materia.

La liquidación de los valores se hará conforme a la fórmula descrita en la parte motiva de esta providencia».

(Sentencia de junio 4 de 1998. Expediente 16563. Magistrado Ponente: Dr. Javier Díaz Bueno).

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