Sentencia 16571 de noviembre 27 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Exp. 16.571

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Saavedra Becerra

Rad. 05001 23 31 000 1991 06082 01

Actor: Pablo Emilio Marín Atehortua y otros

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., veintisiete de noviembre de dos mil seis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

De conformidad con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, el Consejo de Estado es competente para decidir, en segunda instancia, el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y por la entidad pública demandada, contra la sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia el 1º de octubre de 1998.

1. Régimen de responsabilidad aplicable.

Hasta 1989, la jurisprudencia del consejo de Estado resolvió los casos relacionados con daños causados por armas de dotación oficial a través de la falla del servicio probada (1) , con alguna incursión en la presunción de culpa (2) . Pero en una sentencia del 20 de febrero de ese año (3) , el Consejo de Estado abordó la presunción de falla del servicio. En tal sentencia se dijo que el actor solo debía acreditar que ha sufrido un perjuicio indemnizable y la existencia de una relación causal con el servicio y por su parte, la administración solo podía exonerarse de toda responsabilidad si probaba que aunque el perjuicio fue causado por un hecho a ella imputable, obró de tal manera prudente y diligente, que su actuación no puede calificarse como omisiva, imprudente o negligente, que dé lugar a comprometer su responsabilidad.

Posteriormente se consideró que los daños producidos por cosas o actividades peligrosas —como el uso de armas de fuego de dotación oficial— debían analizarse bajo el régimen de presunción de responsabilidad (4) , en el entendido de que la falla solo habrá de presumirse en los eventos de responsabilidad médico hospitalaria. Más adelante, la Sala señaló que el régimen aplicable es el de responsabilidad objetiva en aplicación de la teoría del riesgo, posición que se mantiene en la actualidad (5) .

En efecto, en aquellos casos en los que se debate la responsabilidad del Estado frente a daños causados con la utilización de armas de fuego de dotación oficial, se viene aplicando el régimen objetivo de responsabilidad, bajo el título de imputación denominado riesgo excepcional, en el cual, la administración debe responder siempre que produzca un daño con ocasión del ejercicio de actividades peligrosas o la utilización de elementos de la misma naturaleza, como lo es la manipulación de las armas de fuego de las que están dotadas algunas autoridades por razón de las funciones a ellas encomendadas, tales como la Policía Nacional, pues el Estado asume los riesgos a los cuales expone a la sociedad con la utilización de tales artefactos peligrosos.

En virtud de dicho título de imputación objetivo, el demandante está en el deber de probar la existencia del daño antijurídico y el nexo causal entre este y la acción u omisión de la entidad pública demandada, para que se pueda deducir la responsabilidad patrimonial, sin entrar a analizar la licitud o ilicitud de la conducta del agente, la cual resulta irrelevante. A su vez, la administración para exonerarse de toda responsabilidad deberá acreditar que este último elemento no existe o que es apenas aparente, mediante la comprobación de una causa extraña, como lo es la culpa exclusiva de la víctima, la fuerza mayor o el hecho exclusivo y determinante de un tercero. Con base en lo anterior, entra la sala a estudiar el caso concreto.

2. El caso concreto.

En el caso bajo análisis se debaten dos puntos, a saber: la responsabilidad del Estado en la muerte del señor Pedro Pablo Marín Martínez, ocurrida el 11 de noviembre de 1989 y, la responsabilidad del Estado por las lesiones padecidas por el señor Francisco Abel Marín Martínez, en los hechos que sucedieron a raíz de la muerte del primero, el mismo 11 de noviembre de 1989. En consecuencia la Sala abordará el estudio del caso concreto en ese orden, previa referencia a las pruebas trasladadas obrantes en el expediente:

2.1. Acerca de las pruebas trasladadas.

En primer lugar la Sala señala que entre las pruebas obrantes en el plenario, se encuentra la copia auténtica del expediente correspondiente al proceso Nº 113625, seguido por el Tribunal Superior Militar en contra de los agentes de la Policía Nacional: José Ernesto López Gómez, Juan Guillermo Franco Jiménez, Luís Emilio Rojas Castaño, Víctor Rafael Gutiérrez Vásquez, Moisés Moreno Mosquera, Luís Alberto Escalante López, Nemesio Olivo Arango y José Antonio Caicedo Velasco por homicidio y lesiones personales, que culminó mediante sentencia del 12 de agosto de 1992, con la cual se absolvió al agente José Ernesto López Gómez del delito de homicidio y se ordenó cesar todo procedimiento a favor de los agentes Juan Guillermo Franco, Luís Emilio Rojas, Víctor Rafael Gutiérrez, José Ernesto López, Moisés Moreno, Luís Alberto Escalante, Nemesio Olivo y José Antonio Caicedo sindicados de lesiones personales (fls. 23 a 377, cdno. 2.).

Así mismo, obra en el plenario copia auténtica del proceso disciplinario Nº 450 seguido por la Policía Nacional - Departamento de Policía de Antioquia, contra los agentes Ernesto López Gómez, Luis Escalante López y otros, por los hechos ocurridos el 11 de noviembre de 1989. Dicho proceso finalizó con fallo de diciembre 11 de 1989, mediante el cual se exoneró de responsabilidad disciplinaria a los investigados en consideración a que el uso del arma oficial lo fue en legítima defensa (fls. 1 a 68, cdno. 3).

La Sala valorará las pruebas practicadas en dichos procesos, pues su traslado fue solicitado en el escrito de la demanda para ser aducida contra el Ministerio de Defensa - Policía Nacional, entidad que adelantó los referidos procesos y practicó las pruebas de los mismos y que, por estar en su poder fue quien los aportó y dio fe de su autenticidad. Además, se sirvió de ella para fundamentar los argumentos de su defensa a lo largo de todo el trámite procesal (fls. 46, 48, 49 cdno. ppal., 337, cdno. 2 y 1 cdno. 3).

En efecto, la sección ha expresado en otras ocasiones que, cuando el traslado de pruebas, incluidos los testimonios, practicadas en otro proceso es solicitado o cuenta con la anuencia de ambas partes, tales pruebas pueden ser valoradas en el proceso contencioso administrativo, aunque hayan sido practicadas sin su citación o intervención en el proceso original y no estén ratificadas en el contencioso administrativo, pues en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una parte solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio o se sirva de ella y, de ser contraria a sus intereses, invoque formalidades legales para su admisión (6) ; con mayor razón, cuando la parte contra quien se aducen fue quien adelantó el proceso y practicó las pruebas del mismo (7) .

2.2. Responsabilidad del Estado por la muerte de Pedro Pablo Marín Martínez.

2.2.1. Los hechos probados.

Con base en las pruebas practicadas en los procesos referidos, valoradas en conjunto con el resto del acervo probatorio obrante en el expediente, la Sala tiene como ciertos los siguientes hechos:

1. El día 11 de noviembre de 1989, aproximadamente desde las 8:00 p.m. Pedro Pablo Marín Martínez estaba departiendo con otras personas en un establecimiento de comercio denominado “Heladería la Orquídea” ubicado en el segundo piso de una edificación situada en la plaza principal del Municipio de San Roque, Antioquia (testimonios fls. 142 a 143 vto., 145 a 147, 147 a 148 cdno. ppal.).

2. Alrededor de las 11:30 p.m., los agentes de la Policía Nacional, señores: José Ernesto López Gómez, Luís Emilio Rojas Castaño, Víctor Rafael Gutiérrez Vásquez, Moisés Moreno Mosquera, Luís Alberto Escalante López, Nemesio Olivo Arango y José Antonio Caicedo Velasco, quienes se encontraban en horas de servicio, vistiendo sus uniformes reglamentarios y portando sus armas de dotación oficial, llegaron al mencionado lugar con el fin de adelantar una requisa. De ello dan cuenta: la minuta de servicios de vigilancia y patrullaje de noviembre 11 de 1989, un informe de noviembre 14 de ese año, del comandante de la Subestación de Policía de San Roque dirigido al proceso penal militar Nº 113625 y, un oficio del 22 de noviembre siguiente, suscrito por el comandante de la Subestación de Policía de San Roque (fls. 134 a 138 cdno. ppal., 32, 33 y 51 cdno. 2).

3. En ese momento, el agente de la policía José Ernesto López Gómez, usó su arma de dotación oficial contra Pedro Pablo Marín Martínez y le propinó un disparo que le ocasionó la muerte de manera inmediata, lo cual se corrobora con los siguientes documentos, obrantes en el expediente en copia auténtica: certificado de registro civil de defunción, acta de levantamiento del cadáver e, informe de noviembre 14 de 1989, del comandante de la Subestación de Policía de San Roque, dirigido al proceso Penal Militar Nº 113625 (fls. 15 cdno. ppal., 29 y vto., 32 y 33 cdno. 2).

A su vez, el informe de necropsia señala:

“Presenta equimosis bipalpebral del ojo derecho; herida por proyectil de arma de fuego con orificio de entrada en la región occipital derecha, bordes hemorrágicos, 0,7 X 0,7 cms. y orificio de salida en la región frontal derecha (…). El trayecto era de atrás hacia delante y de abajo hacia arriba.

… el deceso de quien en vida respondió al nombre de Pedro Pablo Marín Martínez, fue consecuencia natural y directa del shok neurogénico debido a las laceraciones del cerebelo y cerebro por la herida por proyectil de arma de fuego, las cuales tienen un efecto de naturaleza esencialmente mortal” (fls. 35 y 36, cdno. 2).

2.2.2. Análisis de la Sala.

Conforme a lo anterior, la Sala encuentra claramente demostrado el daño antijurídico invocado por la parte actora, consistente en la muerte por arma de fuego de Pedro Pablo Marín Martínez, la noche del 11 de noviembre de 1989.

La Sala considera igualmente demostrada la imputación jurídica del daño a la Policía Nacional, en razón a que la muerte de Marín Martínez, se produjo por una herida en la cabeza causada por un disparo de un arma de fuego de dotación oficial, accionada por un agente perteneciente a dicha entidad pública, en horas de servicio y en la ejecución de una actividad propia del mismo —una requisa—.

Es decir, en el expediente se encuentra debidamente acreditado el daño antijurídico sufrido por los actores y el nexo causal de dicho daño con una acción de la Administración; elementos necesarios para la aplicación del título de imputación objetivo de riesgo excepcional. Con lo cual, el Estado queda obligado a reparar los perjuicios derivados del mismo y solo puede eximirse de tal obligación, si rompe el nexo de causalidad entre su actividad y el daño producido en virtud de una causa extraña.

En el caso en estudio, la entidad pública demandada fundamentó su defensa bajo el argumento de que el uso de las armas de dotación oficial contra Pedro Pablo Marín Martínez se hizo en legítima defensa, frente a dos disparos que este propinó a los agentes de policía cuando se disponían a requisarlo. En otras palabras, señala la demandada que el nexo de causalidad entre el daño y la acción de la policía se rompió por una causa extraña: el hecho exclusivo de la víctima.

Al respecto ha dicho la Sala que para que el hecho de la víctima pueda ser considerado como causal de exoneración de responsabilidad es necesario que quien pretenda servirse de ella, acredite no solo que la víctima participó en la realización del daño, sino que entre su actuación y el daño existe una relación de causalidad adecuada (8) . Entendida esta como aquella causa idónea, eficiente y preponderante cuya consecuencia directa e inmediata es el daño mismo:

“… el hecho de la víctima, como causal de exoneración de responsabilidad o de reducción del monto de la condena respectiva, debe constituir, exclusiva o parcialmente, causa eficiente del perjuicio reclamado. (…) la llamada teoría de la causalidad adecuada, según la cual no todos los fenómenos que contribuyeron a la producción del daño tienen relevancia para determinar la causa jurídica del perjuicio; se considera que solamente causó el daño aquel o aquellos fenómenos que normalmente debieron haberlo producido; esta teoría permite romper el vínculo de causalidad en tal forma, que solo la causa relevante es la que ha podido producir el daño... A no dudarlo, la aceptación de la causa extraña como causal liberatoria de la presunción de responsabilidad es, en el fondo, la consagración de la teoría de la causalidad adecuada... aplicando la teoría de la causalidad adecuada, el juez considera que la causa externa ha sido el hecho que normalmente ha producido el daño, y, en consecuencia, el vínculo de causalidad debe romperse de tal modo, que el demandado no se considere jurídicamente como causante del daño” (9) .

Sin embargo, considera la Sala que tal hecho exclusivo de la víctima no se encuentra debidamente acreditado en el expediente, por las siguientes razones:

Por un lado y, con base en las pruebas obrantes en los expedientes de los procesos penal militar y disciplinario —debidamente trasladados al contencioso administrativo (10) — adelantados contra los agentes que participaron en los hechos del 11 de noviembre de 1989 y que concluyeron con fallos absolutorios, la entidad demandada señaló que en el momento en que los agentes llegaron al establecimiento de comercio “Heladería la Orquídea”, Pedro Pablo Marín Martínez bajaba las escaleras y al notar la presencia de la patrulla que iba con el fin de hacer una requisa, desenfundó su revolver y disparó de frente en dos oportunidades contra ellos:

“Al llegar a la puerta que da acceso al establecimiento, ubicado en el segundo piso, venían bajando las escaleras un grupo de hombres, quienes al ser notificados de que se iba a requisar dispararon contra la Patrulla, causando una lesión de menor consideración a la altura del cuello lado izquierdo, al AG. Escalante López Luis, por lo que se vieron obligados los agentes a repeler el ataque, causándole una lesión (...) a Pedro Pablo Marín Martínez, quien falleció en el acto” (Informe de nov. 12/89, del comandante Sexto Distrito de Policía Cisneros, dirigido comandante de la Policía de Antioquia, fls. 55 y 56, cdno. 2; en el mismo sentido: informe de nov. 14/89, del comandante de la Subestación de Policía de San Roque, dirigido al proceso penal militar 113625, fls. 32 y 33, cdno. 2).

Así mismo, se informó que en el lugar de los hechos, los agentes recogieron un arma de fuego y que esta pertenecía al occiso, quien además portaba el respectivo salvoconducto (fl. 29 vto. cdno. 2). Según certificación de agosto 12 de 1993, expedida por el Ejército Nacional —primera división— Cuarta Brigada, se tiene:

“… consultado en el archivo nacional de microfichas, se estableció que al señor Pedro Pablo Marín Martínez, le aparece registrado en pantalla, el revolver calibre 38 largo marca Llama Nr. (sic) IM - 5858D comprado en el mes de mayo de 1980 en el almacén Nr. (sic) 47 con sede en la ciudad de Puerto Berrío” (fl. 183 cdno. ppal.).

No obstante lo anterior, en los referidos expedientes, también hay material probatorio que da cuenta de unas circunstancias diferentes, consistentes en que el señor Marín Martínez nunca disparó contra los agentes de la policía, que estos ingresaron al establecimiento de comercio, llevaron a cabo la requisa y concluido dicho procedimiento policivo, la víctima y su compañero de mesa, Gustavo Adolfo Estrada Zuleta, se dispusieron a abandonar el lugar. Cuando Marín Martínez iba a bajar el primer peldaño de las escaleras de salida, recibió desde atrás, un disparo propinado por el agente José Ernesto López Gómez, con su arma de dotación oficial:

“… y cuando salía cuando veníamos bajando la primera escala, López estaba arregostado en la pared que da a los baños, por ahí a un metro de distancia, y le disparó por detrás, (...) y yo vi cuando López le disparó, fue el único que disparó, Perucho venía por el lado de la pared y yo venía al lado izquierdo de él, y cuando le disparó Perucho salió rodando y el agente salió ahí mismo y se fue. (…) Pregunta: Sírvase decir al despacho bajo juramento si en ese momento, Pedro Pablo tenía arma de fuego. Contestó el no tenía, yo no se que la había hecho, pero no la tenía porque cuando cayó se le levantó la camiseta, o sea que se le subió y él no tenía nada, yo pasé por un lado de él, y lo miré” (Testimonio rendido por Gustavo Adolfo Estrada Zuleta dentro del proceso penal militar Nº 113625, fls. 182 a 183 vto. cdno. 2; similar declaración rindió ante la jurisdicción contenciosa administrativa fls. 145 a 147 cdno. ppal.; en similar sentido testimonios del cantinero y del mesero de la “Heladería la Orquídea, fls. 184 a 186 vto cdno. 2).

En el mismo sentido obran otros testimonios según los cuales en el momento de los hechos solo hubo un disparo, correspondiente a aquel que causó la muerte del señor Marín Martínez, ello fue relatado por el cantinero de la “Heladería la Orquídea”, por el mesero que atendió a la víctima en dicho establecimiento y por un agente de policía (fls. 99, 184 a 186 vto., cdno. 2).

Y en relación con que el disparo que causó el deceso de Marín Martínez, es claro, al tenor del informe de necropsia a él practicado, que este ingresó por la región occipital y tuvo salida por la región frontal y “El trayecto era de atrás hacia delante y de abajo hacia arriba” (fls. 35 y 36, cdno. 2). En otras palabras, el disparo no fue hecho de frente como lo señala la defensa de la entidad pública demandada.

A su vez, tampoco existe prueba alguna que indique que el arma de propiedad del señor Marín Martínez fue disparada, únicamente se tiene que esta fue aportada al proceso penal militar y que mediante providencia de abril 24 de 1991, dictada por el Juez Penal Militar de Primera Instancia, fue enviada al almacén de armamento de la unidad, en calidad de depósito (fl. 214, cdno. 2).

Por otro lado, no obra una prueba idónea que de cuenta de la existencia de la supuesta lesión sufrida por el agente Escalante y que esta fue causada por la víctima, solo una fotocopia borrosa de una fotografía suya y su declaración juramentada dentro de los procesos penal militar y disciplinario, donde señaló además que aquella fue leve y atendida en las mismas instalaciones del cuartel de policía por un estudiante de medicina (fls. 57, 58, 71 y 115 a 117, cdno. 2).

De la situación anteriormente descrita, da cuenta incluso el fallo proferido por el Consejo Verbal de Guerra de mayo 12 de 1992, mediante el cual, y ante la duda respecto de las circunstancias que rodearon los hechos investigados, se resolvió absolver al agente de la Policía Nacional José Ernesto López Gómez y cesar todo procedimiento contra los demás agentes sindicados por el delito de homicidio de Pedro Pablo Marín Martínez, la cual fue confirmada mediante fallo de consulta del Tribunal Superior Militar el 12 de agosto de 1992 (fls. 316 a 329, cdno. 2):

“La presidencia del Consejo Verbal de Guerra, no comparte de plano, la tesis de la legítima defensa, en el presente caso; se inclina por aceptar la duda, la cual por principio universal de derecho, y consagrada en nuestro ordenamiento castrense en su artículo 249 favorece al sindicado. Seguramente que esta duda planteada tanto por el fiscal como por la defensa, incidió en el veredicto, el cual por hallarse conforme a la realidad procesal, será acogido en la parte resolutiva de esta providencia y como consecuencia, se dictará la correspondiente sentencia absolutoria a favor del procesado” (fls. 294 a 300, cdno. 2) (resaltado no original).

Con base en lo expuesto, para la Sala es claro que no se encuentra probada la culpa exclusiva de la víctima, que permita exonerar de responsabilidad a la entidad pública demandada, toda vez que los elementos probatorios con los cuales esta pretende demostrar que los agentes de la Policía Nacional obraron en legítima defensa, no son contundentes y no ofrecen certeza respecto de la participación idónea, eficiente y preponderante de la víctima del daño en su realización. En otras palabras, no está probado en el caso concreto, que el hecho de la víctima fue la causa adecuada de su deceso.

Considera la Sala importante precisar que, mientras en los procesos en los cuales se analiza la conducta individual de una persona, como el penal o el disciplinario, la duda opera a favor del reo, como principio rector de ese tipo de actuaciones, en los procesos que por responsabilidad del Estado se adelantan ante la jurisdicción contenciosa administrativa, bajo el título objetivo del riesgo excepcional, la conducta lícita o ilícita del agente causante del daño es completamente irrelevante para efectos de endilgarle responsabilidad al Estado. Lo determinante es que se encuentre probado que se causó un daño, en la persona o en los bienes de un administrado y, que tal daño es imputable a la administración en atención a la existencia de un nexo causal entre aquel daño y la acción u omisión de la administración.

Por lo cual, para que el Estado pueda exonerarse de la obligación de reparar el daño antijurídico causado por él, debe acreditar plenamente la presencia de una causa extraña que rompa el mencionado nexo causal y, para ello no le basta con plantear la duda, es necesario que la causa extraña que invoque, esté plenamente probada y que ella sea la causa adecuada del daño del que pretende exonerarse.

Lo anterior no ocurrió en el caso bajo análisis y en consecuencia, la Sala confirmará en este punto la sentencia apelada y, declarará a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, responsable administrativa y extracontractualmente, del daño causado a los actores, consistente en la muerte de Pedro Pablo Marín Martínez con un arma de dotación oficial, bajo el título objetivo de imputación del riesgo excepcional.

Ahora bien, en este punto la Sala considera necesario poner de presente que además de una responsabilidad objetiva por parte de la administración, en el caso bajo análisis bien podría imputarse responsabilidad a la entidad pública demandada con base en una falla probada del servicio. En efecto, es un síntoma de un mal funcionamiento del servicio de policía, el que la necropsia practicada al cadáver del señor Marín Martínez arroje que el disparo que le causó la muerte tuvo el orificio de entrada en la región occipital de cráneo y el orificio de salida en la región temporal, con una trayectoria de atrás hacia delante y de abajo hacia arriba, cuando la Policía Nacional alega que le disparó de frente, al momento en que este bajaba las escaleras del establecimiento de comercio a donde los agentes se dirigían y, en virtud a que Marín Martínez agredió a tales agentes con dos disparos efectuados con un arma de fuego de su propiedad, con la cual habría lesionado “levemente” a uno de aquellos, que ni siquiera necesitó tención médica comprobada (fls.).

Es decir, se observa por parte de los agentes de la Policía Nacional que estos desplegaron contra Marín Martínez una conducta negligente, imprudente, irregular, e incluso desproporcionada, si se aceptara como cierto —no se probó— que la víctima causó una lesión leve a un uniformado, pues en primer término se debía haber tratado de reducir al supuesto agresor, antes de dispararle directamente a la cabeza y causarle la muerte de manera inmediata. Debe recordarse que los miembros de las fuerzas armadas, deben actuar de manera contundente ante las alteraciones del orden público que amenacen la vida o los bienes de la ciudadanía, pero a la vez, su comportamiento debe ser reflexivo, cuidadoso o diligente, por el mismo hecho de estar jurídicamente autorizados a portar y accionar armas de fuego, al tenor del artículo 218 de la Constitución Nacional.

Además, no se puede perder de vista que con el daño causado, se vulneraron derechos fundamentales de los cuales era titular el occiso, tales como el derecho fundamental a vida —art. 11, C.P.— y a la integridad personal —art. 12 Ibídem—.

Lo anterior debe ser puesto de presente en esta oportunidad, dado que el juez de lo contencioso administrativo, a través de la reparación está llamado también a efectuar un diagnóstico de las falencias en que la administración pueda incurrir, con miras a adelantar una labor pedagógica y a permitir que esta pueda —art. 90, C.P.— repetir contra sus agentes cuando quiera que hayan dado lugar con su conducta dolosa o gravemente culposa a una condena de reparación patrimonial a cargo del Estado y, lleva a la Sala a establecer que en el caso bajo análisis también opera el título de imputación falla del servicio, pues las extrañas circunstancias que rodearon la muerte del señor Pedro Pablo Marín Martínez, así lo señalan.

2.3. Responsabilidad del Estado por las lesiones sufridas por Francisco Abel Marín Martínez.

2.3.1. Los hechos probados.

Con base en las pruebas obrantes en el expediente, respecto de las lesiones sufridas por Francisco Abel Marín Martínez, se tienen como ciertos los siguientes hechos:

1. El 11 de noviembre de 1989, aproximadamente a las 11:35 p.m., habitantes (más de 20 personas) del municipio de San Roque, Antioquia, al enterarse de que miembros de la Policía Nacional habían dado muerte al señor Pedro Pablo Marín Martínez, en un establecimiento de comercio ubicado en la plaza principal del lugar, se dirigieron al Palacio Municipal, ubicado en la misma plaza, en cuyo edificio funciona el cuartel de policía, con el fin de protestar por lo ocurrido (testimonios fls. 166 a 168 c.p., 39 a 41 vto. y 64 cdno. 2).

2. Entre aquel grupo de personas se encontraba el señor Francisco Abel Marín Martínez, hermano del fallecido, quien declaró:

“… yo me encontraba en La Casona [establecimiento de comercio] cuando lo mataron a él, en un establecimiento una heladería, allá, (…) y yo supe en La Casona por la buya (sic) de la gente, que habían matado a Perucho, y entonces yo corrí, cuando un tumulto de gente, en la acera de las escalas de la Heladería Orquídea, porque queda en un segundo piso en el parque, y yo estaba tragueado (sic), pero no borracho, y entonces, nosotros llegamos ahí, cuando lo vimos tirado ahí, cuando la gente gritaba que el que lo había matado era López, el policía, y entonces ellos corrieron o sea la gente, todo el pueblo, para el palacio, gritando porque habían matado a Perucho, o sea a Pedro Pablo Marín Martínez, y entonces yo también me vine, y cuando la policía empezó a dar bala, cuando ya no supe de más, porque yo fui herido (…). Yo estaba allá, afuera del palacio, cuando ellos, los policías empezaron a boliar plomo…” (fls. 172 a 173 vto., cdno. 2).

3. Algunas de las personas que protestaban llevaban consigo armas blancas y armas de fuego, de las cuales hicieron uso contra las instalaciones del palacio municipal. Varios de los manifestantes lograron ingresar al primer piso de la edificación y dispararon contra el techo, dado que los agentes de la policía se acuartelaron en el segundo piso de la edificación. De ello da cuenta el acta de inspección ocular adelantada en el proceso disciplinario, en la cual se consigna la presencia de orificios efectuados con arma de fuego en las paredes y cielo raso del lugar, con una trayectoria del exterior hacia el interior de las instalaciones (acta de inspección ocular fls. 67 y 68, cdno. 2, fotocopia auténtica de fotografías del palacio municipal fls. 69 a 71, cdno. 2 y, testimonios fls. 64, 65, 99 a 101, cdno. 2).

4. Frente a lo anterior, los agentes de policía accionaron sus armas de dotación oficial, con las cuales hirieron a cinco personas que participaban en la protesta, entre ellas Francisco Abel Marín Martínez, quien al momento se encontraba en la vía pública cerca de la entrada al palacio municipal (informe de 14-11-1989, del comandante de la Subestación de Policía de San Roque dirigido al proceso penal militar Nº 113625, fls. 32 y 33, cdno. 2 e, informe de 12-11-1989, del comandante Sexto Distrito de Policía Cisneros, dirigido comandante de la Policía de Antioquia, fls. 55 y 56, cdno. 2).

5. Francisco Abel Marín Martínez recibió un disparo en el abdomen, con orificio de entrada en la región umbilical. Fue atendido en el hospital municipal de San Roque, Antioquia y remitido al hospital San Vicente de Paúl en Medellín, Antioquia, donde le practicaron una colostomía. Lo anterior le produjo una incapacidad permanente parcial y una merma en su capacidad laboral del 19,73% (informe Hospital de San Roque, Ant. fl. 143 y 144, cdno. 2.; historia clínica de Francisco Marín, hospitales San Vicente de Paúl y La María, Medellín, Ant. fls. 173 a 182 vto. cdno. ppal. y; concepto médico laboral de la Dirección Regional del Trabajo y Seguridad Social de Antioquia, fls. 199 y 200, cdno. ppal.).

2.3.2. Análisis de la Sala.

Conforme a lo anterior, la Sala encuentra demostrado el daño invocado por la parte actora, consistente en las lesiones por arma de fuego sufridas por Francisco Abel Marín Martínez la noche del 11 de noviembre de 1989.

Sin embargo, aunque está acreditado que las referidas lesiones fueron causadas por un disparo de un arma de fuego de dotación oficial, accionada por agentes pertenecientes a dicha entidad pública, en horas de servicio y en la ejecución de una actividad propia del mismo —repeler un ataque contra el cuartel de policía—; no es posible imputar jurídicamente responsabilidad por tal daño a la entidad pública demandada, toda vez que no existe nexo de causalidad entre su actividad y el daño causado, en virtud de una causa extraña, como a continuación se verá:

La entidad pública demandada alega que sus agentes lesionaron a Francisco Abel Marín Martínez en legítima defensa, en razón a que este hacía parte de un grupo de personas amotinadas contra la estación de policía, donde se encontraba un reducido grupo de agentes en comparación con la cantidad de personas que los tenía sitiados. Por lo tanto, al temer por sus vidas y en defensa de la edificación pública a la cual, varios ciudadanos habían logrado ingresar por la fuerza y accionando armas de fuego, se vieron en la necesidad de usar sus armas de dotación oficial contra aquellos.

Ha dicho la Sala en otras oportunidades que, cuando el hecho exclusivo de la víctima es determinante de una acción en legítima defensa, por parte de los miembros de la fuerza pública en el cumplimiento de sus funciones, debe analizarse de una manera estricta su configuración, mediante la constatación de que el uso de las armas de fuego era el único medio posible para repeler la agresión, es decir, que no existía otro mecanismo o procedimiento viable para la defensa y que, la respuesta armada se dirigía exclusivamente a repeler el peligro y no constituyó una reacción indiscriminada:

“La conducta de los militares constituye legítima defensa, ante la agresión actual e injusta por parte de los miembros del grupo armado del cual hacía parte el occiso. Se configura, entonces, la causal de exoneración de responsabilidad consistente en el hecho exclusivo de la víctima. (...) El artículo 26 del Código Penal Militar (D. 2550/88), vigente al momento de los hechos, establecía, en su numeral cuarto, la legítima defensa como causal de justificación: “El hecho se justifica cuando se comete... 4) Por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcional a la agresión”. La legítima defensa establecida como causal de justificación de la conducta en la citada norma penal, es aplicable en el campo de la responsabilidad civil como razón exonerante de la misma. La Sala, en reiterada jurisprudencia, ha reconocido la legítima defensa como causal de exoneración de responsabilidad de la administración, sin embargo, en situaciones como la que se discute en el presente proceso, ha dado especial atención al uso de las armas por parte de los miembros de la fuerza pública en el cumplimiento de sus funciones. (...) El examen de la proporcionalidad de la respuesta ante una agresión a miembros de la fuerza pública, en este tipo de eventos de legítima defensa, debe someterse a un examen más estricto que al del común de los casos. Efectivamente, los elementos que configuran la legítima defensa deben ser acreditados de manera indubitable, en cuanto a considerar que el uso de las armas de fuego era el único medio posible para repeler la agresión o, dicho de otra forma, que no existía otro medio o procedimiento viable para la defensa. Así mismo, que la respuesta armada se dirija exclusivamente a repeler el peligro y no constituya una reacción indiscriminada” (11) .

En el caso concreto, considera la Sala que sí se configura la causal excluyente de responsabilidad denominada hecho exclusivo de la víctima —alegada por la entidad demandada— respecto del daño sufrido por Francisco Abel Marín Martínez, dado que fue precisamente frente a un hecho del lesionado que la administración debió defenderse de manera legítima, con lo cual el nexo de causalidad entre dicho daño y la acción de la administración se rompe y da lugar a exonerarla de toda responsabilidad al respecto.

Ello, en atención a las especiales circunstancias —debidamente probadas— en que se produjo la lesión del demandante, a saber: este hacía parte de un grupo de más de 20 personas que atacaban a los agentes de la Policía Nacional con armas blancas y de fuego y, si bien no hay prueba de que el lesionado estaba armado, él mismo reconoció que se encontraba entre el grupo de manifestantes que accionaron armas de fuego en contra de los uniformados, grupo este que era mayor en relación con el número de agentes, quienes únicamente eran 6 (fls. 166 a 168 cdno. ppal., 39 a 41 vto., 64, 65, 67 a 71, 99 a 101 y 172 a 173 vto., cdno. 2).

Es decir, el ahora demandante asumió el riesgo de participar de una manifestación armada en contra de la fuerza pública, lo que hacía previsible que frente a una agresión de tal envergadura, esta disparara sus armas de dotación oficial en legítima defensa de su integridad personal e institucional.

Puede entenderse que el lesionado y los habitantes del municipio se encontraran profundamente enfadados y doloridos por la reciente muerte del hermano del primero, pero ello no justifica que decidieran tomar la justicia por sus propias manos y trataran de linchar a los agentes de la policía causantes de aquella muerte y, mucho menos que algunos de ellos hicieran uso de armas de fuego contra la policía e ingresaran de manera ilegal y por la fuerza a la edificación donde los agentes se resguardaban del asalto.

Dicha situación, hizo que los uniformados tuvieran la necesidad de hacer uso de sus armas de fuego para efectos de dispersar a los atacantes, como efectivamente ocurrió y, en el cruce de disparos resultó herido el señor Marín Martínez. En otras palabras, el empleo de sus armas de dotación oficial era el único medio posible para repeler la agresión de que estaban siendo objeto los uniformados, pues no existía otro medio o procedimiento viable para su defensa, y además, la respuesta armada de estos, se dirigió exclusivamente a repeler el peligro que se cernía sobre ellos y no constituyó por tanto una reacción indiscriminada.

Lo expuesto, le permite a la Sala concluir que en relación con las lesiones sufridas por Francisco Abel Marín Martínez, el 11 de noviembre de 1989, mediante un disparo proveniente de un arma de dotación oficial, se configura la culpa exclusiva de la víctima como causa adecuada, eficaz y preponderante de las mismas y por tanto, no hay lugar a declarar la responsabilidad de la administración frente al daño por él padecido, dado que este tuvo como causa su propio hecho, exclusivo y determinante, en consecuencia, en este punto se confirma la sentencia impugnada.

2.4. Perjuicios y liquidación.

En virtud de que el Estado vio comprometida su responsabilidad únicamente frente a la muerte de Pedro Pablo Marín Martínez, pasa la Sala a revisar lo atinente a los perjuicios que con ese daño se causaron a los demandantes.

2.4.1. Perjuicios morales.

Por concepto de perjuicios morales, el a quo condenó a la Nación al pago del equivalente en pesos de 1000 gramos oro para cada uno de los padres de Pedro Pablo Marín Martínez y, al equivalente en pesos de 500 gramos oro para cada uno de sus hermanos.

Al respecto señala la Sala que se encuentra probado en el proceso que del matrimonio de Pablo Emilio Marín Atehortúa y María Adela Martínez Suárez, es hijo legítimo Pedro Pablo Marín Martínez (occiso) y que este a su vez, tenía por hermanos a Alfonso de Jesús, Carlos Mario, Liliam Amparo, Rosa Ester, Magdalena, Luís Fernando, Francisco Abel, Mónica María, Nubia Erica y Querubín Marín Martínez; de conformidad con el certificado original del registro civil del matrimonio de los dos primeros y, los certificados originales de los registros civiles de nacimiento de los últimos (fls. 3 a 14, cdno. ppal.).

Así mismo, obra en el expediente prueba testimonial, que da cuenta de que los arriba nombrados convivían en la misma casa junto con el occiso y conformaban una cariñosa y unida familia, por lo que sufrieron profundamente con la muerte de su hijo y hermano (testimonios en fls. 142 a 153 vto. y 155 a 171 vto. cdno. ppal.).

Por tanto, habrá de confirmarse lo resuelto por el tribunal sobre esta pretensión, con la claridad de que la condena se tasará en salarios mínimos legales mensuales, en aplicación de las pautas jurisprudenciales adoptadas a partir de la sentencia proferida por la Sala el 6 de septiembre de 2001, en la que se afirmó:

“… la Sala fijará el quantum de las respectivas condenas, en moneda legal colombiana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo. Considerando que el salario mensual en Colombia se fija atendiendo fundamentalmente la variación del índice de precios al consumidor, se considera que el valor del perjuicio moral, en los casos en que este cobre su mayor intensidad, puede fijarse en la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, que en la fecha de la sentencia corresponda…” (12) .

Como el valor dispuesto por el tribunal, para cada uno de los padres del occiso, es el equivalente en pesos a 1000 gramos de oro, esto es, el 100% del máximo reconocido para la fecha en que se profirió la providencia de primera instancia, en los eventos de muerte a favor de los padres de quien fallece, se considera que corresponde a dicho porcentaje, el valor máximo acogido por la Sala a partir de la precitada sentencia de 2001, esto es, a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno (13) .

Y, como el valor dispuesto por el tribunal, para cada uno de los hermanos de Pedro Pablo Marín, es el equivalente en pesos a 500 gramos de oro, esto es el 50% del máximo reconocido para la fecha en que se profirió la providencia de primera instancia, se considera que corresponde a dicho porcentaje, el valor máximo acogido por la Sala a partir de la sentencia de septiembre 6 de 2001, esto es, a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno (14) .

En este punto, la Sala considera importante dejar constancia de que los señores Pablo Emilio Marín Atehortúa y María Adela Martínez Suárez, actuaron en el presente proceso en nombre propio y a nombre de sus hijos menores Mónica María, Nubia Erica y Querubín Marín Martínez. Frente a ello se acreditó que los primeros tenían la representación legal de estos y que para la época en que se otorgó el poder y se presentó la demanda, los jóvenes todavía eran menores de edad (fls. 12 a 14, 24 y 24 vto. cdno. ppal.).

De igual forma, se deja constancia de que a folios 190 y 191 cuaderno principal, obran certificados originales de los registros civiles de defunción, correspondientes a los demandantes: Luis Fernando Marín Martínez, fallecido el 7 de febrero de 1993, expedido por el Notario Único de San Roque, Antioquia y; Carlos Mario Marín Martínez, fallecido el 3 de abril de 1992, expedido por el Notario Único de Puerto Berrío, Antioquia. En virtud de que en el expediente solamente obran los mencionados certificados de defunción, pero no se observa solicitud de reconocimiento de sucesores procesales de los fallecidos señores al tenor de lo dispuesto en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil y, tampoco se no se encuentra acreditado si la sucesión de los señores Luis Fernando Marín Martínez y Carlos Mario Marín Martínez está totalmente integrada, pues no se tiene conocimiento de haberse iniciado un proceso ordinario de sucesión, en donde se hayan hecho parte todas las personas que tienen derecho a la masa herencial la Sala ordenará la indemnización de los perjuicios morales, a favor de la sucesión de los referidos señores (15) .

2.4.2. Perjuicios materiales.

El a quo negó el reconocimiento de perjuicios materiales a favor de los padres de la víctima, en atención a que al momento de su muerte, Pedro Pablo Marín tenía 30 años de edad, lo cual superaba el límite jurisprudencialmente establecido de 25 años.

Al respecto, precisa la Sala que jurisprudencialmente se ha establecido que, según las reglas de la experiencia, a los 25 años de edad los hijos se emancipan del seno familiar y conforman su propia familia, por lo tanto, es hasta ese momento que los padres pueden esperar ayuda económica de los hijos. Sin embargo aquella es una presunción judicial derivada de las reglas de la experiencia que admite prueba en contrario (16) . Es decir, si en el proceso se prueba que el fallecido (o lesionado) era un hijo mayor de 25 años que colaboraba económicamente con sus padres, en aras de la reparación plena del daño, la privación de esa ayuda económica debe ser indemnizada si ello ha sido solicitado en la demanda.

En el caso concreto se tiene que Pedro Pablo Marín, para la fecha de su muerte era de estado civil soltero, que trabajaba como minero independiente y que, con los ingresos económicos que le reportaba dicha actividad, colaboraba económicamente con sus padres, con quienes además vivía (testimonios en fls. 142 a 153 vto. y 155 a 171 vto. cdno. ppal.).

En consideración a lo anterior, en este punto la Sala modificará la sentencia apelada para acceder a la pretensión de indemnización por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, a favor de cada uno de los padres.

Dado que en el expediente no obra prueba fehaciente sobre cuál era el ingreso que al momento de ocurridos los hechos percibía Pedro Pablo Marín, puesto que los testimonios obrantes al respecto señalan cantidades diferentes en razón a que la actividad por él desempeñada arrojaba ingresos variables (fls. 142 a 171, cdno. ppal.), el cálculo se efectuará con base en el salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ocurridos los hechos, para lo que se dispone un descuento de lo que razonablemente el occiso dedicaba a su propia subsistencia, el cual se establece en un 25. Dicho monto a su vez se dividirá en una proporción de 50% para cada uno de los padres y como límite temporal se fija el promedio de vida probable de cada uno de ellos.

Con base en lo anterior, se tasará la indemnización debida o consolidada, que abarca el lapso transcurrido desde la época de los hechos hasta la sentencia en la que se dispone la indemnización y, la indemnización futura o anticipada, que abarca el período transcurrido entre la sentencia y la vida probable de cada uno de los padres.

Actualización de la renta:

 

Ra=Renta actualizada a establecer.
Rh=Renta histórica, el smlm de 1989, que fue de $ 32.559,60.
Ipc (f)=Es el índice de precios al consumidor final, es decir 167,60 que es el correspondiente a octubre de 2006.
Ipc (i)=Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 15,64 que es el que correspondió al mes de noviembre de 1989.

 

En este punto del cálculo, nota la Sala que a la fecha, la actualización del salario mínimo legal mensual vigente en 1989 ($ 348.912,33) es inferior al salario mínimo legal mensual actual ($ 408.000). Por tal razón, en aplicación del artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y de los principios de reparación integral y equidad allí contenidos, se tomará este último como base para el cálculo (17) .

a. Para la señora María Adela Martínez Suárez (madre).

— Cálculo de la indemnización debida, consolidada o histórica:

 

Para aplicar se tiene:

S=Suma a obtener.
Ra=Renta actualizada, valor del 75% del s.m.l.m de 2006, dividido entre 2 padres, es decir $ 153.000.
i=Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.
n=Número de meses transcurridos desde el hecho hasta la sentencia, es decir 204,53 meses.
1=Es una constante

 

— Cálculo de la indemnización futura o anticipada:

 

Para aplicar se tiene:

S=Suma a obtener.
Ra=Renta actualizada, valor del 75% del s.m.l.m de 2006, dividido entre 2 padres, es decir $ 153.000.
i=Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.
n=Número de meses transcurridos desde la sentencia hasta la vida probable de la damnificada (nacida el 7 de agosto de 1937), es decir 124,99 meses.
1=Es una constante.

 

 

De lo anterior se tiene que el monto total por concepto de lucro cesante, para la madre de Pedro Pablo Marín Martínez, es el siguiente:

Indemnización debida:Indemnización futura:Total lucro cesante:
$ 53’422.971$ 14’301.438$ 67’724.409

b. Para el señor Pablo Emilio Marín Atehortúa (padre).

— Cálculo de la indemnización debida, consolidada o histórica:

 

Para aplicar se tiene:

S=Suma a obtener.
Ra=Renta actualizada, valor del 75% del s.m.l.m de 2006, dividido entre 2 padres, es decir $ 153.000.
i=Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.
n=Número de meses transcurridos desde el hecho hasta la sentencia, es decir 204,53 meses.
1=Es una constante

 

— Cálculo de la indemnización futura o anticipada:

 

Para aplicar se tiene:

S=Suma a obtener.
Ra=Renta actualizada, valor del 75% del s.m.l.m de 2006, dividido entre 2 padres, es decir $ 153.000.
i=Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.
n=Número de meses transcurridos desde la sentencia hasta la vida probable del damnificado (nacido el 5 de septiembre de 1933), es decir 38,71 meses.
1=Es una constante

 

 

De lo anterior se tiene que el monto total por concepto de lucro cesante, para el padre de Pedro Pablo Marín Martínez, es el siguiente:

Indemnización debida:Indemnización futura:Total lucro cesante:
$ 53’422.971$ 5.386.259$ 58’809.230

Así las cosas, el resumen del monto indemnizatorio respecto de los damnificados con la muerte del señor Pedro Pablo Marín Martínez, es el que sigue:

DamnificadoDaño moralDaño material
María Adela Martínez Suárez100 smmlv$ 67’724.409
Pablo Emilio Marín Atehortúa100 smmlv$ 58’809.230
Alfonso de Jesús Marín Martínez50 smmlv- 0 -
Liliam Amparo Marín Martínez50 smmlv- 0 -
Rosa Ester Marín Martínez50 smmlv- 0 -
Magdalena Marín Martínez50 smmlv- 0 -
Francisco Abel Marín Martínez50 smmlv- 0 -
Mónica María Marín Martínez50 smmlv- 0 -
Nubia Erica Marín Martínez50 smmlv- 0 -
Querubín Marín Martínez50 smmlv- 0 -
Sucesión de Luís Fernando Marín Martínez50 smmlv- 0 -
Sucesión de Carlos Mario Marín Martínez50 smmlv- 0 -

3. Costas.

En atención a que para el momento en que se dicta este fallo la Ley 446 de 1998 en el artículo 55, indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, como en el sub lite ninguna de aquellas actuó de esa forma, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, el 1 de octubre de 1998, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, la cual quedará así:

1. DECLÁRASE administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional por la muerte del señor Pedro Pablo Marín Martínez, ocurrida el 11 de noviembre de 1989.

2. En consecuencia, CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma de cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes a cada uno de los siguientes demandantes: María Adela Martínez Suárez y Pablo Emilio Marín Atehortúa.

Para Alfonso de Jesús Marín Martínez, Liliam Amparo Marín Martínez, Rosa Ester Marín Martínez, Magdalena Marín Martínez, Francisco Abel Marín Martínez, Mónica María Marín Martínez, Nubia Erica Marín Martínez y Querubín Marín Martínez, la suma de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes, para cada uno.

A favor de la sucesión de Luís Fernando Marín Martínez, la suma de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes y,

A favor de la sucesión de Carlos Mario Marín Martínez, la suma de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

3. CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, las siguientes sumas de dinero:

Para María Adela Martínez Suárez, la suma de sesenta y siete millones setecientos veinticuatro mil cuatrocientos nueve pesos ($ 67’724.409.00) y,

Para Pablo Emilio Marín Atehortúa, la suma de cincuenta y ocho millones ochocientos nueve mil doscientos treinta pesos ($ 58’809.230.00).

4. Se niegan las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin condena en costas.

6. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. En firme este fallo devuélvase el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia de octubre 21 de 1982, C.P. Jorge Dangond Flórez.

(2) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia de octubre 24 de 1975, exp. 1631.

(3) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia de febrero 20 de 1989, exp. 4655, C.P. Antonio de Irisarri Restrepo.

(4) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia de agosto 24 de 1992, exp. 6.754 y, sentencia de septiembre 16 de 1999, exp. 10922, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(5) Ver entre otras: Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencias de julio 14 de 2004, exp. 14308, C.P. Alier Hernández; febrero 24 de 2005, exp. 13967, C.P. Ramiro Saavedra y; marzo 30 de 2006, exp. 15441, C.P. Ramiro Saavedra.

(6) Ver: Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencias de septiembre 18 de 1997, exp. 9666, de febrero 8 de 2001, exp. 13.254 y de febrero 21 de 2002, exp. 12789.

(7) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencias de diciembre 9 de 2004, exp. 14174 y, de julio 6 de 2005, exp. 13969, entre otras.

(8) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia de octubre 3 de 2002, exp. 14207, C.P. Ricardo Hoyos.

(9) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, Sentencia de octubre 18 de 2000, exp. 11981, C.P. Alier Hernández.

(10) Ver acápite 2.2.1. de esta providencia.

(11) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia de enero 29 de 2004, exp. 14222, C.P. Alier Hernández. En igual sentido, sentencias de: abril 22 de 2004, exp. 14077 y, julo 14 de 2004, exp. 14902, del mismo ponente.

(12) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia de septiembre 6 de 2001, expedientes acumulados 13232 y 15646, C.P. Alier Hernández.

(13) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia de septiembre 28 de 2006, exp. 14270, C.P. Ramiro Saavedra.

(14) Ibídem.

(15) Ver al respecto: Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia de marzo 1º de 2006, exp. 14408, C.P. Alier Hernández y, sentencia de mayo 6 de 2006, exp. 15626, C.P. Ramiro Saavedra.

(16) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, sentencia de junio 9 de 2005, exp. 15129, C.P. Ruth Stella Correa.

(17) Op. Cit. sentencia del 5 de julio de 2006, exp. 14686.

_______________________________