Sentencia 16.585 de noviembre 29 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 44001-23-31-000-1998-00084-01 (16.585)

Consejero Ponente:

Dr. Fredy Ibarra Martínez

Actor: Jesús María Barrera Pérez

Demandados: Nación (Ministerio de Hacienda) - DIAN

Ref.: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintinueve de noviembre de dos mil seis.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 25 de marzo de 1999 por el Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda y se condenó en costas a la demandante.

EXTRACTOS: « II.Consideraciones

Cumplidos los trámites de la instancia sin que exista causal de nulidad respecto de lo actuado, se procede a resolver el asunto sometido a consideración de la Sala, para lo cual se examinarán los siguientes aspectos: 1) el objeto de la controversia; 2) las imputaciones; 3) falta de la prueba de la calidad con que se demandó y en consecuencia del daño alegado, 4) conclusión y, 5) costas.

1. El objeto de la controversia.

Consiste en determinar si dentro del trámite de la supuesta compra de un vehículo automotor importado, Jesús María Barrera Pérez le consultó o no a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, seccional Riohacha sobre la legalidad de aquel; si esa entidad le respondió o no al peticionario y, si hubo respuesta, cuáles fueron los efectos respecto de la alegada negociación.

2. Las imputaciones.

En el capítulo de hechos contenido en la demanda, textualmente se expresó:

“Primero: Mi poderdante señor Jesús María Barrera Pérez, negoció en el año de 1994 en la ciudad de Riohacha un vehículo automotor distinguido con las siguientes características:

a) Clase ..........................................Camioneta
b) Color ...........................................Azul metalizado
c) Marca ..........................................Toyota
d) Modelo ........................................1994
e) Motor ..........................................1FZ0059684
f) Serie ............................................FZJ80-9002712
g) Chasis .........................................FZJ80-9002712

“Cuyo precio del automotor fue por la suma de cuarenta millones de pesos ($ 40.000.000) que fueron pagados por mi poderdante en el momento de la entrega del automotor.

“Segundo: El automotor relacionado anteriormente fue comprado por mi poderdante en tránsito libre en la ciudad de Riohacha y matriculado en la ciudad de Bogotá, al que se le asignaron las placas BCX-360.

“Tercero: Mi poderdante antes de realizar el negocio con el importador señor Ricardo González Jiménez, se presentó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, seccional Riohacha Guajira y preguntó sobre la legalidad de importación del vehículo en todos sus aspectos, obteniendo respuesta favorable por parte de la DIAN, en el sentido de que el vehículo no tenía ninguna clase de problema, lo que inmediatamente procedió a efectuar la negociación lo cual pudo observar que el automotor estaba amparado con la declaración de importación número 9302010010030629 del 15 de septiembre de 1993 y número de levante 1600000103 del 16 de septiembre de 1993.

“Cuarto: Después de efectuado el negocio y matriculado el vehículo a nombre de mi mandante se realizaron varias transacciones comerciales con el automotor, sin hacer el traspaso el cual el último tenedor fue el señor Manuel Incapie (sic) Soto”.

3. Falta de la prueba de la calidad con que se demandó y en consecuencia del daño alegado.

Para analizar si se le causó algún tipo de daño al demandante con los hechos que expuso en la demanda, se debe indagar primero si quien demandó probó la calidad de propietario del vehículo, respecto de quien se solicita el reconocimiento de la indemnización.

Sobre la manera de probar la propiedad sobre vehículos, el artículo 88 (modificado por el D. 1809/90, art. 1º, mod. 76) del Código Nacional de Tránsito Terrestre (D. 1344/70), vigente al momento de presentar la demanda, disponía lo siguiente:

El registro terrestre automotor es el conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, característica y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él se inscribirá todo acto o contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres para que surta efectos ante las autoridades y ante terceros (...)” (negrillas de la Sala).

Sin perjuicio de lo anterior, si bien el Decreto 1344 de 1970 fue derogado por la Ley 769 del 6 de agosto de 2002, mediante la cual se expidió el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictaron otras disposiciones, sobre el tema en cuestión, dispone lo siguiente:

“ART. 2º—Definiciones. Para la aplicación e interpretación de este código, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

“(...).

“Licencia de tránsito: Es el documento público que identifica un vehículo automotor, acredita su propiedad e identifica a su propietario y autoriza a dicho vehículo para circular por las vías públicas y por las privadas abiertas al público.

“(...).

“Matrícula: Procedimiento destinado a registro inicial de un vehículo automotor ante un organismo de tránsito en ella se consignan las características, tanto internas como externas del vehículo, así como los datos e identificación del propietario.

“(...).

“Registro nacional automotor: Es el conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él se inscribirá todo acto, o contrato providencia judicial, administrativa o arbitral, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres para que surtan efectos ante las autoridades y ante terceros”.

“ART. 38.—Contenido. La licencia de tránsito contendrá, como mínimo, los siguientes datos:

“(...).

“Nombre del propietario, número del documento de identificación, huella, domicilio y dirección.

“PAR.—Las nuevas licencias deberán permitir al organismo de tránsito confrontar la identidad del respectivo titular de conformidad con las normas de la ley vigente sobre la materia” (resaltó la Sala).

Se observa así, que la normatividad citada regula la forma de acreditar la propiedad sobre los vehículos automotores terrestres, independientemente de que la negociación sobre éstos se enmarque en el derecho civil o en el mercantil, por cuanto el Código Nacional de Tránsito no distingue nada respecto de esas situaciones particulares, las cuales, son inherentes a la negociación mas no al modo de probar la propiedad, razones por las que aquella resulta suficiente para dilucidar la controversia, más aún si se tiene en cuenta el principio universal de hermenéutica jurídica, según el cual, cuando la norma no distingue, al intérprete no le es dado hacer distinciones.

De lo anterior se colige, que para acreditar la propiedad sobre un vehículo automotor terrestre, se requiere demostrar que el título de adquisición fue inscrito en el respectivo registro, ante el funcionario competente de la oficina de tránsito, la cual debe expedir una licencia de tránsito que contenga los datos de identificación tanto del vehículo como del propietario actual.

En el caso objeto de juzgamiento, no se demostró, por el medio idóneo, que el demandante Jesús María Barrera Pérez haya sido propietario en alguna época, del vehículo que se describió en la primera pretensión y en el primer hecho de la demanda, esto es, de la camioneta color azul metalizado, marca Toyota, modelo 1994, motor 1FZ0059684, serie y chasis FZJ80-9002712, con placas de Bogotá número BCX 360.

En efecto, no existe constancia del registro y de la tradición donde se demuestre que el demandante es o haya sido propietario de ese automotor y, como en la demanda se afirmó que la causa del daño se derivó de esa calidad, para la Sala surge con toda claridad la ausencia de prueba de la calidad con la que el demandante alegó la causación del daño.

Tampoco existe algún otro medio de prueba de donde pudiera inferirse la generación del daño alegado.

Al proceso se aportó fotocopia autenticada de la declaración de importación de la Dirección de Aduanas Nacionales número 9302010010030629 (fl. 23), documento en el que se registra que con manifiesto número 1566 de 15/09/93, Ricardo González Jiménez importó la camioneta marca Toyota, modelo 4500 VX, station wagon, año 1994, serial carrocería: FZJ80-9002712, serial motor: 1FZ0059684, color azul metalizado.

Este es el único documento obrante en el proceso relacionado con la camioneta de la que el demandante afirma haber sido propietario, del cual no puede tenerse por demostrada esa condición, por las siguientes razones:

1. En ese documento no figura, a ningún título, el nombre del demandante Jesús María Barrera Pérez, que lo ligara de alguna forma al vehículo que se describe allí.

2. No existe documento ni ningún otro medio de prueba con el que pueda saberse que el vehículo al que se alude en esa declaración de importación, es el mismo que en la demanda se aseguró haberse matriculado en la ciudad de Bogotá con la placa número BCX 360.

3. En la demanda también se afirmó que el demandante Jesús María Barrera Pérez compró a Ricardo González Jiménez la referida camioneta cuyos datos fueron detallados en esa declaración de importación, negocio por el cual dijo haber pagado como precio la suma de $ 40''000.000 pero, esa negociación tampoco fue probada. No existe recibo de pago, ni documento de compra y venta, ni la declaración de personas que hubiesen podido ser testigos de esa transacción.

Es decir, sobre la calidad de propietario de la camioneta por cuya extinción Jesús María Barrera Pérez solicitó declarar responsable a la DIAN, no existe sino, simplemente, la afirmación contenida en la demanda y en los escritos presentados por esa parte demandante, pero en cuyo propósito no se allegó la más mínima prueba.

Ni siquiera se demostró que en algún momento Jesús María Barrera Pérez hubiese recibido de Ricardo González Jiménez el vehículo descrito.

4. Conclusión.

Ante la ausencia de prueba de la calidad de propietario en la cual el demandante dice haber sufrido el daño material y moral reclamado, se confirmará la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda.

5. Costas.

El artículo 171 (modificado por el art. 55 L. 446/98) del Código Contencioso Administrativo, dispone que el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil.

Por su parte, el ordinal 1º del artículo 74 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente:

“ART. 74.—Modificado Decreto 2282 de 1989, artículo 1º, mod. 30. Se considera que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes casos:

“1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición, incidente o trámite especial que haya sustituido a este.

“2. ............”

(negrillas de la Sala).

La Sala observa con facilidad que la demanda que dio origen al proceso carece de fundamento, comoquiera que en ella se alegó como presunto daño la extinción de un vehículo propiedad del actor, pero no se aportó la más mínima prueba sobre la propiedad y los demás hechos fundamento de la acción.

En efecto, no se probó que el ahora actor hubiese intervenido en la importación del vehículo, tampoco se estableció la supuesta compra del automotor por parte de él o que hubiese sido propietario del mismo a cualquier título; pero peor aún, siendo el demandante conocedor de esas falencias y habiendo la sentencia puesto en evidencia otras inconsistencias probatorias con base en las cuales se negaron las pretensiones, a pesar de ello la parte actora propuso el recurso de apelación que, no obstante ser un medio de defensa objetivo, en el caso no resultó serlo porque la decisión denegatoria se edificó en la falta de prueba, que estaba a su cargo (CPC, art. 177).

Esa conducta es entonces susceptible de ser calificada como temeraria, razón por la que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 171 del Código Contencioso Administrativo y 392 y 393 del Código de Procedimiento Civil, se condenará en costas a la parte demandante, las cuales serán tasadas en la oportunidad legal por la secretaría de la Sala.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia de 25 de marzo de 1999 proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira.

2. CONDÉNASE en costas a la parte demandante. Por la secretaría tásense en la oportunidad legal.

3. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen, una vez cumplido el trámite de la segunda instancia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

_________________________________