Sentencia 16594 de agosto 14 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Expediente 16.594

Rad.: 2500023-31-000-1995-01599-01

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Actor: Svetla Petkova de Morales

Demandado: Nación —Ministerio de Justicia— Consejo Superior de la Judicatura

Bogotá, D.C., catorce de agosto de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «2. Consideraciones

Sea lo primero dejar constancia en el sentido de que en la discusión realizada con el objeto de aprobar la presente sentencia, no intervino la honorable Consejera de Estado Myriam Guerrero de Escobar, quien ha formulado su impedimento porque como magistrada de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, suscribió la providencia impugnada, razón por la cual la Sala lo aceptará.

Precisado lo anterior, procede identificar cuáles serán los problemas jurídicos a abordar con el fin de desatar el recurso de alzada.

2.1. Lo que se debate.

Teniendo en cuenta el panorama que se ha dejado expuesto, considera la Sala que para resolver el asunto que se somete a su consideración por razón del recurso de apelación impetrado contra la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el presente proceso, resulta imperativo despejar los siguientes problemas jurídicos:

(i) Precisar cuál es el régimen de responsabilidad aplicable a las circunstancias del caso concreto, habida cuenta de que se trata de dilucidar si se ha incurrido, por parte de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en un error judicial dentro del proceso que adelantara la señora Svetla Petkova contra el Instituto Distrital de Cultura y Turismo.

(ii) Una vez clarificado el anterior extremo, establecer si, en el sub lite, concurren los presupuestos necesarios para declarar la responsabilidad del Estado por error judicial.

2.2. Sobre la responsabilidad del Estado por error judicial.

Con anterioridad a la entrada en vigor de la Constitución Política de ese año —la cual se produjo el día 7 de julio de 1991—, la jurisprudencia de esta corporación rechazó la procedencia de declarar la responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia del funcionamiento de la administración de justicia, por entender que en los eventos en los cuales los funcionarios judiciales incurriesen en errores en desarrollo de su actividad, de los cuales se derivaran daños para los justiciables, la comprometida era la responsabilidad personal del servidor público del cual se tratara y no la del Estado (1) . No obstante, ya en vigor de la Carta de 1991 la Sala ha considerado —y en esta providencia así lo reitera— que incluso dentro del marco constitucional anterior resultaba jurídicamente viable e, incluso, imperativo, deducir responsabilidad patrimonial al Estado por el hecho de las decisiones o el funcionamiento de la rama judicial, con fundamento no solo en el artículo 16 del ordenamiento constitucional entonces vigente sino en lo preceptuado por la Convención Americana de Derechos Humanos, incorporada en el ordenamiento jurídico interno mediante la Ley 16 de 1972 (2) .

Sin embargo, en el asunto materia de examen en el presente encuadernamiento, la parte actora achaca la incursión en un yerro a la providencia proferida el día 29 de abril de 1994 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, razón por la cual resulta menester examinar el tratamiento que a la responsabilidad del Estado, por el hecho de la administración de justicia, ha proporcionado la jurisprudencia en vigencia de la Carta Constitucional de 1991. Y en este sentido, no puede iniciarse por nada diverso que destacar la evidencia consistente en que el cuadro de situación descrito en torno a la responsabilidad del Estado por las acciones u omisiones de las autoridades judiciales antes de 1991, se modificó sustancialmente con la expedición de la Constitución Política de dicho año, en cuyo artículo 90 se estableció como regla de principio la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de todas las autoridades públicas, incluidas entre estas, como no podría ser de otro modo, las autoridades judiciales.

Posteriormente, la Ley 270, expedida en el año de 1996, estatutaria de la administración de justicia —cuerpo normativo que no resulta aplicable al sub júdice toda vez que la responsabilidad del Estado solo puede estudiarse con fundamento en leyes preexistentes a los hechos causantes del daño que jurídicamente se le imputa—, reguló ampliamente el tema de la responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento de esta rama del poder público, así como el de la responsabilidad personal de sus funcionarios y empleados judiciales. En relación con la primera —la responsabilidad patrimonial del Estado— estableció tres supuestos —o títulos jurídicos de imputación— diversos: el error jurisdiccional (art. 67), el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia (art. 69) y la privación injusta de la libertad (art. 68) (3) . Empero, incluso con anterioridad a la expedición de la aludida ley estatutaria, la jurisprudencia de esta corporación había distinguido ya entre el contenido de dos de los antecitados títulos jurídicos de imputación, cada uno de los cuales posibilitaría deducir responsabilidad patrimonial al Estado-administrador de justicia: el error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

En ese orden de ideas, se ha sostenido que se está en presencia del primero de los títulos de imputación mencionados tratándose de falencias en las que se incurre en providencias judiciales por medio de las cuales se interpreta, se declara o se hace efectivo el derecho subjetivo, en tanto que habría de reconocerse la operatividad del segundo, en aquellos supuestos en los cuales la responsabilidad se deriva de las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso (4) o la ejecución de las providencias de los jueces (5) . En la anotada dirección, ha sostenido la Sala:

“La doctrina española para diferenciar el error judicial del defectuoso funcionamiento explicó:

“... nos encontramos en el dominio de la responsabilidad por funcionamiento anormal de la administración de justicia, siempre y cuando la lesión se haya producido en el ‘giro o tráfico jurisdiccional’, entendido este como el conjunto de las actuaciones propias de lo que es la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (excluidas las actuaciones de interpretar y aplicar el derecho plasmadas en una resolución judicial que, como se acaba de indicar, caerán en el ámbito del error judicial); a sensu contrario, no entrarían en este concepto aquellas actividades que produjesen un daño —incluso si este fuese identificado plenamente como achacable a la actuación de un juez o magistrado— si su actuación no se hubiese realizado en el mencionado ‘giro o tráfico jurisdiccional’, sino en otro tipo de actuaciones distintas.

En definitiva, en el régimen establecido para la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la administración de justicia habrán de incluirse las actuaciones que, no consistiendo en resoluciones judiciales erróneas, se efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho” (6) .

Así también lo previó el legislador colombiano cuando dispuso que, fuera de los casos de error jurisdiccional y privación injusta de la libertad, “quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación” (L. 270/96, art. 69)” (resaltado fuera del texto original) (7) .

Ahora bien, en cuanto tiene que ver con los presupuestos que la Sala ha señalado como requisitos que deben concurrir para que proceda declarar la responsabilidad patrimonial del Estado con base en el error judicial —el cual interesa para resolver el asunto sub júdice toda vez que la parte actora funda sus pretensiones en la alegada existencia de un yerro en el mencionado pronunciamiento de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá— los mismos se han explicado de la siguiente manera:

“Son presupuestos para que se produzca el error judicial generador de responsabilidad estatal, los siguientes:

a. Que conste en una providencia judicial respecto de la cual se hayan agotado los recursos ordinarios legalmente procedentes. A este respecto la jurisprudencia ha señalado:

(...).

Mediante el ejercicio de los recursos procedentes contra la providencia judicial el interesado solicita al órgano judicial que corrija el yerro, de manera que cuando no agota estos medios de defensa judicial el perjuicio sería ocasionado por su negligencia y no por el error judicial; en estos eventos se presenta una culpa exclusiva de la víctima que excluye la responsabilidad del Estado (8) .

b) Que la providencia sea contraria a derecho, sin que esto signifique que la contradicción tenga que ser grosera, abiertamente ilegal o arbitraria. Sobre esta exigencia la Sala ha expresado, en sentido contrario a lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1996, que:

“Si así se entendiera el error judicial como la ‘actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso’ que obedece a las motivaciones internas del juez que actúa sin fundamento objetivo y razonable, se estaría desconociendo la fuente constitucional de la responsabilidad del Estado consagrada en el artículo 90 de la Carta, según el cual este debe indemnizar todo daño antijurídico que ocasione, con prescindencia de la eventual falta personal del agente que lo causa.

Precisamente como desarrollo legal de la disposición constitucional, el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 define el error judicial como el ‘cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley’, sin incluir como ingrediente de la definición la culpabilidad del funcionario que lo realiza (9) ” (resaltado fuera del texto original) (10) .

En relación con el segundo de los elementos al cual se ha hecho alusión, esto es, el consistente en que la providencia resulte contraria a derecho, sin que ello suponga que, necesariamente, la contradicción tenga que ser grosera, abiertamente ilegal o arbitraria, una perspectiva de análisis adicional del error jurisdiccional —de la cual también se ha valido la Sala en anterior ocasión (11) — permite aportar argumentos añadidos a la consideración en el sentido de que la contrariedad entre la decisión judicial cuestionada y el ordenamiento jurídico, no necesariamente debe tener la entidad de una vía de hecho, para que pueda constituirse en fuente de responsabilidad patrimonial del Estado. En ese sentido, ha afirmado la Sala lo siguiente, en punto a la necesidad de distinguir los elementos a tomar en consideración para examinar la responsabilidad personal del juez, de un lado y, de otro, los que deben entrar en juego cuando la estudiada es la responsabilidad patrimonial del Estado derivada del funcionamiento de la administración de justicia:

“El anotado punto de vista es el que tiene en cuenta que la cláusula general de responsabilidad consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política, impone una necesaria diferenciación entre los presupuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado originada en el daño antijurídico imputable a la acción u omisión del poder jurisdiccional, de un lado y los presupuestos de la responsabilidad personal del agente judicial, de otro, habida cuenta que aquellos y estos divergen sustancialmente. Y ese deslinde se hace necesario con el propósito de no limitar, inconstitucionalmente, el sentido lógico y las condiciones de operatividad de cada uno de los referidos ámbitos de responsabilidad, pues tratándose del primero de ellos —el juicio de responsabilidad al Estado— existe la propensión, tanto doctrinaria como jurisprudencial, a introducir restricciones sustanciales al alcance de la cláusula general de responsabilidad de raigambre constitucional, con desmedro de la adecuada protección de la situación de la víctima del daño antijurídico.

La aludida Sentencia C-037 de 1996 es fiel muestra de cuanto aquí se afirma —en el apartado en el que se ocupa de enjuiciar la exequibilidad del artículo 66 de la Ley 270, al determinar las condiciones bajo las cuales procede estimar configurado un error judicial—, comoquiera que se ocupa de analizar —en abstracto— los casos de responsabilidad directa del Estado por el daño antijurídico imputable a la administración de justicia, con base en elementos propios de la responsabilidad personal del agente del Estado que profiere la decisión cuestionada.

Y es que no puede perderse de vista que, tratándose de la responsabilidad directa del Estado derivada del error judicial, el punto de partida es el daño causado al usuario del servicio jurisdiccional, en la medida en que resulte imputable a la organización estatal por acción u omisión, de manera que el centro del debate se traslada del aspecto subjetivo relacionado con la conducta del juez, a la fuente originaria de la responsabilidad, vale decir, al daño antijurídico. En cambio, cuando se trata de la responsabilidad del agente judicial, como lo ha expresado prolija y claramente la Sala,

“... se limita la responsabilidad personal del funcionario al acreditamiento y configuración de eventos constitutivos de culpa grave o dolo, el ordenamiento dispensa un tratamiento de favor, desde el punto de vista del derecho material, que beneficia al funcionario, garantizando de esta manera, también su autonomía y relativa independencia.

(...).

Ambos dispositivos han de interpretarse, desde luego, bajo la óptica del artículo 90, como desarrollo que son del precepto constitucional y, en esa dirección, se debe sostener que la responsabilidad en ellos disciplinada, concibe el error judicial de una manera objetiva, bastando para su configuración, el que la providencia que lo contenga sea “contraria a la ley”, único criterio establecido por la norma, sin exigencia adicional alguna. La Sala desea subrayar que en parte alguna el precepto normativo introdujo la noción de culpa grave o dolo o la del denominado error “inexcusable”, como que estos límites materiales se reservaron para la disciplina de la responsabilidad personal del funcionario.

(...).

Es esta la razón por la cual las restricciones impuestas a manera de límites —culpa grave o dolo— que buscan proteger la independencia y autonomía del funcionario, como se observó, no pueden oponerse a manera de excepciones y tampoco pueden servir de justificación para una sentencia desestimatoria, cuando la pretensión de responsabilidad es ejercida por la víctima del daño antijurídico en contra del Estado, como que, precisamente, la separación entre los dos regímenes de responsabilidad, impone que cada una se analice desde perspectivas diferentes, a lo que la Sala agrega que, tratándose de la responsabilidad directa del Estado la exigencia de la culpa grave, el error inexcusable, la vía de hecho, la arbitrariedad, capricho, subjetividad, que fundamentan la responsabilidad personal del agente judicial, no pueden exigirse, cuando se trata de la responsabilidad directa o exclusiva del Estado, fundamentada tan solo en el daño antijurídico (12)(13) .

Por lo demás, bien merece la pena reiterar que el principio de seguridad o certeza jurídica, reflejado en la noción de cosa juzgada, no se opone a ni excluye la aplicación integral del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial, toda vez que el propósito de este no es otro que garantizar la adecuada indemnización y la reparación integral de la víctima, sin que para ello tenga que modificarse la providencia judicial que contiene el error, razón por la cual la fuerza de cosa juzgada que a la decisión judicial en firme caracteriza, se mantiene incólume y, por tanto, la seguridad jurídica no se sacrifica como consecuencia del reconocimiento de los daños ocasionados a los coasociados en el ejercicio de la función de administrar justicia.

Precisado lo anterior, estima la Sala oportuno reiterar los planteamientos que formuló, en ocasión anterior, respecto de los requisitos cuya concurrencia se precisa para fundamentar la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado por error judicial:

“(i) Efectivamente, debe dejarse de lado toda postura restrictiva de la obligación fijada por el artículo 90 constitucional, a cargo del Estado, en el sentido de asumir la responsabilidad patrimonial derivada de cualquier daño antijurídico que le sea imputable. Por tanto, no solo en aquellos casos en los cuales se configure el error judicial, porque se evidencie la configuración de una vía de hecho, hay lugar a que se profiera la correspondiente condena en contra del Estado —por supuesto que, en los mismos, tal consecuencia resulta imperativa—. Siempre que se profiera una decisión judicial contraria a la ley (14) —en los términos del artículo 66 de la Ley Estatutaria 270—, independientemente de consideraciones subjetivas sobre el proceder del agente judicial que la emite —vale decir, referidas a determinar si incurrió en culpa o dolo—, el Estado será patrimonialmente responsable.

(ii) Sin embargo, la anterior conclusión en torno a la responsabilidad directa del Estado por el hecho de los jueces, debe partir del reconocimiento de los límites del razonamiento jurídico y, en consecuencia, de que no frente a todos los problemas jurídicos será posible identificar una única respuesta o solución correcta. De hecho, el denominado “principio de unidad de respuesta correcta o de unidad de solución justa” de los enunciados jurídicos es, apenas, una aspiración de los mismos, la cual podrá, en veces, ser alcanzada, mientras que, en otras ocasiones, no acontecerá así. De ello se desprende que, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la existencia de varias soluciones razonables —en cuanto correctamente justificadas— pero diferentes, incluso excluyentes o contradictorias. Tal consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión de un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional, toda vez que la configuración de este ha de tener en cuenta que en relación con un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de derecho, todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces, solo las decisiones carentes de este último elemento —una justificación o argumentación jurídicamente atendible— pueden considerarse incursas en error judicial” (15) .

Por su parte, con el propósito de delimitar los alcances de la noción de “error judicial”, tomando en consideración la segunda de las precisiones referidas, esto es, las verdaderas posibilidades y límites del razonamiento jurídico, se valdrá la Sala de algunos de los planteamientos que, en relación con el mismo extremo, efectuara en otra ocasión (16) , en la cual se ocupó de dilucidar si el razonamiento jurídico, en todos los casos, permite identificar una única respuesta o solución correcta o, lo que es igual, la solución acertada —y, correlativamente, la(s) desacertada(s) o equivocada(s)—, la única jurídicamente admisible —y, paralelamente, la(s) contraria(s) a derecho—:

“a. La operatividad del “principio de unidad de respuesta correcta” en el razonamiento jurídico (17) .

Ronald Dworkin es el más acérrimo defensor en la actualidad de la postura de acuerdo con la cual es posible hallar una y solo una solución justa a todo problema jurídico.

(...).

De la naturaleza del ordenamiento jurídico en la manera que lo concibe Dworkin, se deriva, según el propio autor, la inexistencia de discrecionalidad para el operador jurídico, comoquiera que el derecho es completo y permite acceder siempre, en todos los casos, a una y solo una respuesta correcta. Ello no ofrece discusión en los casos que denomina “fáciles”; y en cuanto a los que cataloga como casos “difíciles”, sostiene que para su resolución el operador jurídico puede valerse de la moralidad y de la filosofía política, en los que se integra el derecho mismo —o viceversa—, para buscar el principio que mejor se adecúe a la tradición del sistema institucional y, a su vez, sea el más fuerte desde el punto de vista ético, con lo cual ofrecerá la solución más justa (18) .

(...).

Sin embargo, tal concepción del derecho y la consecuente eliminación de la discrecionalidad —administrativa y judicial— en que se traduce, han sido criticadas, no sin razón, habida cuenta que solamente podría estimarse eliminada la discrecionalidad si ante un mismo caso todos los intérpretes coincidieran en una única solución, lo que solo resulta factible dentro de una concepción objetivista de la moral que, al interior de sociedades democráticas y pluralistas —como, dicho sea de paso, ha querido el Constituyente de 1991 que se estructurara la colombiana, y así lo dejó plasmado en el artículo 1º constitucional—, resulta del todo insostenible (19) .

Y es que la pregunta que podría formularse es, como lo hace Aarnio, ¿qué ocurre si hay dos “Jueces Hércules” —en palabras del propio Dworkin—? ambos obrarían de forma calificada y racional, pero, naturalmente dos o más “Hércules Juez”, dos o más operadores jurídicos, perfectamente pueden llegar a respuestas no equivalentes ante un mismo supuesto específico, aunque igualmente bien fundadas, a no ser que se parta, como lo hace Dworkin, de la “suposición de valores absolutos, pero este

“... es un punto de partida muy fuerte. Si uno no acepta este tipo de teoría de los valores, toda la teoría de una única respuesta correcta pierde su base. “La mejor teoría posible” es solo un postulado filosófico injustificable. Además, nuestra cultura jurídica (occidental) no está basada en tales ideas absolutas. Por consiguiente, la teoría dworkiniana de una respuesta correcta tampoco satisface las necesidades de la dogmática jurídica real (destaca la Sala) (20) .

(...).

De ahí que en la doctrina sea más frecuente el criterio —que la Sala comparte—, de acuerdo con el cual el principio de “unidad de respuesta correcta” en el razonamiento jurídico, o bien debe rechazarse, ora puede admitirse pero con matices o reservas, apenas como una “aspiración” del operador jurídico, más no como un imperativo que ha de regir su proceder en todos los casos a los que se enfrenta para resolver.

Para comprender el fundamento de estas concepciones, es necesario recordar que la concepción “ideal” de la labor del jurista que interpreta o aplica disposiciones normativas entendidas como reglas, ha sido siempre la subsunción silogística: la premisa mayor será el supuesto contemplado en la norma; la premisa menor el hecho o conducta enjuiciada, y la conclusión la consecuencia jurídica o la decisión. Esta idea fue la que permitió, durante el siglo XIX, concebir al juez como un autómata, un sujeto que valiéndose solo de la lógica y el derecho llevaba a la práctica las prescripciones legales sin que su criterio o su voluntad aportasen absolutamente nada. Sin embargo, el paso del tiempo pronto se encargó de evidenciar que tal formulación teórica distaba considerablemente de la realidad: la vaguedad del lenguaje normativo —como, en general, la de todo el lenguaje— hace dudar al intérprete respecto de si el caso que estudia puede encuadrarse o no en el supuesto normativo que estima aplicable; los errores o las diversas valoraciones posibles de la prueba de los hechos pueden dar lugar a una equivocada —o, al menos, controvertible— formación de la premisa menor; por las más diversas razones puede resultar discutible el alcance de la consecuencia jurídica o de la decisión a adoptar en el caso concreto, etc.

(...).

Robert Alexy es otro de los autores que en la filosofía del derecho contemporánea descarta la operatividad de la idea o principio de la unidad de respuesta correcta como un “dato” a asumir, con carácter general, en el razonamiento jurídico. Alexy formula una serie de reglas y condiciones a las cuales la argumentación debe ceñirse o que deben concurrir, con el propósito de que el resultado del discurso argumentativo pueda ser considerado como racional (21) .

Ahora bien, incluso el cumplimiento estricto de todas las comentadas reglas y condiciones del discurso jurídico —que sería en cualquier caso una situación ideal comoquiera que la realidad dista enormemente de posibilitar la existencia de un entramado de circunstancias en las que confluyeran absolutamente todas esas exigencias, y así lo admite el propio Alexy— no alcanza para rebasar los límites que el autor reconoce al mismo: una solución que se haya alcanzado respetando todas sus reglas será, efectivamente, una solución racional; pero ello de ninguna manera garantiza que en todos los casos se pueda llegar a una única respuesta correcta, pues frente a un mismo caso las reglas del discurso permiten que varios participantes en él puedan llegar a conclusiones fundamentadas discursivamente —y en tal medida racionales— pero diversas y hasta incompatibles entre sí.

Ello por cuanto —continúa Alexy— el consenso en torno a una única solución no tiene por qué seguirse lógica y necesariamente del hecho de que se hayan cumplido todas las reglas y condiciones del discurso, pues el consenso en torno a una específica cuestión normativa implica el ámbito de lo sustantivo, mientras que las mencionadas condiciones y reglas del discurso a este respecto tienen apenas alcance formal. Una garantía plena de consenso en todos los casos solo podría desprenderse de la inaceptable premisa empírica de que no existen desigualdades antropológicas entre los hombres que se opongan al discurso o de que se puede pronosticar con absoluta certeza cómo procederán los participantes en el mismo. Pero como ello no es así, tal garantía de consenso no puede ni excluirse ni ser admitida de antemano (22) .

Así pues, el concepto de corrección “solo tiene un carácter absoluto en cuanto idea regulativa”, con lo cual “no presupone que exista ya para cada cuestión práctica una respuesta correcta que solo haya que descubrir. La única respuesta correcta tiene más bien el carácter de un fin al que hay que aspirar” y, en ese sentido, obliga a todos los participantes en el discurso a “plantear la pretensión de que su respuesta es la única correcta”, pues habrá casos a los que resulte posible atribuir una respuesta como la única correcta —salvando la dificultad de establecer cuáles serían los mecanismos para demostrar que es así—, pero como no existe a priori seguridad sobre cuáles son esos casos, “merece la pena procurar en toda cuestión encontrar una única respuesta correcta. Por ello, la teoría del discurso tiene como base una concepción absolutamente procedimental de la corrección (solo la última cursiva en el texto original) (23) .

De acuerdo con lo anterior, la aceptabilidad racional —que, habría que convenir, constituye el objetivo del razonamiento jurídico— no tiene nada que ver con la dicotomía verdadero-falso, lo cual excluye a las posiciones normativas del ámbito de la verdad o falsedad, e impone rechazar la doctrina de la unidad de respuesta correcta a los problemas jurídicos, como única conclusión que puede derivarse del relativismo axiológico inherente a una sociedad democrática y pluralista (24) . Ello no quiere decir que la argumentación jurídica carezca de sentido o de eficacia práctica, comoquiera que, en palabras de Aarnio, el objetivo de la democracia no es alcanzar resultados verdaderos, sino

“lograr un consenso representativo sobre el sistema de valores que se encuentra en la base del orden jurídico. Este es el núcleo de la concepción occidental de la democracia (...) Por ello, el relativismo axiológico moderado no es más que una parte de la exigencia de democracia. Expresa un ideal del manejo de los asuntos sociales; su objetivo es producir resultados apoyados por aquellas personas razonables que representan los valores adoptados y aceptados en general por la sociedad. Así pues, no se trata de cualquier tipo de consenso o de un consenso al que se hubiera llegado por casualidad”. Desde esta perspectiva, la relevancia de una alternativa de solución a un problema jurídico respecto de otra, “no está basada en la presión de argumentos persuasivos o en la mera autoridad formal sino en la fuerza racional de la justificación”. Con ello quedan igualmente satisfechas las expectativas de certeza jurídica y de legitimidad social de las decisiones (25) .

Por consiguiente, la posibilidad de hallazgo de una sola respuesta correcta dentro del campo de la inferencia jurídica queda reducida al caso trivial en el que todos los factibles intérpretes coincidan de una vez y para siempre no solo en la escogencia de las premisas, sino también en la aceptación de las reglas de derivación de las conclusiones, cúmulo de eventualidades de tan infrecuente concomitancia cuya improbabilidad hace innecesario argumentar sobre lo irrelevante de semejante caso” (26) (los apartes destacados con subrayas y negrilla, fuera del texto original).

En el anterior orden de ideas y como ha tenido oportunidad, igualmente, de expresarlo esta Sala,

“... toda vez que uno de los límites del razonamiento jurídico es la inaplicabilidad del principio de unidad de respuesta correcta como un imperativo a observar en todos los casos, debe admitirse que cuando el decisor judicial se enfrenta a problemas jurídicos que no pueden ser resueltos mediante el solo recurso a la lógica deductiva —razonamiento silogístico—, diversos operadores jurídicos pueden llegar a soluciones disímiles, sí, pero igualmente razonables en tanto correctamente justificadas. Ello imposibilita predicar, en estos casos, la existencia de error jurisdiccional —de hecho, la dificultad estribaría en identificar la (única) alternativa acertada o jurídicamente admisible y poder distinguirla de las demás— pues, de no ser así, por vía de ejemplo, los simples cambios de posición jurídica por parte de la jurisprudencia de los altos tribunales —entendiendo que las correspondientes mutaciones obedecen a criterios coherente, suficiente y razonablemente justificados—, darían lugar a que se declarara la responsabilidad patrimonial del Estado.

Por tanto, solo las decisiones judiciales que —sin necesidad de que constituyan una vía de hecho, que determinaría la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales— resulten contrarias a derecho por carecer de una justificación coherente, razonable, jurídicamente atendible, que las provea de aceptabilidad, pueden ser válidamente catalogadas como incursas en error jurisdiccional. En este sentido, ha sostenido la Sala:

“Estima la Sala que, cuando el juez al ejercer el núcleo central de la actividad jurisdiccional, esto es, al proferir su sentencia, invoca a manera de fundamentación de la decisión una determinada interpretación o argumentación con base en principios y valores consagrados en la Constitución, sin que aquella aparezca por lo menos como razonable dentro del contexto fáctico del caso concreto sometido a su conocimiento, incurre en error judicial, si la pretendida fundamentación de la decisión no guarda compatibilidad alguna con la hipótesis fáctica que los hechos probados muestran en la instancia.

Dicho en otros términos, la labor de interpretación jurisdiccional, si bien por naturaleza supone un grado amplio de autonomía para el juzgador, en la medida en que el operador jurídico puede optar por varias lecturas interpretativas del caso concreto, siempre y cuando, se reitera, guarden armonía y compatibilidad con los hechos y con el derecho aplicable a una determinada situación; esa manifestación de la autonomía jurisdiccional, no puede servir de justificación a una determinada decisión, cuando aparece objetivamente que la invocación de una doctrina constitucional, resulta perfectamente inadecuada o incompatible frente a la realidad de los hechos acreditados.

(...).

Por manera que, analizada la situación desde la perspectiva del “silogismo jurídico”, que se basa en la estructura tradicional de la norma jurídica, método este particularmente esquemático para determinar y precisar los errores en las denominadas premisas del silogismo —mayor y menor— , o aquellos que se materializan en la conclusión; o bien desde la perspectiva del método de la interpretación y argumentación con base en principios y valores, no necesariamente limitados al precepto legal, como que sabido se tiene que, más allá del precepto, se encuentran aquellos, es lo cierto que, ambos métodos de aplicación del derecho, reclaman por parte del ordenamiento una coherencia en la conducta del operador jurídico, que permita justificar —fundamentación—, la decisión judicial adoptada dentro del contexto fáctico y normativo en el cual se adopta.

(...).

Pues bien, sea que el intérprete se encuentre de cara a una regla y haga uso del tradicional silogismo jurídico para encuadrar la hipótesis fáctica por él considerada en el precepto normativo, sea que pretenda solucionar la controversia de la mano de los principios y valores ínsitos en el ordenamiento y eventualmente explicitados en norma de rango constitucional o legal, es lo cierto que, la toma de posición, ha de respetar un “contexto de significado”, propio del principio, una ratio iuris compatible con el sentir general de este, para que la fundamentación de la decisión por él adoptada, pueda ser considerada racional dentro del contexto del ordenamiento jurídico vigente(27)(28) (subrayas en el texto original; cursivas y negrillas fuera de él).

2.3. Sobre la concurrencia, en el presente caso, de los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado por error judicial.

Procede la Sala ahora a determinar si, dadas las circunstancias del caso concreto, se reúnen los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado con base en el referido título jurídico de imputación.

Con dicho propósito, debe tenerse en cuenta que en el expediente obran los siguientes elementos de prueba, cuya apreciación se hace imprescindible a efectos de desatar la presente litis:

a. Copia auténtica de las principales piezas procesales del juicio ordinario laboral en el cual fungió como demandante la señora Svetla Petkova de Morales y como demandado el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, entre las cuales se encuentra la sentencia, de fecha 17 de febrero de 1994, mediante la cual el referido pleito fue fallado, en primera instancia, por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá, pronunciamiento cuya parte considerativa es del siguiente tenor:

Relación laboral:

Con la documental de f. 158, se constata que la demandante laboró para la demandada desde el 23 de febrero de 1983 hasta el 9 de marzo de 1992 desempeñando como último cargo el de profesional arte y cultura IV grado 8, devengado como último salario la suma de $ 223.292,24 mensuales. Sobre estas bases se entra al estudio de las peticiones principales de la demanda.

Del reintegro y pago de salarios:

Sea lo primero establecer que la demandante fue despedida sin justa causa por parte de la entidad demandada, mediante el pago de la indemnización correspondiente, tal como se acredita con la documental de folio 13 del expediente, consistente en la Resolución 115.

De folios 101 a 157 y 280 a 320, aparecen los ejemplares de las convenciones colectivas de trabajo, vigentes desde 1981 a 1992, de las cuales es beneficiaria la demandante pues se encuentra afiliada al sindicado (sic) de trabajadores, tal como lo acredita la certificación de folio 276 del expediente.

De folios 143 a 157 del expediente aparece la convención colectiva de trabajo vigente para la época del despido de la demandante, debidamente depositada ante la autoridad competente, la que indica en su artículo segundo, la vigencia de los derechos adquiridos por los trabajadores en convenciones colectivas anteriores, y a folios 306 y siguientes aparece la convención colectiva de trabajo vigente para 1987, donde se prevee (sic) en su artículo segundo numeral E, que si el trabajador es despedido sin justa causa y llevare laborando más de 9 años continuos de servicios a la demandada tendrá derecho al reintegro y el pago de los salarios dejados de percibir.

Como efectivamente la entidad demandada despidió sin justa causa a la trabajadora, y esta laboró por espacio de más de 9 años, es del caso acceder a las peticiones principales de la demanda ordenando el reintegro al mismo cargo desempeñado al momento del despido, y a pagarle los salarios dejados de percibir, junto con sus aumentos legales y convencionales, desde la fecha del despido injusto hasta cuando efectivamente sea reintegrada...” (fls. 1-4, cdno. 2).

b. Sentencia calendada el 29 de abril de 1994, mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá —Sala Laboral—, revoca el fallo apelado —esto es, el de fecha 17 de febrero de 1994, proferido por el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Bogotá— y, en su lugar, dispone absolver al Instituto Distrital de Cultura y Turismo de todas y cada una de las peticiones principales y subsidiarias formuladas en su contra por la demandante Petkova, fallo de segunda instancia en el cual, entre otras consideraciones, se precisa:

“Ahora bien, la parte demandada invoca la calidad de empleado público de la actora por tratarse la empleadora de un establecimiento público.

En el poder que confiere la directora y representante legal de la demandada, se anuncia al Instituto Distrital de Cultura y Turismo como un establecimiento público del orden Distrital creado por Acuerdo 02 de 1978 (fl. 23), y en similares términos se da contestación a la demanda (fl. 24).

A folios 76 a 82 obra el citado Acuerdo 02 del 8 de febrero de 1978 emanado del Concejo del Distrito Especial de Bogotá y “Por el cual se crea el Instituto Distrital de Cultura y Turismo”, que en el capítulo I sobre “Naturaleza y funciones”, a través de su artículo 1º, define su naturaleza como “establecimiento público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, con domicilio en Bogotá, Distrito Especial, para el cumplimiento de las funciones que más adelante se determinan y en especial para la promoción, programación, integración, coordinación y financiación de las actividades culturales y turísticas de la ciudad” (fl. 77).

En consecuencia, por tratarse de un establecimiento público del orden distrital, al que le son aplicables las normas de la Ley 11 del 16 de enero de 1986 “Por la cual se dicta el estatuto básico de la administración municipal”, y el Decreto 1333 del mismo año dictado por el Presidente de la República por las facultades extraordinarias que le confirió aquella ley, y que en sus artículos 42 y 292 en su orden disponen: “Los servidores municipales son empleados públicos, “sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. En los estatutos de los establecimientos públicos se precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo”.

En este orden de ideas, el demandante que prestó servicios al establecimiento público demandado, solo podía ostentar la calidad de trabajador oficial, si su actividad estuvo vinculada a la construcción y sostenimiento de obras públicas, o si los estatutos de la demandada lo señalaban como una de aquellas personas que por su actividad podía ser vinculada mediante contrato de trabajo.

A los autos se aportó el Decreto 2311 del 15 de noviembre de 1982 emanado del Alcalde Mayor de Bogotá, Distrito Especial, “Por medio del cual se aprueban los estatutos del Instituto Distrital de Cultura y Turismo” (fls. 85-98, se resalta), que están a su vez contenidos en el Acuerdo 01 del 28 de octubre de 1982 de la junta directiva de aquella entidad, ratificando en el artículo 1º la naturaleza jurídica de la demandada como establecimiento público del orden distrital, y en el capítulo VII de tales estatutos, sobre “régimen de personal”, en el artículo 26 establece:

“Del carácter de los servicios del instituto

Para todos los efectos legales las personas naturales que presten sus servicios al instituto, tendrán la calidad de trabajadores oficiales, sin embargo serán empleados públicos el director, el secretario general, los sub-directores, los asesores y los jefes de división”.

De lo anterior se deduce que en este caso concreto de autos, los estatutos de la demandada han fijado a través de su artículo 26, la naturaleza jurídica del vínculo laboral con las personas que le presten servicios, clasificándolas en “trabajadores oficiales” y en “empleados públicos”, esta calidad solo para el director, secretario general, para los sub-directores, los asesores y para los jefes de división, mientras que la calidad de trabajador oficial la asignó a todas las demás personas que presten servicios al instituto.

Tal como se analizó atrás frente al mandato del artículo 292 del Decreto 1333 de 1986, que por regla general da el carácter de empleados públicos a las personas que prestan servicios en un establecimiento público, la misma norma, que es de rango legal superior a los estatutos de tales establecimientos, señala con absoluta claridad que en dichos estatutos se debe precisar qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo, y tal precisión no aparece en los estatutos de la demandada, pues su artículo 26 en vez de hacer aquella precisión, lo que hizo fue dar una denominación a los servidores del instituto, lo que ya había cumplido el artículo 5º, del Decreto 3135 de 1968 dándosela de empleados públicos, vigencia bajo la cual se expidieron los estatutos ratificada por la Ley 11 de 1986 (art. 42) y el Decreto 1333 del mismo año (292), y por tanto al juzgador no le queda otra opción que la de acogerse a las previsiones de aquella norma legal. Pues en el caso de autos no se demostró que el actor hubiera desempeñado actividades relacionadas con la construcción y sostenimiento de obras públicas, ni que los estatutos del establecimiento público demandado hubieran precisado las actividades que podían ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo, de lo cual se inferiría la calidad de trabajador oficial (D. 1848/69, art. 1º, num. 3º), cuya definición o característica está determinada por el artículo 3º del Decreto 1848 de 1969 y que el artículo 292 del Decreto 1333 de 1986 solo prevé como excepción en los establecimientos públicos, pues una cosa es indicar la actividad para la cual una persona pueda vincularse mediante contrato de trabajo, y otra distinta es decir que todas las personas que presten servicios sean trabajadores oficiales o empleados públicos, ya que lo primero es la forma de vinculación mientras que lo segundo es la denominación consecuencial de esa forma de vinculación (D. 1848/69, art. 1º, num. 3º).

Por tanto, como la Sala no encuentra que los estatutos cumplen con las exigencias del artículo 292 del ya citado Decreto 1333 de 1986, según lo explicado, debe concluir que en el actor ostentó la calidad de empleado público conforme a la regla general de la norma legal, y sin que la suscripción literal de un documento a manera de “contrato de trabajo” desvirtúe aquella prescripción legal, lo que en consecuencia conduce al fracaso de las peticiones de la demanda ya que estaban fundadas sobre una pretensa vinculación contractual no acreditada. Ya en caso similar la Sala se pronunció frente al mismo punto en proceso contra la misma demandada (Rad. 12910 A).

Se revoca tonces (sic) el fallo condenatorio de primera instancia, y en su lugar se absuelve a la demandada de todas y cada una de las súplicas de la demanda, imponiendo las costas de primera instancia a cargo de la demandante...” (fls. 5-9, cdno. 2).

Conviene precisar que la Sala ha estimado oportuno traer a colación y valorar las decisiones judiciales referidas, habida cuenta que tales piezas han sido aportadas en copia auténtica, remitida con destino a este expediente por la propia autoridad judicial y a solicitud de la parte contra la cual se hacen valer, es decir, por petición expresa de la parte actora, formulada en la demanda (fls. 16-17, cdno. 1), con lo cual se reúnen los requisitos exigidos para la valoración de pruebas trasladadas por los artículos 168, 185 y 229 del Código de Procedimiento Civil, así como por la jurisprudencia misma de esta corporación, que sobre el particular ha sostenido:

“Considera la Sala que por lealtad procesal no pueden las partes aceptar que una prueba haga parte del acervo probatorio y en caso de que la misma le resulte desfavorable, invocar las formalidades legales para su admisión (29) . La exigencia de la ratificación de la prueba testimonial trasladada tiene por objeto la protección del derecho de defensa de la parte que no intervino en su práctica, pero si esta renuncia a ese derecho y admite que la prueba sea valorada sin necesidad de dicha ratificación, no le es dable al fallador desconocer su interés para exigir el cumplimiento de una formalidad cuyo objeto no es la protección del derecho sustancial (C.P., art. 228)” (30) .

Partiendo, como ya se ha explicado, de insistir en que el proceso judicial que se tramita ante el juez de lo contencioso administrativo no tiene —ni puede tener— la vocación de constituirse en una instancia adicional a las tramitadas dentro del cauce procesal en el cual se aduce la configuración del error jurisdiccional, pues el juicio al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a las providencias judiciales a las cuales se endilga la causación de un daño antijurídico, sin perder de vista ese punto de partida, a juicio de la Sala el análisis del caudal probatorio obrante en el sub júdice y al cual se viene de referir, muestra a las claras que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá no ha incurrido, en el sub lite, en el error judicial alegado por la parte actora.

La anterior conclusión se impone tras reparar en el contenido de la parte motiva de la providencia a la cual se achaca el error judicial, en cuyo análisis se detiene la Sala únicamente con el propósito de dilucidar si se dan los presupuestos de una vía de hecho judicial —la cual incluso habría podido también abrir paso a la acción de tutela frente a providencias judiciales, según la jurisprudencia constitucional— o si, en últimas, por cualquier otra circunstancia se pudiere evidenciar que la decisión cuestionada resulta contraria al ordenamiento jurídico, cosa que ocurriría en el evento de carecer de una justificación coherente, suficiente y razonable, esto es, jurídicamente admisible.

Ninguna de tales circunstancias concurre en el sub lite. La sentencia calendada el 29 de abril de 1994, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro del proceso instaurado por la señora Svetla Petkova contra el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, efectúa unos adecuados y suficientes recuento y valoración del material probatorio allegado a dicho proceso. Las pruebas tomadas en consideración para fundamentar la decisión, efectivamente tienen la virtualidad de encuadrarse o demostrar los supuestos de hecho de las normas jurídicas en las cuales el juez apoya su fallo. Adicionalmente, las disposiciones normativas que aplica al caso resultan claramente pertinentes para resolverlo y la inteligencia que de las mismas realizó ese juzgador, independientemente de que esta Sala los comparta o no —valoración que aquí no ha de realizarse puesto que, bueno es reiterarlo, este juicio no puede convertirse en una instancia adicional para el proceso laboral de marras—, lo cierto es que al examinarlas junto con las inferencias que en dicho se puntualizaron al descender al supuesto en concreto, sometido a su examen, se evidencian claramente como fruto de una cadena de razonamientos hilvanada, coherente y correctamente justificada.

Por lo demás, la decisión de la Sala Laboral del Tribunal establecimiento público Superior de Bogotá en el sentido de inaplicar los estatutos del demandado dentro de ese juicio laboral —esto es, los estatutos del Instituto Distrital de Cultura y Turismo— al encontrarlos contrarios a las normas de rango legal en las cuales debían fundarse, se fundamentó también de manera suficiente en la expresa previsión contenida en los artículos 240 de la Ley 4ª de 1913 y 12 de la Ley 153 de 1887, preceptos que consagran la que ha dado en denominarse “excepción de ilegalidad” y cuya exequibilidad fue declarada por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-037 de 2000 (31) , por manera que no correspondió tal inaplicación a una decisión que el tribunal referido hubiere adoptado de manera caprichosa, arbitraria o sin explicar la fundamentación legal que le servía de apoyo.

En consecuencia, teniendo en cuenta el material probatorio obrante en el proceso laboral de marras, así como la valoración y los razonamientos vertidos en la decisión comentada, no puede concluirse nada distinto a que la misma es una resolución correctamente argumentada, provista de una justificación sólida, en la cual las normas aplicadas y los elementos fácticos valorados han sido coherentemente conjuntados, de manera tal que mal podría preconizarse la existencia de un error jurisdiccional, en cualquiera de las modalidades y con las condiciones a las cuales se ha hecho alusión en la presente providencia.

Como consecuencia de lo hasta aquí explicado, las súplicas de la demanda serán denegadas y la providencia del a quo confirmada en ese sentido.

2.4. Costas.

Habida cuenta que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, no habrá lugar entonces a imponerlas. Se revocará, en relación con este extremo, el numeral segundo de la sentencia apelada, en el cual se había condenado en costas a la parte actora.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Aceptar el impedimento manifestado por la doctora Myriam Guerrero de Escobar y, en consecuencia, separarla del conocimiento del presente asunto.

2. Confirmar el numeral primero de la sentencia apelada, esto es, de la proferida el 4 de marzo de 1999 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En consecuencia, deniéganse las súplicas de la demanda.

3. Revocar el numeral segundo de la sentencia apelada, esto es, de la proferida el 4 de marzo de 1999 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En consecuencia, no se condena en costas en las instancias surtidas dentro del presente proceso.

Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 1980; Expediente: 2367.

(2) En el anotado sentido puede verse Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 26 de noviembre de 1980; Expediente: 3062; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007; Expediente 15.576.

(3) Las disposiciones de la referida Ley Estatutaria 270 de 1996 que resulta necesario tomar en consideración en esta materia, son las siguientes:

“ART. 65.—De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

ART. 66.—Error jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.

ART. 67.—Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial.

2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.

(...).

ART. 69.—Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación.

ART. 70.—Culpa exclusiva de la víctima. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.

ART. 71.—De la responsabilidad del funcionario y del empleado judicial. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial por un daño antijurídico que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este.

Para los efectos señalados en este artículo, se presume que constituye culpa grave o dolo cualesquiera de las siguientes conductas:

1. La violación de normas de derecho sustancial o procesal, determinada por error inexcusable.

2. El pronunciamiento de una decisión cualquiera, restrictiva de la libertad física de las personas, por fuera de los casos expresamente previstos en la ley o sin la debida motivación.

3. La negativa arbitraria o el incumplimiento injustificado de los términos previstos por la ley procesal para el ejercicio de la función de administrar justicia o la realización de actos propios de su oficio, salvo que hubiere podido evitarse el perjuicio con el empleo de recurso que la parte dejó de interponer.

ART. 72.—Acción de repetición. La responsabilidad de los funcionarios y empleados judiciales por cuya conducta dolosa o gravemente culposa haya sido condenado el Estado, será exigida mediante la acción civil de repetición de la que este es titular, excepto el ejercicio de la acción civil respecto de conductas que puedan configurar hechos punibles.

Dicha acción deberá ejercitarse por el representante legal de la entidad estatal condenada a partir de la fecha en que tal entidad haya realizado el pago de la obligación indemnizatoria a su cargo, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Ministerio Público. Lo anterior no obsta para que en el proceso de responsabilidad contra la entidad estatal, el funcionario o empleado judicial pueda ser llamado en garantía.

ART. 73.—Competencia. De las acciones de reparación directa y de repetición de que tratan los artículos anteriores, conocerá de modo privativo la jurisdicción contencioso administrativa conforme al procedimiento ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y los tribunales administrativos.

ART. 74.—Aplicación. Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán a todos los agentes del Estado pertenecientes a la rama judicial así como también a los particulares que excepcional o transitoriamente ejerzan o participen del ejercicio de la función jurisdiccional de acuerdo con lo que sobre el particular dispone la presente ley estatutaria.

En consecuencia, en los preceptos que anteceden los términos “funcionario o empleado judicial” comprenden a todas las personas señaladas en el inciso anterior”.

(4) Así, por ejemplo, con anterioridad a la expedición de la Carta Política de 1991 fue condenada la Nación, por fallas del servicio judicial, en eventos relacionados con la sustracción de títulos valores o falsificación de oficios —Sección Tercera, sentencia del 24 de agosto de 1990, Expediente: 5451— y ya después de entrada en vigencia la Constitución Política de 1991, en providencia de esta Sala, calendada el 12 de septiembre de 1996 —Expediente: 11.092—, se condenó al Estado a reparar los perjuicios sufridos por el adjudicatario de unos bienes que fueron rematados en un proceso ejecutivo, a pesar de que contra la sociedad propietaria de estos se adelantaba un proceso de quiebra, circunstancia esta que generó la invalidez del remate.

(5) En este sentido puede verse, por vía de ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de diez (10) de mayo de dos mil uno (2001); Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque; Radicación: 25000-23-26-000-1992-8344-01(12719); Actor: Carmen Alicia Bello de Ruiz.

(6) Nota original de la sentencia citada: Cobreros Mendazona, Eduardo. La responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento anormal de la administración de justicia. Madrid. Cuadernos Civitas. 1998, página 25.

(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintidós (22) de noviembre dos mil uno (2001); Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque; Radicación: 25000-23-26-000-1992-8304-01(13164); Actor: Fernando Jiménez y Carlos Hernando Ruiz Peña.

(8) Nota original de la sentencia citada: así lo prevé expresamente el artículo 70 de la Ley 270 de 1996.

(9) Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 4 de septiembre de 1997; Expediente 10.285.

(10) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintidós (22) de noviembre dos mil uno (2001); Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque; Radicación: 25000-23-26-000-1992-8304-01(13164); actor: Fernando Jiménez y Carlos Hernando Ruiz Peña; Demandado: Nación - Ministerio de Justicia.

(11) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de enero veintiocho (28) de mil novecientos noventa y nueve (1999); Consejero Ponente: Daniel Suárez Hernández; Radicación: 14399; actor: Félix Fabián Fragoso Fonseca.

(12) Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de enero veintiocho (28) de mil novecientos noventa y nueve (1999); Consejero Ponente: Daniel Suárez Hernández; Radicación: 14399; actor: Félix Fabián Fragoso Fonseca.

(13) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007; Expediente 15.576.

(14) Nota original de la sentencia citada: La alusión que aquí se efectúa a la “ley” debe entenderse en un sentido amplio, es decir, comprensivo de todo el ordenamiento jurídico, como no de otro modo puede entenderse en un “Estado de derecho”, que no es meramente un “Estado legal”, recurriendo a la terminología empleada por Jaime Orlando Santofimio. Para este autor, precisamente, “[L]a legalidad entendida como elemento del Estado de derecho no se circunscribe a los estrechos marcos del positivismo legal. En otras palabras, no podemos asimilarla exclusivamente al acatamiento o sometimiento de la ley en estricto sentido (...) la legalidad implica una aproximación al concepto sustancial de derecho, lo que recoge irremediablemente la totalidad de normas, principios y valores que inspiran el sistema jurídico. Para ser más exactos, el principio de legalidad así entendido resulta asimilable al principio del respeto y acatamiento al bloque de la legalidad que recoge la totalidad de elementos articulados en el llamado sistema jurídico”. Cfr. Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Tratado de derecho administrativo, Introducción, tomo I, segunda reimpresión de la tercera edición, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2005, páginas 363-365.

(15) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007; Expediente 15.576.

(16) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 30 de noviembre de dos mil seis (2006); Consejero Ponente: Alier E. Hernández Enríquez; Radicación: 11001-03-26-000-2000-0020-01; Expediente: 18059; actor: Francisco Ignacio Herrera Gutiérrez.

(17) Nota original de la sentencia citada: para desarrollar este tema, se vale la Sala de la metodología y la esquematización de propuestas doctrinales llevada a cabo por Marín Hernández, Hugo Alberto, Tratamiento de la discrecionalidad administrativa en la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa colombiana, tesis doctoral sustentada en la Universidad Carlos III de Madrid, dirigida por Parejo Alfonso, Luciano, Madrid, junio de 2005, páginas 29-69.

(18) Nota original de la sentencia citada: Dworkin, R., A Matter of Principle, Clarendon Press, Oxford, 1986, página 143.

(19) Nota original de la sentencia citada: Hart, H., “El nuevo desafío al positivismo jurídico”, traducción de Hierro, L., Laporta, F. y De Páramo, J.R., Sistema, 36, Madrid,1980, páginas 10-13.

(20) Nota original de la sentencia citada: Aarnio, Aulis, Lo racional como razonable. Un tratado sobre la justificación jurídica, traducción de E. Garzón Valdés, Centro de estudios constitucionales, Madrid, 1991, página 217. En este sentido se sostiene que “es imposible, por tanto, incluso para Hércules J., encontrar una sola respuesta correcta para todos los casos y argumentar sobre ella, toda vez que las poderosas herramientas de las que idealmente se ha provisto a este “superjuez” (disponibilidad de información y tiempo ilimitados, capacidad y formación profesional superlativas, etc.) están especialmente diseñadas para facilitarle la inferencia, pero su utilidad es muy limitada cuando lo que se precisa es construir decisiones. Esas herramientas no ayudan a Hércules J. a entablar y resolver una discusión en torno al valor de sus propios puntos de partida —premisas de su razonamiento— ni tampoco a encontrar la manera más adecuada de articular los intereses discrepantes de los destinatarios de o afectados por su decisión, y mucho menos a seleccionar de entre el abanico de respuestas que superan los mínimos de corrección impuestos por el sistema de normas, aquella que resulte más valiosa desde la perspectiva de la ética colectiva”. Cfr. Marín Hernández, Hugo Alberto, Tratamiento de la discrecionalidad..., cit., páginas 44-45. En la misma dirección, véase a Barragán, Julia, “La respuesta correcta única y la justificación de la decisión jurídica”, Doxa, Cuadernos de filosofía del derecho, 8, Alicante,1990, página 69.

(21) Nota original de la sentencia citada: Así pues, el autor alemán predica la existencia de las que denomina “reglas de razón”, las cuatro condiciones más importantes que deben concurrir para que el discurso pueda ser considerado racional. A la primera la denomina la “regla general de fundamentación” y la enuncia de la siguiente manera: “Todo hablante debe, cuando se le pide, fundamentar lo que afirma, a no ser que pueda dar razones que justifiquen el rechazar una fundamentación”. Las otras tres condiciones reflejan las exigencias de la situación ideal de diálogo habermasiana, esto es, igualdad de derechos, universalidad y no coerción: “Quien fundamenta algo pretende, por lo que se refiere al menos al proceso de fundamentación, aceptar al otro como parte en la fundamentación, con los mismos derechos, y no ejercer coerción él mismo, ni apoyarse en la coerción ejercida por otros. Además, pretende poder sostener su aserción no solo frente a su interlocutor sino frente a cualquiera. Los juegos de lenguaje que no pretendan por lo menos cumplir esta exigencia, no pueden considerarse como fundamentación”. Alexy, adicionalmente, enuncia las condiciones que idealmente tendrían que darse para que un discurso guiado por las reglas expuestas en precedencia pueda conducir a la obtención de conclusiones racionales: “tiempo ilimitado, participación ilimitada y falta de coacción total en aras de producir una completa claridad lingüístico-conceptual, información empírica completa, capacidad y disposición completa para el intercambio de roles y completa carencia de prejuicios”. Además de estas “reglas de razón”, Alexy incluye otro grupo de exigencias a las que denomina “reglas fundamentales” del discurso práctico racional, cuyo cumplimiento considera imprescindible dentro de cualquier comunicación lingüística en la que se trate sobre la verdad o corrección de un enunciado. Son los principios de no contradicción, sinceridad, universalidad y de uso común del lenguaje, que el autor formula así: “(1.1.) Ningún hablante puede contradecirse. (1.2.) Todo hablante solo puede afirmar aquello que él mismo cree. (1.3.) Todo hablante que aplique un predicado F a un objeto a debe estar dispuesto a aplicar F también a cualquier otro objeto igual a en todos los aspectos relevantes. (1.4.) Distintos hablantes no pueden usar la misma expresión con distintos significados”. Cfr. Alexy, Robert, Teoría de la argumentación jurídica, cit., páginas 184-190 y 301.

(22) Nota original de la sentencia citada: Alexy, Robert, Teoría de la argumentación jurídica, cit., páginas 301-302.

(23) Nota original de la sentencia citada: Ibídem, páginas 302-303. En otro lugar, Alexy formula este aserto de la siguiente manera: “El punto decisivo aquí es que los respectivos participantes en un discurso jurídico, si sus afirmaciones y fundamentaciones han de tener un pleno sentido, deben, independientemente de si existe o no una única respuesta correcta, elevar la pretensión de que su respuesta es la única correcta. Esto significa que deben presuponer la única respuesta correcta como idea regulativa. La idea regulativa de la única respuesta correcta no presupone que exista para cada caso una única respuesta correcta. Solo presupone que en algunos casos se puede dar una única respuesta correcta y que no se sabe en qué casos es así, de manera que vale la pena procurar encontrar en cada caso la única respuesta correcta”. Cfr. Alexy, Robert, “Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica”, traducción de Atienza, M., Doxa, Cuadernos de filosofía del derecho, 5, Alicante, 1988, cit., p. 151.

(24) Nota original de la sentencia citada: Marín Hernández, Hugo Alberto, Tratamiento de la discrecionalidad..., cit., página 67.

(25) Nota original de la sentencia citada: para Aarnio esto revela que cuando un funcionario toma una decisión en un caso difícil, el resultado puede considerarse bueno o malo, correcto o equivocado, dependiendo del criterio de valoración que se adopte. Sin embargo, las exigencias de la legitimidad social y la certeza jurídica se verán satisfechas “solo si (a) la decisión (o interpretación) cae dentro del marco legal, (b) el discurso procede de manera racional y (c) la decisión satisface el código de valores dominante. Esto significa que la aceptabilidad racional no es meramente un ideal abstracto sino un principio válido y efectivo que funciona en la práctica cotidiana. Es una guía para el decisor y para el jurista, que le permite encontrar la interpretación más adecuada”. Incluso en los casos en que una solución es rechazada porque no encaja dentro del código de valores dominante, también para los críticos la aceptabilidad racional sigue desplegando su papel de principio regulativo de la comunidad jurídica. “En este sentido, la fuente última de la legitimidad se encuentra en la sociedad misma (...). Solo aquella interpretación que toma en cuenta las expectativas de la mayoría de la sociedad puede, a la larga, obtener aceptabilidad por parte de esa mayoría. Lo importante en este respecto es la expectativa de certeza jurídica. Ella es una medida de cómo y cuándo puede lograrse la aceptabilidad racional. Como hemos visto, la certeza jurídica está estrechamente vinculada con el sistema de valores de la sociedad y por ello las interpretaciones aceptables tienen que ser no solo racionales sino razonables”. Cfr. Aarnio, A., Lo racional como razonable, cit., páginas 287-288 y 295.

(26) Nota original de la sentencia citada: Marín Hernández, Hugo Alberto, Tratamiento de la discrecionalidad..., cit., páginas 68-69. En el mismo sentido, también, Barragán, Julia, “La respuesta correcta única...”, cit., páginas 72-73.

(27) Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de enero veintiocho (28) de mil novecientos noventa y nueve (1999); Consejero Ponente: Daniel Suárez Hernández; Radicación: 14399; actor: Félix Fabián Fragoso Fonseca.

(28) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007; Expediente 5.576.

(29) Nota original de la sentencia citada: En este sentido, sentencia del 18 de septiembre de 1997, Expediente: 9.666.

(30) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de dieciséis (16) de febrero de dos mil uno (2001); Radicación: 73001-23-31-000-1995-2881-01(12622); Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque; Actor: Martha Lucía Pérez y otros; Demandado: Nación —Ministerio de Defensa— Policía Nacional.

(31) Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 2000; Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa.

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