Sentencia 16595 de noviembre 28 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

ACTOS DE AUTORIDAD QUE NO CONSTITUYEN FUERZA MAYOR

Magistrado Ponente:

Dr. Francisco Escobar Henríquez

Rad.: 16595

Bogotá D.C., noviembre veintiocho de dos mil uno.

Se decide el recurso de casación interpuesto por el apoderado del Química Industrial y Textil S.A. “Quintex S.A.”, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia el 24 de noviembre de 2000, en el juicio adelantado por Hernando de J. Mejía Palacio contra la recurrente.

Antecedentes

La sentencia recurrida confirmó la que emitió el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado en febrero 4 de 2000 y que adicionó en febrero 28 de igual año, en cuanto condenó a Quintex a cancelar al actor los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el 1º de abril de 1998 hasta la fecha en que termine el contrato de trabajo vigente, aunque precisó el monto de los salarios en $ 1.200.000 mensuales.

El demandante había pretendido este derecho bajo la aseveración de que laboró al servicio de la demandada mediante contrato a plazo indefinido desde el 25 de julio de 1966 hasta el 1º de abril de 1998 cuando se produjo la suspensión del contrato de trabajo en forma indefinida según se le comunicó por carta calendada en marzo 19 de 1998, en el cual se adujo la fuerza mayor originada en la decisión de la Superintendencia de Sociedades, en cuanto mediante Auto 410-4350 del 3 de septiembre de 1996 dispuso la liquidación obligatoria de la empresa.

En lo pertinente el apoderado de la demandada sostuvo que el proveído de la superintendencia configura fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con el artículo 64 del Código Civil, de ahí que se haya producido la causal de suspensión prevista por el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo. Propuso las excepciones de prescripción, inexistencia de la obligación, pago y compensación.

Fundamentos de la sentencia

El tribunal tuvo por establecidos los hechos básicos de la demanda que atrás se resumieron. Adicionalmente advirtió, en suma, que previamente a la liquidación obligatoria, Quintex incumplió un acuerdo concordatario aprobado por la superintendencia, cosa que motivó la liquidación. Concluyó en consecuencia que en el presente caso no se está en presencia de la fuerza mayor que pretende la demandada, pues la decisión de autoridad no tuvo las características de “imprevista, ineludible e inevitable” y además tuvo origen en la falta de diligencia de la compañía Quintex, dado el incumplimiento de los compromisos que adquirió.

El recurso

Persigue el quebranto de la sentencia, la revocatoria de la de primera instancia y en su lugar la absolución de la demanda.

Con este propósito presenta un cargo que invoca la causal 1ª de casación y denuncia la interpretación errónea del artículo 64 del Código Civil, modificado por la Ley 95 de 1890, en relación con los artículos 51 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 4º del la Ley 50 de 1990, 19, 52 y 53 del Código Sustantivo del Trabajo y artículo 95 de la Ley 222 de 1995.

En la sustentación el censor admite los supuestos de hecho de la sentencia y transcribe uno de sus apartes. Luego expone su punto de vista en los siguientes términos:

“Si el ad quem hubiere interpretado correctamente el artículo 1º de la Ley 95 de 1890 y lo hubiere relacionado íntimamente con el numeral 1º del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 4º de la Ley 50 de 1990, el entendimiento que le debió haber dado a esas normas y como consecuencia de ello el alcance, debió haber sido bien distinto al que plasmó en su sentencia. Cuando el legislador de 1890, de una manera simple, definió la fuerza mayor o caso fortuito como el imprevisto que no es posible resistir y procedió a renglón seguido, a dar cuatro ejemplos, estaba significando que ningún acontecimiento en sí mismo constituye fuerza mayor o caso fortuito. Sin embargo. Sin embargo, al ya existir la orden administrativa que ordena la actuación en determinado sentido, tal decisión administrativa emanada de la autoridad competente en sí misma constituye la fuerza mayor o caso fortuito que es la causal prevista en la ley laboral para suspender válidamente los contratos de trabajo.

Al decir el ad quem: “... aunque se llegara a aceptar que se trató de un acto irresistible por provenir de una autoridad como lo es la superintendencia, aún así no puede hablarse de fuerza mayor dado que de todas maneras no es posible calificarlo como suceso imprevisto o inopinado según se ha dejado analizado...” (fl. 202), entró en grave contradicción al interpretar la norma, pues si en principio aceptó que la decisión de la superintendencia es un acto “irresistible por provenir de una autoridad competente”, dijo además que tal circunstancia no es posible “calificarlo como suceso imprevisto todo dentro del mismo párrafo, lo cual demuestra que el ad quem le dio un alcance al artículo 1º de la Ley 95 de 1890 que no tiene, como lo demuestra la flagrante contradicción en que incurrió y que acabamos de transcribir. Una cosa no puede ser y dejar de ser al mismo tiempo.

Producido el hecho que ocasionó la fuerza mayor, o caso fortuito para la empresa, no podía el ad quem entrar a determinar si dicho acto administrativo configuraba o no fuerza mayor, porque ésta como tal obviamente antes del análisis del ad quem, ya se había preconstituido. No podría entonces el ad quem entrar a calificar si la decisión de autoridad competente, en este caso la de liquidar la empresa, constituía fuerza mayor porque tal decisión, con carácter irremediable e imperativo, ya había sido tomada por el Estado.

Le dio entonces al ad quem un alcance, tanto al artículo 1º de la Ley 95 de 1890, como al artículo 51, numeral 1º del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 4º de la Ley 50 de 1990, que no tienen”.

La oposición

Entre otras cosas asevera el opositor que el ataque debió formularse por la vía indirecta, pues el sustento de la decisión fue más que todo de índole fáctica, de ahí que concluya que debe desestimarse.

Se considera

En primer término importa aclarar que el concepto de caso fortuito o fuerza mayor a que se refiere el Código Sustantivo del Trabajo en los artículos 51-1 y 466, no es original o especial sino el mismo que contempla la Ley 95 de 1890, artículo 1º, así:

“Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos (sic) de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”.

Consiguientemente, en materia laboral son aplicables los requisitos que en la jurisprudencia y doctrina generales se han exigido para la figura, como que sólo puede calificarse de caso fortuito o fuerza mayor el hecho que concurrentemente contemple los caracteres de imprevisible e irresistible e igualmente, que un acontecimiento determinado no puede catalogarse fatalmente, por sí mismo y por fuerza de su naturaleza específica, como constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, puesto que es indispensable, en cada caso o acontecimiento, analizar y ponderar todas las circunstancias que rodearon el hecho. (ver Sent. nov. 20/89, S. de Casación Civil, C.S.J., Gaceta Judicial 24351, pág. 83).

Igualmente se ha explicado que entre los elementos constitutivos de la fuerza mayor como hecho eximente de responsabilidad contractual y extracontractual figura la inimputabilidad, esto es que el hecho que se invoca como fuerza mayor o caso fortuito, no se derive en modo alguno de la conducta culpable del obligado, de su estado de culpa precedente o concomitante del hecho. Es decir que la existencia o no del hecho alegado como fuerza mayor, depende necesariamente de la circunstancia de si el deudor empleó o no la diligencia y cuidado debidos para prever ese hecho o para evitarlo, si fuere previsto y es menester, entonces, que en él no se encuentre relación alguna de causa a efecto con la conducta culpable del deudor. (ver Sent. nov.13/62, S. de Casación Civil, C.S.J., Gaceta Judicial 2261, 2262, 2263 y 2264, págs.163 y ss.).

Bajo estos supuestos doctrinales es claro que no le asiste razón al impugnador en su postura y que el ad quem no incurrió en la interpretación errónea que se le atribuye.

En efecto, en primer lugar debe aclararse que no todo acto de autoridad que impida la ejecución del contrato de trabajo, debe clasificarse automáticamente de caso fortuito o fuerza mayor que comporte su suspensión en los términos del artículo 51-1 del Código Sustantivo del Trabajo, pues habrá que examinar las circunstancias de cada caso y podría darse, por ejemplo, que la decisión de autoridad sea consecuencia directa de una conducta culposa del empleador, evento en el cual mal podría entenderse suspendido el nexo, sino más bien ubicado en la situación del artículo 140 ibidem (*) . De otra parte, no podría descartarse que la crisis económica de la empresa pueda generar la suspensión contractual por constituir caso fortuito, pero ello dependerá de que, conforme a las circunstancias del caso, se den los supuestos indispensables, y no pocas veces resultaría preferible que para éstas hipótesis en caso de duda el empresario que lo requiera acuda a la autoridad administrativa para obtener el permiso de clausura temporal o definitiva, desde luego, si se dan los requisitos de procedencia de estas figuras alternativas (CST., arts. 51-3 y 466).

(*) El artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo dice: “Salario sin prestación del servicio. Durante la vigencia del contrato el trabajador tiene derecho a percibir el salario, aun cuando no haya prestación del servicio por disposición o culpa del patrono” (N. del D.).

En segundo término se tiene que en el asunto de los autos el tribunal halló culpa en la actitud de la demandada, dado que la estimó determinante de la decisión de la superintendencia, de ahí que bajo éstos supuestos no atacados por el recurrente y que son fácticos según lo observó el opositor, la conclusión contenida en la sentencia es jurídicamente correcta pues no se habría cumplido el requisito de la inimputabilidad que antes se mencionó.

El cargo, por tanto, no prospera y las costas serán de cargo de la parte recurrente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha 24 de noviembre 2000, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia en el juicio seguido por Hernando de J. Mejía Palacio y otros contra Quintex S.A.

Costas en el recurso a cargo de la parte recurrente.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Francisco Escobar Henríquez—José Roberto Herrera Vergara—Carlos Isaac Náder—Luis Gonzalo Toro Correa—Germán G. Valdés Sánchez—Isaura Vargas Díaz—Fernando Vásquez Botero. 

Jesús Antonio Pastás Perugache, secretario.

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