Sentencia 16600 de febrero 8 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES

REQUISITO DE LA CONVIVENCIA CON EL PENSIONADO

Acta Nº 05.

Rad.: 16600.

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Isaac Nader.

Bogotá, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil dos (2002) .

EXTRACTOS: «Se considera

En procura de una mejor comprensión de la decisión que habrá de tomarse, es preciso tener presente los siguientes supuestos fácticos, respecto a los cuales no existe ninguna disconformidad:

1. Hernando Cruz Sanz fue pensionado por invalidez a partir del 3 de octubre de 1992 y falleció el 2 de febrero de 1998.

2. Le sobrevivieron su compañera permanente, con quien hizo vida marital durante los dos años y siete meses anteriores a la muerte, y su esposa, con la que no convivió durante el período antes indicado, aunque sí en el momento del otorgamiento de la pensión, y,

3. Que la convivencia entre los compañeros empezó en vigencia de la Ley 100.

Para negar el derecho de la compañera a la pensión de sobrevivientes, el tribunal consideró que si bien ella convivía con el pensionado, al momento de su fallecimiento no cumplía, sin embargo, con el otro de los requisitos establecidos en los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993 relativo a que la vida en común debía darse desde el momento en que a éste le fue reconocida la pensión.

Para rebatir esa conclusión, el recurrente alega que la interpretación dada por el juzgador a la norma atrás señalada no se compadece con un examen sistemático de la misma “en torno a la seguridad social, ya que es absurda la exigencia de que los compañeros hagan vida marital para la época en que el pensionado reúne los requisitos o adquiere el derecho a la pensión de que disfruta, pues en esa época podría ni siquiera haberse conocido”.

Agrega que en casos como el presente en que la esposa y la cónyuge disputan el derecho a la pensión de sobrevivientes, debe mirarse con quién hacía vida marital el pensionado al momento del fallecimiento, pues el sólo hecho del matrimonio disociado de la vida en común no sirve para definir la titularidad del derecho.

Planteada en esos términos la controversia, estima la Corte que el tribunal no incurrió en el yerro hermenéutico que se le endilga por cuanto como se desprende del tenor literal del artículo 47 de la Ley 100 una de las condiciones para que la esposa o la compañera acceda a la pensión de sobrevivientes es el de la convivencia al momento en que el pensionado adquirió el derecho, supuesto con el que evidentemente no cumple la recurrente. De manera que para el reconocimiento de tal sustitución no es suficiente la vida en común al momento de la muerte o dentro de los 2 años y 7 meses anteriores a ese evento si el derecho se reconoció mucho antes, sino que es indispensable el lleno de todos los requisitos, incluido el arriba mencionado.

Así lo entendió esta Sala en sentencia del 2 de marzo de 1999, expediente 11245, en la que dijo:

“y tales requisitos exigidos al cónyuge o al compañero permanente supérstite son, en este nuevo esquema normativo, en primer lugar, la convivencia efectiva con el pensionado al momento de su fallecimiento; en segundo término, la circunstancia de haber hecho vida marital responsable con el fallecido, al menos desde el momento en que éste adquirió el derecho a la pensión respectiva; y, en tercer lugar, el haber convivido con el pensionado no menos de dos años continuos con anterioridad a su muerte, requisito éste último que puede suplirse con el de haber procreado uno o más hijos con él, sin que tengan al efecto —ahora— incidencia alguna, las circunstancias en que se produjo la ruptura de la convivencia con su cónyuge, vale decir, si ésta se dio por causas imputables al causante o no, puesto que el presupuesto de ausencia de culpabilidad del fallecido no fue reproducido en la nueva preceptiva que reguló integralmente la materia con un fundamento y contenido diferentes”.

Desde esa perspectiva el cargo no está llamado a prosperar pues la interpretación que patrocina la censura contraviene la norma legal, según el entendimiento que esta corporación ha dado, que reitera es el acertado.

Situación que no varía por la circunstancia de que la Corte Constitucional en sentencia del 8 de noviembre del año pasado haya declarado inexequible la expresión “por lo menos desde el momento en que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez”, contenida en el literal a) del artículo 47 de la Ley 100, porque esa decisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, sólo tiene efectos hacia el futuro, es decir, desde el momento de su ejecutoria, sin que tenga la virtud de modificar situaciones consolidadas antes de la declaratoria de inconstitucionalidad, salvo que la misma providencia hubiese dicho lo contrario, que no es lo ocurrido en esta oportunidad.

Por lo tanto, al no socavar la censura el sustento en que se apoyó el tribunal para denegarle el derecho, no hay lugar a casar la sentencia, sin que para el efecto tenga incidencia la circunstancia de que en esa misma providencia el juzgador haya podido cometer otros dislates, pues ni aun en ese caso se llegaría al punto de enmendarle los agravios que supuestamente le fueron ocasionados a la parte inconforme.

En efecto, para la casación de un fallo no es suficiente que se produzca un quebranto de la ley sino que es indispensable, además, que como consecuencia de ese yerro se cause una lesión injustificada a una de las partes, en este caso a la recurrente, de tal manera que la consecuencia necesaria de la anulación de la sentencia deba conducir de manera directa y causal a la enmienda automática del agravio infligido, ello por cuanto el recurso extraordinario apunta tanto a unificar la jurisprudencia nacional como a la reparación del gravamen impuesto por el fallo atacado, siendo indispensable que se realicen ambos supuestos para la prosperidad de aquel.

La doctrina ha señalado que esos dos designios no son contrapuestos, sino afines. Quiere lo anterior decir que uno de los objetivos de los medios de impugnación, incluido el extraordinario que se resuelve, es la obtención de una nueva resolución judicial favorable a las aspiraciones del recurrente, sin la cual carece de importancia el recurso y se vuelve inocuo respecto a los intereses enfrentados.

Como en el caso que se estudia no es posible un nuevo pronunciamiento judicial a favor de la parte recurrente, ya que según se vio, de ninguna forma le correspondería el derecho disputado, no otra solución cabría, por sobre todo, teniendo en cuenta el hecho de que el Instituto de Seguros Sociales, al que se le impuso la carga de pagar la pensión de sobrevivientes, no recurrió la sentencia de segundo grado por el contrario, se contentó con sus términos, luego no existe manera de quebrar el fallo atacado.

Ahora bien, ya sin ninguna incidencia en la decisión y sólo con miras a hacer las correcciones doctrinarias pertinentes, es bueno señalar lo siguiente: El recurrente enrostra al tribunal haber interpretado erróneamente el artículo 9º del Decreto 1889 al considerar que en tal precepto se dispuso que el hecho de procrear hijos puede suplir el término de convivencia señalado en las disposiciones legales para acceder a la pensión de sobrevivientes; reparo en el que le asiste plena razón porque dicho precepto legal en modo alguno hace ese tipo de regulación.

Sobre ese tema la Sala se pronunció en el fallo atrás transcrito, a propósito de fijar el alcance del artículo 47 de la Ley 100, y allí asentó que uno de los requisitos para acceder la esposa o la compañera permanente a la pensión de sobrevivientes es “haber convivido con el pensionado no menos de dos años continuos con anterioridad a su muerte, requisito éste que puede suplirse con el de haber procreado uno a más hijos con él”.

En ese orden de ideas, es claro que ya frente al citado artículo 47 erró el sentenciador de segunda instancia, por cuanto el requisito de procrear hijos no suple la falta de convivencia al momento de la muerte sino el de la convivencia continua durante los dos años anteriores a la muerte.

De igual manera imputa la impugnante al ad quem la interpretación equivocada del numeral b) del artículo 47 de la reseñada Ley 100 al admitir como dependencia económica la circunstancia de que el pensionado prestara ayuda a su hija María Margarita Cruz Amaya con un dinero para el estudio, sin reparar que dependencia económica engloba un concepto no solo de asistencia para efectos de los estudios, sino para la alimentación, el vestuario, etc.

Sobre este tema, dijo la sentencia acusada:

“También está probada la condición de estudiante de Margarita María Cruz y respecto de la dependencia económica, ha de tenerse en cuenta que según Teresa Echeverri Tobón, Hernando Cruz le dejó a su hija un dinero para ayudarle con su educación y si bien éste no podía costear totalmente sus estudios, sí contribuía en una buena parte, tal y como lo relataron Jairo Cruz Amaya y el mismo Alveiro Toro”.

De suerte que para el tribunal cualquier contribución o ayuda del padre hacia su hija mayor de edad, pero estudiante, cabe dentro del concepto dependencia económica a que se refiere el artículo 47 de la Ley 100, entendimiento que se aparta de dicho texto normativo por cuanto como lo ha reiterado esta corporación, en jurisprudencia que se aplica al sub judice:

“En su sentido natural y obvio “depender” significa estar subordinado a una persona o cosa, o necesitar una persona del auxilio o protección de otra. En consecuencia, para que exista dependencia económica es preciso que el padre reclamante de la pensión de sobrevivientes se encuentre supeditado de manera cabal al ingreso que le brinda el afiliado, lo cual descarta la situación de simple ayuda o colaboración”. (Sent. sep. 18/2001, rad. 16589).

Luego, es también acertada la crítica que en torno a este tema hace la censura. No obstante, tal ventura no lleva en ningún caso al reconocimiento del derecho a favor de la recurrente; por ende, ello no puede conducir a la anulación de la sentencia, pues las partes que estaban legitimadas para hacerlo por haber sido afectadas por la sentencia acusada y poder hipotéticamente socavar la decisión, verbi gracia, el Instituto de Seguros Sociales y la esposa o la hija, por considerar cada una que le correspondía el derecho en su totalidad, se abstuvieron de interponer recurso extraordinario.

Las anteriores consideraciones hacen innecesario el estudio del cargo segundo, dado que el resultado sería el mismo. Por consiguiente, ninguno de los dos prospera.

No hay lugar a costas, por cuanto no hubo oposición.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 9 de noviembre de 2000, en el proceso ordinario laboral seguido por Luisa Villa Pulido contra el Instituto de Seguros Sociales y las señoras Alodia Amaya Restrepo y Margarita M. Cruz Amaya.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese e insértese en la Gaceta Judicial».

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