Sentencia 16616 de julio 14 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Número Interno 16.616 (R-3850)

Consejero Ponente:

Alier Eduardo Hernández Enríquez

Actor: Eduardo Molina Garay

Demandado: Municipio de González (Cesar)

Bogotá, D.C., catorce de julio de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «Antecedentes

1. Mediante demanda presentada el siete de mayo de 1998 y corregida el seis de junio siguiente, Eduardo Molina Garay demandó, en proceso ejecutivo contractual, al municipio de González con el propósito de hacer efectivo el pago de la suma de $ 10.650.320, de diez facturas cambiarias a su favor, más los intereses bancarios corrientes a partir de su exigibilidad, para un total de $ 18.914.844 (fls. 35 y 39, cdno. 1).

2. En respaldo de sus pretensiones narró que el demandado le adeudaba la suma de dinero reclamada por concepto de facturas cambiarias, cuyo objeto era la venta de diferentes materiales de papelería, las cuales se había comprometido a cancelar en los ocho días siguientes a su aceptación, sin que, hasta el momento de presentación de la demanda, se hubiese producido el pago. Dichos títulos valores reunían los requisitos establecidos en el artículo 775 del Código de Comercio y habían sido aceptados por el demandado al momento de su recibo (fls. 35 a 37, cdno. 1).

3. El 25 de junio de 1998, el Tribunal Administrativo de Cesar libró mandamiento de pago contra el municipio de González, por la suma de $ 10.649.520, más los intereses moratorios, a la tasa prevista en el numeral 8º del artículo 4º de la Ley 80 de 1993 (fls. 69 a 73, cdno. 1).

4. El municipio de González manifestó que desconocía la existencia de esa obligación, dado que se trataba de un asunto de la administración municipal anterior. Aseguró que el ejecutante no se había presentado a reclamar la deuda y que su negocio de papelería se encontraba en otro municipio, en Ocaña (Norte de Santander). Además, el ejecutante debía acreditar que efectivamente la mercancía, relacionada en las facturas, había sido entregada a la administración. En los archivos no se encontraban las órdenes de suministro, las actas de entrega y la póliza de cumplimiento, entre otras, que acreditaran la existencia de contrato de compraventa. Propuso la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por no cumplir los requisitos establecidos en la Ley 80 de 1993, como el de legalizar la cuenta de cobro o tener la orden de suministro (fls. 77 a 80, cdno. 1).

5. Fracasada la conciliación, el ejecutante guardó silencio en el traslado para contestar la excepción formulada por el ejecutado (fls. 95, 108 a 111, cdno. 1).

(...).

Consideraciones de la Sala

La Sala confirmará la sentencia apelada.

1. A efecto de acreditar la obligación cuyo pago se reclama en la demanda, el actor allegó al expediente las copias al carbón de facturas con el membrete de “Librería y Papelería Estudiantil” y a reglón seguido el nombre de Eduardo Molina Garay y su número de cédula. En la parte inferior de cada documento se lee: “Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en sus efectos a una letra de cambio, según el artículo 774 del Código de Comercio”. En dichas copias se consignó la información que se relaciona en el siguiente cuadro:

Factura N°FolioFechaDependenciaMercancíaValor
5382715-mayo-1997Secretaría de Salud1 máquina eléctrica$ 640.000
 Subtotal$ 640.000
539920-mayo-1997Escuela Urbana Mixta1 máquina eléctrica$ 640.000
 Subtotal$ 640.000
5401130-mayo-1997Personería municipal1 máquina eléctrica$ 640.000
 Subtotal$ 640.000
55334-jun.-1997Alcaldía2 escritorios ejecutivos$ 1.070.000
 4 sillas ergonómicas$ 986.000
1 máquina eléctrica$ 640.000
Subtotal$ 2.696.000
543513-jun.-1997Planeación1 mesa para computador$ 320.000
 1 estabilizador de 100 vatios$ 213.300
Subtotal$ 533.300
5442520-jun.-1997Alcaldía3240 fotocopias$ 226.800
 Subtotal$ 226.800
545723-jun.-1997Secretaría de Salud2031 fotocopias$ 142.170
 Subtotal$ 142.170
5462928-jun.-1997Día del educador150 pliegos de papel regalo$ 45.000
 50 bolsas confeti$ 50.000
20 marcadores$ 30.000
15 tubos pegastick$ 22.500
40 tarjetas$ 80.000
2 tijeras grandes metálicas$ 36.000
15 cintas pegante$ 22.500
50 cartulinas$ 17.500
2200 bombas grandes$ 770.000
Subtotal$ 1.073.500
5471315-jul.-1997Alcaldía10 resmas papel oficio$ 85.000
 8 resmas copia oficio$ 48.000
7 resmas carta original$ 52.500
7 resmas carta original$ 38.500
12 libros de 200 folios actas$ 126.000
1 Código Penal$ 85.000
400 cartulinas$ 140.000
300 pliegos de papel bond$ 60.000
500 carpetas con gancho$ 200.000
10 frascos de tinta para sello$ 20.000
3 grapadoras$ 31.500
5481415-jul.-1997Alcaldía10 cajas papel carbón azul handifilm$ 105.000
 3 perforadoras$ 15.000
1 cinta métrica de 50 metros$ 45.000
10 corrector lapicero$ 40.000
2 cajas de disquete$ 40.000
30 marcadores$ 60.000
15 rollos cinta pegante Tesa$ 22.500
10 cajas de gancho para engrapadora$ 15.000
10 resaltadores$ 30.000
2 calculadoras científicas Casio$ 44.000
5501515-jul.-1997Alcaldía3 cajas formas continuas 9 x una cara$ 25.500
 200 sobres manila gigante$ 40.000
200 sobres manila oficio$ 30.000
1000 sobres oficio blanco$ 50.000
15 cintas máquina manual$ 30.000
20 cintas eléctricas de nylon GX9750$ 300.000
Subtotal$ 1.778.500
5633115-jul.-1997Alcaldía3 resmas fotocopiadora oficio$ 28.500
 Subtotal$ 28.500
5651917-jul.-1997Umata1 caja de lápices$ 6.000
 2 correctores$ 7.000
4 resmas original oficio$ 34.000
4 resmas copia oficio$ 24.000
4 resmas original carta$ 32.000
4 resmas copia carta$ 22.000
100 pliegos periódico cartelera$ 15.000
100 pliegos bond cartelera$ 20.000
600 carpetas$ 210.000
6 cintas máquina brother fx 8750$ 90.000
2 cajas clips ganchos grandes$ 36.000
5662017-jul.-1997Umata2 cajas ganchos pequeños$ 800
 600 ganchos legajador$ 60.000
9 marcadores negro azul rojo$ 13.500
2 cajas de ganchos para grapadora$ 4.000
3 casetes para video grabador Sony$ 45.000
5 rollos para cámara fotográfica$ 25.000
2 cintas pegantes$ 3.000
1 galón de colbón$ 14.000
1 regla T$ 6.000
1 escuadra grande$ 3.000
5672117-jul.-1997Umata1 caja lapiceros$ 15.000
 2 borradores$ 400
3 block periódico oficio$ 4.500
2 cajas papel carbón oficio handifilm$ 19.000
10 talonarios comprobante visita$ 75.000
Subtotal$ 784.200
5643318-jul.-1997Alcaldía70 escobas$ 119.000
 70 traperos completos$ 175.000
70 cresopinol del grande$ 210.000
75 bolsas de Fab$ 48.750
75 bolsas de límpido$ 37.500
80 baldes Imusa$ 680.000
Subtotal$ 1.270.250
Total$ 10.453.220

Las facturas tienen firmas de recibido por Ana Alexandra Molina, entre 15 de mayo y 15 de julio de 1997, facturas 538 a 550, y firmas ilegibles, entre la misma fecha y el 18 de julio siguiente, facturas 563 a 567. Del primer nombre y las demás firmas no es posible establecer en qué condición suscribieron los documentos.

Cada uno de los elementos de papelería relacionados, corresponde a solicitudes de suministro de la alcaldía municipal de González, firmadas por John Cortez Jácome, alcalde municipal (fls. 51 a 62, cdno. 1). La suma, cuyo pago se solicita en la demanda, no coincide con la suma total de las copias de las facturas aportadas, en $ 225.600, a causa de sumas incorrectas realizadas en las facturas que comprenden del 15 al 17 de julio de 1997.

2. Por tratarse del cobro de facturas cambiarias de compraventa, deben cumplirse las formalidades establecidas en el Código de Comercio. En primer lugar, el inciso segundo del artículo 772 establece que: “No podrá librarse factura cambiaria que no corresponda a una venta efectiva de mercaderías entregadas real y materialmente al comprador”. En las facturas, cuyo cobro se pretende, se encuentran tres firmas diferentes de recibo, no se estableció, por parte del actor, si se trataba de funcionarios o empleados de la alcaldía de González, como tampoco existen sellos u otro tipo de signos que lo permitan deducir.

En segundo lugar, dichas firmas tampoco son idóneas para acreditar la aceptación de las facturas, en los términos del artículo 685 del mismo código, en cuanto tal norma establece que, para la aceptación de las letras de cambio es necesario que conste, en el mismo título valor, la palabra acepto u otra equivalente y la firma del girado. Esta norma es aplicable en este caso, por remisión del artículo 781 del mismo ordenamiento, en el que, respecto de las facturas cambiarias de compraventa, la firma idónea sería la del comprador. En los documentos aportados por el ejecutante no se establece dicha aceptación, como tampoco se puede aseverar que las firmas que se encuentran en ellos corresponden al supuesto comprador de la mercancía, el municipio de González.

Por último, y lo más importante, no se puede configurar el título ejecutivo cuyo pago se pretende, dado que los documentos aportados con la demanda corresponden a copias al carbón de facturas cambiarias de compraventa. Por tratarse de un título valor, es necesario que su cobro se haga valer mediante el original de dicho documento, debidamente aceptado.

En efecto, el demandante aduce como título ejecutivo las copias de facturas cambiarias de compraventa. Sin embargo, su cobro solo es posible con los documentos que contienen el derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora, al tenor del artículo 619 del Código de Comercio. De igual manera, el artículo 624 del mismo ordenamiento establece: “El ejercicio del derecho consignado en un título valor requiere la exhibición del mismo...”. Así lo ha entendido la Sala, en providencia del 21 de febrero de 2002:

“Las razones expuestas por la Sala, se fundan en los principios de autonomía y literalidad propios de los títulos valores. Se ha entendido que, de acuerdo con el principio de literalidad, los alcances del derecho que se incorpora al título están determinados por su tenor literal, y que, en tratándose de títulos crediticios, ellos adquieren autonomía respecto del contrato subyacente en el momento de su creación.

“Este criterio corresponde a la visión según la cual los títulos valores adquieren una absoluta autonomía por virtud de los principios de literalidad e incorporación, tal como lo expone el profesor Roberto Mantilla Molina:

“La literalidad y la incorporación son notas suficientes para delimitar el concepto de título de crédito. La autonomía, que resulta de diversas normas jurídicas ... puede deducirse de la literalidad, pues si el texto del documento es medida de los derechos de su tenedor, si no pueden invocarse en contra de él circunstancias que no aparezcan en dicho texto, resulta que su derecho es autónomo, y ello en una doble dirección: independiente de la relación o negocio jurídico que dio lugar a la emisión, si se trata de un título cambiarlo, que como tal es abstracto; e independiente de la situación jurídica en que hubiera estado cualquier anterior tenedor” (1)(2) .

De acuerdo con lo anterior, tratándose de procesos ejecutivos en los cuales se pretende el pago de un título valor, el título solo se configura con el documento original, pues a él se encuentra incorporada la obligación clara, expresa y exigible cuyo pago se solicita. Al respecto, el profesor Hernán Fabio López Blanco, señala que:

“... existen numerosos eventos donde no solo es perentorio que conste la obligación con las características de ser clara, expresa y exigible en un documento escrito, sino que, además, este debe ser el original, tal como sucede con los contenidos en títulos valores, donde por razones de seguridad jurídica es menester que se utilice el original, pues evidente sería la incertidumbre que se generaría si se permitiera adelantar ejecuciones con base en copias de ellos.

“No significa lo anterior que sea imposible demandar ejecutivamente con base en copias, pues en modo alguno se halla proscrita esta posibilidad, solo que debe tratarse de casos donde, por su naturaleza no sea menester emplear el original” (3) .

En el caso de las facturas cambiarias de compraventa es necesaria la presentación del documento original, pues conforme al artículo 778 del Código de Comercio, una vez entregada la factura por el vendedor, su no devolución por el comprador, en los cinco días siguientes de su recibo, “se entenderá como falta de aceptación”. Sin la aceptación, tampoco es posible acreditar que el contrato de compraventa se ha ejecutado debidamente, en la forma estipulada en el título, como lo determina el artículo 773 del mismo ordenamiento.

De lo dicho, se deduce, entonces, que de las copias presentadas por el actor no es posible acreditar la existencia de las facturas cambiarias de compraventa, cuyo pago se pretende; así mismo, el que no consten en original implica que no fueron aceptadas y, sin dicha aceptación, no se puede concluir que el contrato de compraventa, contenido en ellas, fue efectivamente ejecutado.

Así las cosas, no se acreditó el título ejecutivo que sustenta las pretensiones de la demanda, por lo que se confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia del 25 de marzo de 1999, proferida por el Tribunal Administrativo de Cesar.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Mantilla Molina, Roberto. Títulos de crédito cambiarios. Editorial Porrúa, S.A., México, 1977. Págs. 43-44.

(2) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 21 de febrero de 2002, radicación 41001-23-31-000-2000-2175-01 (19.270), actor: Bancafé.

(3) López Blanco, Hernán Fabio. Instituciones de derecho procesal civil. Tomo II. Séptima edición. Editorial Dupré. Bogotá. 1999, págs. 380 a 384.

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