Sentencia 1662 de agosto 14 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente:

Dr. Luis Eduardo Jaramillo Mejía

Ref.: Expediente 1662

Santafé de Bogotá, D.C., agosto catorce de mil novecientos noventa y siete.

EXTRACTOS: «La escogencia o selección de los gerentes o jefes seccionales de los establecimientos públicos del orden nacional, es atribución propia del gobernador y a ella debe proceder con fundamento en las ternas que al respecto debe enviar el jefe nacional respectivo.

Estos son los enunciados que dejó plasmados el constituyente del 91 en el artículo 305 numeral 13 de la Carta Política como principios rectores del procedimiento a seguir para el nombramiento de tales servidores públicos, puesto que su reglamentación la misma constitución la defirió a la ley, y hasta que esta se expida, dicho precepto no opera porque sus principios no han sido desarrollados en cumplimiento de la condición constitucional.

Este criterio que es el sostenido por la Sala en similar estudio, parte de un supuesto lógico-jurídico ya advertido por eminentes constitucionalistas de que si la norma por disponerlo el constituyente debe ser reglamentada, hasta tanto lo sea no produce efectos jurídicos. Por las mismas razones su fuerza vinculante -aspecto sobre el cual hace recaer la procuraduría delegada la violación directa de la norma- sólo se produce desde el momento en que se hace operable por virtud de la ley.

Como dice el Dr. Luis Carlos Sáchica en su obra nuevo constitucionalismo colombiano décima edición pág 105, si la constitución es, por esencia dialéctica, dinámica, parcial, inconclusa, no definitiva, su interpretación no puede hacerse con criterio dogmático, distinguiendo en concreto tres casos: “el de las normas de efecto directo, inmediato y pleno, que no requieren desarrollo posterior alguno, por su carácter absoluto, diáfano y complejo; el de las normas con efecto condicionado por ellas mismas mediante la referencia expresa a su posterior desarrollo legal que posterga su vigencia hasta la expedición del reglamento que las perfecciona, y el de las normas de efecto indirecto, mas no condicional, pues, aunque no exigen desarrollo legal por ser perfecta y acabada su enunciación es indubitable su obligatoriedad solo producen efecto al dárseles aplicación en actos particulares”.

De las tres hipótesis anteriores en el presente caso se da la segunda, dado que el numeral 13 del artículo 305 de la Constitución Nacional, es de efecto condicionado a la ley, y siendo así este mandato constitucional no admite la interpretación que le dan el demandante y el ministerio público en el sentido de que no requiere reglamentación para su aplicación así ella misma lo exprese, premisa equívoca bajo la cual se alega su violación.

Ahora bien, a manera de interrogante plantea la distinguida procuradora delegada, que si la ley reglamentaria debe ser de carácter general que regule todos los casos, o la propia e individual de cada uno de los establecimientos públicos de orden nacional.

La Sala comparte el criterio de la funcionaria en el sentido de que la ley puede ser la dictada con relación a cada uno de los establecimientos públicos del orden nacional, pero siempre y cuando sea compatible con la constitución. En el caso sub- examine la Ley 119 de 1994 sobre reestructuración del Sena, si bien fue dictada con posterioridad a la carta del 91, no es compatible con el artículo 305 13 de la Constitución Nacional, por desconocer flagrantemente la atribución del gobernador de escoger a los gerentes o jefes seccionales del Sena y la del funcionario encargado de enviar las ternas, desconocimiento que llevó a la inexequibilidad de esas disposiciones.

También se afirma en la demanda que el nombramiento producido por la Resolución 95 del 28 de enero de 1997, vulneró lo dispuesto en la sentencia C-295/95, emitida por la H. Corte Constitucional, el día 6 de julio de 1995, la que según las voces del artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, es de obligatorio acatamiento, por lo que dicha disposición también resulta infringida ostensiblemente.

Se indica que en el fallo la Corte Constitucional determinó el procedimiento para el nombramiento de los directores regionales del Sena y este fue pretermitido por el director general al nombrar motu propio el director en la regional de Risaralda, desacatando el fallo.

Según lo prescrito en el artículo 21 del Decreto 2067 de 1991: “Las sentencias que profiera la Corte Constitucional tendrán el valor de cosa juzgada constitucional y son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y los particulares”.

Obsérvese que la disposición refiere de manera general a la sentencia, sin precisar el alcance de los diferentes aspectos que esta contempla, labor que ha realizado la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia.

Una de las más recientes fue vertida el 5 de febrero de 1996 en el expediente C-037 y dice al respecto “Sólo será de obligatorio cumplimiento, es decir, únicamente hace tránsito o casa juzgada constitucional, la parte resolutiva de las sentencias de la Corte Constitucional. En cuanto hace a la parte motiva, como lo establece la norma, esta sólo constituye criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de las normas de derecho en general; sólo tendrán fuerza vinculante los conceptos consignados en esta parte que guarden en fuerza vinculante los conceptos consignados en esta parte que guarden relación estrecha, directa e inescindible con la parte resolutiva, en otras palabras, aquella parte de la argumentación que se considere absolutamente básica, necesaria e indispensable para servir de soporte directo a la parte resolutiva de las sentencias y que incida directamente en ella”.

Perspectiva jurisprudencial que aparece plasmada en el artículo 48 de la Ley 270 de 1996 estatutaria de la justicia, que es del siguiente tenor: “ artículo 48 alcance de las sentencias en el ejercicio del control constitucional. Las sentencias proferidas en cumplimiento del control constitucional tienen el siguiente efecto.

1. Las de la Corte Constitucional dictadas como resultados del examen de las normas legales, ya sea por vía de acción de revisión previa o con motivo del ejercicio del control automático de constitucionalidad, sólo serán de obligatorio cumplimiento y con efecto erga ommes en su parte resolutiva. La parte motiva constituirá criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de las normas de derecho en general. La interpretación que por vía de autoridad hace, tiene carácter obligatorio general”.

El demandante al formular el procedente cargo no indica de manera específica, cuál de los tres aspectos que involucra la sentencia de acuerdo con la constitución, la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional es el que, a su juicio, considera transgredido por el acto administrativo acusado, se limita a transcribir el artículo 21 del Decreto 2067 de 1991 y el segmento de la parte motiva, mediante el cual la corte hace algunas precisiones en relación con el sentido y alcance del artículo 305-13 de la Carta y concluir declarando la inexequibilidad de las normas de la Ley 119 de 1994 que eran contrarias, alegando únicamente que las pautas trazadas por la alta corporación fueron inobservadas al momento de expedirse el acto, siendo de obligatorio cumplimiento según el artículo 21 citado.

En el entendimiento de que ese segmento resaltado de la parte motiva del fallo, es el que estima el actor infringido, su forma de presentación no permite ejercer debidamente el control de legalidad del acto, para que este se cumpla conforme a la ley, se debe no sólo invocar la norma de rango superior que se considera vulnerada, sino también explicar el concepto de violación. Esta labor que es carga procesal del actor no puede ser ejercida oficiosamente por el juez administrativo, dada la condición rogada de la justicia administrativa.

En el Sub-lite, como bien se puede apreciar, el actor invoca como infringido un aspecto de la sentencia C-295/95 de la Corte Constitucional.

Consecuentemente estima violado el artículo 21 del Decreto 2067 de 1991 al señalar que la sentencia tiene valor de cosa juzgada constitucional y es de obligatorio cumplimiento, pero no explica el alcance y el sentido de la infracción o sea el concepto de la violación.

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