Sentencia 16662 de junio 13 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado: Acta 62

Magistrado ponente

Álvaro Orlando Pérez Pinzón

Bogotá, D. C., trece de junio de dos mil dos

Vistos

Mediante Sentencia del 19 de noviembre de 1998, el Juzgado Décimo Penal del Circuito de Bucaramanga declaró a Javier Gómez Soto penalmente responsable, como autor, de los delitos de violencia intrafamiliar y maltrato constitutivo de lesiones personales, le impuso las penas principales de 38 meses de prisión y multa de seis mil pesos, las accesorias de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo lapso y suspensión de la patria potestad por tres años, así como los deberes de cumplir actividades de educación y adiestramiento y de pagar los perjuicios causados y le negó la condena de ejecución condicional.

El fallo fue recurrido por el defensor y, en decisión del 1º de julio de 1999, una Sala de Decisión del Tribunal Superior de Bucaramanga lo confirmó. El representante del Ministerio Público interpuso recurso de casación y la Sala se pronuncia sobre la demanda presentada en su sustento.

Hechos y actuación procesal

El 17 de enero de 1997, Yolanda Rincón Ordóñez acudió a la Unidad de Fiscalías de Floridablanca (Santander), a denunciar a su compañero Javier Gómez Soto porque en forma reiterada la somete a malos tratos, la golpea hasta hacerla sangrar y la amenaza, comportamiento que repite en su menor hija.

El ocho de septiembre de 1997 se abrió instrucción por la Fiscalía Octava Seccional de Bucaramanga y, luego de indagar a Javier Gómez Soto, el 20 de noviembre siguiente se le impuso medida de aseguramiento de caución como autor de un concurso de delitos de violencia intrafamiliar.

El tres de abril de 1998 se clausuró la instrucción y el seis de julio siguiente se acusó al señor Gómez Soto como autor del concurso de delitos de violencia intrafamiliar y maltrato constitutivo de lesiones personales; a la vez, se modificó la medida de caución a detención preventiva

Luego de agotar la fase del juicio, el Juzgado Décimo Penal del Circuito de Bucaramanga profirió, el 19 de noviembre de 1998, la sentencia de condena ya reseñada, la que, apelada por la defensa, fue confirmada el 1º de julio de 1999 por el tribunal superior de esa ciudad. El tres de agosto del mismo año, el Procurador 54 Judicial interpuso recurso de casación, que se concedió el cinco siguiente y el 27 de septiembre de 1999 presentó la demanda respectiva.

Consideraciones

Para determinar quiénes están facultados para recurrir en sede de casación, deben ser atendidos dos factores: la legitimación dentro del proceso y el interés jurídico para recurrir.

Lo primero, legitimación dentro del proceso, hace referencia a que el impugnante sea un interviniente procesal, esto es, a quien la ley, conforme con los lineamientos del artículo 222 del Código de Procedimiento Penal de 1991 (209 del actual), modificado por el 36 de la Ley 81 de 1993, bajo cuyos lineamientos se profirió la sentencia de segunda instancia y se instauró y concedió el recurso extraordinario, reconoce como sujeto procesal para esos efectos. La norma faculta al Ministerio Público para impugnar en casación, por manera que si el representante de la sociedad fue quien acudió a esa vía, no queda duda de que se trata de una parte habilitada para hacerlo.

Por lo segundo, interés jurídico para recurrir o legitimación en la causa, se requiere no sólo que el sujeto procesal esté autorizado por la ley para recurrir, sino que con el fallo motivo de demanda se le haya ocasionado un daño, un perjuicio; si, por el contrario, la sentencia no le causa ningún agravio no puede importarle su contenido al extremo de pretender su anulación y, en consecuencia, una pretensión con ese alcance está llamada al rechazo.

El interés jurídico para recurrir tiene relación directa con las pretensiones que el sujeto procesal que se dice afectado haya formulado ante los jueces de instancia. Si lo que se pretende en sede de casación no fue planteado al funcionario de primer nivel, como tampoco al de segunda instancia a través del recurso de apelación, para, luego de dejar vencer esas oportunidades que la ley concede, acudir a esta vía extraordinaria, deviene en ilegítima su causa, porque mal puede pretenderse perjudicado por algo que si no se decidió por el tribunal, obedeció única y exclusivamente a que no se le solicitó a través de la oportuna alzada.

No deben olvidarse las limitaciones que al funcionario ad quem imponía el articulo 217 procesal entonces vigente (204 del actual), en virtud del cual sólo quedaba habilitado para resolver aquello que a través de la apelación le planteaba el sujeto procesal inconforme. Por manera que si lo que se solicita en sede de casación no fue pedido a través del recurso vertical, surge obvio que no puede acusarse al Tribunal de errar por no decidir algo que era de imposible pronunciamiento porque nunca se le solicitó. Así, carece de interés jurídico para recurrir en casación quien solicita a la Corte lo que dejó de impetrar al funcionario de segunda instancia.

En el caso concreto, el señor Procurador 54 Judicial observó una actitud totalmente pasiva en el curso del juzgamiento. Así, fue notificado de diversas decisiones, sin que realizara ningún ejercicio de postulación o impugnación, al extremo que ni siquiera asistió al desarrollo de la audiencia pública, lo que si bien resulta válido le quitó legitimación en la causa por la que aboga, por cuanto no planteó al juez de primera instancia lo que hoy reclama en casación, como tampoco, notificado en forma personal de ese fallo, acudió al recurso de apelación en aras de hacer prosperar sus pretensiones ante el tribunal, de donde surge que no tuvo interés por el sentido de las decisiones de instancia, por lo cual mal puede pretender que por una vía extraordinaria se corrija lo que no planteó en las oportunidades legales.

Cabe precisar que el señor procurador judicial al notificarse de la sentencia de primer nivel escribió: "Apelo por escrito", pero dejó vencer los términos de ley y no sustentó de manera oportuna la inconformidad, tal como lo encontró demostrado el juez en autos del 11 de diciembre de 1998, 18 de enero y 1º de febrero de 1999, a través de los cuales no concedió esa impugnación, y lo ratificó el tribunal superior el 24 de febrero de 1999 al desatar el recurso de hecho propuesto por el hoy demandante.

Cabe aclarar que si lo acaecido, como demostraron los funcionarios de instancia, fue que el recurso se sustentó de manera extemporánea, lo cual equivale a no hacerlo, lo que correspondía era su declaratoria de desierto que sólo admitía impugnación en reposición, tal como ordenaba el artículo 215 procesal entonces vigente, modificado por el 32 de la Ley 81 de 1993, en tanto que la posibilidad de acudir al recurso de hecho, con intervención de la segunda instancia, sólo estaba prevista para la negativa a conceder la alzada (art. 207 procesal), que no fue lo sucedido. No obstante, el procedimiento equivocado lo que hizo fue excederse en garantías, porque en cuatro oportunidades, tres por parte del juez y una por el tribunal, se estableció con suficiencia la extemporaneidad con que se allegó el escrito con el que el Ministerio Público sustentaba la apelación.

En consecuencia, el demandante carece de interés jurídico para recurrir en casación, lo cual obliga a la Sala a la inadmisión de la demanda y a la declaratoria de desierto del recurso de casación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 224 del Decreto 2700 de 1991, bajo cuya vigencia se surtió su trámite.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE

1. No admitir la demanda de casación presentada, por cuanto el impugnante carece de interés jurídico.

2. Declarar desierto el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia del 1º de julio de 1999 proferida por el Tribunal Superior de Bucaramanga.

Esta decisión no admite recurso alguno.

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