Sentencia 1668 de mayo 29 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

PRUEBA DE NORMAS DE CARÁCTER LOCAL

NO ES UN REQUISITO DE LA DEMANDA

EXTRACTOS: «Según lo establecido en el artículo 141 del Código Contencioso Administrativo, si el demandante invoca como violadas normas que no tengan alcance nacional, debe acompañar el texto legal que las contenga o solicitar al ponente que obtenga copia del mismo.

En sentencia de 30 de agosto de 1991 la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo(*) expresó que esa exigencia era una de las que integraban el concepto de demanda en forma y podía calificarse como la de un anexo a la demanda, porque el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo cuanto trata de su inadmisión por defectos formales, se refiere a todos los requisitos y formalidades previstos en los artículos anteriores, expresión en la cual queda incluida la del artículo 141, y que por lo mismo su incumplimiento estaba ligado al procedimiento establecido para tramitar o dar consecuencias al incumplimiento de los requisitos formales de la demanda y no al de pedir o presentar pruebas de los hechos (Anales del Consejo de Estado, t. CXXIV, segunda parte, p. 796).

(*) Véase J. y D., Nº 239, pág. 968 (N. del D.).

Más aun, examinados los trabajos preparatorios del Código Contencioso Administrativo expedido mediante el Decreto 1 de 1984, se advierte que en el artículo 145 del proyecto que el gobierno sometió a la consideración de la comisión asesora constituida para el efecto, se señalaron los que serian los anexos de la demanda, artículo que uno de los comisionados sugirió fuera adicionado con un inciso que, con ligeras modificaciones, fue adoptado definitivamente y es hoy el referido artículo 141 (Banco de la República, Antecedentes del Código Contencioso Administrativo; Bogotá, 1986, t. II, ps. 906, 907 y 1138).

Sin embargo, son del caso algunas reflexiones. Es sabido que, de ordinario, las normas de derecho no constituyen tema de la prueba, porque el orden jurídico ha de ser conocido por el juez y su aplicación es función que le es propia. Pero es necesario probar las normas jurídicas que no tengan alcance nacional, según lo establecido en los artículos 141 del Código Contencioso Administrativo y 188 del Código de Procedimiento Civil, siempre que se pretenda la declaración judicial del efecto jurídico que deriva de esas normas. Y, como resulta obvio, debe probarse no sólo su existencia, sino también su publicación, cuando ésta sea requisito de su vigencia, pues sólo en cuanto cobran vigor, por virtud de su publicación, pueden producir efectos.

A la demanda puede acompañarse, como anexo, la prueba de las normas jurídicas que no tengan alcance nacional, pero también puede solicitarse al ponente que obtenga la copia correspondiente, dice el artículo 141 del Código Contencioso Administrativo. Si esto último ocurre, así se dispondrá dentro de las oportunidades establecidas para decretar pruebas de que tratan los artículos 209, 214 y 234 del Código, porque no existen otras, o de oficio, como lo permite el artículo 169 (modificado por el artículo 37 del Decreto 2340 de 1989). Pero no hay lugar, porque así no fue restablecido, a solicitar esa prueba previamente a la admisión de la demanda porque sea indispensable para admitirla, como ocurre cuando se trata de la copia del acto acusado, según lo dispuesto en el artículo 139 del mismo código. Ello indica que aun cuando la prueba de las normas jurídicas que no tengan alcance nacional puede presentarse como anexo de la demanda, no es requisito de la demanda cuya ausencia la haga inepta e impida su admisión y la tramitación del proceso, sino que esas normas son, propiamente, tema de la prueba, cuando sea ese el caso.

En ello difiere, pues, la apreciación de la Sala del parecer que se dejó expresado antes».

REGLAMENTOS INTERNOS DE CONCEJOS Y ASAMBLEAS

NO REQUIEREN SER PUBLICADOS

EXTRACTOS: «Dice el artículo 1º de la Ley 57 de 1985 que la Nación, los departamentos y los municipios incluirán en sus respectivos diarios, gacetas o boletines oficiales, todos los actos gubernamentales y administrativos que la opinión deba conocer para informarse sobre el manejo de los asuntos públicos y ejercer eficaz control sobre la conducta de las autoridades, y los demás que según la ley deban publicarse para que produzcan efectos jurídicos.

La publicación, entonces, se hace bien para informar a los administrados sobre el manejo de los asuntos públicos, para su conocimiento y para que ejerzan control sobre la conducta de las autoridades; bien para que produzcan efectos jurídicos aquellos actos que, según la ley, requieran de la publicación para ello.

En el parágrafo del artículo 95 del Decreto 2150 de 1995 se dispuso que los actos de carácter particular y concreto no requieren ser publicados para que surtan efectos, aun cuando, se advierte, también esos actos deben ser publicados siempre que se trate de actos que deban conocer los administrados para informarse del manejo de los asuntos públicos y ejercer eficaz control sobre la conducta de las autoridades.

Según lo establecido en el artículo 27 de la Ley 136 de 1994, los concejos tendrán un órgano o medio oficial escrito para la publicidad de sus actos, denominado gaceta del concejo; y según el artículo 81 de la misma ley, los acuerdos deben ser publicados en el respectivo diario o gaceta o emisora local o regional, dentro de los 10 días siguientes a su sanción.

Pues bien, son funciones de los concejos, propiamente tales, las establecidas en los artículos 313 de la Constitución y 32 de la referida Ley 136 de 1994, principalmente, que se ejercen mediante acuerdos, como resulta de lo establecido en los artículos 71, 72, 73, 74,75, 76, 77, 78, 79, 80 y 82 de la ley.

Otras decisiones del concejo no requieren de acuerdo y se adoptan mediante resoluciones y proposiciones que deben suscribir la mesa directiva y el secretario, como está dispuesto en el artículo 83. Y entre éstas aquélla de que trata el artículo 31 de la Ley 136 de 1994, según el cual corresponde a los concejos expedir un reglamento interno para su funcionamiento, en el cual se incluyan, entre otras, las normas referentes a las comisiones, a la actuación de los concejales y la validez de las convocaciones y de las sesiones.

Entonces, el reglamento interno de los concejos, que no se expide mediante acuerdo, no es acto que, para regir, deba ser publicado, sin perjuicio de que así se haga, con el solo propósito de informar sobre el mismo a los particulares.

Lo propio ocurre con las asambleas departamentales. Es que según lo establecido en el artículo 34 del Decreto 1222 de 1986, o Código de Régimen Departamental, los actos que dicten las asambleas para arreglar el curso de sus trabajos se denominan reglamentos, sufrirán sólo dos debates y no necesitan de la sanción ejecutiva, distintos de las ordenanzas, mediante las cuales ejercen sus funciones ordinarias, según lo dispuesto en los artículos 300 de la Constitución y 60, 62, 63, 64, 67,68, 69, 70 y 72 del mismo decreto.

Entonces, para regir, no era necesaria la publicación del reglamento interno del consejo del municipio de Montería, no obstante que fue formalmente expedido mediante el acuerdo 22 de 5 de septiembre de 1994».

(Sentencia de mayo 29 de 1997. Expediente 1668. Consejero Ponente: Dr. Mario Alario Méndez).

_____________________________