Sentencia 16692 de junio 10 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 73001-23-31-000-1998-06680-01(16692)

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Saavedra Becerra

Actor: Laureano Rodríguez Silva y otros.

Demandado: Nación-Ministerio de Justicia; Fiscalía General de la Nación; Consejo Superior de la Judicatura

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., diez de junio de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo la Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante respecto de una providencia proferida en proceso de doble instancia (1) , que negó las pretensiones de la demanda.

1. La responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad.

El artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 (2) , contentivo del anterior Código de Procedimiento Penal, imponía la obligación al Estado de indemnizar en los eventos de privación injusta de la libertad, siempre que se configuraran las causales allí descritas: (i) que el hecho no existió; o (ii) que el sindicado no lo cometió; o (iii) que la conducta no constituyera hecho punible.

Al interpretar dicha norma, la Sala adoptó diversas posiciones:

1.1. Primera tesis.

La Sección Tercera consideró en reiteradas providencias (3) , que debía aplicarse la teoría “subjetiva o restrictiva”, según la cual, la responsabilidad del Estado estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, a la demostración del error jurisdiccional. Sostenía además que la investigación de un delito, ante la presencia de indicios graves y serios contra el sindicado, era una carga que todas las personas debían soportar por igual, sin que su absolución fuera suficiente para considerar indebida la detención.

1.2. Segunda tesis.

En otras oportunidades (4) , la Sala sostuvo que la responsabilidad del Estado en estos casos era “objetiva o amplia”, es decir, que no se requería la existencia de una falla del servicio, y que se configuraba cuando la persona privada de la libertad era absuelta por providencia judicial, sin que hubiera lugar a valorar la conducta de la autoridad que ordenó la detención.

Cabe precisar que, en aplicación de esta tesis, la Sala acogió varios criterios:

1.2.1. Configuración de los presupuestos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal.

En varias providencias (5) se afirmó que la responsabilidad del Estado era objetiva y se configuraba cuando se demostraba que la absolución del sindicado obedecía a que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible. Se dijo además, que en aquellos casos en que no se lograba demostrar que la absolución tuvo como fundamento alguno de los mencionados supuestos, la responsabilidad ya no era objetiva y el demandante debía acreditar el error jurisdiccional, derivado del carácter injusto e injustificado de la detención y, por lo tanto, se debía entrar a estudiar la conducta del juez para deducir la existencia de una falla del servicio.

1.2.2. “Indubio pro reo”.

En providencia del 18 de septiembre de 1997 (6) , la Sala amplió la responsabilidad objetiva en estos casos. Se dijo que el daño se configura no solo ante la ocurrencia de los 3 supuestos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, sino también cuando la absolución del sindicado se produce por la aplicación del principio del “in dubio pro reo”, pues en los casos de duda sobre la responsabilidad penal de un sindicado, que conlleven a su absolución, debe entenderse que la privación de la libertad fue injusta, en aplicación de los principios de buena fe y de presunción de inocencia (7) y que, esa situación —que la privación sea injusta— constituye uno de los elementos de la responsabilidad como es el daño.

1.2.3. Cualquier otra causal de absolución penal.

La Sala precisó en sentencia del 20 de febrero de 2008 (8) , que el daño también se configura cuando la persona privada de la libertad, es absuelta por razones diferentes a las causales previstas en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal o al indubio pro reo. En esa oportunidad, se declaró la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de una persona que fue absuelta porque se configuró la causal de justificación de estado de necesidad. En esa oportunidad se explicó:

“La Sala advierte que la preclusión de la investigación adelantada contra el señor Higuita por los delitos de favorecimiento, omisión de informe y enriquecimiento ilícito derivado del secuestro, obedeció a diferentes razones:

(...) Mediante providencia del 26 de diciembre de 1994, el Fiscal Noveno de la Unidad de Fiscalías Delegadas ante los Tribunales de Distrito, revocó la resolución de acusación contra el señor Higuita por el delito de omisión de informe y ordenó la preclusión de la investigación, por la prosperidad de la causal excluyente de responsabilidad de estado de necesidad. El fiscal destacó que el comportamiento del acusado no resulta reprochable porque su gestión como intermediario estuvo dirigida a conseguir la libertad de la secuestrada, movido por sentimientos humanitarios y de solidaridad.

(...) Encuentra igualmente acreditado la Sala que dicha detención fue injusta, en consideración a que, como se explicó, al señor Higuita le fue precluida la investigación adelantada en su contra, mediante providencias del 11 de mayo y del 26 de diciembre de 1994. En efecto, (...) respecto de los delitos de omisión de informe y favorecimiento, se afirmó que el acusado actuó bajo una causal eximente de responsabilidad como es el estado de necesidad, que excluye la culpabilidad del acusado, lo que permite concluir que la privación fue injusta y que la víctima debe ser indemnizada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política” (9) .

En síntesis, en los eventos en que se demuestra que la privación de la libertad fue injusta, —que lo será siempre que el proceso no termine con una sentencia condenatoria—, se está ante un daño imputable al Estado, que debe ser indemnizado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política, así las razones de absolución o de preclusión de la investigación no obedezcan a ninguna de las causales previstas en el artículo 414 del antiguo Código de Procedimiento Penal como causales de responsabilidad objetiva, o al indubio pro reo.

Lo anterior cobra mayor sustento si se tiene en cuenta que los sindicados y los acusados, a quienes se les priva de su libertad, no tienen la condición de condenados, y en muchos eventos la detención encuentra sustento en meras sospechas, circunstancia que trastorna no solamente a los detenidos, sino a su núcleo familiar. Por lo tanto, es dable concluir que la reparación del daño —privación injusta de la libertad— es un derecho que tienen las personas que son detenidas y que finalmente son absueltas, por cualquier causa, siendo los casos en que opera el principio del indubio pro reo, aquellos en que se evidencia la inoperancia de los entes a cargo de llevar a cabo la respectiva investigación.

No obstante todo lo anterior, cabe precisar que las pretensiones pueden no prosperar cuando se encuentre que la causa exclusiva del daño lo fue el hecho de la víctima.

1.2.4. Causa extraña.

La imputación no se configura cuando se demuestra que el daño provino de un evento constitutivo de fuerza mayor, hecho del tercero y el hecho de la víctima. Respecto de esa última causa extraña (10) conviene tener en cuenta lo explicado por la Sala precedentemente:

“... Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño...” (11) .

En tratándose de casos como el presente, en el que se debate la responsabilidad por la privación injusta de la libertad, el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, señala que la indemnización a favor de quien estuvo privado injustamente de la libertad, está condicionada a que el detenido no hubiere dado lugar a esta por dolo por culpa grave (12) .

Se tiene por tanto que, de conformidad con lo previsto en la ley, la persona que es privada de la libertad debe asumir los efectos nocivos de esta circunstancia cuando se demuestre que la misma provino de sus propios actos. Es este un desarrollo normativo del principio según el cual a nadie le es dable alegar su culpa en beneficio propio. Así lo entendió la Sala en sentencia del 9 de junio de 2005, cuando afirmó:

“Aunque no se desconoce que la potestad punitiva está en manos del Estado y no de los particulares, lo cual era aún más claro en el momento en que se adelantó la investigación, lo cierto es que no le es dable a los particulares contribuir a generar “errores” para luego aprovecharse de ellos y obtener un lucro económico. En estas condiciones, se considera que el daño que sufrieron los demandantes al haber sido privados de la libertad como consecuencia de la medida de aseguramiento dictada en un proceso penal adelantado por una conducta “erradamente” tipificada es atribuible a ellos y por lo tanto, se rompe así el nexo causal entre dicho daño y la actuación estatal(13) .

En sentencia del 13 de mayo de 2009, la Sala reiteró la anterior postura, al considerar que la privación de la libertad de la que fue objeto un agente de policía no era imputable al Estado, en consideración a que la conducta de la propia víctima fue determinante y exclusiva en la adopción de la medida que ordenó la detención. En esa oportunidad se explicó:

“No obstante lo anterior, la Sala advierte que en este caso se configura la causa excluyente de imputación, cual es el hecho exclusivo y determinante de la víctima, el agente de policía José Reinaldo Giraldo Henao, quien adoptó un comportamiento imprudente y negligente que produjo de forma exclusiva la privación de su libertad.

En efecto, el señor Giraldo Henao dio lugar a su propia detención, si se tiene en cuenta que (i) No legalizó la retención, como lo evidencia el propio juez que lo absolvió (fls. 26 a 57 y 60, cdno. 1); y (ii) faltó a la verdad sobre los hechos investigados, tal como se observa de las providencias penales.

(...). La privación de la libertad del señor Álvarez Rodríguez por parte los agentes de policía, ilegal o justificada, los compelía a registrar la captura, a ponerlo a disposición de las autoridades competentes y a garantizar su seguridad. Por lo tanto, el hecho de que el agente Giraldo hubiera participado en la retención y omitido lo previsto en la ley para estos casos, fue determinante y exclusiva en la adopción de la medida que ordenó la privación de su libertad. Ese comportamiento fue irregular, como lo fue el haber mentido durante la investigación.

Y si bien no se demostró su responsabilidad penal por la retención ilegal y muerte del señor Álvarez, lo cierto es que su conducta, desde la perspectiva de los elementos que estructuran la imputación del daño, fue causa determinante y exclusiva del daño que padeció.

Con fundamento en lo anterior y en lo previsto en el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, que condiciona la indemnización a que el detenido no hubiere dado lugar a la detención por dolo o por culpa grave, la Sala concluye que el daño no es imputable al Estado” (14) .

En esa oportunidad la Sala también precisó que, que en los eventos en que se determine que la conducta de la víctima no fue exclusiva, pero sí incidió en la producción del daño, porque existe concurrencia de causas, no operará la exoneración del Estado, pero sí la reducción en la apreciación del daño, en los términos del artículo 2.357 del Código Civil (15) .

2. Análisis de la Sala.

El tribunal consideró que no hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por la privación de la libertad que soportó el señor Rodríguez, porque no se demostró la falla del servicio de la Fiscalía General de la Nación y porque la sentencia absolutoria no encontró sustento en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal.

Los recurrentes por su parte, estiman que deben ser indemnizados, toda vez que la absolución del señor Laureano Rodríguez, independientemente del motivo de la decisión, constituye un daño que debe ser reparado, máxime cuando se demostró la falla del servicio en que incurrió la Nación, por exceder los términos legales para calificar el mérito del sumario.

Teniendo en cuenta esa imputación, la Sala entrará a estudiar el fondo del asunto, para lo cual es necesario hacer el análisis de las pruebas aportadas al proceso.

2.1. Lo probado en el caso concreto.

Mediante la valoración de los documentos auténticos y de los testimonios obrantes en el proceso la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos relevantes para la decisión:

— El 17 de diciembre de 1990, el departamento de Policía del Tolima presentó el informe del operativo efectuado el 15 de diciembre de 1990 en el municipio de Chaparral, en el cual rescataron al señor Rodrigo Olaya Mossos, quien se encontraba secuestrado desde el 3 de septiembre de 1990 y por quien sus captores exigían a cambio la suma de $ 200’000.000. Sobre las circunstancias del secuestro, señaló:

“El día 03-09-90 a las 8:50 horas aproximadamente, en el sitio Quebrada la Anaba, fue interceptado el señor Rodrigo Olaya Mossos por cuatro sujetos que portaban armas de corto alcance y lo obligaron a que siguiera con ellos hacia un sitio desconocido en calidad de secuestrado. Posteriormente fue hallado el vehículo camioneta Mazda color azul, modelo 87, placas JW-0859, en la vereda de Yamerco jurisdicción de Castilla, totalmente abandonada.

Pasados los días los secuestradores escogieron como contacto principal y único negociador al señor Orlando Portillo Olaya hermano de la víctima, a quien le enviaban los comunicados, pruebas de supervivencia y le hacían las llamadas al teléfono Nº (...).

Los delincuentes inicialmente exigían la suma de $ 200 millones, por la liberación del señor Olaya pero gracias a la asesoría de la Sijín los familiares del secuestrado lograron que la suma se rebajara a $ 20 millones, los cuales debían ser entregados el día 07-12-90 en cualquier sitio de la vía que de Ibagué conduce a San Antonio Tolima”.

En el informe también se afirmó que el 14 de diciembre de 1990, la policía rastreó la llamada de uno de los secuestradores a quien ubicaron e identificaron como Sigifredo Valdés Santana, quien confesó su participación en los hechos y los contactó con el señor Alfonso Pava, que conocía exactamente el lugar donde tenían al secuestrado; que el señor Pava los condujo al sitio y así pudieron rescatar exitosamente al señor Olaya; que la banda de delincuentes pertenecía al grupo M-19 y que los señores Luis Olaya, Juan Camacho y Laureano Rodríguez Silva también participaron en el plan delictuoso. Frente a este último agregó: “En el lugar de los hechos a 100 metros, está ubicada una casa de color blanca, habitada por el señor Laureano Rodríguez Silva, quien confesó que era él quien les preparaba los alimentos desde hace mes y medio” (fls. 248 a 250, cdno. 1).

El 18 de diciembre de 1990, el señor Laureano Rodríguez Silva ingresó a la Cárcel de Distrito Judicial de Ibagué (fl. 266, cdno. 1).

— El 8 de enero de 1991, el juzgado segundo de orden público resolvió la situación jurídica de los señores Sigifredo Valdés Santana, Alfonso Pava y Laureano Rodríguez Silva, en los siguientes términos:

“Primero: DECRETAR LA DETENCIÓN PREVENTIVA, como medida de aseguramiento contra Sigifredo Valdés Santana, Alfonso Pava, Laureano Rodríguez Silva, de condiciones civiles y personales conocidos en autos, como presuntos responsables de la conducta tipificada en el artículo 22 del Decreto 180 de 1988.

No se otorga la libertad condicional por expresa prohibición del artículo 45 del decreto en mención.

No se decreta el embargo y secuestro de bienes por ser desconocidos en el momento de las sumarias”.

Con fundamento en el informe policial, el juez dedujo que los sindicados utilizaron prendas de uso privativo de la Policía Nacional y privaron ilegalmente de la libertad al señor Olaya; que las pruebas mostraron que los señores Valdés, Pava y Rodríguez eran cómplices del secuestro extorsivo agravado, sin que fuera de recibo la defensa de estos, consistentes en que actuaron bajo coacción, toda vez que tuvieron tiempo suficiente para acudir ante las autoridades para denunciar los hechos y solicitar protección —3 meses—, pero no lo hicieron, por cuanto colaboraron en el delito (fls. 180 a 189, cdno. 1).

— La defensora de oficio del señor Laureano Rodríguez interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia, en consideración a que no existía al menos un indicio grave en contra del sindicado para la aplicación de la medida de detención preventiva, toda vez que los demás sindicados no lo acusaron como partícipe del ilícito y tampoco se le encontró ningún elemento subversivo o armas en su casa de habitación, la cual estaba bastante alejada del sitio donde tenían ilegalmente retenido al señor Olaya (fls. 239 a 240 y 241, cdno. ppal.).

— El 17 de abril de 1991, el tribunal superior de orden público confirmó la medida de aseguramiento impuesta contra los sindicados, consistente en detención preventiva, en consideración a que se logró demostrar su participación activa en la ejecución y desarrollo del rapto. Señaló que Sigifredo Valdés Santana condujo el vehículo en el que se secuestró al señor Olaya, Alfonso Rodríguez Pava estuvo a cargo de las comunicaciones escritas con destino a la familia del secuestrado y Laureano Rodríguez Silva “era el comisionado de suministrar la alimentación no solo al secuestrado sino a sus secuestradores. Siendo por tanto coautores del delito y demás hechos punibles que se investigan” (fls. 248 a 259, cdno. 1).

— El 6 de mayo de 1992, el Juzgado de Instrucción de Orden Público de Bogotá decretó la nulidad de la actuación procesal a partir del auto que ordenó el cierre de la investigación, en consideración a que los sindicados Sigifredo Valdés Santana y Alfonso Pava carecían de defensor de oficio (fl. 164 a. 1).

— Mediante providencia del 18 de junio de 1994, la Fiscalía General de la Nación —dirección regional de Bogotá— unidad antiextorsión y secuestro, calificó el mérito del sumario y profirió resolución acusatoria contra Alfonso Pava Vaquiro y Laureano Rodríguez Silva por los delitos de secuestro extorsivo agravado, en concurso con el porte de armas de defensa personal, utilización de uniformes e insignias de uso privativo de las fuerzas armadas, y negó el beneficio de libertad provisional.

La decisión del fiscal encontró sustento en los informes policivos y en la confesión del señor Sigifredo Valdéz Santana, miembro de la banda, pruebas que, según el fiscal, demostraban que los sindicados hacían parte del grupo de secuestradores y tenían tareas específicas para lograr el fin delictuoso; que el secuestrado ratificó los informes de policía, y señaló que el señor Laureano Rodríguez estaba a cargo de suministrar la comida, de lo cual el fiscal concluyó que desempeñaba esa actividad “como labor asignada dentro del fin propuesto al privar de la facultad de locomoción a Olaya Mossos”.

Agregó que el señor Laureano Rodríguez sabía la actividad que realizaban los demás miembros del grupo delincuente, porque debía conocer al personal oficial del sector “además porque es inconcebible que el propietario de un predio no sepa lo que acontece dentro de él, sumada a la versión de las autoridades que dan fe de que el cambuche donde se mantenía el cautivo estaba cerca de la casa...”.

Concluyó que, a pesar de que a los sindicados no se les encontró ningún elemento que los incriminara en flagrancia, lo cierto es que al analizar las tareas que tenía cada uno a cargo para cumplir con parte del trabajo para el perfeccionamiento del fin del delito, era incuestionable la unidad de designio criminal, razón por la cual, formuló cargos a título de dolo en calidad de coautores (fls. 139 a 160, cdno. 1).

— El 6 de marzo de 1996, el Juzgado Regional de Bogotá dictó sentencia de primera instancia mediante la cual absolvió al señor Laureano Rodríguez Silva y condenó al señor Alfonso Pava por el delito de secuestro extorsivo.

El juzgado señaló que los medios probatorios no brindaban certeza sobre la coparticipación dolosa del señor Rodríguez en los hechos sometidos a juzgamiento, circunstancia por la cual, conforme a lo dispuesto en el artículo 247 del Código de Procedimiento Penal, debía favorecerle en aplicación del principio del in dubio pro reo.

Explicó que el señor Laureano Rodríguez, quien habitaba junto con su compañera permanente y sus 5 hijos en los predios del lugar donde se hallaba secuestrado el señor Olaya, era la persona a cargo de preparar los alimentos, que actuó bajo coacción de los plagiarios, quienes lo amenazaron y le prohibieron tanto a él como a su familia seguirlos a la parte baja de la montaña e informar a las autoridades sobre su presencia en el sector; que el secuestrado nunca lo identificó como miembro de la banda delincuente, siendo “desfortuna (sic) o infausta la suerte del procesado” al vivir en los terrenos donde precisamente los secuestradores mantenían ilegalmente retenido al señor Olaya.

El juzgado criticó a la fiscalía regional que acusó al señor Rodríguez, por cuanto el hecho de habitar en el terreno donde mantenían al secuestrado, no implicaba su participación en el ilícito, máxime cuando se probó que el predio que habitaba con su familia quedaba bastante retirado de la casa en que se encontraba el secuestrado, y los plagiaros capturados no lo señalaron como miembro de la banda delincuencial, sino que, por el contrario, se refirieron a él como un campesino pobre y trabajador, sin que exista otro medio de prueba “que ratifique que las inferencias lógicas que dedujo el acusador son verdaderos indicios en su contra”. Agregó:

“Este despacho en atención a las anteriores circunstancias, puede aceptar la actualidad de la intimidación aún cuando se vio obligado a suministrar la mano de obra para preparar las comidas por un tiempo que se prolongó por espacio de un mes, porque se supone que la presión sicológica existió durante todo este lapso y se puede inferir que Rodríguez Silva siempre actuó bajo el influjo del miedo o temor de que en cualquier momento si se rechazaba a suministrarle los alimentos, se verificaría la amenaza. Este despacho considera que aún en el caso que se desestimara la actualidad del peligro que corría su vida o la de su familia, o la invencibilidad de la coacción porque se le exigiera al acusado que la misma hubiera sido posible superarla acudiendo a pedir ayuda o socorro a la autoridad policial más cercana al lugar o a denunciar que los desconocidos se hallaban en su fundo; de igual manera surge la duda respecto de su culpabilidad o contribución libre, consciente y voluntaria y por tanto, ante esta incertidumbre en el juzgador, no se tiene la certeza o convicción requerida en el artículo 247 del Código de Procedimiento Penal para condenar a Laureano Rodríguez Silva como coautor de los hechos acusados; duda que se advierte en la realidad evidenciada en el proceso soportando el procesado una privación efectiva de su libertad de cinco años”.

Concluyó la aplicación del principio del indubio pro reo, porque no encontró pruebas directas que incriminaran al señor Rodríguez y sin que los medios de prueba indiciarios pudieran calificarse de graves como lo afirmó el ente acusador (fls. 72 y 78 a 130, cdno. 1).

— Mediante providencia del 16 de septiembre de 1996, ejecutoriada el 30 de diciembre de 1996 (fl. 487, cdno. ppal.), el Tribunal Nacional - Sala de Decisión, resolvió:

“Primero. CONFIRMAR INTEGRALMENTE la sentencia de origen (...).

Segundo. NEGAR la solicitud de libertad deprecada por la defensora de Alfonso Pava.

Tercero. Comisionar al juez penal del circuito (reparto) de Ibagué, para que notifique esta decisión al procesado, quien se encuentra recluido en la cárcel de esa ciudad”.

El Tribunal Nacional confirmó que no existían pruebas suficientes para condenar al señor Laureano Rodríguez Silva por los cargos imputados. Señaló que el lugar donde tenían al secuestrado quedaba ubicado en un sitio alejado de la residencia del señor Rodríguez y que su labor se limitó a proporcionar alimentos, bajo coacción de los secuestradores, circunstancia que merece credibilidad en tanto los denunciantes y el secuestrado no lo señalaron como parte de la banda de delincuentes (fls. 488 a 504, cdno. ppal.).

— El 18 de septiembre de 1996, el Tribunal Nacional - Sala de Decisión adicionó la sentencia del 16 de septiembre de ese mismo año “en el sentido de que en virtud a la confirmación del fallo absolutorio proferido a favor de Laureano Rodríguez Silva, se concede su libertad inmediata e incondicional” (fls. 75 a 76, cdno. 1).

— El 9 de octubre de 1996, el señor Laureano Rodríguez Silva recuperó su libertad, según boleta 00117 (fl. 266, cdno. 1).

2.2. Caso concreto.

Examinado en su totalidad el material probatorio, la Sala encuentra acreditados los elementos que configuran la responsabilidad patrimonial del Estado.

En efecto, se demostró el daño, consistente en la privación de la libertad que soportó el señor Laureano Rodríguez Silva durante 5 años, 9 meses y 22 días, quien fue acusado por los delitos de secuestro extorsivo agravado, en concurso con el porte de armas de defensa personal y utilización de uniformes e insignias de uso privativo de las fuerzas armadas, y le fue decretada en su contra medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva sin beneficio de libertad provisional, mediante providencia del 8 de enero de 1991 proferida por el Juzgado Segundo de Orden Público, y confirmada el 17 de abril siguiente por el Tribunal Superior de Orden Público.

Así también lo corrobora la certificación expedida por el director de la Cárcel de Distrito Judicial de Ibagué, quien afirmó que el señor Rodríguez Silva ingresó a dicho centro carcelario el 18 de diciembre de 1990 “según boleta de encarcelación Nº 0020 datada diciembre 18 de 1990 emanada del Juez Único Especializado de Ibagué”, sindicado de los delitos de secuestro extorsivo agravado, en concurso con el porte de armas de defensa personal, utilización de uniformes e insignias de uso privativo de las fuerzas armadas, y que recobró su libertad el 9 de octubre de 1996, con boleta Nº 00117.

Encuentra igualmente acreditado la Sala que dicha detención fue injusta, en consideración a que el señor Rodríguez Silva fue absuelto mediante sentencia del 6 de marzo de 1996, proferida por el Juzgado Regional de Bogotá, providencia que fue confirmada el 16 de septiembre de 1996, por el Tribunal Nacional - Sala de Decisión.

El señor Rodríguez Silva fue absuelto por cuanto no se acreditó su participación en los hechos que dieron lugar a la configuración de los delitos de secuestro agravado, porte ilegal de armas de defensa personal y utilización de uniformes e insignias de uso privativo de las fuerzas armadas.

En efecto, en la sentencia absolutoria se evidencia que el señor Rodríguez actuó bajo la intimidación de las personas que tenían ilegalmente retenido al señor Olaya. En dicha providencia también se advierte con claridad que tampoco hacía parte de la organización criminal, máxime cuando el secuestrado, así como los mismos delincuentes, no lo señalaron como parte de la banda.

Se concluyó entonces que si bien el señor Rodríguez preparó los alimentos para el secuestrado y los plagiarios, lo cierto es que no se logró demostrar que su conducta no obedeció al miedo producido por las amenazas de los delincuentes.

En este caso, resulta palmario que la privación de la libertad fue injusta, situación que constituye uno de los elementos de la responsabilidad como es el daño.

En efecto, el hecho de que se acreditara en el proceso penal, que el señor Laureano Rodríguez Silva no participó en los hechos que configuraron los delitos de secuestro agravado, porte ilegal de armas de defensa personal y utilización de uniformes e insignias de uso privativo de las fuerzas armadas, es un supuesto que está contenido dentro de las hipótesis comprendidas en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal como causal legal para la indemnización por la privación injusta de la libertad.

La Sala considera entonces imputable al Estado el daño, consistente en la privación de la libertad, porque, de una parte, la absolución evidencia la injusticia de la medida de detención preventiva impuesta y, de otra, se acreditó plenamente la falla del servicio en que incurrió la entidad pública demandada, que contribuyó a que la medida preventiva se prolongara indefinidamente.

En efecto, resulta evidente la mora y la consecuente violación a las normas procedimentales por parte de la autoridad judicial, en consideración a que el señor Laureano Rodríguez permaneció más de 360 días privado de su libertad sin que se calificara el mérito del sumario, circunstancia que vulnera lo dispuesto en el artículo 415 del Decreto 2.700 del 30 de noviembre de 1991, contentivo del Código de Procedimiento Penal que regía en esa época.

Según esa disposición, el detenido acusado por delitos cuyo conocimiento estuviere asignado a los jueces regionales, como era el de secuestro extorsivo (art. 71 ibídem), tenía derecho a la libertad provisional cuando transcurrieran 360 días contados a partir de la privación efectiva de la libertad, sin que se hubiera calificado el mérito del sumario. Así lo disponía la ley procesal penal vigente al momento de los hechos:

“ART. 415.—Causales de libertad provisional. Además de lo establecido en otras disposiciones, el sindicado tendrá derecho a libertad provisional garantizada mediante caución juratoria o prendaria en los siguientes casos: (...)

4. Cuando vencido el término de ciento veinte días de privación efectiva de libertad, no se hubiere calificado el mérito de la instrucción. Este término se ampliará a ciento ochenta días, cuando sean tres o más los imputados contra quienes estuviere vigente detención preventiva. Proferida la resolución de acusación, se revocará la libertad provisional, salvo que proceda causal diferente.

No habrá lugar a la libertad provisional, cuando el mérito de la instrucción no se hubiere podido calificar por causas atribuibles al sindicado o a su defensor.

PAR.—En los delitos de competencia de los jueces regionales la libertad provisional procederá únicamente en los casos previstos por los numerales 2º y 3º de este artículo. En los casos de los numerales 4º y 5º los términos para que proceda la libertad provisional se duplicarán”.

Teniendo en cuenta la anterior disposición, y en consideración a que eran tres los sindicados —lo que implica la ampliación del término a 180 días— y a que el delito de secuestro extorsivo era de conocimiento de los jueces regionales —circunstancia que duplica el término—, el señor Laureano Rodríguez tenía derecho a la libertad provisional transcurridos 360 contados a partir de la detención efectiva, sin que se hubiera calificado el mérito del sumario.

En este caso, el señor Rodríguez ingresó a la Cárcel de Distrito Judicial de Ibagué el 18 de diciembre de 1990 y el 18 de junio de 1994 se calificó el mérito del sumario, con resolución de acusación, es decir, transcurrieron 1.260 días en los que estuvo detenido sin que se produjera esa decisión.

Con fundamento en que el señor Rodríguez permaneció privado de la libertad por un período mayor al legalmente establecido, y luego fue absuelto, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará la responsabilidad patrimonial de la Nación, por la privación injusta de la libertad del señor Laureano Rodríguez Silva.

3. Liquidación de perjuicios.

3.1. Los perjuicios morales.

En la demanda se solicitó la indemnización por perjuicios morales a favor de Laureano Rodríguez Silva, Maritza Rodríguez Méndez, José Alfredo Rodríguez Méndez, Laureano Rodríguez Méndez, Juan Carlos Rodríguez Méndez, Sandra Patricia Rodríguez Méndez, Mariana Silva de Rodríguez y Rosaura Méndez Aroca, por el equivalente en pesos a 1.000 gramos oro para cada uno; y, para Armando Rodríguez Silva y Beatriz Rodríguez Silva, el equivalente en pesos a 500 gramos oro para cada uno.

Sustentaron dicha pretensión en la angustia, temor, confusión, aflicción, incertidumbre e intranquilidad que padecieron tanto el señor Rodríguez como sus familiares, con la privación injusta del primero, cuando en realidad era inocente, y por el tiempo en que demoró resolverse su situación.

Revisado el expediente, se encontró acreditado que Laureano Rodríguez Silva, quien nació el 1º de enero de 1952, es hijo de Mariana Silva de Rodríguez (fl. 7, cdno. ppal.); que es padre de Sandra Patricia Rodríguez Méndez, Maritza Rodríguez Méndez, José Alfredo Rodríguez Méndez, Laureano Rodríguez Méndez y Juan Carlos Rodríguez Méndez (fls. 9 a 13, cdno. ppal. y 2 a 7, cdno. 1); y que es hermano de Beatriz Rodríguez Silva y Armando Rodríguez Silva (fls. 8 y 14, cdno. ppal.).

Se encuentra igualmente probado que el señor Rodríguez convivió con la señora Rosaura Méndez Aroca durante 18 años, con quien tuvo a sus 5 hijos (testimonios, fls. 36 a 42, cdno. 1).

Con fundamento en los anteriores hechos probados, la Sala encuentra acreditado el perjuicio moral invocado, no solo por la inferencia lógica de la aflicción que genera el verse privado de uno de los derechos fundamentales connaturales al hombre como es la libertad, sino también por la afectación a la persona como ser individual, social y comunitario.

La prueba del parentesco entre el señor Laureano Rodríguez Silva y su madre, hijos y hermanos, permite inferir la congoja y tristeza de la víctima directa y de sus familiares cercanos, como consecuencia de la privación injusta de la libertad de que fue objeto, pues ante una separación provocada de sus seres queridos en esas circunstancias, se puede deducir, conforme a las reglas de la experiencia, que sufrieron un impacto emocional.

La Sala también encuentra acreditado el perjuicio moral que sufrió la señora Rosaura Méndez Aroca. La prueba testimonial muestra que convivió con la víctima durante 18 años, con quien tuvo además 5 hijos; que resultó afectada y triste con la privación injusta de la libertad de su compañero.

A propósito de ese tipo de perjuicio derivado de la detención injusta, la Sala se pronunció, entre otras, en sentencia proferida el 30 de marzo de 1990 (16) , en la que se afirmó procedente su indemnización:

“(...) como lo corrobora la lógica misma, cada uno de los miembros del grupo familiar sufrió una afrenta en su patrimonio moral. El padre, por verse injustificadamente detenido, y por haber debido soportar unos hechos para él bochornosos, no solo por la imagen que fue proyectada a su familia, sino por aquella que fue proyectada a las personas que se encontraban en el lugar de los hechos. La madre y los hijos, por haber tenido que soportar la merma de su patrimonio moral, dentro del cual obviamente también se encuentra la reputación familiar. Se ha demostrado por demás, que a ellos la falla del servicio les causó congoja, pesadumbre, al encontrarse ante una situación a todas luces angustiante” (17) .

Respecto de la cuantificación del perjuicio moral, la Sala tendrá en cuenta las condiciones personales del detenido, el tiempo que duró la detención (18) y la congoja demostrada en el proceso.

En el caso concreto, el señor Laureano Rodríguez Silva era un campesino trabajador de 38 años al momento de la detención, que se dedicaba a las actividades de agricultura y ganadería, que estuvo detenido 5 años, 9 meses y 21 días.

Se observa en este caso, que el tiempo durante el cual el señor Rodríguez estuvo privado de la libertad es bastante significativo por el largo período en que estuvo detenido y por la mora de la administración de justicia en resolver su situación.

Los familiares cercanos al señor Rodríguez Silva, como son la madre, los hijos y los hermanos, así como la señora Rosaura Méndez Aroca, quien demostró su condición de damnificada, también sintieron angustia y tristeza con la detención de su hijo, padre, hermano y compañero (fls. 36 a 42, cdno. 1).

Se reconocerá por tanto, al señor Laureano Rodríguez Silva (víctima directa), el equivalente en pesos a 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes; a la madre, señora Mariana Silva de Rodríguez y los hijos Maritza, José Alfredo, Laureano, Juan Carlos y Sandra Patricia Rodríguez Méndez, el equivalente en pesos a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno; a favor de de los hermanos, señores Beatriz Rodríguez Silva y Armando Rodríguez Silva, el equivalente en pesos a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes, para cada uno de ellos; y, para la señora Rosaura Méndez Aroca, en su calidad de damnificada, se reconocerá el equivalente en pesos a 50 SMMLV.

Se accederá a la solicitud de la parte demandante sobre esta pretensión, mediante el reconocimiento de salarios mínimos legales mensuales, en aplicación de las pautas jurisprudenciales adoptadas a partir de la sentencia proferida por la Sala el 6 de septiembre de 2001, expedientes acumulados 13232 y 15646 (19) .

3.2. Los perjuicios materiales.

En la demanda se solicitó la indemnización del perjuicio material en la modalidad de (i) lucro cesante, por las cosechas que dejó de recolectar y las cabezas de ganado que dejó de obtener durante el tiempo que permaneció privado de la libertad, y (ii) daño emergente, por el valor de la posesión material y de las mejoras, estimado en $ 30’000.000, y por los honorarios profesionales que pagó al abogado que lo defendió en el proceso penal, tasados en $ 2’000.000.

Revisado el material probatorio, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

— Mediante la Escritura Pública 48 del 28 de enero de 1985, el señor Laureano Rodríguez Silva declaró la existencia de mejoras ante la Notaría del Círculo de Chaparral, efectuadas como colono cultivador en el paraje de Amoyá, municipio de Chaparral, a través de declaraciones extrajuicio que rindieron los señores Víctor Manuel Flórez Muñoz, Luis Hildebrando Peña Oviedo y Alejandro Amature Guzmán, ante el Juzgado Civil del Circuito de Chaparral (fls. 16 a 20, cdno. 1).

— La Escritura Pública 48 se registró, tal como se observa en el folio de matrícula inmobiliaria 355-0000521, correspondiente a la finca “El Queso”, ubicada en la vereda de Amoyá, municipio de Chaparral, expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro el 27 de septiembre de 1994, del cual se advierte la siguiente anotación:

AnotaciónNaturalezaFechaOficinaEspecificaciónPersonas que intervienen
29/10/85Declaraciones24/09/85Jzg C CtoConstitución mejorasDe: Jzg C Ccto Chaparral
A: Rodríguez Silva, Laureano

Consta además en el folio de matrícula inmobiliaria, que el predio cuya posesión (20) afirmó ostentar la parte demandante, fue adquirido a través de contrato de compraventa celebrado el 17 de septiembre de 1973, entre la señora Justina Perdomo de Iriarte, quien transfirió la propiedad del inmueble al señor Fermín Campos Claros. Durante el tiempo en que el señor Campos Claros era propietario del terreno, el señor Laureano Rodríguez Silva declaró las mejoras sobre el predio, tal como se observa de la Escritura Pública 48 del 28 de enero de 1985, registrada el 24 de septiembre de 1985, contentiva de las declaraciones extrajuicio que rindieron los señores Víctor Manuel Flórez Muñoz, Luis Hildebrando Peña Oviedo y Alejandro Amature Guzmán ante el Juez Civil del Circuito de Chaparral, quienes afirmaron que el señor Rodríguez era propietario de las mejoras ubicadas en el paraje de Amoyá, municipio de Chaparral, actuación que se inscribió debidamente el 29 de octubre de 1985. Consta además que el 18 de junio de 1987, el Incora adquirió el derecho de dominio del terreno, por compraventa, y realizó 42 adjudicaciones parciales a través de acto administrativo. Las anotaciones del folio de matrícula inmobiliaria así lo muestran.

AnotaciónNaturalezaFechaOficinaEspecificaciónPersonas que intervienen
09/01/21Esc. #207/01/21Not. ÚnicaLiquidación sociedadDe: Sociedad Iriarte Hermanos.
A: Iriarte, José María e Iriarte Germán
19/03/27Esc. 25508/02/27Not. 4ªCompraventaDe: Iriarte, Germán
A: Iriarte, José María
12/02/40Esc. 134724/09/38Not. 5ªContrato de opciónDe: Iriarte Rocha, José María
A: Texas Petroleum Company
05/01/60Sentencia29/10/59Juzg. 4º CAdjudicación sucesiónDe: Iriarte Rocha, Jesús María
A: Perdomo Iriarte, Justina
21/03/64Esc. 502112/11/63Not. 10ªCancelación contrato de opciónDe: Texas Petroleum Company
A: Iriarte, José María
21/03/64Esc. 502112/11/63Not. 10ªArrendamiento subsueloDe: Perdomo de Iriarte, Justina
A: Texas Petroleum Company
17/09/73Esc. 532724/09/73Not. 1ª Compraventa De: Perdomo de Iriarte, Justina
A: Campos Claros, Fermín
17/09/73Esc. 532724/08/73Not. 1ªHipotecaDe: Campos Claros, Fermín
A: Perdomo de Iriarte, Justina
05/06/78Esc. 221606/05/77Not. 1ªCancelación hipotecaDe: Perdomo de Iriarte, Justina
A: Campos Claros, Fermín
05/06/78Esc. 47704/06/77Not. ÚnicaCompraventa parcialDe: Campos Claros, Fermín
A: Rodríguez Campos, Laureano
01/03/79Esc. 9214/02/79Not. ÚnicaHipotecaDe: Campos Claros, Fermín
A: Caja Agraria
12/02/82Esc. 96807/12/81Not. ÚnicaAmpliación hipotecaDe: Campos Claros, Fermín
A: Caja Agraria
28/06/84Declaraciones16/06/84Jzg C MpalConstitución mejorasDe: Jzg 1º C Mpal Chaparral
A: Tacuma Salcedo, Abelardo
26/09/84Esc. 266310/09/84Not. 10ªCesión derechos subsueloDe: Iriarte de Puyana, Ma. Mercedes
A: Texas Petroleum Company
A: Empresa Colombiana de Petróleos
13/03/85Esc. 9412/02/85Not ÚnicaCompraventa mejorasDe: Tacuma Salcedo, Abelardo
A: Rodríguez, Angelmiro
29/10/85Declaraciones 24/09/85Jzg C CtoConstitución mejorasDe: Jzg C Ccto Chaparral
A: Rodríguez Silva, Laureano
10/06/87Esc 55809/06/87Not ÚnicaCancelación hipotecaDe: Caja Agraria
A: Campos Claros, Fermín
09/07/87Esc. 62318/06/87Not ÚnicaCompraventa De: Campos Claros, Fermín
A: Incora
31/07/90Res. 153330/11/89IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: Forero Orlando, Méndez Ana Lucía.
31/07/90Res. 153630/11/89IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: Buenaventura Rubio, Baltasar
A: Sepúlveda Bermúdez Fradid
31/07/90Res. 153830/11/89IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: Cubillos Rincón, Efrén
A: Ducuara Morales Marleny
31/07/90Res. 153730/11/89IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: Gutiérrez Pérez Ricardo
A: Huelgos Vaquiro, Elcira
31/07/90Res. 154430/11/89IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: Forero Rozo, José.
31/07/90Res. 154530/11/89IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: Leal Candia, Jaime
A: Prada Angélica
31/07/90Res. 154930/11/89IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: Palomino Avendaño, José
A: Pérez Palma Teresa
31/07/90Res. 155030/11/89IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: Méndez Sánchez, Fernando
31/07/90Res. 155930/11/89IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: Méndez Mahecha, Edelmira.
31/07/90Res. 155430/11/89IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: Rodríguez Leal, Patrocinio.
31/07/90Res. 157130/11/90IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: Gómez Vásquez, Gustavo
A: Guzmán, María Edilma
31/07/90Res. 165018/12/89IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: Méndez Rengifo, Luis Alfonso.
31/07/90Res. 166321/12/89IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: Gutiérrez Rodríguez, Luz Marina
31/07/90Res. 157030/11/89IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: Rico, Humberto
31/07/90Res. 165930/11/89IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: Guependo Serrano, Rafael
31/07/90Res. 156830/11/89IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: Vásquez Hernández, Luis María
A: Barrero Fanny
31/07/90Res. 156730/11/89IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: Palma, Ruperto
A: Leal, Pastora.
31/07/90Res. 156630/11/89IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: Remigio Lemus, Bernardino
A: Walteros, Ana Judith
31/07/90Res. 155330/11/89IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: Hernández Barrios, Graciela
31/07/90Res. 153830/11/89IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: Ducuara Morales, Marlene
A: Cubillos Rincón, Efrén
31/07/90Res. 153730/11/89IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: Gutiérrez Pérez, Ricardo
A: Huelgos Vaquiro, Elcira
31/07/90Res. 155130/11/89IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: Londoño Ramírez, Jaime
A: Gutiérrez Pérez Magdalena
31/07/90Res. 155230/11/89IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: Lemus Virgilio Remigio
A: Méndez Sánchez, Elisa
31/07/90Res. 155330/11/89IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: Hernández Barrios, Graciela
31/07/90Res. 155430/11/89IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: Rodríguez Leal, Patrocinio
31/07/90Res. 155530/11/89IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: Valencia, Pedro
A: Usechi, Nohelia
31/07/90Res. 155630/11/89IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: García Orjuela, Yesid Antonio
A: Trujillo de García, Ma. del Carmen
31/07/90Res. 155731/11/89IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: Marín Pérez, José María
31/07/90Res. 155831/11/89IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: Méndez García, Pedro
31/07/90Res. 156530/11/89IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: González Vega, Carlos Arturo
A: Ducuara, María Rubí
31/07/90Res. 156430/11/89IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: Suárez, Luis Gustavo
A: Navarro, Fanny
31/07/90Res. 156330/11/89IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: Castaño Silva, Noel
A: Martínez, Alcira
31/07/90Res. 156030/11/89IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: Hernández Capera, Isidro
31/07/90Res. 154330/11/89IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: Escobar Córdoba, Dagoberto
A: Forero, Beatriz
31/07/90Res. 154130/11/89IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: Peña Arce, Liberto
31/07/90Res. 153930/11/89IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: Pedreros Pérez, Ramiro
12/10/90Res. 154230/11/89IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: Trujillo Tole, Benjamín
A: Silva Nieto, Resfa María
12/10/90Res. 153430/11/89IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: Méndez Ciro, Atanael
A: Ramírez Barrios, Isabel
12/10/90Res. 153730/11/89IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: Campos Vera, Ángel María
A: Rivera Correa, Sixta Tulia
12/10/90Res. 156230/11/89IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: Monroy Sogamoso, Virgilo
A: Vargas, María Mary
12/10/90Res. 156130/11/89IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: García Preciado, José Vicente
A: Aroca, María Aurora
12/10/90Res. 154030/11/89IncoraAdjudicación parcialDe: Incora
A: Varón Romerón, Tomás
A: Torres de Varón, Ma. Ismenia

(fls. 21 a 26, cdno. 1).

— El 24 de junio de 1998, los señores Luis Hildebrando Peña Oviedo, Esther Julia Criollo de Lozano, Alejandro García Preciado y Liberto Peña Arce, declararon ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Chaparral, comisionado por el Tribunal Administrativo del Tolima para la práctica de dicha diligencia. Los testigos señalaron que el señor Laureano Rodríguez Silva era el “propietario” de la finca “El Mirador”, lugar en donde vivía con su compañera permanente, sus cinco hijos y su madre; que todo lo perdió cuando estuvo privado de la libertad porque abandonaron la finca y el ganado se lo robaron. Agregaron que si el señor Rodríguez no hubiera estado privado de la libertad, la finca el “Mirador” tendría un valor de aproximadamente $ 100’000.000 (fls. 36 a 42, cdno. 1).

Análisis de la Sala

Con fundamento en el material probatorio, es dable deducir que el señor Rodríguez no era el propietario del predio, que para la fecha en que fue privado de la libertad lo explotaba, ejerciendo actos de señor y dueño, y que previamente había inscrito sus mejoras.

La Sala observa que el propietario del terreno, señor Fermín Campos Claros, y el Incora, celebraron contrato de compraventa el 18 de julio de 1987, a través del cual el señor Campos Claros transfirió el derecho de dominio a la entidad pública, negocio jurídico que se inscribió debidamente el 9 de julio de 1987.

Es evidente que el señor Laureano Rodríguez Silva no tendría derecho para reclamar el valor del predio en el que habitaba, toda vez que, al no ser su propietario, no detentaba las facultades propias del mismo, como son el uso, usufructo y disposición.

No gozaba por tanto de la facultad de disposición del bien, sino que detentaba el derecho de posesión, que se tradujo en ocupación cuando el Incora lo adquirió con el objeto de adjudicar los predios.

Resulta extraño a la Sala que el señor Rodríguez no hubiera efectuado los trámites necesarios para la adjudicación del terreno que habitaba, toda vez que cuando fue privado de la libertad, llevaba más de 5 años explotando el terreno, circunstancia prevista en el artículo 58 de la Ley 9ª de 1989, como conducencia a la adquisición.

Desde el 18 de junio de 1987, fecha en que el Incora adquirió el derecho de dominio sobre el terreno, hasta el 18 de diciembre de 1990, momento en que fue privado de la libertad, el señor Rodríguez adoptó una conducta pasiva frente a su situación.

Con fundamento en todo lo anterior, es dable concluir que el señor Rodríguez probó la posesión y la explotación económica sobre el predio, mas no el derecho de dominio sobre este, razón por la cual, su daño merece reconocimiento por la privación de los frutos y las mejoras, y por las utilidades que debió percibir.

El lucro cesante se reconocerá desde el momento en que fue privado de la libertad, hasta el momento en que la recobró y el daño emergente, por el valor de las mejoras, a la fecha en que venció el período de reclusión, en consideración a la depreciación de los bienes, cuyo uso produce su desgaste.

3.2.1. Lucro cesante.

El material probatorio muestra que el señor Laureano Rodríguez Silva se dedicaba a la agricultura y la ganadería. Así lo corroboraron los señores Esther Criollo de Lozano, Alejandro García, Liberto Peña Arce, Luis Hildebrando Peña y José González Garzón, quienes rindieron declaraciones ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Chaparral, comisionado por el Tribunal Administrativo del Tolima. Afirmaron que el señor Laureano Rodríguez producía anualmente 10 cargas de café, 6 cargas de cacao, 4 o 5 cargas de plátano semanales, 3 o 4 cargas de panela cada dos semanas, 2 o 3 cargas de mandarinas y naranjas, 40 cargas de maíz al año, 2 cargas de aguacates; que tenía 10 novillas de las que se producía una cría al año. Agregaron que desde que el señor Rodríguez recuperó la libertad, no ha podido conseguir trabajo, puesto que todos en la región lo tildan de delincuente y no dan buenas referencias (fls. 36 a 42, cdno. 1).

El 10 de julio de 1998, los auxiliares de la justicia rindieron el dictamen pericial que tuvo por objeto determinar los perjuicios materiales padecidos por los demandantes, con ocasión de la privación de la libertad del señor Laureano Rodríguez Silva. Cabe precisar previamente que los peritos discriminaron los valores por cada año hasta 1998, fecha en la cual elaboraron el dictamen.

Estimaron el lucro cesante en $ 48’970.361, por concepto de la explotación agropecuaria que ejercía el señor Laureano Rodríguez en la finca “El Mirador”, que discriminaron de la siguiente forma:

Venta de ganado vacuno período 1991 a 1998: $ 9’735.727,oo.

Para determinar dicho valor, partieron de la base de que Laureano Rodríguez se dedicaba a la venta de crías, para la cual establecieron el número de bovinos dependiendo del número de hectáreas sembradas en pasto. Realizaron una proyección de existencias y de ventas, atendiendo el porcentaje de natalidad, las hectáreas de pasto, etc., que se sintetiza así:

Proyección de existencias19911992199319941995199619971998
Novillas 1er parte10 221234
Vacas adultas 101011111099
Vacas horras  122333
Total vacas cría10101111109910
Nacimientos107887777
Machos 0-1 años53443333
Hembras 0-1 años54444444
Hembras 1-2 años 2212343
Total ganado2019222221222323
Ventas19911992199319941995199619971998
Vacas horras  122333
Machos 0-1 años53443333
Hembras 0-1 años22321 13
Total ventas85886679

Con fundamento en los anteriores resultados, determinaron los ingresos anuales de la venta de ganado bovino, con base en el valor promedio de la venta de ganado de la feria semanal que se realiza anualmente en el Guamo, información que suministró el Fondo Ganadero del Tolima S.A., con los siguientes resultados:

Ingresos19911992199319941995199619971998
Vacas horras # cabezas  122333
Valor unidad  247.699303.700325.045379.425341.953440.025
Subtotal  247.699607.576650.0901’138.2751’025.0591’320.075
Machos 0-1 año # cabezas53443333
Valor unidad42.52966.315107.150124.151134.300146.044139.040195.555
Subtotal212.645198.945428.420496.604402.900438.132417.120586.665
Hembras 0-1 año # cabezas32321-13
Valor unidad42.29169.52399.000112.045128.300-140.833169.500
Subtotal126.873139.046297.000224.090128.300-140.833508.500
Total ingresos339.518337.991973.1191’328.2701’181.3701’576.4071’583.8122’415.214

Los auxiliares de la justicia aclararon que no tuvieron en cuenta las 60 cabezas de ganado que, según la demanda, el señor Rodríguez dejó de criar durante los 6 años que estuvo privado de la libertad, porque el porcentaje de natalidad no es del 100% y la cantidad de pasto de la finca “El Mirador” no permitía tener una capacidad de carga animal mayor a 2 unidades de ganado por hectárea.

• Venta de café seco período 1991 a 1998: $ 23’145.884.

Los auxiliares de la justicia partieron de la base de que el señor Rodríguez tenía tres hectáreas de café variedad caturra en plena producción, conforme se afirmó en la demanda, por lo que la cosecha al año sería de 10 cargas. Explicaron que el ciclo productivo de la planta de café depende de la edad de la misma y que es necesario renovar los cafetales cada 7 años, que es el tiempo en que la producción disminuye paulatinamente entre 30% y 50%. Con fundamento en lo anterior, dedujeron que el cafetal tenía 3 años y procedieron a hacer la proyección de la producción de café desde el año 1991 hasta 1998, de acuerdo con el ciclo productivo de la planta, para lo cual tuvieron en cuenta el valor promedio de las variaciones del precio del café pergamino, tipo federación, información que obtuvieron del Almacafé S.A., operaciones que arrojaron los siguientes resultados:

Años19911992199319941995199619971998
Edad (años)245678910
Producción/ha, cargas78875443
Producción total cargas212424211512129
Valor cargas (125 kl)97.18790.00098.437181.403199.663212.125347.071340.851
Valor total2’040.9372’160.0002’362.5003’009.4802’994.9512’545.5004’164.8573’067.659

• Producción de cacao período 1991 a 1998: $ 7’588.750.

Los auxiliares de la justicia partieron de la base de que el señor Rodríguez tenía sembradas 2 hectáreas y, para determinar el lucro cesante de la producción de cacao, multiplicaron el rendimiento que el señor Rodríguez obtenía en su finca, esto es 375 kilogramos por hectárea al año, por el precio promedio anual de la carga de cacao, según el reporte obtenido de la Compañía Nacional de Chocolates S.A., con los siguientes resultados:

AñoProducción en 2 hectáreas por cargaValor cargaValor total
1991675.625,oo453.750,oo
1992685.500,oo513.000,oo
1993696.916,66581.499,99
19946131.812,50790.875,oo
19956167.500,oo1’005.000,oo
19966189.750,oo1’138.500,oo
19976245.562,501’473.375,oo
19986272.125,oo1’632.750,oo
Valor total7’588.750,oo

• Producción de maíz período 1991 a 1998: $ 8’500.000.

Los auxiliares de la justicia partieron de la base de que el señor Rodríguez tenía sembradas 4 hectáreas, de las que recolectaba anualmente 1.250 kilogramos por hectárea al año. Explicaron que el promedio, a nivel departamental, oscila entre 1.400 a 2.000 kilogramos por hectárea en condiciones adecuadas de cultivo. Con fundamento en esos datos, procedieron a multiplicar el precio de la carga de maíz a diciembre de cada año, según los reportes suministrados por Fenalce, con los siguientes resultados:

AñoProducción cargasValor cargaValor total
19914016.250650.000
19924019.375775.000
19934021.250960.000
19944025.0001’000.000
19954027.0001’080.000
19964030.0001’200.000
19974034.6251’385.000
19984038.7501’550.000
Valor total8’500.000

Finalmente, los auxiliares de la justicia se abstuvieron de proyectar las utilidades percibidas por el señor Laureano Rodríguez Silva por la producción de caña panelera y aguacate, en consideración a que dicha información no quedó consignada en la demanda y la extensión de la finca, que se afirma es de 25 hectáreas, indica que la producción puede darse pero en menores proporciones a las indicadas por los testigos (fls. 62 a 71, cdno. 1).

La Sala encuentra acreditado el lucro cesante y, para la liquidación, se tendrá en cuenta el dictamen pericial, por cuanto está clara y eficazmente sustentado y brinda certeza sobre la producción de ganado, café, cacao y maíz, así como respecto de su cuantificación al momento en que el señor Rodríguez fue privado de la libertad, con la aclaración de que se tomará el valor producido durante el año 1991; se obtendrá la cifra mensual que por tales conceptos percibía el señor Rodríguez, para indexar la renta a partir de esta fecha y aplicar la fórmula por el tiempo que duró la reclusión:

ActividadProducción anual 1991Producción mensual
Venta de ganado vacuno339.51828.293,16
Venta de café seco2’040.937170.078,08
Producción de cacao453.75037.812,5
Producción de maíz650.00054.166,66
Total3’484.205290.350,41

— Actualización de la renta:

Ra = Rh IPC (f)

IPC (i)

Ra = Renta actualizada a establecer.

Rh = Renta histórica - ingreso mensual 1991: $ 290.350,41

Ipc (f) = Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 102,26, que es el correspondiente a abril de 2009 (21)

Ipc (i) = Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 10,96 que es el que correspondió al mes de diciembre de 1991.

Ra = 290.350 102,26

10,96 

Ra = 2’709.050,27

Bases para la liquidación

— Número de meses de reclusión: 69,73 meses

— Ingreso mensual actualizado: $ 2’709.050,27

— Para el cálculo del valor dejado de percibir durante el tiempo de la reclusión se aplicará la fórmula de indemnización debida, en la que n es igual al número de meses que duró la detención.

 

3.2.2. Daño emergente.

3.2.2.1. Mejoras.

Como se dijo, se encuentra acreditado que el señor Rodríguez declaró las mejoras que efectuó como colono cultivador, hecho que corroboraron los señores Luis Hildebrando Peña Oviedo, Esther Julia Criollo de Lozano, Alejandro García Preciado y Liberto Peña Arce, quienes declararon el 24 de junio de 1998, ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Chaparral, comisionado por el Tribunal Administrativo del Tolima, que el señor Laureano Rodríguez Silva vivía en la finca “El Mirador”; que allí cultivaba café, cacao, yuca, maíz, plátano, caña, tenía árboles frutales de piña, naranjos, mandarina, aguacates y tenía ganado (fls. 36 a 42, cdno. 1).

El 10 de julio de 1998, los auxiliares de la justicia rindieron el dictamen pericial y estimaron el daño emergente, por concepto de la pérdida de inmuebles, en $ 30’000.000, que discriminaron así:

“Daño emergente por pérdida de inmuebles. La suma de $ 30’000.000. Por concepto del valor del predio denominado El Mirador localizado en la vereda de Amoyá jurisdicción del municipio de Chaparral - Tolima, junto con sus mejoras con una extensión de 25 hectáreas, de las cuales 21 hectáreas se hallaban explotadas agrícola y pecuniariamente. Es de aclarar que el señor Laureano Rodríguez Silva ejerció posesión material del inmueble El Mirador de manera continua, pública y de buena fe, hasta el 17 de diciembre de 1990, día en que fue privado de su libertad; como consta en la escritura pública 48 del 28 de enero de 1986 de constitución de mejoras de la Notaría Única del municipio de Chaparral. Mejoras obtenidas como colono cultivador a sus propias expensas y registradas en Chaparral, el 29 de octubre de 1985. Matrícula inmobiliaria 355-0000521” (fls. 62 a 63, cdno. 1).

El material probatorio no brinda certeza sobre la calidad y el valor de las mejoras, toda vez que el valor global que determinaron los auxiliares de la justicia en el dictamen pericial incluye además el del predio que, como se explicó, era de propiedad del Incora al momento de la detención.

Para determinar el valor de la mejoras, la Sala tendrá en cuenta el valor de los predios adjudicados por el Incora a terceros, con el fin de establecer el valor de la tierra, que se restará del valor global definido en el dictamen pericial.

Del folio de matrícula inmobiliaria, se advierte que la última anotación se efectuó el 12 de octubre de 1990, consistente en la adjudicación parcial de un predio de 47 hectáreas y 524 m2, por valor de $ 1’150.009,3.

Para establecer el valor de las 25 hectáreas que poseía el demandante, la Sala convertirá las medidas en metros cuadrados (22) ; luego multiplicará el valor del predio adjudicado (1’150.009,3) por la extensión del terreno que poseía el señor Rodríguez (250.000 m2) y, el resultado de dicha operación, se dividirá sobre la extensión del predio adjudicado (470.524 m2). Posteriormente esa cifra se restará a la suma de dinero que fijaron los peritos en el dictamen pericial ($ 30’000.000), cuyo resultado constituirá el valor de las mejoras.

Para las operaciones matemáticas, se deben tener en cuenta los siguientes datos:

— $ 1’150.0009,3 corresponde al valor del predio adjudicado por el Incora.

— 470.524 metros cuadrados, es la extensión del predio adjudicado (47 Ha 524 m2).

— 250.000 metros cuadrados, es la extensión de las 25 Ha del predio que poseía el señor Rodríguez.

— $ 30’000.000 es el valor global que determinaron los auxiliares de la justicia por daño emergente, que incluye el valor del predio y de las mejoras.

Valor de la tierra: $ 1’150.009,3 x 250.000 m2 = $ 611.025,84

470.524 m2

Valor de las mejoras: $ 30’000.000 - $ 611.025,84 = $ 29’388.974,16

Se tiene entonces que el valor de las mejoras es $ 29’388.974,16, cifra que no se actualizará desde que el señor Rodríguez fue privado de su libertad, sino a partir de que la recobró, en consideración a la depreciación económica de este tipo de bienes, que con su uso se desgastan.

Por consiguiente, como el daño emergente por las mejoras asciende a $ 29’388.974,16, dicha cifra será indexada desde el momento en que el señor Rodríguez recobró su libertad —9 de octubre de 1996— hasta la fecha de esta sentencia (23) , con base en los reportes oficiales del IPC que mensualmente publica el DANE:

$ 29’388.974,16 x 102,26 (IPC abr/09) = $ 80’313.107,89

37,42 (IPC oct/96)

3.2.2.2. Honorarios profesionales.

El señor Laureano Rodríguez solicitó la suma de $ 2’000.000, por concepto del pago al abogado José González Garzón, por su defensa dentro del proceso penal.

Revisado el material probatorio, la Sala encuentra que se aportaron varios documentos, en los que se afirma que los días 25 de enero de 1996 y 15 de julio de ese mismo año, la señora Mariana Silva vda. de Rodríguez pagó al abogado José González Garzón, portador de la tarjeta profesional Nº 37.990 expedida por el Ministerio de Justicia, las sumas de $ 300.000 y $ 1’200.000, respectivamente, por concepto de los honorarios profesionales pactados para defender penalmente al señor Laureano Rodríguez (fl. 27 y 28, cdno. 1).

Se observa igualmente que el 10 de julio de 1998, los auxiliares de la justicia rindieron el dictamen pericial en el que estimaron el daño emergente por concepto de “gastos personales” en $ 2’000.000, así: “(...) daño emergente por gastos personales. La suma de $ 2’000.000. Por concepto de los honorarios profesionales del abogado que el señor Laureano Rodríguez Silva canceló al doctor José González Garzón por su defensa”.

No obstante lo anterior, revisado el proceso penal, la Sala advierte que las actuaciones penales que se surtieron en defensa del señor Laureano Rodríguez, estuvieron a cargo de la señora Doris Elena Rodríguez Galeano, abogada identificada con la tarjeta profesional Nº 37.791 expedida por el Ministerio de Justicia, quien actuó como defensora de oficio del señor Rodríguez (fls. 329 a 240 y 241, cdno. ppal.).

En consideración a lo anterior, no hay lugar a reconocer el daño emergente solicitado por concepto de los honorarios profesionales, toda vez que dicha erogación no se probó.

Con fundamento en todo lo anterior, la Sala revocará la sentencia apelada para acceder a las pretensiones de la demanda, en la forma y cuantía expuesta, con cargo al presupuesto de la Fiscalía General de la Nación, en consideración a que los perjuicios causados a los demandantes provienen de actuaciones judiciales penales, surtidas en la etapa de instrucción que estaba a su cargo.

4. Costas.

En atención a que, para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 señala que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, como en este caso ninguna de ellas actuó de esa forma, no hay lugar a su imposición, por lo que se revocará lo decidido al respecto por el a quo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 15 de abril de 1999, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación —Fiscalía General de la Nación— por la privación injusta de la libertad del señor Laureano Rodríguez Silva.

3. En consecuencia, CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar, por concepto de PERJUICIOS MORALES, las siguientes sumas de dinero:

A FAVOR DE LAUREANO RODRÍGUEZ SILVA: La suma equivalente en pesos a ochenta (80) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

A favor de los señores Mariana Silva de Rodríguez, Maritza Rodríguez Méndez, José Alfredo Rodríguez Méndez, Laureano Rodríguez Méndez, Juan Carlos Rodríguez Méndez, Sandra Patricia Rodríguez Méndez y Rosaura Méndez Aroca: La suma equivalente en pesos a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada uno de ellos.

A favor de los señores Beatriz Rodríguez Silva y Armando Rodríguez Silva, el equivalente en pesos a veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada uno de ellos.

4. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar al señor Laureano Rodríguez Silva, por concepto de LUCRO CESANTE, la suma de doscientos veinticuatro millones doscientos sesenta y nueve mil trescientos treinta y siete pesos con sesenta y cinco centavos ($ 224’269.337,65).

5. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagar al señor Laureano Rodríguez Silva, por concepto de DAÑO EMERGENTE, la suma de ochenta millones trescientos trece mil ciento siete pesos con ochenta y nueve centavos ($ 80’313.107,89).

6. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

7. Sin condena en costas.

8. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

9. En firme este fallo devuélvase el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) La pretensión mayor de la demanda fue por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, estimada en $ 42’120.000 a favor de la víctima directa, cifra que supera la cuantía exigida a la fecha de presentación de la demanda, esto es, 9 de febrero de 1998, para que el proceso tuviera vocación de doble instancia, que era de $ 18’850.000.

(2) Publicado en el Diario Oficial 40.190 el 30 de noviembre de 1991.

(3) Sentencias del 1º de octubre de 1992. Expediente 7058. Consejero Ponente: Daniel Suárez Hernández; 2 de octubre de 1996. Expediente 10.923. Consejero Ponente: Daniel Suárez Hernández.

(4) Sentencias del 30 de junio de 1994. Expediente 9734. Consejero Ponente: Daniel Suárez Hernández; 12 de diciembre de 1996. Expediente 10.299; 27 de septiembre de 2001. Expediente 11.601. Consejero Ponente: Alier Hernández Enríquez; 4 de abril de 2002. Expediente 13.606. Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez; 27 de noviembre de 2003. Expediente 14.530; Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez.

(5) Sentencias del 15 de septiembre de 1994. Expediente 9391. Consejero Ponente: Julio César Uribe Acosta; 17 de noviembre de 1995. Expediente 10.056. Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo; 7 de diciembre de 2004. Expediente 14.676. Consejero Ponente: Alier Hernández Enríquez.

(6) Sentencia del 18 septiembre de 1997. Expediente 11.754. Consejero Ponente: Daniel Suárez Hernández; reiterada en providencias del 4 de diciembre de 2006. Expediente 13.168. Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez; 5 de diciembre de 2007. Expediente 16.629. Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra; 20 de febrero de 2008. Expediente 15.980. Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra; 25 de febrero de 2009. Expediente 16.995. Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra.

(7) “ART. 445.—Presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente responsable. En las actuaciones penales toda duda debe resolverse a favor del sindicado”.

(8) Sentencia del 20 de febrero de 2008. Expediente 15.980. Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra.

(9) Sentencia del 20 de febrero de 2008. Expediente 15.980. Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra.

(10) Sobre el tema pueden consultarse las siguientes sentencias: 19 de agosto de 2004. Expediente 15.578. Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra; 10 de agosto de 2005. Expediente 15.127. Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez; 1º de marzo de 2006. Expediente 16.587. Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio.

(11) Sentencia del 25 de julio de 2002. Expediente 13.744. Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez.

(12) “... Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”. (se resalta).

(13) Sentencia del 9 de junio de 2005. Expediente 14.740. Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio.

(14) Sentencia del 14 de mayo de 2009. Expediente 17.188. Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra.

(15) Consejo de Estado, sentencia de 2 de mayo de 2002, Expediente 13262, actor: Héctor A. Correa Cardona y otros.

(16) Reiterada en las siguientes providencias. 28 de septiembre de 2006. Expediente 14.270. Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra; 5 de diciembre de 2007. Expediente 16.629. Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra; 25 de febrero de 2009. Expediente 16.995. Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra.

(17) Providencia del 30 de marzo de 1990. Expediente 3.510.

(18) En la sentencia que dictó la Sección Tercera el 14 de marzo de 2002 (Exp. 12.076), la Sala reconoció a la víctima directa, que permaneció privado de la libertad durante 42 meses, el equivalente en pesos a 60 smmlv, bajo los siguientes argumentos: “En el presente asunto, en consideración al prolongado tiempo de la detención, el centro carcelario en donde se cumplió la medida y la gravedad de los hechos que les fueron imputados a los actores, en aplicación del criterio jurisprudencial adoptado por esta Sala en sentencia del 6 de septiembre de 2001(1), se considera que la intensidad del sufrimiento padecido debe ser indemnizado, a cada uno de los demandantes, con una suma equivalente a sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes a esta fecha, esto es, con la suma de $ 18.540.000”. Y, recientemente, en providencia del 20 de febrero de 2008, la Sala reconoció indemnización por perjuicios morales a favor del injustamente privado de su libertad durante 6 meses y 25 días, así como a sus familiares, el equivalente en pesos a 20 smmlvy 10 smmlv, respectivamente (Exp. 15.980. C.P. Ramiro Saavedra Becerra).

(19) Se afirmó: “... la Sala fijará el quantum de las respectivas condenas, en moneda legal colombiana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo. Considerando que el salario mensual en Colombia se fija atendiendo fundamentalmente la variación del índice de precios al consumidor, se considera que el valor del perjuicio moral, en los casos en que este cobre su mayor intensidad, puede fijarse en la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, que en la fecha de la sentencia corresponda...”.

(20) El Código Civil define la posesión como la “tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño, muestras otra persona no justifique serlo”.

(21) Último reporte publicado por el DANE.

(22) 1 hectárea = 10.000 metros cuadrados.

(23) Último reporte publicado por el DANE.

____________________________________________