Sentencia 16707 de enero 28 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 25000-23-26-000-1995-01098-01(16707)

Ref.: Apelación sentencia contratos

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Saavedra Becerra

Actor: Dora Emilia Herrera de López

Demandado: Municipio del Colegio

Bogotá D.C., veintiocho de enero de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

El Consejo de Estado es competente para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en proceso de doble instancia (2) , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998.

El apelante cuestiona la sentencia de primera instancia, con el objeto de que se condene al demandado a la indemnización de los perjuicios derivados de su incumplimiento contractual y del acto mediante el cual declaró la caducidad del contrato. Al efecto adujo, en síntesis, que como el incumplimiento es imputable a la administración, esta debe cancelarle el valor de las inversiones que efectuó así como el de las utilidades dejadas de percibir.

Procede la Sala a resolver la cuestión planteada que se circunscribe a la existencia de los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato por parte del municipio demandado, previo el análisis de los hechos probados en el proceso.

En consideración a que el juez de segunda instancia tiene limitada su competencia al objeto querido por el impugnante, se impone precisar que en este caso el actor, en su calidad de apelante único (3) , aspira obtener una decisión favorable a la totalidad de sus pretensiones, a cuyo efecto cuestiona el fallo de primera instancia en lo que le es desfavorable, es decir, en cuanto le negó la indemnización de perjuicios.

Como quiera que los puntos relativos a la excepción de contrato no cumplido, a la nulidad del acto que declaró la caducidad del contrato (4) y al incumplimiento de la entidad demandada, no fueron objeto de impugnación, el examen que efectuará la Sala se circunscribe a la materia apelada, en cumplimiento de lo prescrito por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, —precepto aplicable al presente proceso por expresa remisión del CCA, art. 267—, en virtud del cual, el superior no puede hacer más gravosa la situación del apelante único, ni enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso.

1. Hechos probados.

De la valoración de los medios de prueba legal y oportunamente aportados al proceso la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

— El 17 de mayo de 1992, el Alcalde del Municipio de El Colegio y la señora Dora Herrera de López, celebraron un contrato de arrendamiento. De su contenido se destacan las siguientes cláusulas:

“Primera. Objeto. El municipio de El Colegio entrega en arrendamiento un local que se identifica con el número 4 ubicado dentro de las instalaciones del terminal de transportes alinderado conforme a los planos topográficos que reposan en la oficina de planeación municipal en la calle 5ª con carrera 4ª, inmueble que forma parte del citado terminal cuyas dimensiones son 2.50 mts. x 3.40 mts.

Segunda. Término. El término de duración del presente contrato será de 36 meses contados a partir de la entrega del inmueble, prorrogable por un término igual.

Tercero. Precio. El canon de arrendamiento será la suma de veinticinco mil pesos ($ 25.000) que el arrendatario se obliga a pagar por mensualidades anticipadas dentro de los cinco primeros días de cada mes en la Tesorería Municipal de El Colegio. Cada doce meses de ejecución del contrato de arrendamiento bajo un mismo precio, el arrendador podrá incrementar hasta la proporción indicada por el Gobierno Nacional conforme al aumento en el costo de vida.

Cuarta. Destinación. El bien arrendado será destinado para juegos electrónicos.

(…).

Noveno. Cláusula penal pecuniaria. A título de indemnización de perjuicios en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento del contrato, señálese como cláusula penal pecuniaria la suma de veinticinco mil pesos ($ 25.000) m/te.

Décima. El arrendador podrá declarar la caducidad del presente contrato si el arrendatario incurriere en algunas de las causales previstas en el artículo 62 del Decreto 222 de 1983 y 601 del Código Fiscal de Cundinamarca. Como efectos propios de la declaratoria de caducidad será la terminación y liquidación anticipada del contrato.

Décima primera. A este contrato se le aplican los principios de terminación, modificación e interpretación contenidos en el Decreto 222 de 1983 y Código Fiscal de Cundinamarca.

Décima segunda. Entrega del inmueble. El inmueble se entrega el día 18 de mayo de 19927 (sic). Declara el arrendatario recibir el inmueble y sus instalaciones en buen estado de funcionamiento.

Décima tercera. El inmueble entregado en arrendamiento hace parte del terminal de transporte y como tal su uso y goce está sujeto al reglamento interno de esta dependencia” (fls. 1 y 2, cdno. 3).

— El 27 de mayo de 1992, el municipio de El Colegio concedió a la señora Dora Emilia Herrera de López, la patente de funcionamiento del local 4 del terminal de transportes, hasta el 31 de diciembre de ese año (fl. 47, cdno. 3).

— Mediante Resolución 126 del 27 de agosto de 1993, el Alcalde municipal de El Colegio resolvió:

“ART. 1º—Declarar la caducidad administrativa del contrato de arrendamiento del local 4 del terminal de transportes de este municipio, suscrito con la señora Dora Emilia Herrera de López, identificada con la Cedula de Ciudadanía 35.373.174 expedida en El Colegio, por los motivos expuestos en esta providencia.

ART. 2º—Practíquese la liquidación del contrato, incluyendo en ella la cláusula penal pecuniaria a cargo de la señora Dora Herrera de López o del señor Jorge Eliecer Manosalva R., de las condiciones civiles conocidas, por la suma de veinticinco mil pesos ($ 25.000) m/cte.

ART. 3º—En firme la liquidación del contrato si no fuere cancelada por las responsables dentro del término de cinco (5) días, se hará efectiva por jurisdicción coactiva.

ART. 4º—Ejecutoriada esta resolución, la restitución del inmueble se hará por las autoridades de policía.

ART. 5º—Contra la presente resolución procede el recurso de reposición dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de su notificación o de su publicación, conforme a lo establecido en el inciso tercero del artículo 247 de la Ordenanza 33 de 1989 (dic. 29) de la Asamblea de Cundinamarca” (fls. 3 y 4, cdno. 3).

Como sustento de esa resolución, consideró:

“(…).

4. Que según informe escrito de la Tesorería Municipal de El Colegio, la señora Dora Emilia Herrera de López está en mora del pago de los arrendamientos correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de 1992 y Enero a Agosto de 1993.

5. Que el arrendatario no ha cumplido con lo pactado en la cláusula tercera, estando en mora con el pago de las mensualidades antes mencionadas.

6. Que de conformidad con la cláusula decima del contrato la mora en el pago de los cánones correspondientes constituye causal suficiente para declarar la caducidad del contrato y hacer exigible la clausula penal pecuniaria, acordada en la suma de veinticinco mil pesos ($ 25.000)” (fl. 3, cdno. 3).

— La señora Dora Emilia Herrera de López, interpuso recurso de reposición contra el acto administrativo antedicho, el cual fue resuelto mediante Resolución 1359 del 10 de octubre de 1993 en los siguientes términos:

“Primero. Revocar en todas sus partes los artículos segundo y tercero de la Resolución Administrativa 126 de 1993 (ago. 27) por las razones expuestas en esta providencia.

Segundo. Sostener las demás determinaciones de la citada resolución impugnada” (fls. 17 a 20, cdno. 3).

Como sustento de la anterior decisión, el alcalde municipal consideró:

“1. El arrendatario recibió el local con pleno conocimiento de que la obra no se encontraba terminada y sus servicios públicos estaban incompletos, con el agravante de que no existe ningún compromiso en el contrato suscrito de parte del municipio de El Colegio, de entregar los locales con el terminal de transportes funcionando ni fecha acordada para entregar en funcionamiento el terminal de transportes. El señor Gobernador doctor Manuel Guillermo Infante visitó las instalaciones del terminal el año pasado y pudo constatar personalmente que la obra estaba inconclusa.

(...).

3. El arrendatario recibió el local en obra negra, inconcluso, proyectadas las instalaciones para el funcionamiento de un terminal de transportes, sin permiso de funcionamiento expedido por la junta nacional de terminales de conformidad con el Decreto 3157 de 1984.

Para la obtención de la licencia correspondiente se deben cumplir con los requisitos establecidos en el Acuerdo 2 de 1985 de la junta nacional de terminales, previa evaluación técnica operacional tanto de las instalaciones como de la ubicación, efectuada por una comisión del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito, cuya visita fue anunciada desde febrero del año en curso y no se ha llevado a feliz término.

4. A sabiendas de los hechos expuestos, es decir con pleno conocimiento de causa, suscribió el contrato de arrendamiento con el alcalde anterior, haciendo suponer que buscaban causarle perjuicio al municipio con un contrato imposible de cumplir”.

Respecto de la entrada en funcionamiento del terminal de transportes, explicó que el alcalde anterior, mediante el Decreto 37 del 9 de mayo de 1992, ordenó el traslado de las agencias de transporte al terminal, y que cuando él asumió las funciones de alcalde, los transportadores le manifestaron verbalmente su oposición a ese decreto porque atentaba contra sus intereses en la medida en que las instalaciones del terminal de transportes estaban inconclusas y no reunían los requisitos para poder funcionar.

Explicó que por lo anterior expidió el Decreto 75 de 1995 que derogó el 37 de 1992, y dijo que con él no desconoció el objeto del contrato de arrendamiento. Agregó que el alcalde anterior contrató la construcción del terminal sin la respectiva apropiación presupuestal, y que en forma apresurada suscribió varios contratos de arrendamiento sobre unos locales que no estaban funcionando ni podían funcionar hasta no tener licencia.

Dijo finalmente:

“Como en la resolución recurrida se ordena hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria y se ordena la liquidación del contrato, lo equitativo es revocar estas determinaciones; pero como se hace necesario asumir el control total de las instalaciones para adecuarlas a un verdadero terminal de transportes terrestres y adelantar los trámites de su licencia, se mantendrán las demás resoluciones del acto administrativo impugnado” (fls. 5 a 8, cdno. 3).

— El 5 de julio de 1996, se aportó al proceso el dictamen pericial que se decretó con el objeto de determinar el valor de los perjuicios, particularmente i) el rendimiento del local objeto del contrato durante el término estipulado de duración y el de la prórroga, en condiciones normales de funcionamiento, teniendo en cuenta su destinación, el valor del arrendamiento, la inversión realizada y su futura expansión, ii) el lucro cesante y iii) la utilidad total proyectada, aplicando la tasa de interés anual, actualizando los valores con el IPC. Los peritos llegaron a las siguientes conclusiones:

“5.1. Que la arrendataria doña Dora Emilia Herrera de López, canceló por lo menos los tres (3) primeros meses del canon de arrendamiento, es decir, de mayo a julio de 1992.

5.2. Que existe una inconsistencia entre la constancia expedida el 10 de mayo de 1996 por el señor Secretario de Gobierno de la Alcaldía Cívica de El Colegio sobre la negación de no haber cancelado la señora Dora Emilia Herrera de López, ningún canon de arrendamiento por el local 4 del Terminal de Transporte de El Colegio de Cundinamarca.

(...).

5.5. Que la señora Dora Emilia Herrera de López, si abrió el local 4 ubicada en la terminal de trasporte del municipio de El Colegio, desde el 27 de mayo de 1993, de acuerdo a patente de funcionamiento expedida a su nombre por la Alcaldía Especial del Municipio de El Colegio, para la explotación de juegos electrónicos y venta de chance.

5.7. Que de acuerdo a las liquidaciones correspondientes, se obtuvieron los siguientes resultados:

5.7.1. Valor correspondiente a cánones de arrendamientos $ 1.143.750

5.7.2. Valor rendimientos por arriendos $ 924.884

5.7.3. Intereses corrientes y de mora sobre arriendos $ 727.425

5.7.4. Rendimientos sobre inversión (arriendo de maquinaria electrónica) $ 910.073

5.7.5. Lucro cesante sobre ingresos por servicios $ 28.224.000

Total $ 31.930.132

Dentro del presente valor se encuentra incluido el lucro cesante por todo concepto”. (fls. 22 a 41, cdno. 3).

— Al proceso se aportó copia simple de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento correspondientes a los meses de mayo, junio y julio de 1992 y del valor de la licencia de funcionamiento del local arrendado (copia simple fls. 45 y 46, cdno. 3).

— El 30 de octubre de 1997, en cumplimiento del despacho comisorio enviado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Juez Promiscuo Municipal de El Colegio recibió la declaración de los señores Celestino Fajardo Orozco y Gabriel Rodríguez Silva.

El primero afirmó ser comerciante de profesión, dijo que conoce a la señora Dora Emilia Herrera desde hace dieciocho años y que le consta que ella tuvo en arriendo un local en el terminal de transportes de El Colegio. Sostuvo que desconoce las razones por las cuales el alcalde no puso en funcionamiento el terminal de transportes pero que, en todo caso, éste exoneró a todos los arrendatarios de los locales, del pago de los cánones de arrendamiento. Agregó que de manera sorpresiva el alcalde promovió contra los arrendatarios procesos de lanzamiento, aduciendo que habían incurrido en mora. Sostuvo que en el local de la señora Herrera de López, había unas vitrinas y aproximadamente 5 máquinas de juegos electrónicos y que ella siempre estuvo al tanto de su local (fls. 80 y 81, cdno. 3).

El señor Gabriel Rodríguez Silva, afirmó que conoce a la demandante desde hace treinta años. Sostuvo que aunque no vio el contrato que la demandante celebró con el municipio de El Colegio, tiene conocimiento de que ella arrendó un local en el terminal de transportes, pero “nunca tomó posesión de él porque el terminal no entró en funcionamiento” (fl. 83, cdno. 3).

2. El contrato celebrado.

En el caso concreto las partes celebraron un contrato de arrendamiento el 17 de mayo de 1992, que se somete a las disposiciones contenidas en el Decreto-Ley 222 de 1983.

El artículo 16 de esa normatividad, no incluyó al arrendamiento dentro de los denominados “contratos administrativos”, por lo cual ha sido considerado por la jurisprudencia como un contrato “de derecho privado de la administración (5) ”.

Esa disposición enlistó los contratos administrativos y estableció que “son contratos de derecho privado de la administración los demás, a menos que la ley especial disponga en sentido contrario, y en sus efectos estarán sujetos a las normas civiles, comerciales y laborales, según la naturaleza de los mismos, salvo en lo concerniente a la caducidad (6) (se resalta).

Adicionalmente, la Ley 19 de 1982, con base en la cual se profirió el Decreto-Ley 222 de 1983, reiteró la disposición transcrita y agregó que serían del conocimiento de la justicia contencioso administrativa los litigios surgidos de los contratos administrativos y de aquellos en los que se hubiese pactado la cláusula de caducidad (art. 4).

De las anteriores disposiciones se desprende que las partes bien podían incluir la cláusula de caducidad en los contratos de derecho privado de la administración y si ello ocurría, los litigios que se derivados de los mismos son conocidos por esta jurisdicción.

La jurisprudencia de la Sala ha reconocido la facultad de los cocontratantes de pactar la cláusula de caducidad en este tipo de contratos. Así, en sentencia del 20 de abril de 2005 consideró:

“(:..) Al contrato de arrendamiento no le eran extrañas las normas relacionadas con las cláusulas exorbitantes y en especial la facultad relacionada con el poder de la administración para declarar la caducidad del contrato (7) ”.

Posteriormente, en sentencia del 4 de diciembre de 2006, expresó:

“(...) El mismo artículo 17, parágrafo único (D. 222/83), consagró que la justicia contencioso administrativa sería competente para conocer aún de los litigios derivados de los contratos de derecho privado, siempre y cuando en ellos se hubiere pactado cláusula de caducidad.

Examinado el contrato de arrendamiento (...) aportado al expediente en fotocopia autenticada, (…) se advierte que las partes pactaron en la cláusula 11, la facultad de la administración para declarar la caducidad del contrato por cualquiera de las causales establecidas en el artículo 62 del Decreto 222 de 1983 y además, por el incumplimiento del arrendador de alguna(s) de las obligaciones pactadas en el mismo.

Así las cosas, es claro que el contrato materia de controversia es un contrato de derecho privado con cláusula de caducidad, cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, según las voces del parágrafo del artículo 17 del Decreto-Ley 222 de 1983, por lo tanto, la Sala es competente para conocer del presente asunto (8) ”.

De este modo, se concluye que en el contrato de arrendamiento celebrado las partes podían pactar válidamente la caducidad contractual, como en efecto ocurrió (9) y el convenio quedó sometido a: i) las disposiciones del Decreto 222 de 1983 en lo que respecta a los efectos del contrato, las responsabilidades y la caducidad del mismo; ii) a las normas del Código Fiscal de Cundinamarca (10) en lo relativo a su formación y a las cláusulas reguladas en él, conforme a los intereses del municipio y a las necesidades del servicio (11) y iii) a las normas del derecho privado que regulan el contrato de arrendamiento, salvo en lo que tiene que ver con la caducidad.

3. Análisis de la Sala.

Para determinar si en este caso el contratista tiene o no derecho a la indemnización de los perjuicios (12) que reclama en la apelación, cabe revisar previamente la existencia del daño alegado por el actor, consistente en la privación del derecho a explotar el bien arrendado de acuerdo con el objeto del contrato.

De las pruebas que obran en el proceso se desprende que las partes celebraron el contrato con pleno conocimiento de que el terminal de transportes no estaba en funcionamiento, circunstancia de la que se derivó la imposibilidad de usufructuar el bien. En efecto, el contrato se firmó el 17 de mayo de 1992, fecha en la que la contratista no contaba con la licencia de funcionamiento del inmueble y, adicionalmente, en la cláusula décima segunda del contrato, la demandante declaró recibir el bien en “buen estado de funcionamiento”.

Por esta razón el actor mal puede alegar que esa circunstancia le causó un daño en la medida en que él conocía de antemano las condiciones en las que se encontraba el bien y además el contrato no se condicionó a la entrada en funcionamiento de todo el terminal, razón por la cual se impone concluir que en este caso no se lesionó derecho alguno del actor, no se configuró el daño y, en consecuencia, no hay lugar a la indemnización de perjuicios (13) .

Recuérdese que la indemnización de perjuicios procede cuando se declara la responsabilidad, en este caso contractual, y ante la ausencia de la prueba del daño, la misma resulta improcedente. Por ende la Sala confirmará lo dispuesto por el tribunal en cuanto declaró el incumplimiento del contrato, declaración que, por sí sola, no genera la obligación de indemnizar perjuicios.

4. Costas.

La Sala revocará la condena en costas que el tribunal impuso al demandado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, modificatorio del artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, vigente para el presente caso por ser una norma procesal de aplicación inmediata, que condiciona su imposición a la prueba de una conducta abusiva o temeraria de la parte vencida, que no se presentó en el subjudice.

Por todo lo anterior, se confirmará la Sentencia apelada y revocará la condena en costas que impuso el a-quo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR el numeral sexto de la sentencia proferida el 25 de marzo de 1999 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual quedará así:

“Sexto. Sin condena en costas para el demandado”.

2. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia proferida el 25 de marzo de 1999 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

3. Ejecutoriada esta decisión, DEVUÉLVASE al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) La pretensión mayor se formuló por concepto de lucro cesante por el monto de $ 28.800.000 que para la fecha de presentación de la demanda, 22 de junio de 1995, supera ampliamente la cuantía exigida por la ley para que el proceso sea de doble instancia, esto es, $ 9.610.000.

(3) Al ser el actor apelante único, en virtud del principio de la no reformatio in pejus, el a-quem no puede hacer más gravosa su situación. Así lo ha expresado la Sala, entre otras, en sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 14464.

(4) El a-quo acertó en declarar la nulidad del acto que decretó la caducidad del contrato, en consideración a que el objeto del mismo no fue solo dar en tenencia el inmueble al arrendatario, sino permitirle realizar la finalidad de la misma, cual fue la destinación: juegos electrónicos. El municipio demandado imposibilitó el desarrollo del objeto contractual e incumplió con sus obligaciones, en la media en que impidió al arrendatario realizar la finalidad de la tenencia del inmueble y, al no haber dado apertura al terminal de transportes, truncó el exacto cumplimiento del contrato por parte del contratista. Como quiera que éste último no estaba en posibilidad de ejecutar su derecho de tenedor con la finalidad aludida, la caducidad no podía declararse.

(5) En este sentido se pronunció la Sección Tercera en Sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente 15239, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez. Así mismo las sentencias del 20 de abril de 2005, expediente 22513, Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra y del 6 de julio del 2005, expediente 12249, Consejero Ponente: Alier Eduardo Hernández que a su vez reiteró los pronunciamientos del 15 de febrero de 1999, expediente 11194, del 26 de septiembre de 2002, expediente 12425 y del 29 de noviembre de 2004, expediente 20190.

(6) No obstante, el contrato de arrendamiento materia de estudio, es de aquéllos a los cuales les son aplicables las normas contenidas en el Decreto 222 de 1993 porque además de estar consagrado en el artículo 80, “De los distintos contratos”, los artículos 156 a 162, regularon algunos de sus aspectos y, particularmente en este contrato se pactó la cláusula de caducidad.

(7) Sentencia del 20 de abril de 2005, ya citada.

(8) Sentencia del 4 de diciembre del 2006, expediente 15.239, Consejero Ponente, Mauricio Fajardo Gómez.

(9) “Décima. El arrendador podrá declarar la caducidad del presente contrato si el arrendatario incurriere en algunas de las causales previstas en el artículo 62 del Decreto 222 de 1983 y 601 del Código Fiscal de Cundinamarca. Como efectos propios de la declaratoria de caducidad será la terminación y liquidación anticipada del contrato”.

(10) En la cláusula décima primera del contrato, las partes establecieron que a éste se le aplicarían “los principios de terminación, modificación e interpretación contenidos en el Decreto 222 de 1983 y el Código Fiscal de Cundinamarca” (se resalta).

(11) El artículo 5º de la Ley 19 de 1982, con fundamento en la cual se expidió el Decreto-Ley 222 de 1983, dispuso:

“ART. 5º—En desarrollo de la autonomía de los departamentos y municipios sus normas fiscales podrán disponer sobre formación y adjudicación de los contratos que celebren y cláusulas de los mismos conforme a sus intereses y a las necesidades del servicio; pero las normas sobre tipos de contratos, clasificación, efectos, responsabilidad y terminación están reservadas a la ley; así como las de inhabilidades e incompatibilidades”.

(12) El actor solicitó el pago de “la utilidad y el lucro cesante acumulados que se establezcan dentro del proceso en relación al local objeto del contrato, durante un término de setenta y dos (72) meses contados a partir del 17 de mayo de 1992, sumas de dinero que se actualizarán con los IPC correspondientes e intereses legales”.

(13) En todo caso, no sobra advertir que el demandante no acreditó, como era su deber, la existencia ni el valor de los perjuicios cuyo resarcimiento pretende. En efecto, se limitó a aportar copia simple de 3 recibos de pago de los cánones de arrendamiento correspondientes a los meses de mayo, junio y julio de 1992, y de un recibo de pago de la licencia de funcionamiento del inmueble arrendado. Esos documentos carecen de valor probatorio, de acuerdo con lo establecido en los artículos 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

En lo que tiene que ver con el dictamen pericial que se decretó a solicitud del demandante, con el objeto de probar los perjuicios y su monto, se advierte que el mismo no ofrece suficientes elementos de convicción, en la medida en que se limita a efectuar cálculos hipotéticos que se alejan de la certeza que debe tener el perjuicio para que pueda ser indemnizado. Adicionalmente, resulta contradictoria la afirmación de los peritos en el sentido de que el demandante tiene derecho a que se le pague el valor de los cánones correspondientes a los tres años que duró el contrato, porque como bien lo afirmó el a-quo, el pago de los cánones es, precisamente la obligación a cargo del arrendatario.

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