Sentencia 16728 de septiembre 13 de 2000 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote

Aprobado Acta Nº 158

Bogotá, D.C., trece de septiembre de dos mil.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Devolución del expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores.

El auto recurrido no será revocado en lo que tiene que ver con la negativa a devolver el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores para que se complemente la documentación en que se sustenta el pedido de extradición como lo pretende la defensa, no solo porque la petición que hace en torno a este punto específico así no lo indica, pues a la postre lo que pretende es que se decreten las pruebas en tal sentido, sino porque permanecen vigentes los criterios expuestos en torno a que dicha pretensión apunta a un cuestionamiento sobre “determinación de la responsabilidad penal que pueda atribuírsele a la persona solicitada” en el país extranjero en la medida en que la defensa justificó dicho proceder partiendo de la base de que con los “escasos documentos probatorios” no es posible confirmar si los delitos se cometieron en el país requirente y que posteriormente su autor se haya refugiado en el territorio del país requerido, tema que, precisamente, no le corresponde verificar a la corte porque ello implicaría entrar a hacer valoraciones que por su naturaleza son de competencia de las autoridades del país solicitante, menos, cuando, sobre éstos aparecen en la documentación aportada tanto en las notas verbales de solicitud de captura y de formalización del pedido de extradición, sino en las decisiones judiciales, que como soporte de ello se anexan, las cuales, son intangibles, y esta corporación únicamente debe ocuparse por constatar su validez formal, pero no hacer apreciaciones de tenor diverso por cuanto, como lo ha sostenido la Sala y últimamente la Corte Constitucional, el trámite de extradición no es un proceso como tal y por ello “el acto mismo de la extradición no decide, ni en el concepto previo, ni en su concesión posterior sobre la existencia del delito, ni sobre la autoría, ni sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió el hecho, ni sobre la culpabilidad del imputado, ni sobre las causales de agravación o diminuentes punitivas, no sobre la dosimetría de la pena, todo lo cual indica que no se ejerce función jurisdicente... Entrar en una controversia de orden jurídico como si se tratara de un acto jurisdiccional, implicaría el desconocimiento de la soberanía del Estado requirente, como quiera que es en ese país y no en el requerido en donde se deben debatir y controvertir las pruebas que obren en el proceso correspondiente, de conformidad con las disposiciones sobre derecho internacional humanitario y con las normas penales internas del Estado extranjero”. (Destaca la Sala -1106/2.000, Corte Constitucional)».

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