Sentencia 16730 de agosto 20 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 25000232700020050174201

Expediente: 16730

Consejero Ponente:

Dr. William Giraldo Giraldo

Actor: Dow Agrociences de Colombia S.A.

Excepciones cobro administrativo

Fallo

Bogotá, D.C., veinte de agosto de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Antecedentes

Mediante la Liquidación Oficial de Revisión 00129 del 27 de octubre de 1994, la Administración Especial de Impuestos de los Grandes Contribuyentes de Bogotá modificó la declaración de renta presentada por la sociedad demandante, correspondiente al año gravable 1990.

En contra de dicho acto administrativo la demandante interpuso el recurso de reconsideración, el cual fue resuelto por la división jurídica mediante la Resolución 000225 del 27 de octubre de 1995.

Por medio de sentencia del 26 de noviembre de 1998, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los citados actos administrativos, acogiendo parcialmente las súplicas de la demanda. Dicha decisión fue apelada, y por medio de sentencia del 15 de octubre de 1999 el Consejo de Estado revocó el numeral 2º de esa providencia fijando la suma de $ 1.319.445.000 por concepto del impuesto de renta por el año 1990. En contra de la anterior providencia la parte demandante interpuso el recurso extraordinario de súplica, el cual se encuentra pendiente de fallo.

Mediante Oficio 031-001-0595 del 8 de julio de 2005 la administración resolvió no acceder a la solicitud de declarar la prescripción de la acción de cobro presentada por la demandante. En la misma fecha expidió el mandamiento de pago 302-0595 por al citado año gravable.

El 28 de julio de 2005 la actora radicó un memorial proponiendo en contra del mandamiento de pago, la excepción de prescripción de la acción de cobro, excepción que fue resuelta mediante Resolución 312-007 del 26 de agosto de 2005, declarándola no probada.

En contra de la anterior decisión la demandante interpuso el recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante la Resolución 311-006 del 28 de septiembre de 2005, confirmando la decisión impugnada.

(...).

Consideraciones

Se decide en esta instancia sobre la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Administración Especial de Impuestos de Grandes Contribuyentes de Bogotá D.C., negó la prosperidad de las excepciones propuestas por el demandante dentro del proceso administrativo de cobro coactivo adelantado por impuestos y sanciones correspondientes al año gravable 1990.

Según el apelante la acción de cobro del impuesto de renta correspondiente al año gravable 1990 está prescrita conforme al artículo 817 del estatuto tributario.

Observa la Sala que a folio 43 del cuaderno principal figura copia de la Resolución 312-007 del 26 de agosto de 2005, proferida por la división de recaudación - grupo interno de trabajo de cobranzas, por medio de la cual se resuelven las excepciones propuestas en contra del mandamiento de pago 302-0015 del 8 de julio de 2005, en cuya parte motiva se señala:

El título ejecutivo base del proceso administrativo de cobro coactivo lo constituye la sentencia judicial proferida por el honorable Consejo de Estado del día nueve (9) de noviembre de 1999, que determinó el valor de la obligación a cargo de la sociedad ejecutada y se encuentra ejecutoriada, y como tal la prescripción de la acción de cobro se establece como lo regula al artículo 2536 del Código Civil antes de la reforma del artículo 8º de la Ley 791 de 2002, que establecía que ‘la acción ejecutiva se prescribe por diez años’, en razón a que las disposiciones legales relacionadas con la prescripción contenidas en el estatuto tributario no contempla las sentencias judiciales, y solo se refiere a títulos ejecutivos consistentes en declaraciones privadas y actos administrativos de determinación o discusión en la vía gubernativa.

“Para el caso que nos ocupa, la sentencia que originó el proceso de cobro, quedó ejecutoriada antes de la vigencia de la ley que modificó el término de prescripción, por lo tanto, los términos que comenzaron a correr se continuarán rigiendo por la ley vigente al momento de su iniciación, en aplicación a lo dispuesto por la Ley 153 de 1887, quiere ello decir, que el término de prescripción en relación con la sentencia constitutiva del título ejecutivo empezó a correr el 10 de noviembre de 1999 es decir, los diez años terminarían el 10 de noviembre de 2009.

“(...).

“Ahora bien, el mandamiento de pago mediante el cual se ordenó el pago de la obligación a favor del Estado y a cargo del ejecutado, por concepto de impuesto de renta año gravable 1990, fue notificado personalmente al representante legal de la citada sociedad, el día 14 de julio de 2005, es decir dentro del término legal para adelantar el cobro de la obligación contenida en el mencionado título ejecutivo representado en la sentencia a que nos hemos venido refiriendo” (resalta la Sala).

Conforme al artículo 817 del estatuto tributario “La acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha en que se hicieron legalmente exigibles. Los mayores valores u obligaciones determinados en actos administrativos, en el mismo término, contado a partir de la fecha de su ejecutoria” (resaltado de la Sala). Y el artículo 829, numeral 4º, del mismo estatuto señala que los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo se entienden ejecutoriados “Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva” (resaltado de la Sala).

Esta norma contiene una regla específica sobre la fuerza ejecutoria de los mencionados actos, diferente a la regla general plasmada en el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo, que consagra los eventos en que el acto administrativo queda en firme, es decir, adquiere fuerza ejecutoria, la que no se pierde, tal como se desprende del artículo 66 ibídem, por el hecho de ser demandado.

De conformidad con el artículo 829-4 del estatuto tributario, la acción de nulidad y restablecimiento del acto administrativo que sirve de fundamento al cobro coactivo impide que ese acto tenga fuerza ejecutoria, la que solo surge cuando se decida la respectiva demanda que no de prosperidad a la pretensión de anulación de ese acto.

De allí que, en armonía con este precepto, el artículo 831, numeral 5º, del estatuto tributario, consagre como una de las excepciones contra el mandamiento de pago la interposición de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

Cuando se demanda en acción de nulidad y restablecimiento del derecho los actos administrativos de determinación oficial de un impuesto, y la administración ha iniciado el proceso de cobro de ese tributo con base en tal título ejecutivo, la excepción que se debe proponer es la prevista en el numeral 5º del artículo 831 citado: “interposición de demanda de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos ante la jurisdicción de lo contencioso - administrativo” o la de “falta de ejecutoria del título” (num. 3º, ib.), pues no debe olvidarse que los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo se entienden ejecutoriados, “cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva, según el caso” (E.T., art. 829), y solo es posible iniciar el proceso de cobro cuando los actos administrativos tienen carácter ejecutivo y ejecutorio, como se vio anteriormente.

Así las cosas, si la legalidad de las resoluciones que conforman el título ejecutivo puede ser controvertida a través de los medios de control que establece el Código Contencioso Administrativo, (acción de nulidad y restablecimiento del derecho), es claro que en el proceso ejecutivo pueda proponerse la mencionada excepción y, por ello, la circunstancia de haberse dictado sentencia declarando la nulidad de tales actos administrativos, resulta obligatorio tenerla en cuenta para resolver sobre la procedencia de seguir adelantando el proceso de cobro o para decretar su cesación.

Cuando el acto administrativo que contiene la obligación que sirvió de base para el proceso de cobro ha sido anulado por la jurisdicción, su legalidad ha quedado desvirtuada y esa obligación ha desaparecido del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el proceso de cobro ya no tiene finalidad y los actos administrativos dictados con el propósito de hacer efectiva la obligación deben ser igualmente declarados nulos, dado los efectos que un proceso tiene en el otro (1) .

En caso contrario, si la sentencia definitiva modifica la determinación oficial del tributo, es con base en esta determinación que se debe proferir el mandamiento de pago, pero teniendo en cuenta que el título ejecutivo no lo constituye dicha sentencia sino el acto administrativo de determinación, cuya ejecutividad fue suspendida por el trámite contencioso administrativo.

En el caso concreto la división de liquidación de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales Grandes Contribuyentes de Bogotá D.C. profirió la Liquidación de Revisión 00129 del 27 de septiembre de 1994 por medio de la cual modificó la liquidación privada presentada por la sociedad actora por el año gravable 1990, determinado un total saldo a pagar de $ 2.337.031.000.

En contra de la anterior resolución la demandante interpuso el recurso de reconsideración, el cual fue resuelto por la división jurídica de la misma administración a través de la Resolución 000225 del 27 de octubre de 1995, confirmando en todas sus partes el acto liquidatorio.

En contra de los citados actos administrativos la sociedad presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, que culminó con la sentencia del 15 de octubre de 1999, proferida por el Consejo de Estado, Expediente 9387 consejero ponente Delio Gómez Leyva, que, de conformidad con el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo, tiene la virtud de reemplazar la liquidación que hizo la administración. En otras palabras, de esa sentencia se desprende un nuevo acto administrativo de liquidación.

Comoquiera que la obligación fiscal que se pretende cobrar se determinó mediante acto administrativo, la prescripción de la acción de cobro resulta sometida a los citados artículos 817 y 829, es decir, que el término de 5 años debe contarse a partir de la ejecutoria del mencionado acto, el 9 de noviembre de 1999 (2) , que es la misma fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, atendiendo al numeral 4º del artículo 829 (3) .

El señalado término se interrumpe, entre otros eventos, por la notificación del mandamiento de pago, al tenor del artículo 818 del estatuto tributario, modificado por el artículo 81 de la Ley 6ª de 1992, pudiéndose observar que a la actora le fue notificado el mandamiento de pago el 14 de julio de 2005, o sea, cuando la acción de cobro se encontraba prescrita.

De lo anterior se colige que lo concerniente a la ejecutoria del acto administrativo que sirve de fundamento al cobro en cuestión, a la acción respectiva y a la prescripción de ésta, se encuentra regido por las disposiciones pertinentes del estatuto tributario y no del Código Civil, por tratarse de un procedimiento específico para el cobro de deudas fiscales (4) .

En consecuencia prospera la excepción de prescripción de la acción de cobro propuesta por la parte demandante.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia recurrida. En su lugar, se dispone

2. ANÚLASE la Resolución 312-007 del 26 de agosto de 2005, por medio de la cual la Administración Especial de Impuestos de los Grandes Contribuyentes de Bogotá resuelve declarar no probada la excepción de prescripción interpuesta por la demandante contra el mandamiento de pago, así como la Resolución 311-006 del 28 de septiembre de 1998, confirmatoria de la anterior.

3. A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE probada la excepción de “prescripción de la acción de cobro”.

4. Así mismo, y con base en lo prescrito en el artículo 833 del estatuto tributario, DECLÁRASE terminado el procedimiento administrativo coactivo iniciado por la parte demandada, a través de su división de cobranzas, por medio del mandamiento de pago 302-0015 del 8 de julio de 2005, y ORDÉNASE el levantamiento de medidas preventivas, si se hubieren decretado.

5. Reconócese personería al doctor Enrique Guerrero Ramírez, como apoderado de la parte demandada en los términos del poder que debidamente conferido obra a folio 187.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha».

(1) En similar sentido se pronunció la Sala en sentencia de fecha 30 de abril de 1993, dictada dentro del Expediente 4650, C.P. Guillermo Chahín Lizcano.

(2) Conforme se señala en la contestación a la demanda: “la sentencia recurrida fue notificada mediante edicto fijado el 2 de noviembre de 1999 y desfijado el 4 de noviembre de 1999, quedando debidamente ejecutoriado el 9 de noviembre de 1999” (fl. 60, exp.).

(3) Según el artículo 829 del estatuto tributario: Se entienden ejecutoriados los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo: ... 4. Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva, según el caso.

(4) Se reitera el criterio expuesto en sentencia del 12 de octubre de 2006, Expediente 14438, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

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