Sentencia 16732 de noviembre 29 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 70001-23-31-000-1996-06099-01 (16.732)

Consejero Ponente:

Dr. Fredy Ibarra Martínez

Actor: Guillermo León Montero Carpio y otros

Demandados: Nación (Fiscalía General) y DAS

Ref.: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintinueve de noviembre de dos mil seis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Cumplidos los trámites de la instancia, sin que exista causal de nulidad respecto de lo actuado, se procede a resolver el asunto sometido a consideración de la Sala, para lo cual se examinarán los siguientes aspectos: 1) El objeto de la controversia; 2) las excepciones; 3) las imputaciones y su análisis y, 4) costas.

1. El objeto de la controversia.

Se contrae a determinar, en primer lugar, si en el caso el Departamento Administrativo de Seguridad tiene legitimación para ser demandado y si la Fiscalía General de la Nación estuvo o no debidamente representada y, en segundo lugar, dependiendo de lo anterior, establecer si a los demandantes se les causó daño antijurídico con la sindicación y con la privación de la libertad de Guillermo León Montero Carpio y José Ángel Bohórquez Jiménez, decretada dentro del proceso penal 3.526 adelantado en contra de ellos por la Fiscalía Regional de Barranquilla y, si ese daño le es imputable a las entidades demandadas conjuntamente o a alguna de ellas individualmente.

2. Las excepciones.

2.1. Falta de legitimación por pasiva del DAS.

Se basó esta excepción en que las imputaciones están fundadas en las decisiones tomadas por la Fiscalía General de la Nación, en las que nada tuvo que ver el DAS (fl. 169, cdno. 1). Respecto de ella, el tribunal consideró que las dos únicas actuaciones de ese organismo fueron rendir el informe de inteligencia y hacer efectiva la orden de captura impartida por la fiscalía contra Guillermo León Montero Carpio y José Ángel Bohórquez Jiménez, hechas en ejercicio de las funciones contenidas en el artículo 6º del Decreto 2110 de 1992 y, en consecuencia, a juicio del tribunal, esa actuación no compromete la responsabilidad del DAS, por lo cual debía prosperar la excepción.

Al respecto, se precisa que la legitimación en la causa ha sido estudiada en la jurisprudencia y la doctrina desde dos puntos de vista: de hecho y material (1) . Por la de hecho se entiende la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretención procesal; es decir es una relación jurídica nacida de una conducta imputada en la demanda y de la notificación de esta al demandado; así, quien cita a otro y le atribuye está legitimado de hecho y por activa y, a quien cita y le atribuye está legitimado de hecho y por pasiva. En cambio, la legitimación material en la causa alude a la partición real de las personas en el hecho origen de la demanda, independientemente de que haya demandado o no, o de que haya sido demandado o no.

En el presente caso, las imputaciones jurídicas realizadas con la demanda contra el DAS, se refieren a una supuesta persecución en contra de los demandantes, acoso materializado en el informe de inteligencia rendido en marzo de 1993, en el que se involucró a Montero Carpio y a Bohórquez Jiménez como miembros de un grupo revolucionario, imputación frente a la cual no cabe duda que el DAS está legitimado materialmente, porque, precisamente fue ese el organismo que realizó el informe de inteligencia, sin que el hecho de que esa actuación se hubiere hecho conforme a la ley, permita dar por probada la excepción, por cuanto es un análisis de fondo sobre esa acusación.

Por lo tanto, se revocará la sentencia en cuanto declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del DAS y, en consecuencia, se estudiará la imputación que se hizo en contra de esa entidad.

2.2. Indebida representación de la Nación – Fiscalía General de la Nación.

La demanda se dirigió contra la Nación por hechos tanto del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) como de la Fiscalía General de la Nación, se admitió el 23 de enero de 1997, auto en el que se dispuso la notificación al director del DAS, al Fiscal General de la Nación y al Procurador Judicial (fl.141 cdno. 1).

El a quo, para dar por probada la excepción, estimó que las funciones de representación de la entidad que los artículos 1º y 22 del Decreto 2699 de 1991 le otorgan al Fiscal General de la Nación, se restringen a los asuntos de gestión administrativa contractual, en tanto que la representación judicial le correspondía al Ministro de Justicia y que hoy en día, la tiene el director ejecutivo de administración judicial.

Contrario a lo que analizó y concluyó el tribunal, se tiene, que desde la expedición de decretos-leyes dictados en 1991, con base en la Constitución Política de ese año se determinó que la fiscalía estaría representada ante las distintas autoridades del poder público y, en todos los procesos adelantados contra ese organismo, por el Fiscal General de la Nación.

En efecto, sobre el punto es relevante observar lo siguiente:

a) La constitución de 1991 prescribe en el artículo 249: “La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal” y estableció, en los artículos 5º y 27 transitorios, que entraría a funcionar cuando se expidieran los decretos extraordinarios que organizarán dicha entidad.

b) El Gobierno Nacional, a través del Decreto Ley 2699 de 30 de noviembre de 1991, expidió el estatuto orgánico de la Fiscalía General de la Nación, lo que evidencia que esta cuenta con capacidad adjetiva, sustantiva y procesal para desempeñarse, de conformidad con las siguientes normas contenidas en aquel:

“ART. 1º—La Fiscalía General de la Nación, forma parte de la rama judicial y tiene autonomía administrativa y presupuestal. Está integrada por el Fiscal General de la Nación quien la dirigirá, los fiscales delegados, funcionarios y empleados de la fiscalía.

“ART. 22.—El Fiscal General de la Nación tendrá la representación de la entidad frente a la autoridades del poder público así como frente a los particulares y cumplirá las siguientes funciones: (...)

“ART. 27.—La oficina jurídica tendrá las siguientes funciones:

“1. Representar a la fiscalía mediante el poder conferido por el fiscal general en los procesos en que esta sea demandada”.

“ART. 187.—La Fiscalía General de la Nación se subroga en todos los derechos y obligaciones que tengan las entidades que se incorporan a ella” (resalta la Sala).

c) Para la fecha de admisión de la demanda, 23 de enero de 1997, es claro entonces que, para esa fecha, el fiscal general tenía la representación de la Nación en los procesos en los cuales fuese demandada la Nación por actuaciones de la fiscalía (2) .

En consecuencia, no podía exigirse que el funcionario a notificar para que representara a la Nación fuese única y solamente el director ejecutivo de la administración judicial, por cuanto la fiscalía también representaba a la Nación en los procesos iniciados por imputaciones contra esa entidad, como sucedió en el caso, en el que la demanda se dirigió expresamente contra la Nación - Fiscalía General de la Nación, entidad esta que fue notificada a través del director seccional administrativo y financiero de Sucre (fl. 158, cdno.1), funcionario que siempre asumió la representación de esa institución sin alegar ningún tipo de situación sobre ello, razón de más para concluir que esa demandada estuvo bien representada en el juicio.

El criterio expuesto ha sido adoptado por la Sala en otras oportunidades, en las que se definió con toda claridad que a la Fiscalía General de la Nación, como institución creada por la Constitución Política de 1991 y reglamentada a través del Decreto 2699 de ese mismo año, se le dio autonomía administrativa y financiera, concediéndole al Fiscal General de la Nación la función de representarla ante las demás autoridades del poder público y judicialmente en los que sea convocada (3) .

3. Las imputaciones y su análisis.

Al concluir esta Sala que las excepciones acogidas por el a quo no pueden prosperar, se procede a examinar a cada una de los reproches formulados por los demandantes.

Aunque la demanda no es un ejemplo de claridad y de técnica, de la interpretación de la misma se tiene que la parte actora enfoca la responsabilidad desde dos puntos de vista, a saber: a) Uno, atinente a la falla del servicio del Estado por supuestas persecuciones políticas y, por lo que se denomina: “montaje puesto en escena” (fl. 26, cdno. 1), materializado en el informe de inteligencia que atribuyen al DAS y a la Fiscalía General de la Nación con el único propósito de enlodar los nombres de Guillermo León Montero Carpio y José Ángel Bohórquez Jiménez y, b) otro, atinente a la privación injusta de que resultaron víctimas los dos sindicatos, evidenciada con la revocatoria de la medida de aseguramiento que se había dictado en su contra y luego con la preclusión de la investigación a su favor lo que a juicio de los actores concreta la existencia de responsabilidad patrimonial en los términos de los artículos 90 de la Constitución Política y 414 del Código de Procedimiento Penal de ese entonces.

3.1. Falla por persecuciones y por informe de inteligencia.

En la demanda se esbozó un discurso orientado a concluir que Guillermo León Montero Carpio y José Ángel Bohórquez Jiménez fueron víctimas de persecución, de atentados y de agresión sistemática por “sectores estatales y paramilitares”, “terratenientes” y “ganaderos”, para lo cual se expresa textualmente lo siguiente:

“Solo para efectos prácticos, en orden a precisar responsabilidades y sin que implique la repetición del capítulo de hechos, conviene destacar al menos dos fases claramente diferenciadas, distintas en el tiempo pero con una conexión ideológica y política que permite afirmar que no se trata de hechos aislados sino por el contrario de diversas actuaciones dolosas de funcionarios estatales dirigidas a producir un daño concreto en la persona de las víctimas, sus familiares y la organización a la que pertenecen.

“La primera fase, coincide con el desarrollo del modelo paramilitar en la región. Se trata de la expansión de un modelo militar y económico que pretende desplazar a sectores organizados para controlar y apropiarse de grandes extensiones de tierra y de paso confrontar y expulsar a las organizaciones guerrilleras que operan en la zona, forma económica además para resolver los conflictos de la región.

“Obviamente el objetivo del modelo apuntaba directamente contra la organización campesina, única capaz de ofrecer resistencia a la presión con pretensiones hegemónicas del proyecto paramilitar. No hay que olvidar que para amplios sectores del Estado y particularmente para la fuerza pública y los organismos de seguridad el sector campesino constituye el soporte logístico y político de la insurgencia.

“Señalamientos, advertencias para abandonar el trabajo social y político (conviene recordar que ya se había creado el Bloque Político de Masas con aspiraciones al Senado de la República) hostigamientos y finalmente concreción de atentados contra la vida. En esta etapa aparece claramente comprometido el Batallón de Infantería de Marina Nº 5 de Corozal (Bafim) en el atentado fallido de que fue víctima en septiembre de 1990 Guillermo Montero mientras se encontraba en la sede de la Casa Campesina en Sincelejo.

“Ya en 1991 se concreta el atentado que casi acaba con la vida del dirigente. Es la respuesta a sus denuncias públicas contra importantes terratenientes y miembros de la fuerza pública, de seguridad del Estado” (fl.25, cdno.1).

Esas acusaciones genéricas no tienen ningún fundamento probatorio que permita imputar a la Nación, representada en este juicio por las entidades demandadas, DAS y Fiscalía General de la Nación, la realización de las conductas descritas en la demanda.

Algunos testigos, como Moisés David Amed Assia, Elio Julio Vergara Sierra, Rosa Margoth Torres Rodríguez y Ana del Carmen Tarrá Quiroz (fls.45 a 60 y 128, cdno. 4), comentan de los atentados y persecuciones hechas contra Guillermo León Montero Carpio, pero no precisan el autor o autores de ellos, sino que lo hacen en forma genérica. Uno de ellos, Amed Assia, tímidamente dice que parte de esos hechos eran montaje del DAS, pero refiere que ese conocimiento lo tuvo por comentario que le hizo la propia víctima, Guillermo León Montero Carpio y, otro de los declarantes, Ana del Carmen Tarrá, expresó: “yo no puedo decir con seguridad pero presumo que fue el gobierno” (fl. 129 cdno. 4), lo cual no prueba nada.

Además, esas conductas no tienen ninguna relación con la pretendida privación injusta que sirvió de fundamento para demandar, sino que, simplemente se asumen como explicaciones sobre un supuesto propósito estatal de neutralizar de cualquier forma a Guillermo León Montero y a José Ángel Bohórquez, lo que se quedó en la mera especulación.

Otras acusaciones se enfocan hacia instituciones que no fueron expresamente demandadas, como la Armada Nacional y frente a las cuales nada podría considerarse.

En la demanda se explica la “segunda fase” de ese supuesto plan, de la siguiente manera:

“La segunda fase del proceso de persecución política se desarrolla desde comienzos de 1993. Ante la imposibilidad de concretar un atentado físico aparece la posibilidad de instrumentalización de la justicia secreta para neutralizar políticamente a los dirigentes y golpear de paso la organización social. Las estrechas relaciones entre los organismos de inteligencia de la fuerza pública, el DAS seccional Sucre y la Fiscalía Regional permiten diseñar el montaje puesto en escena” (fl. 26, cdno.1).

Esta alegada connivencia entre el DAS y la fiscalía para que el primero preparara un informe de inteligencia y con base en él la segunda iniciara la investigación penal, resulta ser otra afirmación sin elementos objetivos serios y válidos que indiquen esa conducta especialmente desproporcionada de los cánones legales, sobre los cuales cada una de esas entidades debe moverse.

Lo único cierto es que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) rindió un informe de inteligencia, consolidado en un documento de 17 de marzo de 1993, en el que resumen las informaciones obtenidas sobre los llamados “Comandos revolucionarios populares”. Dicho informe está sustentado en otros instrumentos anteriores, como transcripciones de conversaciones contenidas en documentos de 30 de junio y de 3 de julio de 1992, en las que se aludió a esa organización (fls. 13 a 35, cdno.2), a informe de inteligencia de 10 de febrero de 1993 (fl. 8, cdno. 2), propaganda y grafitis alusivos al movimiento y copia del periódico y órgano de expresión de los denominados CRP (fls. 63 a 67, cdno.2).

Esa actuación no puede catalogarse, así no más, como un “montaje” para poner en escena, porque tuvo origen en pesquisas que, por su contenido, no podían desecharse a priori y respecto de las cuales tampoco podía ahondarse más, porque para eso están instituidos los organismos judiciales, a los que precisamente se les compartió esas informaciones.

Sobre los informes de inteligencia, la Corte Constitucional (4) ha considerado que esa labor realizada por los cuerpos competentes debe estar encaminada a perseguir y poner a disposición de los jueces a los presuntos delincuentes y, que toda información relativa a personas no sancionadas judicialmente debe adoptar formas lingüísticas condicionales o dubitativas, que denoten la falta de seguridad sobre la culpabilidad, pero ello no impide que esos organismos de inteligencia realicen sus propias investigaciones, aunque sin vulnerar los derechos fundamentales, tales como la intimidad, el buen nombre y la honra de las personas; para tal efecto las investigaciones deben adelantarse bajo los estrictos lineamientos impuestos por el principio de la reserva.

En el asunto objeto de examen, en el informe realizado por el DAS y puesto en conocimiento de la fiscalía, se definieron algunas características del movimiento que se decía estaba en surgimiento y de las personas que al parecer lo integraban, como se observa de los siguientes apartes de dicho documento:

“Está integrado principalmente por campesinos y disidentes del EPL, PRT y M-19 todos de un nivel cultural bajo y vínculo estrecho con el sector agrario.

“Su estructura ideológico-política se basa en la restauración o reivindicación de la validez de la lucha armada pero ajustada a las condiciones políticas actuales... se sustentan en problemas de tenencia de tierras para afianzar su estructura ideológica y ponerlos posiblemente como punto de partida, pero en términos generales sus fundamentos ideológicos son aún débiles.

“Históricamente se conoce que en esta sección del país surgió un movimiento político-campesino denominado Bloque político de masa, BPM, orientado por Guillermo Montero Carpio... y quien se postuló como candidato al Senado por ese movimiento en los comicios del 27 de octubre –91.

“También se desempeña como fiscal de la directiva nacional de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Anuc - línea Sincelejo.

“Posteriormente a estos comicios durante los cuales no obtuvo ninguna participación, el movimiento sufre un rompimiento estructural fundamentado en que Montero Carpio propició el ingreso de sectores inconformes indiscriminadamente pero con especial atención al sector campesino, mientras que otros dirigentes opinaban que no se le debía dar cabida sino a la clase campesina. Este rompimiento fue radical por lo que Montero Carpio decide crear el denominado Bloque político democrático, BPD, mientras en el otro sector se siguieron denominando Bloque político de masa, el cual ha visto reducido notoriamente su ascendencia política. De acuerdo con informes de inteligencia propios y de otras agencias y a interrogatorios hechos a algunos miembros de esta organización que han sido capturados por el Batallón de Fusileros de Infantería de Marina Nº 5 con sede en Corozal, se ha establecido que los CRP son el brazo armado del BPM.

(...).

“En general carecen de suficiente material y apoyo logístico, de mentalidad de guerra, adolecen de insubordinación, indisciplina, alcoholismo y falta de seriedad en sus reuniones y desplazamientos. Permanecen entre 5 y 8 días en casas de campesinos especialmente parcelas adjudicadas por el Incora e invasiones y se esfuerzan por mantener su accionar político promoviendo invasiones y ocupaciones de predios.

“Se presume que mencionan comisiones en Medellín, Barranquilla y la Guajira...” (fls. 5 y 6, cdno. 2).

Como todo informe rendido por esos organismos, el emitido por el DAS tenía presunción de veracidad y de su texto no se colige que haya sido un “montaje”, como quiera que no puede afirmarse que su contenido sea falso. La información contenida en ese documento era para ser valorada por un funcionario judicial; en él no se afirmó categóricamente nada, solo se dieron algunas pautas sobre la existencia de un nuevo grupo insurgente; en él se menciona Guillermo León Montero Carpio como una persona líder del campesinado que, inclusive se había candidatizado para ser elegido como senador de la República, se le menciona como el fundador del Bloque político democrático, el cual se segregó del Bloque político de masas, del que se dice en el informe, tiene como brazo armado a los llamados Comandos revolucionarios populares. Igualmente en ese informe se señala que esos comandos no tienen una ideología definida, no cuentan con material, no tienen mentalidad de guerra, es decir, para ese momento no representaban un peligro contra el orden institucional.

Antes que un montaje, el informe constituía una herramienta para que el funcionario judicial competente investigara más a fondo los datos contenidos en el mismo, razón por la que, también la supuesta connivencia entre el DAS y la fiscalía es carente de la más mínima prueba y, tamaña afirmación, se queda solamente en el plano de la especulación a la que frecuentemente recurrió la parte demandante en sus escritos.

3.2. Falla del servicio en la administración de justicia.

Antes de la expedición de la Ley 270 de 7 de marzo de 1996, la responsabilidad del Estado por la prestación del servicio de administración de justicia fue abordado por la jurisprudencia desde tres puntos de vista: por error judicial, por privación injusta de la libertad y, por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, eventos que luego fueron admitidos y desarrollados expresamente por los artículos 65 a 68 de la citada ley estatutaria de la administración de justicia, como causa generadora de responsabilidad por la prestación del servicio de administración de justicia.

3.2.1. Responsabilidad patrimonial por privación injusta de la libertad.

En el caso es pertinente hacer referencia a la responsabilidad por privación injusta de la libertad, consagrada para ese entonces en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, vigente desde el 1º de julio de 1992 (art. 1º trans.) hasta el 23 de julio de 2001 (5) , teniendo en cuenta que se demandó por la detención materializada entre el 29 de enero de 1994 (fl. 97, cdno. 2) y el 7 de abril de ese mismo año (fl.169, cdno.2).

El texto del artículo en cita era el siguiente:

“ART. 414.—Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicato no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

En los casos en que se imputa responsabilidad por la privación injusta de la libertad en cualquiera de los eventos que consagraba el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, en relación con la aplicación de dicha norma, la jurisprudencia de la corporación ha adoptado varias directrices con el objeto de analizar la posibilidad de deducir responsabilidad de la administración (6) :

1. Inicialmente, no obstante que la citada disposición legal se enmarcó en la noción de daño antijurídico prevista en el artículo 90 de la Constitución Política, con carácter restrictivo se dijo que en tales eventos la responsabilidad estatal se veía comprometida por razón de una actuación ilegal del Estado, como por ejemplo, la detención de una persona como consecuencia de una captura con desconocimiento de las exigencias legales (7) . Por tanto, en esa perspectiva de interpretación, se condicionó la configuración o procedencia de la responsabilidad del Estado por el hecho de la privación de la libertad, a la demostración de un error jurisdiccional.

2. Luego, en sentencias de 17 de noviembre de 1995 (8) y de 12 de diciembre de 1996 (9) , se interpretó que frente a los eventos contemplados en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 la ley había calificado que se estaba en presencia de una detención injusta, por lo que era indiferente establecer si en la providencia que ordenó la privación de la libertad se incurrió o no en error judicial, por cuanto lo que comprometía la responsabilidad del Estado no era la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado.

En otros términos, la carga procesal de demostrar el carácter injusto de la detención como presupuesto de configuración de responsabilidad estatal patrimonial extracontractual del Estado, se entendió que solo era exigible en todos aquellos otros casos de privación de la libertad no señalados expresamente en el artículo 414 del entonces Código de Procedimiento Penal, como serían por ejemplo, entre otros: la detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; la detención por un delito que la legislación lo sustrae de tal medida de aseguramiento; la detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal; etc., situaciones todas estas en las que el fundamento para estructurar la responsabilidad estatal debía ser, según el criterio jurisprudencial de ese momento, el “error jurisdiccional”.

Así, en sentencia de 12 de diciembre de 1996 a la que se hizo referencia, se hizo el siguiente razonamiento:

“Esta norma instaura legalmente la responsabilidad estatal por daños causados por la administración de justicia, para los casos en que los particulares sean privados injustamente de su libertad. En su segunda parte, ella consagra tres casos en los cuales se dispone que la detención preventiva decretada en un proceso penal, mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente, debe tenerse como injusta y por ende da lugar a indemnización de quien la sufrió, salvo en los casos en que sea la propia víctima la que la haya causado por su dolo o culpa grave”.

Hasta entonces, de los pronunciamientos antes citados se deduce que en relación con el contenido y alcance del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, la jurisprudencia distinguió la existencia de dos preceptos en aquella norma, así:

El primero contenido en la parte inicial del artículo, según el cual, como textualmente decía la disposición: “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios”, precepto que consagraba, en cierta forma, la cláusula general de responsabilidad del Estado por el hecho de la privación injusta de la libertad, para cuya configuración, según la directriz jurisprudencial, por error o ilegalidad en la decisión que dispuso la detención.

En cambio, en el segundo precepto, contenido en el resto del artículo 414, la responsabilidad del Estado proveniente de detención injusta se tipifica, en forma objetiva, por el hecho de probarse en el proceso la absolución definitiva del procesado, decretada en sentencia o providencia equivalente, en razón de que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o, porque la conducta era atípica, siempre y cuando que la detención no la haya causado el mismo procesado por dolo o culpa grave, por considerarse que en tales hipótesis la ley calificó el carácter injusto de la detención y, que por lo tanto, para la estructuración de la responsabilidad estatal no es requisito demostrar la existencia de error judicial o ilegalidad en la medida privativa de la libertad.

c)(sic) No obstante, en decisiones posteriores, también se ha puesto de presente que el Estado no siempre está en el deber jurídico de indemnizar todo daño que sufran los particulares, sino, únicamente aquellos que comporten la característica de ser antijurídicos, es decir, aquellos en los que el Estado no se encuentra habilitado por un título jurídico válido para establecer o imponer la carga o sacrificio que el particular padece o sea, cuando este no tiene la obligación jurídica de soportar dicho gravamen o menoscabo a sus derechos y patrimonio, independientemente de la legalidad o ilegalidad del acto estatal, o de que la conducta del agente del Estado causante del daño haya sido dolosa o culposa.

En esa dirección, en sentencia del 27 de septiembre de 2000, la Sala precisó lo siguiente:

“Debe anotarse, adicionalmente, que no cualquier daño da lugar a la existencia de un perjuicio indemnizable. Los ciudadanos están obligados a soportar algunas cargas derivadas del ejercicio de las funciones administrativas, y solo en la medida en que, como consecuencia de dicho ejercicio, se produzca un perjuicio anormal, puede concluirse que han sido gravados de manera excepcional. Y es claro que la anormalidad del perjuicio no surge de la ilegalidad de la conducta que lo causa; bien puede existir un daño antijurídico producido por una actuación cumplida conforme a derecho, o un daño no antijurídico producido por una actuación ilegal.

“Así, si bien el hecho de que se adelante una investigación, de cualquier índole —penal, disciplinaria, fiscal, etc.— genera preocupaciones e incomodidades a las personas que resultan vinculadas a ella, no siempre se causará, por esa sola circunstancia, un perjuicio indemnizable a los afectados. Su existencia, en cada caso, deberá ser demostrada(10) (resalta la Sala).

Y más adelante, respecto de las restricciones a la libertad individual producidas como consecuencia del ejercicio de la función de administración de justicia en materia penal, se anotó:

“No puede considerarse, en principio, que el Estado deba responder siempre que cause inconvenientes a los particulares, en desarrollo de su función de administrar justicia; en efecto, la ley le permite a los fiscales y jueces adoptar determinadas decisiones, en el curso de los respectivos procesos, en aras de avanzar en el esclarecimiento de la verdad, y los ciudadanos deben soportar algunas de las incomodidades que tales decisiones les causen. Sin embargo, tampoco pueden hacerse afirmaciones categóricas, para suponer que, en determinados caso, será siempre inexistente el daño antijurídico, mucho menos cuando causado ha habido lugar a la privación de la libertad de una persona, así sea por corto tiempo, dado que se trata de la vulneración de un derecho fundamental, cuya injusticia, al margen de la licitud o ilicitud de la decisión que le sirvió de fundamento, puede hacerse evidente como consecuencia de una decisión definitiva de carácter absolutorio (11) .He aquí la demostración de que la injusticia del perjuicio no se deriva de la ilicitud de la conducta del agente del Estado” (12) .

Sin desconocer que la privación de la libertad puede catalogarse como injusta por diversas razones, la Sala reiteró en sentencia reciente que la persona que haya sido privada de la libertad de manera preventiva y absuelta en sentencia ejecutoriada o en providencia que disponga la terminación del proceso, tiene derecho a la indemnización de perjuicios que la medida le haya causado, siempre que esta haya sido injusta, como en cualquiera de los eventos de la segunda parte del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, es decir, cuando el proceso termine con absolución o su equivalente porque el hecho no existió o, el sindicado no lo cometió o el hecho no era constitutivo de delito (13) .

3.2.2. El caso concreto.

3.2.2.1. Lo probado.

La prueba sobre los hechos está contenida en el proceso 3526 que adelantó la Fiscalía Regional de Barranquilla y la fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional, contra Guillermo León Montero Carpio, José Ángel Bohórquez Jiménez y otros, por el delito de rebelión (cdnos. 2, 3 y 4), el que se autenticó y remitió oficialmente en copia íntegra por un funcionario de la secretaría de la dirección regional de fiscalías de Barranquilla.

Las pruebas y providencias obrantes en esas copias serán apreciadas sin limitación, teniendo en cuenta que la parte demandante solicitó expresamente su traslado (fl. 37, cdno. 1); que el DAS, uno de los demandados, se allanó a esa solicitud (fl. 171, cdno. 1) y, que la Fiscalía General de la Nación, la otra demandada, si bien presentó extemporáneamente el escrito de contestación de la demanda en el que también solicitó el traslado del proceso penal, fue precisamente la entidad que adelantó la actuación, practicó las pruebas y profirió las providencias en ese trámite.

De la actuación contenida en el proceso penal, se tiene lo siguiente:

1. El 17 de marzo de 1993, el jefe de inteligencia del DAS Seccional Sucre, rindió informe en el que resume la información obtenida sobre los Comandos revolucionarios populares (CRP), de los cuales, según esa institución, hacían parte, entre otros, Guillermo León Montero Carpio y José Ángel Bohórquez Jiménez (fl. 4, cdno. 2).

2. En obedecimiento a una orden impartida por la Fiscalía Regional de Barranquilla, el DAS Seccional Sucre capturó el 21 de abril de 1993 a Guillermo León Montero y a José Ángel Bohórquez y los dejó a disposición de la fiscalía referida (fls. 120 a 129, cdno. 2).

3. En resolución de 4 de mayo de 1993, la Fiscalía Regional de Barranquilla decretó en contra de Guillermo León Montero Carpio y José Ángel Bohórquez Jiménez, medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito de rebelión (fls. 232 a 239, cdno. 2).

4. En providencia de 23 de julio de 1993, la fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional, al resolver los recursos de apelación interpuestos por los sindicados, revocó la medida de aseguramiento y en consecuencia ordenó la libertad inmediata de Guillermo León Montero Carpio y de José Ángel Bohórquez (fls. 20 a 31, cdno. 3).

5. El 26 de julio de 1993 se le notificó la anterior decisión a Montero Carpio y a Bohórquez Jiménez (fI. 31 vto. cdno. 3) y, en esa misma fecha, la secretaría común de la Unidad Regional de Fiscalía de Barranquilla expidió el oficio 5151-ICP, dirigido al director de la Cárcel Judicial Modelo de esa ciudad, en el que le informó sobre la revocatoria de la medida de aseguramiento proferida por la fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional y, le hizo saber que: “una vez le sea notificada la providencia en comento, dichos procesados quedan en libertad inmediata” (fl. 32, cdno. 3).

6. La Fiscalía Regional de Barranquilla, en providencia de 27 de junio de 1994, declaró extinguida la acción penal a favor de Guillermo Montero Carpio y de José Ángel Bohórquez y, como consecuencia de ello, decretó la preclusión de la investigación (fls. 287 a 301, cdno. 2). Consultada esa decisión, la fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional la confirmó por resolución de 2 de diciembre de 1994 (fls. 92 a 96, cdno. 3).

7. Mediante auto de 6 de enero de 1995, la Fiscalía Regional de Barranquilla dispuso dar cumplimiento a lo resuelto por el superior y, consecuencialmente, ordenó a la secretaría que de manera inmediata archivara el proceso (fl. 414, cdno. 2).

Al estar probados los hechos que se acaban de enunciar, la Sala considera que Guillermo León Montero Carpio y José Ángel Bohórquez Jiménez fueron sometidos a una privación injusta de su libertad, teniendo en cuenta que en su contra se profirió medida de aseguramiento de detención preventiva, sin derecho al beneficio de la libertad provisional, por atribuírseles la comisión del delito de rebelión, pero, tres meses después, el superior del fiscal instructor revocó esa medida y, posteriormente, el 27 de junio de 1994, se decretó la preclusión de investigación a favor de esos sindicados, por no haber cometido el delito que se les imputaba, decisión que fue plenamente confirmada por el superior jerárquico del fiscal.

Al conocer del recurso de apelación contra la medida de aseguramiento, el fiscal delegado ante el Tribunal Nacional analizó los requisitos exigidos por el artículo 125 del Código de Procedimiento Penal (modificado por D.L.1857/89, art. 1º), para que se estructurara el delito de rebelión y, frente a lo probado, concluyó que los sindicados Montero Carpio y Bohórquez Jiménez no eran rebeldes, sino dirigentes de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos que, inclusive habían incursionado en la política y que en virtud de ello pudieron haber emitido manifestaciones contrarias al gobierno nacional, lo cual constituye un derecho constitucional de todo ciudadano, sin que esas opiniones puedan calificarse como estructurantes del delito del que se les sindicaba, razón por la que revocó la medida de aseguramiento.

Ya en libertad los sindicados, se continuó con la investigación en medio de una copiosa actividad probatoria; llegado el momento para cerrar la investigación, la misma fiscalía declaró extinguida la acción penal en favor de los sindicados y ordenó la preclusión de la investigación, con fundamento en que los procesados no habían cometido el delito de rebelión por el que se había iniciado la instrucción.

En la parte motiva de la decisión, el fiscal regional consideró lo siguiente:

“Lo anterior nos lleva a la lógica conclusión que Guillermo Montero Carpio y José Ángel Bohórquez para esa época sí eran dirigentes de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que han incursionado en la política sin resultados positivos, y que por este hecho en tal actividad es posible que hayan expresado en desacuerdo con las políticas del gobierno, pero esta sola circunstancia no es factor determinante para endilgarles que sean sujetos activos del punible de rebelión, ya que según nuestra constitución toda persona es libre de pertenecer al grupo político que desee, de manifestar sus opiniones en acuerdo o desacuerdo, y que por este solo hecho jamás se les puede imputar ese delito. Diferente hubiera sido la suerte si a estas personas se les hubiera aprehendido en flagrancia, y que existieran pruebas de ser éstos sus ideólogos...

“Por lo tanto con base en la realidad táctica, al estar desvirtuada la responsabilidad de GUILLERMO MONTERO CARPIO, JOSÉ ÁNGEL BOHÓRQUEZ y ... en el reato criminoso, se debe precluir la investigación a favor de ellos al tenor del artículo 36 del Código de Procedimiento Penal, que a la letra dice “En cualquier momento del proceso en que aparezca plenamente comprobado que el hecho no ha existido, o que el sindicado no lo ha cometido, o que la conducta es atípica, o que está plenamente demostrada una causal excluyente de antijuridicidad o de culpabilidad o que la actuación no podía iniciarse o no pueda proseguirse, el fiscal declarará extinguida la acción penal mediante proveído interlocutorio…”.

“Estas son las razones por las que esta fiscalía regional decretará la PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, ya que no se ha demostrado que dichos sindicados hayan cometido el hecho que se les imputa...” (mayúsculas, subrayas y negrillas del texto original, fls. 209 y 300, cdno. 2).

Esa decisión fue confirmada por el superior, el fiscal delegado ante el Tribunal Nacional, quien también destacó que Guillermo Montero tenía asignado por parte de la Policía Nacional servicio de escolta hasta el día de su captura y, que por esa circunstancia era imposible que desarrollara la conducta de rebelión que se le imputó en la investigación (fls. 787 a 791, cdno. 2).

Frente a esas situaciones debidamente probadas, la Sala encuentra cumplidos los supuestos legales para que se configure la responsabilidad del Estado, contenidos en el artículo 414 del Decreto-Ley 2700 de 1991, puesto que dentro del proceso penal 3526 adelantado por la fiscalía regional, se declaró extinguida la acción penal y se precluyó la investigación en favor de los sindicados.

Tres de las causales contenidas en el artículo 36 del Código de Procedimiento Penal de entonces, que le sirvió de fundamento a la fiscalía para precluir la investigación, tienen equivalencia con las causales previstas en el artículo 414 del mismo código como eventos en los cuales el afectado con la detención podía demandar la indemnización de perjuicios.

Es decir, el artículo 36 del Decreto 2700 de 1990 disponía los casos en que debía declararse extinguida la acción penal, entre ellos: que el hecho no existió, que el sindicado no lo cometió y que la conducta es atípica y, el artículo 414 del mismo decreto le otorgaba el derecho a pedir indemnización a la persona que, privada de la libertad, haya sido absuelta y dejada libre con base en una cualquiera de esas tres causas enunciadas.

Tales situaciones demuestran el primer elemento de responsabilidad, sin que sean de recibo los argumentos defensivos de la Fiscalía General de la Nación —una de las demandadas— para la cual, frente a los eventos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, la responsabilidad estatal no se deduce en forma automática de la sola revocatoria de la detención preventiva pues, cuando no haya nada que evidencie ilegalidad en la retención y existan motivos que la justifiquen, ella es una carga que deben soportar los ciudadanos. No, como ya se explicó, frente a la responsabilidad que dimana del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal contenido en el Decreto 2700 de 1991, no hace falta analizar si la conducta del funcionario que profirió la medida fue ilegal, negligente o arbitraria, si se cumplían o no los requisitos para adoptar determinada decisión, sino que, basta con demostrar la existencia de una cualquiera de las eventualidades contenidas allí como generadoras de daño antijurídico.

3.2.3.2. Los perjuicios reclamados.

En la demanda se alegó que la privación de la libertad de Guillermo León Montero Carpio y de José Ángel Bohórquez Jiménez produjo a los demandantes dos tipos de daño: moral (dentro del cual incluyeron el daño a la vida de relación) y material.

3.2.3.2.1. El daño moral (incluido el daño a la vida de relación).

Los demandantes alegaron haber sufrido daño moral, respecto del cual solicitaron 3.000 gramos de oro para las víctimas directas, 1.500 para la esposa de cada uno de ellos y 1.000 gramos de oro para cada uno de los demás demandantes (hijos, padres y hermanos) y, para demostrar las calidades alegadas por los otros actores diferentes a la víctima, se aportó lo siguiente:

1. Respecto de Guillermo León Montero Carpio:

a) Registro civil de matrimonio expedido el 8 de enero de 1988 por el Registrador Municipal del Estado Civil de San Benito Abad (Sucre), según el cual, el 14 de agosto de 1971 se celebró el matrimonio entre Guillermo León Montero Carpio y Nancy de Jesús Tarrá Guerra (fl. 49, cdno. 1).

b) Certificados del registro civil de nacimiento de Mónica Shane Montero Tarrá, nacida el 30 de marzo de 1972; de Mirna Luz Montero Tarrá, nacida el 18 de marzo de 1973 y de Guillermo Eliécer Montero Tarrá, nacido el 9 de abril de 1978, todos hijos de Guillermo León Montero Carpio y Nancy de Jesús Tarrá Guerra (fls. 50 a 52. cdno. 1).

En tales condiciones, es indemnizable el daño moral de estos demandantes. De quien padeció la detención, esto es, quien soportó la privación de la libertad a la que fue sometido por el Estado, peor aún si esta ha sido injusta, se infiere que tal situación le genera dolor espiritual, congoja y aflicción, tal como la Sala lo ha explicado en diversas sentencias, como en la que se ha venido citando, proferida el 14 de marzo de 2002, en la que se explicó lo siguiente:

“Si bien no existen en el proceso pruebas directas sobre la causación de ese tipo de daños a los actores, por presunción de hombre, las reglas de la experiencia indican que la imposición y ejecución de una medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, máxime si se tiene en cuenta que es injusta, sumado al hecho de que esta no contó con el beneficio de libertad condicional, indiscutiblemente producen en el sujeto pasivo afectado con la medida un daño moral, por ser evidente que la internación de una persona en un centro carcelario de suyo genera angustia y sufrimiento moral, pues, como es apenas natural y obvio, por regla general ese tipo de hechos no son precisamente fuente de alegría, gozo o regocijo espiritual; por el contrario, por corta que sea su duración en el tiempo, causan perturbación emocional y desasosiego, en razón de privar a la persona de un derecho fundamental y consustancial al hombre, como lo es la libertad” (14) .

Frente a la esposa y los hijos de la persona detenida, es entendible que la situación de su esposo y padre también les generó una afectación en el ámbito espiritual, traducido en la angustia de verlo recluido en una cárcel, sin posibilidad de verlo a diario, con el sufrimiento que implica el rompimiento de la unidad familiar preexistente a la detención.

Entonces, si bien no se cuenta con una prueba directa del perjuicio moral de la esposa y los hijos de aquella persona que afrontó la privación de la libertad, ella se deduce a partir de la prueba del parentesco entre aquellos, debido al natural afecto existente entre un padre y un hijo, lo mismo que entre cónyuges, y por ende, la consecuente congoja que produce la separación forzada entre ellos.

La situación de Ana Toribia Carpio viuda de Montero, quien demandó invocando ser la madre de Guillermo León Montero Carpio, lo mismo que las de Juan Montero Ariza, Amauri Montero Ariza y Jorge Luis Montero Carpio, quienes lo hicieron como hermanos del referido Guillermo León, es diferente, por cuanto estas personas no probaron documentalmente esas condiciones de conformidad con el Decreto 1260 de 1970, ni tampoco demostraron a través de otro medio de prueba, condición de damnificados, por lo que no podrá tenérseles como víctimas indirectas de daño moral.

2. Respecto de José Ángel Bohórquez Jiménez:

a) Acta de matrimonio expedida por el párroco de la Diócesis de Sincelejo, según la cual, el 5 de noviembre de 1972 se celebró el matrimonio de José Ángel Bohórquez Jiménez con Luz Mireya Verbel Ríos (fl. 62, cdno. 1).

b) Certificado del registro civil de nacimiento de José Ángel Bohórquez Rivero, nacido el 16 de noviembre de 1990, hijo de José Ángel Bohórquez Jiménez y Arelis Teresa Rivero Contreras (fl. 53, cdno. 1).

c) Certificado del registro civil de nacimiento de José Ángel Bohórquez Verbel, nacido el 24 de septiembre de 1987, hijo de José Á. Bohórquez y Luz M. Verbel (fl. 54, cdno. 1).

d) Certificado del registro civil de nacimiento de Noraime Julieth Bohórquez Contreras, nacida el 15 de abril de 1993, hija de José Á. Bohórquez y Miladis Contreras (fl. 57, cdno. 1).

e) Certificados del registro civil de nacimiento de Héctor Julio Bohórquez Verbel, nacido el 1º de mayo de 1983; de Tania María Bohórquez Verbel, nacida el 19 de marzo de 1974; de Luz Dari Bohórquez Verbel, nacida el 27 de enero de 1976; de José Rafael Bohórquez Verbel, nacido el 4 de agosto de 1979; William Manuel Bohórquez Verbel, nacido el 27 de febrero de 1977 y Morgan Guillermo Bohórquez Verbel, nacido el 12 de mayo de 1981, documentos en los que no se especificó el nombre de sus padres (fl. 55, 56, 58 a 61, cdno. 1).

Para la Sala, la demandante Luz Mireya Verbel Ríos, quien adujo la condición de esposa de José Ángel Bohórquez Jiménez, no demostró esa calidad, teniendo en cuenta que no se aportó la prueba idónea y eficaz para ello.

Las partidas eclesiásticas dejaron de ser prueba del estado civil de las personas, desde la entrada en vigencia de la Ley 92 de 11 de junio de 1938, en cuyo artículo 18 expresamente estableció: “A partir de la vigencia de la presente ley solo tendrán el carácter de pruebas principales, del estado civil respecto de los nacimientos, matrimonios, defunciones, reconocimientos y adopciones que se verifiquen con posterioridad a ella, las copias auténticas de las partidas del registro del estado civil, expedidas por los funcionarios de que trata la presente ley”.

Luego se expidió el Decreto 1260 de 27 de julio de 1970, que derogó expresamente la Ley 92 de 1938 y, que en lo pertinente a la prueba del matrimonio y el estado civil de las personas, dispuso lo siguiente:

“ART. 67.—Los matrimonios que se celebren dentro del país se inscribirán en la oficina correspondiente del lugar de su celebración, dentro de los treinta días siguientes a esta (...).

“ART. 101.—El estado civil debe constar en el registro del estado civil (...).

“ART. 105.—Los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas, ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938, se probarán con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos (...).

“ART. 106.—Ninguno de los hechos, actos y providencias relativos al estado civil y a la capacidad de las personas, sujetos a registro hace fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado o funcionario público, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ordenación, salvo en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera legalmente la formalidad del registro.

“ART. 107.—Por regla general ningún hecho, acto o providencia relativos al estado civil o la capacidad de las personas, y sujeto a registro, surtirá efecto respecto de terceros, sino desde la fecha del registro o inscripción”(resalta la Sala).

Así las cosas, no cabe duda que la prueba de la calidad de esposos entre José Ángel Bohórquez Jiménez y Luz Mireya Verbel Ríos que se alegó en la demanda, no se demostró, pues, la partida eclesiástica que informa que ese hecho ocurrió el 5 de noviembre de 1972 no puede ser tenida como prueba idónea, teniendo en cuenta que para entonces regía el Decreto 1260 de 1970 que exigía la inscripción del matrimonio en la oficina de registro civil pertinente.

La parte actora tampoco probó la posible condición de damnificada de la demandante Luz Mireya Verbel, que diera lugar a indemnización en su favor.

Por su parte, Héctor Julio, Tania María, Luz Dari, José Rafael, William Manuel y Morgan Guillermo Bohórquez Verbel, quienes demandaron bajo la condición de hijos del referido José Ángel Bohórquez, tampoco demostraron esas condiciones, al no aportarse la prueba eficaz para ello, como lo era el certificado de registro civil de nacimiento en donde constara que son hijos de José Ángel Bohórquez Jiménez, según lo exige la ley.

El artículo 52 del Decreto 1260 de 1970 dispone que la inscripción del nacimiento se descompondrá en dos secciones: a) una genérica, en la que consigna el nombre del inscrito, su sexo, el municipio y la fecha de su nacimiento, la oficina donde se inscribió y los números del folio y general de la oficina central y, b) otra específica, en la que además se consigna la hora y el lugar de nacimiento, el nombre de la madre y del padre y, en lo posible, la identidad, profesiones u oficios, nacionalidad y estado civil de los padres y el nombre del profesional que certificó el nacimiento.

El artículo 115 ibídem señala que las copias y los certificados de las actas, partidas y folios del registro de nacimiento se reducirán a la expresión del nombre, sexo y el lugar y la fecha de nacimiento; y que las copias que consignen el nombre de los progenitores y la calidad de la filiación, solamente podrán expedirse en los casos en que sea necesario demostrar el parentesco y con esa sola finalidad, previa indicación del propósito y bajo recibo, con identificación del interesado. El artículo 116 ibídem agrega que la exigencia de la prueba de filiación se hace en los casos en que sea indispensable la demostración del parentesco, para fines personales o patrimoniales, en procesos o fuera de él.

De tal normatividad, se tiene que el documento idóneo para probar las calidades de hijo y de padres es la copia o el certificado de la respectiva acta de nacimiento, en la que se consignen los nombres de los progenitores. En el caso, se aportaron certificados en los que nada más consta el nombre de los registrados y la fecha y lugar de su nacimiento, pero, nada se especificó en torno a que José Ángel Bohórquez Jiménez es el padre de todos ellos, con lo cual no puede tenerse por cierta esa calidad y, en consecuencia, frente a ellos tampoco se tiene por probado ningún tipo de daño.

La situación de Ana Joaquina Jiménez Solís (quien demandó invocando ser la madre del detenido), la de José del Carmen, Juan Bautista, Margarita Isabel y María Candelaria Puentes Jiménez (quienes lo hicieron como hermanos del referido) y, la de Claudio Alberto Puentes (quien demandó como padrastro del citado José Ángel), está igualmente sin respaldo probatorio, por cuanto no se aportaron los registros civiles de nacimiento que acreditaran la calidad de madre y de hermanos de los nombrados demandantes, ni se probó que Claudio Alberto Puentes fuese el “padrastro” de la víctima directa de la privación injusta de la libertad.

Respecto de los demás demandantes de este grupo familiar, esto es: José Ángel Bohórquez Rivero, José Ángel Bohórquez Verbel y Noraime Julieth Bohórquez Contreras, quedó demostrada su condición de hijos de la víctima directa de la privación injusta, José Ángel Bohórquez Jiménez, con los certificados de los registros civiles de nacimiento de cada uno de ellos, expedidos por el funcionario competente.

Por lo tanto, para la Sala es indemnizable el daño moral únicamente para la víctima directa José Ángel Bohórquez Jiménez y para sus hijos José Ángel Bohórquez Rivero, José Ángel Bohórquez Verbel y Noraime Julieth Bohórquez Contreras, por las mismas razones ya comentadas cuando se hizo referencia al otro grupo familiar.

3.2.3.2.2. El daño material.

En la demanda también se acusó que con la detención de Guillermo León Montero Carpio y José Ángel Bohórquez Jiménez, los demandantes fueron notoriamente lesionados en su patrimonio económico, con la persecución y privación injusta de la libertad, por lo que expresamente solicitaron por daños materiales “la suma que resulte demostrada en el proceso”, que explicaron de la siguiente manera:

1. Suma no inferior a $ 20''000.000, por los gastos causados por la “persecución oficial”, entre otros, los gastos de sepelio (no especifican de quién), atenciones médicas (no se aclara), contratación de los apoderados —incluyendo la diligencia de conciliación judicial—, la subsistencia de la familia y de los detenidos durante la época de su reclusión y los traslados a la ciudad de Barranquilla a visitar a los familiares presos (fl. 31, cdno. 1).

Respecto de este concepto, que corresponde a daño emergente, los demandantes legitimados no probaron su causación, por cuanto quisieron hacerlo con testimonios que indican todo lo contrario, como se verá a continuación:

a) El testimonio de Moisés David Amed Assia (fls. 45 a 51, cdno. 4), rendido ante el magistrado sustanciador el 24 de julio de 1997, permitió conocer que el testigo aportó un millón de pesos ($ 1''000.000) para pagar el abogado defensor de los procesados y $ 100.000 quincenales para el mercado de la casa de Guillermo Montero y, que otros miembros de la familia y la asociación de campesinos contribuían al sostenimiento del hogar de los detenidos.

b) Elio Julio Vergara Sierra, en testimonio rendido el 24 de julio de 1997 (fls. 52 a 56, cdno. 4) igualmente relató que durante la detención de los dos dirigentes, los 30 comités campesinos aportaban $ 200.000 cada uno y daban en especie, tanto para la familia como para los detenidos y para los gastos de abogado.

c) Rosa Margoth Torres Rodríguez, en testimonio practicado en la misma fecha (fls. 57 a 60, cdno. 4), hizo similares manifestaciones a las de los otros testigos; aclaró que los campesinos ayudaban a Guillermo Montero: “con el producto de sus sembrados, dedicando parte de la parcela como retribución para los gastos varios que demandaba la defensa de Guillermo y el sostén de la familia y de todos los que llegaban allá” (fl. 58, cdno. 4) y, que los familiares vendieron varias cosas para ayudar a Guillermo.

d) Arnulfo Antonio Sierra Támara (fls. 64 a 66, cdno. 4) también informó que durante el tiempo de la detención de José Ángel Bohórquez Jiménez se le colaboró con dinero y en especie por parte de los campesinos, de los comités directivos y de las asociaciones de cooperativa. Al interrogársele si Bohórquez Jiménez debió contratar los servicios de un abogado y el costo del mismo, respondió que no recuerda, pero: “lo que sí se es que hubo unas cuotas para el proceso, para el pago de este” (fl. 66, cdno. 4).

e) Dagoberto Villadiego Montes, agricultor y miembro de la Anuc, también refirió que mientras los líderes estuvieron detenidos: “los ayudaban los campesinos con colectas, los comités, los amigos con dinero y en especie, y la situación fue tan crítica que los llevó al extremo de vender la parcela que tenía en El Piñal para poder solventar la situación de gastos de la familia” (fls. 67 a 69, cdno. 4).

Así las cosas, cualquier gasto en que hubiesen podido incurrir los grupos familiares de los detenidos, fueron asumidos por la comunidad campesina, que se solidarizó tanto en especie como en dinero, estableciendo cuotas de aporte por cada uno de los comités en los que estaba organizada, inclusive uno de los declarantes da cuenta de cómo reunió un millón de pesos para colaborar con el pago de los servicios del defensor; luego no resulta cierto, como se afirmó en la demanda, que la familia incurrió en gastos a raíz de la privación de la libertad, porque las mismas personas citadas como testigos por la parte demandante, afirmaron que fueron ellos y los comités de campesinos quienes sostuvieron a los detenidos y a su núcleo familiar durante la estancia de aquellos en la cárcel de Barranquilla y, como esas personas naturales y al parecer jurídicas que efectuaron los gastos no demandaron, la Sala tiene por no probado el daño material en esta modalidad.

Los actores tampoco demostraron el hecho de haberse visto forzados a vender una parcela, ni cuál fue el daño derivado de esa venta.

2. También se solicitó indemnización a título de daño material por lucro cesante, representado por el desmedro del patrimonio de cada uno de los detenidos y de lo dejado de percibir durante el cautiverio (fl. 31, cdno. 1).

En el caso quedó demostrado que Guillermo León Montero Carpio y José Ángel Bohórquez Jiménez sufrieron privación injusta de la libertad entre el 21 de abril y el 26 de julio de 1993, con lo que prueba que durante ese período estuvieron físicamente impedidos para ejercer las actividades ordinarias a las cuales se dedicaba cada uno de ellos, por lo cual se tiene por sentada la causación del daño material en esta modalidad de lucro cesante, durante ese preciso período.

3.2.2.3. Nexo de causalidad.

En el caso que se resuelve, quedó demostrado que la privación injusta fue provocada por la Fiscalía General de la Nación, una de las demandadas, sin que exista prueba de alguna circunstancia que la exonere de responsabilidad o, que al menos, permita demostrar la concurrencia de culpa en la víctima.

En efecto, no existe prueba en relación con que la privación de la libertad de Guillermo León Montero Carpio y de José Ángel Bohórquez Jiménez hubiese sido causada por dolo o culpa grave atribuibles a ellos, que constituyera exonerante de responsabilidad según la parte final del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal expedido mediante Decreto 2700 de 1991, razón por la que, la Sala considera que también se estructura sin duda alguna la relación de causalidad entre el hecho imputado a la demandada y el daño antijurídico demostrado.

3.2.2.4. La indemnización de perjuicios.

1. El perjuicio moral:

Para el reconocimiento de este tipo de perjuicio a quienes tengan derecho a él, la Sala aplicará la jurisprudencia contenida en la sentencia dictada el 6 de septiembre de 2001 (15) , en la que acogió el parámetro del salario mínimo legal para expresar la indemnización por ese concepto, criterio precisado en sentencia de 30 de agosto de 2006 (16) , en cuanto no se hace necesario hacer la conversión de los gramos oro en salarios mínimos, porque, si para el momento de la demanda los actores solicitaron en oro el máximo de indemnización previsto por regla general en la jurisprudencia de ese entonces, esto es, 1.000 gramos, se entenderá que esa pretensión equivale en la actualidad a 100 salarios mínimos legales mensuales, tomados por regla general desde 2001 como el máximo de indemnización por ese concepto, como pauta jurisprudencial.

Para aplicar al caso concreto esta nueva tesis judicial, teniendo en cuenta que la demanda pidió el equivalente en pesos a 3.000 gramos de oro para quienes sufrieron la detención, 1.500 gramos de oro para la esposa de cada uno de ellos y 1.000 gramos de oro para cada uno de los hijos de aquellos, esto es, 300, 159 y 100 salarios mínimos legales mensuales actuales, la Sala observa lo siguiente:

a) Por las condiciones personales de Isaac de Guillermo León Montero Carpio y José Ángel Bohórquez Jiménez; por la pertenencia a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Sucre, lo cual les daba una proyección en la comunidad y una connotación pública en la región; por el lapso en que estuvieron recluidos (95 días), el delito que se les imputó (rebelión, que implica el propósito de derrocar al gobierno y a las instituciones) y el sitio de reclusión (Cárcel Modelo de Barranquilla, alejado de Sincelejo, donde tenían asentada su residencia), se considera proporcional y justo que la intensidad del sufrimiento padecido por este demandante debe ser indemnizada con cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes para 2006, los cuales equivalen a dieciséis millones trescientos veinte mil pesos ($ 16''320.000) moneda legal.

b) Respecto de los otros demandantes: Nancy Tarrá de Montero; Mónica Shane Montero Tarrá, Mima Luz Montero Tarrá y Guillermo Eliécer Montero Tarrá, la primera esposa y los demás hijos de Guillermo León Montero Carpio y, José Ángel Bohórquez Rivero, José Ángel Bohórquez Verbel y Noraime Julieth Bohórquez Contreras, hijos de José Ángel Bohórquez Jiménez, teniendo en cuenta que se les separó por motivo de la detención preventiva de que fueron objeto su esposo y padres, lo cual además genera limitaciones en la relación padre-hijo, la Sala reconocerá para cada uno de ellos, como indemnización por el perjuicio moral, veinte (20) salarios mínimos legales mensuales de 2006 que, equivalen a la suma de ocho millones ciento sesenta mil pesos ($ 8''160.000) moneda legal.

2. Perjuicios materiales por lucro cesante:

Para tasar el perjuicio causado a las víctimas directas por el daño material que significó estar imposibilitado para trabajar durante el tiempo de la privación de la libertad, debe mirarse si se estableció el monto de los ingresos de cada uno de ellos para el momento de su detención.

Sobre ello, la parte demandante no demostró el monto real del ingreso de las víctimas directas de la privación injusta, Guillermo León Montero Carpio y José Ángel Bohórquez Jiménez, teniendo en cuenta que los dos testimonios que en tal sentido se recibieron, no son suficientes para dar por determinados esos aspectos.

Así, Moisés David Amed Assia manifestó que Guillermo León Montero Carpio devengaba entre $ 800.000 y $ 900.000 mensuales de la actividad con la organización campesina y del trabajo como técnico de equipos hospitalarios (fI. 48, cdno. 4) y Elio Julio Vergara Sierra también relató que Guillermo León Montero Carpio se desempeñaba como técnico de equipos de odontología, actividad por la que le percibía un ingreso mensual de $ 700.000 (fls. 54 cdno. 4), aseveraciones que por sí solas no son demostrativas del ingreso real de dicha persona, porque los declarantes no explicaron fundadamente el conocimiento que tenían de ello; además no existe prueba que corrobore esas afirmaciones, como certificaciones, declaraciones de renta, recibos o comprobantes de pago, cuentas de cobro, facturas u otro documento del cual pudiere inferirse ese hecho.

Respecto de la otra víctima de la privación de la libertad, José Ángel Bohórquez Jiménez, no existe la más mínima prueba, ni testimonial ni documental, sobre los ingresos que percibía mensualmente.

Ante tal circunstancia, se acudirá a la solución acogida por la Sala en tales eventos, referente a presumir que la persona devengaba por lo menos, una suma igual al salario mínimo legal vigente para el momento de los hechos, lo cual se torna lógico si se tiene en cuenta que los declarantes afirmaron que los detenidos tenían actividades productivas antes de su captura.

En efecto, la Sala en desarrollo de los principios constitucionales que aseguran, entre otros, el derecho al trabajo en un marco económico y social justo propio de un Estado social de derecho y atendiendo las disposiciones que prevén la igualdad de oportunidades para los trabajadores, su derecho a una remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, a la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y el derecho al reajuste periódico de las pensiones legales (C.P., art. 53), ha considerado que “nadie puede ganar una suma inferior al salario mínimo establecido legalmente” aún cuando esté probado un ingreso inferior (17) . Pero igualmente advierte la Sala que ese ingreso se tomará siempre que al ser actualizado a hoy sea igual o superior al salario mínimo legal diario vigente al de la fecha de esta sentencia (18) .

El salario mínimo para cuando fueron detenidos Guillermo León Montero Carpio y José Ángel Bohórquez Jiménez, 21 de abril de 1993, estaba fijado por Decreto 2061 de diciembre de 1992 en la suma de $ 81.510.

Bases para la liquidación (indemnización debida):

— Número de meses de reclusión: 3.16

— Salario mínimo legal mensual para la fecha de la detención: $ 81.510.

— El ingreso mensual será actualizado desde la fecha en que se produjo la privación de la libertad hasta la fecha de esta sentencia.

— Para el cálculo del valor dejado de percibir durante el tiempo de la reclusión se aplicará la fórmula de la indemnización debida.

 

 

Como se ve, a pesar de la actualización, la suma resultante es inferior al salario mínimo legal que rige para la fecha de esta sentencia, por lo cual la Sala tomará como base para la liquidación la suma de $ 408.000, equivalente al salario mínimo legal mensual vigente para el año 2006, aplicando la siguiente fórmula:

 

 

La indemnización reconocida, se expresa en la siguiente tabla:

DemandantePerjuicios moralesLucro cesante
SalariosPesos
Guillermo León Montero Carpio (detenido)Cuarenta (40)$16''320.000$1''295.971
Nancy Tarrá de Montero (esposa)Veinte (20)$8''160.000========
Mónica Shane Montero Tarrá (hija)Veinte (20)$8''160.000========
Mirna Luz Montero Tarrá (hija Guillermo)Veinte (20)$8''160.000========
Guillermo Eliécer Montero Tarrá (hijo)Veinte (20)$8''160.000========
José Ángel Bohórquez Jiménez (detenido)Cuarenta (40)$16''320.000$1''295.971
José Ángel Bohórquez Rivero (hijo)Veinte (20)$8''160.000========
José Ángel Bohórquez Verbel (hijo)Veinte (20)$8''160.000========
Noraime Julieta Bohórquez Contreras (hija)Veinte (20)$8''160.000========

En el alegato de primera instancia (fls. 15 a 325, cdno. 1), la parte demandante informó que Guillermo León Montero Tarrá falleció el día 10 de junio de 1998, es decir, cuando el proceso estaba en trámite, pero ese hecho no fue probado ni en esa oportunidad ni en ocasiones subsiguientes, razón por la cual, la Sala no podrá hacer pronunciamiento respecto del destino de la indemnización que le correspondería a ese demandante.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala revocará la sentencia apelada y en su lugar accederá parcialmente a las pretensiones de la demanda en la forma y cuantía que se acaba de explicar.

4. Costas.

No obstante que se revoca la sentencia y prosperan parcialmente las súplicas de la demanda, no habrá de condenarse en costas a la parte demandada, porque no está probada dentro de la actuación una conducta temeraria, situación cualificada exigida por la regulación procesal contenida al respecto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revócase la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre el 5 de mayo de 1999, la cual queda así:

1º. Exonérase de responsabilidad al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

2º. Declárase administrativamente responsable a la Nación (Fiscalía General de la Nación), por la privación injusta de la libertad de Guillermo León Montero Carpio y José Ángel Bohórquez Jiménez.

3º. Condénase, como consecuencia de lo anterior, a la Nación (Fiscalía General de la Nación) a indemnizar a cada una de las siguientes personas así:

Por concepto de perjuicios morales:

a) A Guillermo León Montero Carpio, cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes para 2006, los cuales equivalen a dieciséis millones trescientos veinte mil pesos ($ 16''320.000) moneda legal.

b) A Nancy Tarrá de Montero, Mónica Shane Montero Tarrá, Mirna Luz Montero Tarrá y Guillermo Eliécer Montero Tarrá, veinte (20) salarios mínimos legales mensuales de 2006 para cada uno de ellos, que equivalen a la suma de ocho millones ciento sesenta mil pesos ($ 8''160.000) moneda legal.

c) A José Ángel Bohórquez Jiménez, cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes para 2006, los cuales equivalen a dieciséis millones trescientos veinte mil pesos ($ 16''320.000) moneda legal.

d) A José Ángel Bohórquez Rivero, José Ángel Bohórquez Verbel y Noraime Julieta Bohórquez Contreras, veinte (20) salarios mínimos legales mensuales de 2006 para cada uno de ellos, que equivalen a la suma de ocho millones ciento sesenta mil pesos ($ 8''160.000) moneda legal.

Por concepto perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante:

a) A Guillermo León Montero Carpio, la suma de un millón doscientos noventa y cinco mil novecientos setenta y un pesos ($ 1''295.971) moneda legal.

b) A José Ángel Bohórquez Jiménez, la suma de un millón doscientos noventa y cinco mil novecientos setenta y un pesos ($ 1''295.971) moneda legal.

4. Niéganse las demás pretensiones de la demanda.

5. Dese cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo y 115 del Código de Procedimiento Civil.

6. Expídanse por la secretaría, copias con destino a la parte demandante, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 del 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte demandante serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

2. Devuélvase el expediente al tribunal de origen, una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase».

(1) Pueden verse, entre otras: sentencia de 19 de agosto de 1999, expediente 12.536, actor: Gildardo Pérez Álvarez, C.P. María Elena Giraldo Gómez y de 4 de agosto de 2005, expediente 12.182, actor: Jorge Arturo Herrera Paz, C.P. Germán Rodríguez Villamizar.

(2) Al margen de lo anterior, si bien no tiene incidencia en el asunto objeto de juzgamiento, con el fin de señalar el estado actual de la situación en comento, es pertinente precisar los cambios legislativos que a partir del año 1996 se han producido sobre el punto en cuestión. Así, se tiene que en virtud de lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 99 de la Ley estatutaria de Administración de Justicia (L. 270/96), la representación judicial de la Nación – rama judicial, para todo tipo de procesos se fijó en el director ejecutivo de administración judicial; pero, en tratándose de la Fiscalía General de la Nación, dicha representación varió a partir de la vigencia del artículo 49 de la Ley 446 de 1998, modificatorio del artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, conforme al cual, si bien por regla general esa representación en materia contencioso administrativa sigue en cabeza del director ejecutivo de administración judicial, ahora el Fiscal General lleva la representación de la Nación – Fiscalía General de la Nación.

(3) Al respecto puede consultarse, entre otras providencias: Auto inrterlocutorio de 22 de enero de 2004, expediente 22.328, actor: Édgar Mallungo Vargas, C.P. María Elena Giraldo Gómez y, sentencia de 1º de marzo de 2006, expediente 15.138, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(4) Sentencia T- 928 de 24 de septiembre de 2004, actor; Emer Yeferson Sánchez García, M.P.: Jaime Araújo Rentería.

(5) La Ley 600 de 24 de julio de 2000, al expedir un nuevo Código de Procedimiento Penal, derogó el código vigente, es decir, el Decreto 2700 de 1991. La promulgación de dicha ley se produjo mediante la publicación del texto en el Diario Oficial 44.097 del 24 de julio de 2000 y, por expresa disposición del artículo 356 entró a regir un año después de esa fecha.

(6) Sobre el tema puede consultarse sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 14 de marzo de 2002, expediente 12.076, actor: Jaime Valencia Martínez, en el que se hizo un recuento de la evolución de la jurisprudencia entorno a la responsabilidad patrimonial del estado por la actividad jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad. En igual sentido se ha pronunciado la Sala, entre otras, en sentencia de 29 de noviembre de 2004, expediente 14.774, actor: Jorge Arbey Vanegas Parra, C.P. María Elena Giraldo Gómez y, de 9 de junio de 2005, expediente 14.740, actor: Octavio Pastrana Pacheco, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de junio de 1994, expediente 9743, actor: Nerio José Martínez Ditta.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 10056, Actor: Ferney Gualteros Ñungo.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 10229.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de septiembre de 2000, expediente 11.601. En similar dirección, véase la sentencia del 25 de enero de 2001, expediente 11.413

(11) Sobre la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad, se pronunció esta sala en sentencia del 18 de septiembre de 1997, expediente 11.754, actor Jairo Hernán Martínez Nieves, extendiéndola a casos en que la absolución se ha producido por razones distintas a las previstas en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, y concretamente por aplicación del principio in dubio pro reo.

(12) Consejo del Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de septiembre de 2000, expediente 11.601.

(13) Así se reiteró en sentencias de 1 de marzo de 2006 proferidas en los siguientes procesos: número 15138, actor: Saúl Ordóñez Bravo y otros, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y número 15626, actor: Gabriel Ángel Bañol Morales y otros, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(14) Expediente 12.076.

(15) Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente acumulado 13.235 - 15.646, actores: Belén González y otros - William Alberto González y otra, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(16) Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 15.920, actor: Auria Hermencia Salas Ramos, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(17) En este sentido se pronunció la Sala en sentencia proferida el 16 de agosto de 2001, expediente 13.131; actor: Aurora Sánchez Tovar y otra.

(18) En sentencia proferida el 3 de mayo de 1999, expediente 11.169, actor: Vicente Segundo Sierra Pérez, la Sala precisó que debe tomarse como salario base “el mínimo vigente a la fecha de los hechos actualizado a la de esta sentencia, siempre que no sea inferior al mínimo legal vigente”.

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