Sentencia 16735 de junio 17 de 2004 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 052

Magistrado Ponente:

Alfredo Gómez Quintero

Bogotá, D.C., diecisiete de junio de dos mil cuatro.

Vistos:

Decide la Sala el recurso extraordinario de casación interpuesto por el defensor del procesado Luis Antonio Díaz Insuasty contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Pasto el 16 de julio de 1999, confirmatoria de la emitida en primera instancia por el juzgado segundo penal del circuito de la misma ciudad el 26 de mayo de ese año, mediante la cual condenó al procesado a la pena principal de 40 años y 6 meses de prisión, al hallarlo penalmente responsable del delito de homicidio agravado.

Hechos y actuación procesal:

Ceñido a la realidad procesal, los hechos de esta investigación son sintetizados por el tribunal en los términos siguientes:

“El día 13 de julio de 1998, en la vereda ‘Paltapamba’, del municipio de Consacá (N.), el señor Luis Antonio Díaz Insuasty, intentó apropiarse del dinero que portaba Vicente Coral Montenegro, quien luego de haber departido con sus amigos, incluido el atacante, se dirigía a su residencia para continuar libando licor, en compañía de Hernán Rosero.

Con ese propósito, el acusado esperó a su víctima a quien le propinó varios golpes, uno de los cuales le impidió ponerse en pie; al constatar que el propósito del atacante era el de apropiarse del dinero que consigo llevaba, el señor Coral lo entregó a su acompañante quien, tras emprender veloz carrera, perseguido por Díaz logró refugiarse en su vivienda.

Al no cumplir con su inicial propósito, y luego de amenazar a Rosero de dar muerte a Vicente Coral si no entregaba el dinero, Díaz Insuasty regresó hasta el lugar donde lo había dejado y, mediante múltiples heridas producidas con arma cortopunzante, propinó su muerte” (sic).

El propio día 13 de julio se produjo la aprehensión de Luis Antonio Díaz Insuasty, disponiéndose la práctica de algunas pruebas preliminares por el Juzgado Promiscuo Municipal de Consacá (fl. 4), entre las cuales se destaca el testimonio de Rodrigo Alfredo Coral Rivera (fl. 9) y la versión sobre los hechos de Álvaro Hernán Rosero (fl. 15), elementos con los cuales el 15 de julio la Fiscalía Quinta Seccional de San Juan de Pasto decretó formal apertura de la investigación (fl. 19).

En desarrollo de dicha orden, se escuchó en indagatoria al procesado (fl. 22) y se allegó el acta de necropsia (fl. 27), resolviéndose con base en el material probatorio aportado la situación jurídica al sindicado el 17 de julio con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva por el delito de homicidio (fl. 33).

Aportado el álbum fotográfico al expediente (fl. 42 y ss.) y los testimonios de José Antonio Castillo Chicaiza (fl. 46), Gerardo Miller Vicente Rivera (fl. 47), Álvaro Hernán Rosero (fl. 49), José Esteban Pantoja Jurado (fl. 54) y Luis Vicente Males Santacruz (fl. 55), el 10 de agosto la investigación fue cerrada (fl. 60ª), misma fecha en que el abogado defensor aportó solicitud de pruebas y aporte de fotocopia de una historia de remisión del Hospital Departamental de Nariño perteneciente al procesado (fl. 67).

El mérito de las pruebas fue valorado con el proferimiento de resolución acusatoria en contra del incriminado por el delito de homicidio agravado el 16 de septiembre de 1998 (fl. 72).

En firme la acusación, se abrió el juicio a pruebas, sin que sujeto alguno solicitara ni se estimara pertinente practicar alguna de oficio. Rituada la audiencia pública, se emitieron las sentencias de primera y segunda instancia en los términos sintetizados en precedencia.

La demanda:

Cargo único

Con respaldo en la causal tercera del artículo 220 del Código de Procedimiento Penal, un reproche hace el defensor del procesado al fallo objeto de la impugnación extraordinaria.

En dos aspectos dice radicar el demandante su inconformidad con el fallo, bajo la consideración de haberse dictado dentro de un proceso viciado de nulidad, por violación de preceptos de orden legal y supralegal, así:

La sentencia se profirió sin practicarse las pruebas científicas que determinaran la imputabilidad o inimputabilidad del presunto reo, pese a que desde la etapa investigativa se hizo expresa solicitud al respecto, con evidente desmedro del derecho de defensa técnica, dado que según su concepto el procesado ha podido padecer “un traumatismo cerebral distorsionante de su personalidad”, al momento de protagonizar los hechos.

Para el censor la nulidad deprecada se concreta en la vulneración de los derechos sustanciales de su defendido “cuyo entorno de actividades fue impelido por la carencia del conocimiento de que estaba delinquiendo al actuar en un momento de locura transitorio, originada por un shock traumático cerebral, que a su vez fue estimulada por la ingestión de bebidas alcohólicas”.

Además, para el actor el tribunal vulnera “nuevamente el derecho de defensa” del procesado, al estimar frente a la solicitud de nulidad elevada, que la prueba sobre la inimputabilidad era innecesaria, cuando “como lo enseña el ilustre tratadista de Medicina Legal C. Simonin en su parte de psiquiatría forense, solo con el transcurrir del tiempo se pueden desentrañar en el ser humano daños en su comportamiento consciente excepcionales que rodeen a un comportamiento también excepcional como lo es en el presente proceso”.

Con base en lo brevemente expuesto solicita casar el fallo y decretar la nulidad demandada.

Concepto del Ministerio Público:

Bajo una misma fundamentación de la cual emergen ostensibles desaciertos de orden técnico, el demandante ha presentado a la manera de un solo reproche, dos aspectos conducentes a reclamar la nulidad de lo actuado por quebranto del derecho de defensa y el debido proceso, acusando a la vez su carácter de legal y supralegal sin atender la claridad técnica que hoy existe sobre el particular.

La ausencia en la práctica de una prueba, para comenzar, no afecta en estricto sentido la estructura del proceso y podría eventualmente lesionar el derecho de defensa, en la medida en que en nuestro sistema procesal la conducta del imputable o inimputable comporta el mismo juicio de tipicidad y antijuridicidad, pues, como lo ha señalado la jurisprudencia, ambas estructuras jurídicas implican responsabilidad penal, para los primeros culpabilista y para estos objetiva o peligrosista.

Pero además, la improcedencia de la nulidad es evidente para la Procuradora Primera Delegada para la Casación Penal, toda vez que no en todos los casos se amerita ordenar la prueba psiquiátrica, pues solo es necesaria cuando en el trámite de la actuación surgen elementos de juicio que indiquen razonablemente que al momento de los hechos el procesado padecía de trastorno mental de tal magnitud que no podía adecuar su conducta a la ley.

Es inadmisible en el caso concreto afirmar un pretendido trastorno de la personalidad del autor, conforme lo clarificó el tribunal, acorde con la diversa prueba testimonial aportada al proceso, lo cual indica sin duda que no era imperativo decretar la experticia psiquiátrica, no configurándose por ende la sostenida vulneración del derecho de defensa.

Obraron los sentenciadores, por tanto, conforme a derecho, no teniendo en el caso concreto ninguna vocación de éxito el cargo presentado por el actor.

Consideraciones:

1. El cargo que con sustento en la causal tercera de casación ha propuesto el casacionista, ciertamente presenta diversas incongruencias de orden técnico, como que a pesar de entender concurrentes dos motivos que aparenta diversos, no les dio —si así lo estimaba— la autonomía necesaria, como lo pone de presente el Ministerio Público, así como también refunde dentro del mismo supuesto el quebranto del debido proceso y derecho de defensa, en forma imprecisa y por ende también equivocada.

2. Pese a ello, como se verá, se trata en realidad de la expresión de dos circunstancias que conducen a un mismo reparo como lo es no haberse practicado una prueba psiquiátrica al procesado durante la investigación y denegar el tribunal que ese pretendido motivo constituyera razón suficiente para invalidar el proceso; asuntos que, evidentemente, tienen origen y fuente en un mismo aducido defecto, de donde ninguna autonomía ni diferencia que ameritara consiguientemente una enunciación independiente, podrían finalmente haber tenido.

3. En todo caso, la más censurable de las falencias que ostenta el libelo casacional tiene que ver con la circunstancia misma de afirmar el demandante la imperatividad de haberse dispuesto en desarrollo de la instrucción una valoración psiquiátrica especializada de Luis Antonio Díaz Insuasty, bajo el supuesto de que basta a dicho cometido con destacar teóricamente su necesidad sin evidenciar las circunstancias que —conocidas dentro del proceso— hacían pertinente, aconsejable y realmente imperiosa la destacada valoración médico científica, a tal extremo que en esta sede extraordinaria se pudiese llegar a concluir en la prosperidad del reproche y a declarar la nulidad del proceso, siendo por tanto su deber entrar a demostrar con fundamento en los antecedentes procesales, determinantes de manera razonable, seria y atendible, que el incriminado al momento de la realización de la conducta punible habría actuado en situación de inimputabilidad, debido por ejemplo a la concurrencia de un trastorno mental derivado de antecedentes personales y de la ingesta alcohólica.

4 La Corte ha admitido que puede implicar quebranto del debido proceso y conllevar eventualmente a su nulidad, el hecho de pretermitirse la realización de un experticio médico legal, pero en forma exclusiva cuando coexisten serios y verosímiles motivos para considerar la posible inimputabilidad del procesado.

A este respecto también se ha dicho que el estado de alicoramiento por sí no constituye antecedente suficiente para ordenar una exploración científica en tal sentido, ni la presencia de esta circunstancia es categórico supuesto para sostener que el sujeto que actúa bajo esta condición, lo ha hecho con desmedro de su capacidad para comprender la ilicitud de comportamiento o para determinarse de acuerdo con dicha comprensión.

5. Colígese de lo anterior, que emerge como una especial exigencia derivada de la propia circunstancia inmersa en el hecho de obedecer nuestro sistema al régimen dualista, que como es sabido en el plano de las consecuencias de la conducta punible determina que aquella persona que no está en capacidad de comprender la entidad típica de su proceder o de actuar conforme con ese entendimiento se le deben imponer medidas de seguridad en lugar de sanciones punitivas, siendo en esos específicos casos forzoso auscultar si existe un fundamento conducente a valorar que el procesado ha podido desarrollar su conducta como inimputable.

6. Es pertinente la cita que al respecto hace la procuraduría, en tanto se ha señalado por la Sala a este respecto:

“... que el medio idóneo para corroborar si el sujeto al momento de cometer el hecho se encontraba en capacidad de comprender y autorregularse conforme a esa comprensión es el examen psiquiátrico, cuya práctica resulta necesaria en los eventos en que de acuerdo con los elementos de juicio que ofrece la actuación misma, se haga viable colegir que el acusado pudo estar afectado en sus esferas cognoscitiva y volitiva cuando cometió el delito, sin que una tal consideración implique que se esté creando una específica tarifa legal en relación con ese elemento de convicción ni que se deba desconocer el conjunto probatorio allegado al expediente, ya que estando nuestro sistema procesal regido en esta materia por la sana crítica, será el juez en últimas el que, luego de valorar en su integridad las diferentes evidencias del proceso, concluya si es dable o no reconocer un determinado estado psiquiátrico y de suyo, el estado de inimputabilidad, sino que por tratarse de un tema científico, quizá como pocos en el saber forense, tan especializado, es pertinente, que sean aquellos que poseen esos conocimientos quienes con los debidos análisis y profundizaciones, lo hagan, para así con una tal base, sea el juez quien colija si jurídico-legalmente concurre la afirmación de imputabilidad o su exclusión” (M.P. Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote, Cas. 15.651, fallo del 11 de diciembre de 2001).

7. Explica, aun cuando por supuesto no podría justificar y menos excusar una tal falencia, la razón por la que el actor se vio en absoluta imposibilidad de sustentar en forma minuciosa, razonable y fundada el cargo esbozado, la constatación procesal que niega de manera rotunda la viabilidad de la prueba científica echada de menos, como que absolutamente todos los medios aunados en esta investigación permiten evidenciar que el procesado se encontraba en aptitud plena de sus facultades mentales para motivarse conforme a los preceptos de la norma, esto es, para comprender el carácter injusto de su conducta y para obrar consecuente con ello, esto es, de conformidad con dicha comprensión.

8. En efecto, dígase en primer orden que el propio implicado en ningún momento adujo en desarrollo de la indagatoria haber perdido en instante alguno la conciencia durante la noche y madrugada de autos.

Expresó recordar con fidelidad los hechos, desde luego, hasta cuando ingresa a su casa y le es reprochado su pretendido estado de ebriedad por su hermano. Es decir, que el propio agente no reproduce tener inquietud alguna en torno a la rememoración de los sucesos acaecidos, mostrándose en su lugar ajeno en forma absoluta a haber tenido participación en ellos.

9. Esta actitud de plena ajenidad con los hechos que le fueron imputados, sin embargo, procuró de manera insólita respaldar en su insular atestación de hallarse en avanzado estado de ebriedad. No obstante, desdicen de tal condición Gerardo Miller Vicente Rivera (fl. 47) José Esteban Pantoja Jurado (fl. 53) y Luis Vicente Males Santacruz (fl. 55). El primero como tendero del establecimiento en el que se encontraban departiendo y jugando sapo y estos como las personas que salieron del lugar en su compañía.

No es verdad, de una parte, que Díaz Insuasty hubiera conciliado el sueño durante la noche en el local merced a la ingesta alcohólica y tampoco que fuera indispensable acompañársele hasta su vivienda para atenuar los efectos de la embriaguez. Al unísono, los tres deponentes niegan que hubiera existido un abundante consumo de licor y que, en todo caso, Díaz Insuasty estuviera ebrio —como que estuvo anotando los resultados del chico de sapo—, y menos, por ende, que se le hubiera tenido que acompañar a casa, aspecto este sobre el cual, por lo demás, Pantoja Jurado y Males Santacruz indicaron haber sido abordados por un hermano del inculpado a fin de que le colaboraran mintiendo en sus testimonios.

10. En compañía de Pantoja Jurado y Males Santacruz, Díaz Insuasty abandonó el lugar en donde se encontraban jugando sapo y libando, cerca de media hora antes de que lo hicieran Álvaro Hernán Rosero y el hoy occiso Vicente Coral Montenegro, estos como a la una y media de la madrugada de ese 13 de julio de 1998.

Pero lo hizo, aparentando tomar rumbo a su vivienda, cuando la verdad es que aguardó en forma silenciosa y estratégica, furtivamente, detrás de unos árboles, hasta cuando aquellos pasaban por el lugar, para de inmediato una vez golpear a Coral, le ordenó le hiciera entrega del dinero que llevaba consigo y de cuya tenencia se había dado cuenta, por haberlo exhibido al cancelar parcialmente los consumos, habiéndosele recomendado por el propio Rivera que se lo dejara a guardar hasta el otro día, lo cual no fue finalmente aceptado.

Pues bien, como Coral se negó a despojarse del dinero y en cambio desde el piso pasó el rollo de billetes a Rosero, este al ser intimidado por el agresor mediante un puñal, corrió a refugiarse en su vivienda, hasta donde llegó Díaz Insuasty, advirtiéndole, después de golpear la puerta de ingreso que si no le entregaba el dinero mataría “al viejo”.

El desarrollo de estos acontecimientos, para los fines de la respuesta adversa a las pretensiones del actor, conviene tomarlos en su literalidad de lo expresado por el testigo, así:

“... nos salimos don Vicente Coral y mi persona, ya en el carretero que conduce a Paltapamba, más exactamente en el sitio donde encontraron el cadáver, nos salió el señor Antonio Díaz Insuasty, le pegó un golpe a don Vicente Coral y cayó al piso, allí le dio una patada y le dije ‘Antonio no la embarres, como le vas a hacer eso a don Coral’ me agaché lo cogí a don Coral y le dije ‘venga vamos’ y él me dijo ‘hágame un favor, guárdeme esta plata’, le recibí el dinero y lo guardé en el bolsillo del pantalón, Antonio Díaz Insuasty al mirar que yo tenía el dinero, se acercó a mí y me dijo ‘entrégueme la plata de este viejo hijueputa’, le dije que no podía porque la plata era de don Vicente Coral, él me dijo ‘me la entregas o te mato’, en estas sacó una puñaleta blanca, aclaro una puñaleta de mango blanco, al ver esto y al mirar que se dirigía resuelto hacia mí, emprendí la carrera y él seguía detrás mio, como pude llegué a mi casa, abrí la puerta y la aseguré por dentro, al momentico llegó él (sic) Antonio Díaz Insuasty y empujaba la puerta y me llamaba a mí por mi nombre decía ‘entrégame esa plata de ese viejo hijueputa’, yo le decía que no podía porque la plata es de don Vicente Coral y que debía entregársela al dueño, él me dijo: ‘si no me entregas esa plata, me voy de aquí y lo mato a ese viejo hijueputa’, allí se llevó molestando un buen rato y se cayó después pero entre eso ya había transcurrido un tiempito largo. Salí y miré a los lados al no mirarlo, salía hacia el carretero, iba llegando a la escuela cuando lo miré nuevamente al señor Antonio Díaz Insuasty y me escondí, allí lo miré que se agachó en la alcantarilla donde pasa una asequia de agua y estaba lavándose las manos y lavó también el puñal, se sacudió las manos, sacudió también el puñal y se fue” (fl. 15).

Díaz Insuasty, sin asomo de duda, urdió en forma minuciosa el asalto de que pretendía hacer objeto a Coral Montenegro, proveyéndose de un puñal que empleó ante la negativa de éste a despojarse de su dinero, según se da cuenta en el fiel desarrollo de los hechos expuesto por Rosero como uno de sus protagonistas.

11. Dentro del anterior contexto, desde luego, absolutamente ningún elemento conducía a considerar viable, aconsejable o razonable auscultar sobre las condiciones de sanidad mental de Díaz Insuasty al momento de la realización de los hechos, como que evidencian a un hombre en ejercicio de su cabal conducta resuelto a matar con miras a apoderarse de los bienes ajenos.

La postura procesal de la defensa, muy por el contrario de lo sostenido por el demandante, evidencia la falta de seriedad en la reclamación por ausencia en la práctica de la prueba psiquiátrica. Véase cómo a partir de la propia indagatoria, fue la simple reticencia del imputado —mostrándose ajeno a los hechos que se le atribuyen— la estrategia escogida para afrontar los cargos, de tal suerte que se mostró plena conformidad con la resolución de la situación jurídica y solamente en la misma fecha del cierre instructivo, el 10 de agosto de 1998 (fl. 60ª), aporta memorial en el que solicita la práctica de esa prueba y otra más que da cuenta un año antes de la caída de una bicicleta que había tenido Díaz Insuasty. Pero no se impugna el cierre para procurar se dispusiera lo pertinente a ser evacuada y tampoco se controvierte la acusación.

Evidentemente, dicho memorial no fue tomado en cuenta y el mérito de las pruebas calificado mediante resolución del 16 de septiembre de 1998. Abierto el juicio a pruebas, no se insistió sobre la referida solicitud de la valoración científica, lo que solamente se hizo objeto de reclamación en la audiencia pública y más luego al impugnar el fallo de primer grado, al proponer la falencia como motivo de nulidad.

Se destaca la falta de interés en la práctica de la prueba en mención, en orden a relevar, como bien se puntualizó en la sentencia, que la misma no era en manera alguna forzosa en el caso concreto, circunstancia esta última que descarta por supuesto su ausencia como una inercia censurable en la investigación y por tanto como causal de nulidad.

12. Díaz Insuasty, en pleno ejercicio de condiciones de sanidad mental resolvió realizar la conducta punible por la que fue condenado. Obsérvese a este respecto que ya en oportunidad anterior, dos meses antes de los hechos acá juzgados, el procesado había perseguido a José Antonio Castillo Chicaiza (fl. 46), sólo que advertido de sus intenciones lo enfrentó, a lo cual hubo de manifestarle Díaz Insuasty que “este coso no es para vos” al tiempo que le exhibía un puñal.

Señaladas en los anteriores términos las falencias de la demanda promovida a nombre de Díaz Insuasty y la falta de razón en los escasos fundamentos expuestos, acorde con el concepto del Ministerio Público, el fallo ha de mantenerse incólume.

Finalmente y en razón a que con la decisión de la Sala, el fallo no sufre modificación alguna, debe advertirse que cualquier efecto favorable que pueda derivarse de la aplicación del nuevo Código Penal, corresponderá al respectivo juez de ejecución de penas, acorde con lo previsto por el artículo 79.7 de la Ley 600 de 2000.

En razón y mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

No casar la sentencia impugnada.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, cúmplase, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Herman Galán Castellanos—Jorge Aníbal Gómez Gallego—Alfredo Gómez Quintero—Édgar Lombana Trujillo—Álvaro Orlando Pérez Pinzón—Marina Pulido de Barón—Jorge Luis Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas—Mauro Solarte Portilla.

Teresa Ruiz Núñez, Secretaria.

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