Sentencia 16743 de mayo 2 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 190012331000960315003-01 (16.743)

Consejera Ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Actor: Henry Castro Mejía y otros.

Demandados: Nación - Ministerio de Defensa -Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación.

Asunto: Acción de reparación directa.

Bogotá, D.C., dos de mayo de dos mil siete.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, el 28 de enero de 1999, mediante la cual se declararon no probadas las excepciones propuestas y se negaron las pretensiones formuladas por el señor Henry Castro Mejía y otros en contra de la Nación —Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación—, la cual será confirmada.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Cabe advertir previamente que en el caso concreto la representación judicial de la Nación, por los hechos imputables a la Fiscalía General de la Nación correspondía para el momento de notificación de la demanda (16 de septiembre de 1997), al director ejecutivo de administración judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 99-8 de la ley estatutaria de la administración de justicia (270 de 1996), que de manera genérica, atribuyó a esa autoridad la función de representar a la Nación-rama judicial en los procesos judiciales (1) .

En el caso concreto, la representación de la entidad Nación —Fiscalía General de la Nación— la ejerció debidamente la dirección de administración judicial, que atendió el proceso en todas sus etapas, aunque como se señaló en su oportunidad, la Fiscalía General de la Nación también dio respuesta a la demanda, pero su intervención se limitó a esa actuación, que valga señalarlo, el a quo consideró extemporánea, pero de manera errada, por no advertir que el escrito había llegado por correo con posterioridad al vencimiento de término de fijación en lista, pero la copia fue recibida en tiempo vía fax. Por lo tanto, no se produjo en el proceso una doble representación de esa entidad, ni se vulneró el derecho de defensa de la misma.

2. La decisión del a quo, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda, habrá de confirmase, con fundamento en las mismas razones, esto es, que el daño sufrido con las lesiones del señor Henry Castro Mejía no es imputable al Estado, porque el hecho causante del mismo no tuvo ningún vínculo con el servicio, habida consideración de que si bien en su producción intervino el agente de la Policía Enzo Acosta Camaño, su ejecución no supuso una manifestación del desempeño del cargo público que ejercía.

A esa conclusión se llega con fundamento en las pruebas documentales allegadas con la demanda, y en las pruebas trasladadas de la indagación preliminar que por los delitos de homicidio de Enzo Rafael Camaño y las lesiones personales causadas a los señores Henry Castro Mejía, Hugo Sánchez, Carmen Rosa Ramírez y Andrés Josué Enríquez Ramírez adelantó la Fiscalía Treinta de la Unidad Especializada de Vida de El Bordo, las cuales fueron remitidas al a quo por el secretario judicial de la unidad seccional de la Fiscalía Delegada ante los jueces penales del Circuito de El Bordo Cauca (fl. 99, cdno. 1 y anexo).

Las pruebas trasladadas, compuestas por documentos, informes técnicos, testimonios y las providencias dictadas en ese proceso, tienen pleno valor probatorio en este, por cuanto fueron aportadas en copia auténtica, fueron practicadas por la parte demandada y su traslado fue solicitado por la parte demandante. Es decir, se encuentra satisfecho el principio de contradicción.

Con fundamento en tales pruebas, considera la Sala que están acreditados los siguientes hechos:

2.1. Que el 13 de noviembre de 1994, el señor Henry Castro Mejía sufrió lesiones en diferentes partes del cuerpo, por las cuales fue atendido en los hospitales de El Bordo y de Popayán. Ese hecho fue acreditado con la siguiente prueba documental:

2.1.1. La certificación expedida por el auxiliar de información en salud del hospital nivel I de El Bordo, en la cual manifestó lo siguiente:

“Se encontró registro en el libro de urgencias del paciente Henry Castro Mejía, de 37 años de edad, procedente del (sic) Bordo (C), atendido el 13 de noviembre de 1994, con diagnóstico de politraumatismo y quien fue remitido al HUSJ de Popayán. No se encontró otro documento que hiciera las veces de historia clínica”.

2.1.2. La certificación expedida por el médico director del Hospital Regional de El Bordo, en el cual consta que el señor Henry Castro fue atendido en ese centro hospitalario, el 13 de noviembre de 1994, con diagnóstico de “politraumatismo”, y que fue remitido al Hospital Universitario San José de Popayán (fl. 145, cdno. 2).

2.1.3. La copia auténtica de la historia clínica allegada por el director del Hospital Universitario de San José de Popayán (fls. 193-194), en la cual consta que el demandante ingresó a ese servicio el 13 de febrero de 1994, remitido del Hospital de El Bordo, con diagnóstico de politraumatismo. En dicho hospital se realizó el siguiente diagnóstico: herida pretibial anterior izquierda de más o menos un centímetro de longitud, herida de codo izquierdo y trauma cerrado de abdomen. Consta en esa historia que en la misma fecha se ordenó la salida del paciente, con recomendaciones sobre trauma abdominal.

2.2. Que las lesiones sufridas por el señor Henry Castro Mejía le causaron daños morales a la propia víctima y a las menores Arlineydi y Verónica Castro David, quienes demostraron el vínculo que los unía con aquel, en calidad de hijas, según consta en la copia de los certificados de los registros civiles de su nacimiento (fls. 15-16, cdno. 1). La demostración del parentesco en el primer grado de consanguinidad entre la víctima y los demandantes, unida a las reglas de la experiencia, permiten inferir el dolor moral que estos sufrieron con las lesiones padecidas por su padre.

No sucede igual con la señora Ana Élida David Guerrero, quien adujo su calidad de esposa del lesionado, pero quien no demostró serlo, con la prueba documental correspondiente, dado que no se allegó al proceso el registro civil del matrimonio, y tampoco se demostró que hiciera vida marital con el lesionado Henry Castro Mejía, habida consideración de que la persona llamada a rendir testimonio sobre ese hecho, el señor Gabriel Antonio Burbano Escobar (fls. 116-117, cdno. 2), declaró ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Patía, Cauca, en cumplimiento de la comisión impartida por el a quo, que sí conocía al mencionado señor y que le constaba que este tenía dos hijos, pero que desconocía si hacía o no vida marital con la madre de los menores. En síntesis, esta demandante no acreditó haber sido damnificada con el daño sufrido por el señor Castro Mejía.

No fueron demostrados los daños materiales ni el daño a la vida de relación que adujo el demandante haber sufrido, dado que no se allegaron ni practicaron pruebas relacionadas con los presuntos gastos que debió sufragar para obtener su recuperación, ni tampoco se demostró si las lesiones fueron o no de gravedad, y mucho menos, si las mismas le produjeron o no secuelas que hubieran generado la pérdida o merma de su capacidad laboral.

En relación con estos daños la única prueba que obra en el expediente es la certificación expedida por el técnico auxiliar del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Seccional Cauca, Unidad Local de El Bordo, en respuesta al oficio remitido por el a quo, en el cual afirma que en el archivo de esa unidad “no aparece registro alguno de que a dicho señor se le haya practicado reconocimiento médico legal” (fl. 65, cdno. 2).

2.3. Está demostrado que las lesiones que sufrió el señor Henry Castro Mejía fueron causadas en un accidente de tránsito en el que, además, resultó muerto el señor Enzo Rafael Acosta Camaño, y lesionados los señores Hugo Sánchez, Carmen Rosa Ramírez y el menor Josuá Andrés Duque Ramírez.

2.3.1. Según la certificación expedida por el médico director del Hospital Regional de El Bordo, en ese centro médico fueron atendidos con diagnóstico de politraumatismo, los señores Henry Castro, Hugo Sánchez, Carmen Rosa Ramírez y el menor Josuá Andrés Duque Ramírez, el 13 de noviembre de 1994, quienes fueron remitidos al Hospital Universitario San José de Popayán (fl. 144, cdno. 2).

La muerte del señor Enzo Rafael Acosta Camaño fue acreditada con acta de levantamiento del cadáver practicado por la Unidad de Fiscalía Local del Bordo, Cauca, en la cual consta que los hechos se produjeron “en el barrio El jardín, sobre la margen derecha de la vía Panamericana, que de El Bordo conduce a Popayán, a unos 100 metros aproximadamente después del Restaurante Jaramillo, en la salida norte de la población”; el acta del plano, fotografías y formato de las lesiones en el cuerpo del fallecido en esa diligencia; la necropsia en la cual se concluyó que su fallecimiento se produjo en accidente de tránsito, por “1. laceración cerebral severa. 2. Síndrome anémico agudo secundario a desmembramiento y múltiples fracturas y 3. luxación séptima vértebra cervical”; el informe presentado por el bioquímico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal, en el cual consta que el occiso presentaba una concentración de 198 m/g% para alcohol etílico, y el registro civil de la defunción (fls. 125-126, 145, 160-161 y 179-186, cdno. 2).

2.3.2. Según el informe presentado por el Fiscal Trece Local de El Bordo, el accidente ocurrió en las siguientes circunstancias:

“El citado murió en un accidente de tránsito ocurrido el día domingo trece (13) de noviembre de 1994 a eso de las 2:00 p.m., cuando la motocicleta Yamaha DT-125, de placas MXC-17, conducida por Enzo Rafael Acosta Camaño colisionó contra la camioneta marca Mazda, de placas PYK-215, conducida por Odel Marino Mondragón, en barrio Jardín, a 100 metros aproximadamente después del restaurante Jaramillo, en la salida al norte de esta población, en el mismo vehículo (motocicleta) viajaban la señora Carmen Rosa Ramírez, su hijo Andrés Yosuá Enríquez Ramírez, quienes resultaron gravemente heridos y fueron trasladados al hospital local y posteriormente al San José de la ciudad de Popayán.

“En el mismo accidente colisionó la motocicleta Yamaha DT-125, de placas MXB51, conducida por el señor Henry Castro y como parrillero Hugo Hernán Sánchez David, quienes resultaron lesionados y fueron atendidos en el hospital local y posteriormente trasladados al hospital San José de Popayán”.

2.3.4. En los informes del accidente elaborados por la oficina de El Bordo, Cauca (fls. 131-134, cdno. 2), consta la versión del hecho suministrada por el señor Odel Mondragón Ibarra, conductor del vehículo tipo camioneta, de placas PYK, con el cual colisionó la motocicleta que conducía el agente Enzo Acosta Camaño: “yo venía despacio, cuando me encontré con 2 motociclistas que venían a alta velocidad y una invadió mi carril (izquierdo) e impactó con el bomper lado izquierdo”.

2.3.5. En la declaración rendida en el proceso penal por el señor Augusto Ramiro Burbano (fls. 189-190, cdno. 2), afirmó que en el momento de los hechos se desplaza en su vehículo detrás del conducido por el señor Odel Mondragón, cuando una motocicleta que se desplazaba en sentido contrario al que ellos llevaban, a alta velocidad, invadió su carril y colisionó con el vehículo del señor Mondragón; que el golpe fue tan fuerte que lanzó la motocicleta a un lado y observó en el sitio otra motocicleta accidentada; que no se bajó del vehículo porque inmediatamente trasladó a dos de los heridos al hospital.

2.3.6. El señor Laurentino Córdoba declaró en el proceso penal (fls. 191-192, cdno. 2), que no observó el accidente, sino que antes del hecho vio pasar por el parque central de la localidad dos motocicletas que se desplazaban a alta velocidad, ambas llevaban parrilleros, por lo que le comentó a un amigo, que los motociclistas iban a provocar un accidente y que, efectivamente, minutos después vio pasar a los agentes de la Policía, porque se habían accidentado los motociclistas.

2.3.7. El señor Alirio Valencia Gómez declaró ante el Juez Promiscuo Municipal de Patía, en cumplimiento de la comisión impartida por el a quo (fls. 121, cdno. 2), que en relación con el accidente solo observó tres motocicletas que iban muy rápido porque estaban compitiendo y luego escuchó en(sic) estruendo; que al llegar al sitio observó heridos a los señores Enzo, la señora Carmen Rosa y al menor hijo de esta Josué.

2.3.8. En la declaración que rindieron en el proceso penal Lisseth Caicedo Navia, María Jimena Caicedo, Neffer Narváez Meza, Milton Adrián Rodríguez Pérez, Bertulfo Tello Morales, Eliécer Segundo Burgos Meneses, Ángela Ramírez y Oscar Ortiz aseguraron que se hallaban en el sector donde se produjo el accidente, por lo que pudieron observar dos motocicletas que pasaron a alta velocidad, en dirección a la piscina, que pocos minutos después se accidentaron (fls. 195, 196, 198, 202, 204, 210-211). El último de los declarantes hizo el siguiente relato de lo sucedido:

“...sentí la bulla de una motocicleta, no pude apreciar de qué color ni marca por la alta velocidad que llevaba, iban dos motos, trataron de juntarse pero inmediatamente se abrieron las dos motos... cuando en ese mismo instante apareció la camioneta, la cual noté que quiso hacerle el quite a las motos..., cuando el impacto de una moto con la camioneta...; vi que al impacto salió un cuerpo de una persona disparado por el aire y chocó con un árbol y vi luego ese cuerpo totalmente quieto en el suelo y desquebrajado...”.

3.3.9. La Fiscalía Treinta Especializada de la Unidad de El Bordo - Patía, Cauca, mediante providencia de 21 de febrero de 1995, se abstuvo de dar inicio a la investigación penal por los delitos de homicidio y lesiones personales (fls. 239-243, cdno. 2), por considerar que la muerte del señor Enzo Rafael Acosta y las lesiones padecidas por Henry Castro, Hugo Sánchez, Carmen Rosa Ramírez y el menor Josuá Andrés Duque Ramírez eran imputables al occiso, “quien luego de apostar una carrera y en su afán de pasar a la otra motocicleta, en la curva perdió el control de la misma y se abrió mucho invadiendo el carril contrario, con tan mala suerte que en ese preciso instante transitaba la camioneta de Odel Marino Mondragón, con la que impactó casi frontalmente... [quien] en un instinto de conservación trató de evitar el impacto, pero todo fue inútil por la alta velocidad que traía el velocípedo que invadía más su carril”.

En síntesis, está demostrado que el accidente en el que resultó lesionado el demandante Henry Mejía Castro se produjo como consecuencia de la colisión que sufrió con la motocicleta conducida por el señor Enzo Acosta Camaño; que ambos motociclistas se desplazaban a gran velocidad en la vía pública y que, además, estaban acompañados en los vehículos por otras personas, entre ellas un menor de edad.

2.4. Está demostrado, además que en la época de los hechos, el señor Enzo Rafael Acosta Camaño tenía la condición de agente de la Policía. Así se acreditó con la resolución de nombramiento, el acta de posesión y el extracto de hoja de vida suscrito por el jefe de la división archivo general de la Policía Nacional, en donde consta que se desempeñaba como Agente de la Policía Nacional desde el 10 de febrero de 1992 (fl. 72-75, cdno. 1). El agente no estaba adscrito a la fiscalía, ni en particular al cuerpo técnico de investigación, como lo certificaron el jefe de la sección desarrollo humano de la Fiscalía General de la Nación y el director de la seccional del Cauca de esa entidad (fls. 32-35 y 97, cdno. 1).

2.5. Antes de decidir si la Nación es responsable del daño sufrido por los demandantes por haber intervenido en su causación un agente estatal cabe precisar que, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Sala, las actuaciones de los funcionarios solo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público (2) . La simple calidad de funcionario público que ostente el autor del hecho no vincula necesariamente al Estado, pues dicho funcionario puede actuar dentro de su ámbito privado separado por completo de toda actividad pública.

En doctrina que la Sala ha acogido en reiterada jurisprudencia, se señala que para que la conducta causante del daño, desplegada por un agente estatal, tenga vínculo con el servicio, se requiere que esta se presente externamente como expresión o consecuencia del funcionamiento del servicio público:

“...no cualquier actuación dañosa de los funcionarios o agentes administrativos conlleva imputación de responsabilidad a la administración de quien dependen o en la que están encuadrados. Se requiere en todo caso para que opere el mecanismo de atribución a la administración del deber de reparar un daño patrimonial, que la actuación lesiva de la persona autora material de este pueda calificarse como propia del ‘funcionamiento de los servicios públicos’. Es decir que la conducta del agente de la administración productora del evento dañoso suponga una manifestación del desempeño o ejercicio del cargo público, presentándose externamente entonces el resultado lesivo como expresión o consecuencia del funcionamiento del servicio público. “Por tanto, la administración no responde de los daños causados por la actividad estrictamente privada de sus funcionarios y agentes, es decir, la llevada a cabo absolutamente al margen de las funciones del cargo público; en una palabra, la realizada fuera del servicio público. En definitiva, el fenómeno jurídico de imputación de responsabilidad civil a la administración no se produce en aquellos supuestos de daños resarcibles en los que el funcionario se presenta frente al sujeto dañado en su calidad de persona privada, desprovisto, por tanto, de toda cualificación jurídico – pública” (3) .

Para establecer cuándo un hecho cometido por un agente estatal tiene vínculo con el servicio, la Sala, en sentencia del 17 de julio de 1990, expediente 5998, formuló el siguiente test de conexidad, con fundamento en la doctrina extranjera: ¿advino el perjuicio en horas del servicio, en el lugar o con instrumento del mismo?; ¿el agente actuó con el deseo de ejecutar un servicio o bajo su impulsión?. En la misma providencia se advirtió que “ello no quiere decir que siempre que el hecho ocurra dentro de cualquiera de aquellas especies o de ambas, necesariamente se vea comprometida la responsabilidad de la administración pero si resultara que el juez, en primer término, tendrá mejores elementos de juicio para inferir que existió una falla en el servicio”.

En providencias más recientes se señaló que “en las decisiones en las que se ha acudido al referido test este no conduce inexorablemente a una u otra conclusión, ya que se deberán analizar, en cada caso, las circunstancias especiales que rodearon el hecho para poder determinar si el daño es atribuible o no atribuible al demandado, aportando únicamente hechos indicadores en relación con la conducta imputada (no con el nexo de causalidad), a partir de los cuales y en armonía con las demás pruebas se podrá solucionar la controversia” (4) .

2.6. En esta oportunidad y superada la teoría del test de conexidad, en seguimiento de la jurisprudencia más reciente, se concluye que en consideración a las circunstancias que rodearon el hecho, el daño no es imputable a la demandada, habida consideración de que:

2.6.1. En el momento del accidente, el agente Enzo Rafael Acosta Camaño se hallaba en franquicia. Consta en el informativo prestacional adelantado por la entidad con ocasión de la muerte del agente, el cual fue allegado en copia auténtica por el Subcomandante del Departamento de Policía del Cauca, en respuesta a la solicitud formulada por el a quo (fls. 36 y 55-57, cdno. 2), que este murió en servicio pero sin causa o relación del mismo y que para el momento de los hechos se encontraba en franquicia.

2.6.2. La motocicleta de placas MXC-17, en la cual se trasladaba el agente Enzo Rafael Acosta Camaño, para la fecha de los hechos, según la certificación expedida en la Secretaría de Transporte y Tránsito del Departamento del Cauca, Oficina de Tránsito de El Bordo, era de propiedad del señor Héctor Mauricio Cruz (fl. 70-71, cdno. 1), y la copia auténtica de la tarjeta de propiedad del vehículo que figura a nombre del mencionado señor (fls.168-169, cdno. 2).

2.6.3. En el momento del accidente, el agente no está cumpliendo funciones propias del servicio.

2.6.3.1. En el informativo de novedad dirigido por el comandante del Distrito Tres de El Bordo del departamento de Policía del Cuaca, al comandante de ese departamento, que fue allegado en copia auténtica en respuesta a la solicitud formulada por el a quo, se afirmó que el agente Enzo Rafael Acosta Camaño se encontraba en su residencia y que fue mandado a llamar por el Fiscal Doce Antonio Fernández, para que lo acompañara a un almuerzo, y que este efectivamente lo acompañó y que para su traslado al sitio utilizó una moto de propiedad particular del señor Héctor Mauricio Cruz, Marca Yamaha 125cc, de placas MXC-17, color negro (fl. 39, cdno. 1).

2.6.3.2. En el informativo prestacional se recibió declaración al señor Kennedy Angarita Quesada (fls. 47-48), quien a la fecha de los hechos se desempeñaba como Jefe de la Unidad Investigativa de la Policía judicial de El Bordo, quien manifestó haber tenido conocimiento de que el agente Enzo Rafael Acosta Camaño se hallaba en su residencia “franco-disponible”, atento a cualquier llamado que le hiciera el fiscal de turno; que el Fiscal Marco Antonio Fernández Orozco fue hasta su residencia y le solicitó que lo acompañara a una actividad social a la cual lo habían invitado, por lo que el agente se trasladó en una motocicleta particular y el fiscal en otro vehículo; que fue informado que el agente iba a una velocidad prudencial, pero que tal vez con el fin de alcanzar el vehículo en el que se desplazaba el fiscal y tratar de adelantar otra motocicleta, en la curva se salió del carril y colisionó contra la camioneta que era conducida por el señor Odel Mondragón, funcionario de la rama judicial.

2.6.3.3. En el informativo prestacional, el comandante del Departamento de Policía del Cauca declaró que la muerte del señor Enzo Acosta Camaño se produjo “en servicio, pero sin causa o razón del mismo” (fls. 55-57, cdno. 2). Se consideró acreditado en ese procedimiento que los hechos ocurrieron así:

“Cuando al encontrarse disfrutando de franquicia fue requerido por un funcionario judicial con el fin de que fuera a practicar una requisa a sospechosos en un establecimiento, posteriormente, debido a las buenas relaciones que tenía con el Fiscal 13 de dicha localidad, lo invitó a ir hasta un sitio recreacional con el fin de disfrutar un rato, además solicitándole llevara en su motocicleta a una amiga y durante el desplazamiento sufrió el funesto accidente de tránsito...Debido a las múltiples heridas y lesiones falleció en el acto”.

2.6.3.4. El señor Hugo Hernán Sánchez Gaviria, en la declaración que rindió en el proceso penal (fls. 212-213, cdno. 2), aseguró que se desempeñaba con técnico judicial de la Fiscalía Local de El Bordo; que el día de los hechos se hallaba en compañía del Fiscal Marco Antonio Fernández, en la taberna Taurus, donde se hallaban reunidos varios motociclistas, cuya actitud le resultó sospechosa al fiscal, por lo que este le pidió que llamara a la Policía para que los requisara; que así lo hizo y pocos minutos después llegó el agente Enzo, de quien dijo no recordar su apellido, pero que este advirtió que los que allí se reunieron eran conocidos suyos, por lo que resolvió no adelantar el procedimiento; que todos los reunidos resolvieron trasladarse a la piscina, por lo que él se subió en la motocicleta de un señor al que llamaban “el paisa”, pero a quien no conocía; que entre los motociclistas que se dirigían al lugar se hicieron apuestas sobre cuál motocicleta llegaba primero; que las conducidas por “el paisa” y por Enzo iban adelante por ser las de mayor cilindraje y que cuando iban en la curva a la altura del restaurante Jaramillo, la motocicleta de Enzo iba muy abierta y no alcanzó a meterse al carril correspondiente por lo que colisionó con una camioneta roja y luego con la motocicleta en la que él viajaba, accidente en el cual resultaron heridos todos los que viajaban en las motocicletas.

Como se advierte, en las pruebas relacionadas se incurre en contradicción al explicar la razón por la cual el agente Enzo Acosta Camaño se hallaba en el sitio donde se produjo el accidente. Se refiere en tales pruebas que el agente había sido enviado al sitio por la Policía, a solicitud del Fiscal Especializado de la Unidad Local de El Bordo, para realizar un procedimiento policivo; en tanto que en otras pruebas se afirma que había sido mandado a llamar por el mismo Fiscal para que lo acompañara a una actividad social. Sin embargo, tal funcionario no fue interrogado en el proceso penal ni en este para que declarara sobre ese hecho.

Pero, al margen de la credibilidad que pueda darse a dichas pruebas sobre el llamado que hiciera el funcionario judicial al agente para el cumplimiento de una misión oficial, lo cierto es que cuando se produjo el accidente, ya había cesado esa presunta misión y el agente Enzo Acosta Camaño, junto con el señor Henry Castro Mejía y otras personas más, se dirigían a realizar una actividad privada. Por lo tanto, al producirse el accidente en el cual resultó lesionado el señor Henry Castro Mejía, el agente no actuó como servidor público en ejercicio de sus funciones.

En síntesis, aunque las pruebas que obran en el expediente demuestran que las lesiones sufridas por el señor Henry Castro Mejía fueron causadas con intervención del agente de la Policía Enzo Rafael Acosta Camaño, el daño sufrido por los demandantes no es imputable al Estado porque la actuación de este no supuso una manifestación del ejercicio de su cargo, ni se produjo con un vehículo oficial, ni con un bien que hubiera estado bajo la guarda de las entidades públicas demandadas. En pocas palabras, el daño sufrido por los demandantes no es imputable a la demandada porque la actuación del agente estatal que intervino en su comisión fue ajena al servicio que prestaba y por lo tanto, solo comprometió su esfera personal.

En consecuencia, se confirmará la sentencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, el 28 de enero de 1999.

(1) Los términos de los artículos 22 y 27 del Decreto 2699 de 1991 dispusieron que el Fiscal General de la Nación tendría la representación de la entidad frente a las autoridades del poder público y que la oficina jurídica tenía dentro de sus funciones, la representación de la fiscalía mediante poder conferido por el fiscal general, en los procesos en que esta fuera demandada. La vigencia de estas normas se prolongó hasta la expedición de la ley estatutaria de la administración de justicia (270/96), en cuyo artículo 99-8, de manera genérica, se atribuyó al director ejecutivo de administración judicial la función de representar a la Nación-rama judicial en los procesos judiciales, disposición modificada en cuanto a la Fiscalía General de la Nación, por cuenta del artículo 49 de la Ley 446 de 1998, tal como lo concluyó esta corporación en sentencia proferida el 13 de diciembre de 2001, expediente 12.787.

(2) En sentencia de 26 de septiembre de 2002, expediente 14.036, dijo la Sala: “Para determinar cuándo el hecho tiene o no vínculo con el servicio se debe examinar la situación concreta para establecer si el funcionario actuó frente a la víctima prevalido de su condición de autoridad pública, es decir, que lo que importa examinar no es la intencionalidad del sujeto, su motivación interna sino la exteriorización de su comportamiento. En otros términos lo que importa para atribuir al Estado, por ejemplo, el hecho de un policía que agrede a una persona es establecer “si a los ojos de la víctima aquel comportamiento lesivo del policía nacional aparecía como derivado de un poder público, si quiera en la vertiente del funcionamiento anormal de un servicio público”.

(3) Andrés E. Navarro Munuera. La ampliación de la responsabilidad patrimonial de la administración a los daños ocasionados por sus funcionarios o agentes actuando al margen del servicio público, en Revista Española de Derecho Administrativo, Nº 60, octubre-diciembre de 1988. Se analiza en el artículo la sentencia del Tribunal Supremo de España del 27 de mayo de 1987, que concedió a los demandantes la indemnización por la muerte de su hijo ocasionada por un agente de la policía con arma de fuego reglamentaria, pero quien disfrutaba de sus vacaciones, en aplicación de la teoría del riesgo como título de imputación.

(4) Sentencia de 6 de diciembre de 2004, expediente 504222331000941044-01.

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