Sentencia 16782 de diciembre 13 de 2001

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Isaac Nader

Rad.: 16782

Acta 58

Bogotá D.C., trece de diciembre de dos mil uno.

Procede la Corte a resolver el recurso de casación interpuesto por el apoderado de los señores MARIA MERCEDES USME ALZATE y JOSE JOAQUIN MARQUEZ OLARTE contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 1º de noviembre de 2000, dentro del proceso ordinario seguido por los recurrentes a la sociedad SEGURIDAD RECORD DE COLOMBIA LIMITADA “SEGURCOL”.

I. Antecedentes

1. Se promovió el proceso con el fin de obtener los demandantes el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales y morales derivados de la muerte en accidente de trabajo de su hijo Walter Alexander Márquez Usme, infortunio imputable a culpa patronal; igualmente el reajuste de las prestaciones sociales del occiso, la devolución de $8.200.oo descontados ilegalmente de la liquidación, indemnización moratoria e indexación.

2. Fundamentaron sus pretensiones en los siguientes hechos y omisiones, extraídos del libelo: 1) Su hijo Walter Alexander Márquez Usme prestó sus servicios a la demandada como vigilante desde el 14 de julio de 1999 hasta el 29 del mismo mes y año, fecha ésta en que perdió la vida cuando laboraba en la Unidad Hospitalaria Belén, es decir, en un accidente de trabajo; 2) Ese día un grupo de malhechores atacó el lugar donde el fallecido prestaba sus servicios y le propinaron varios disparos en el tórax; 3) “La falta de previsión de la empleadora, al no entregarle chaleco blindado como dotación ordinaria, implica una omisión grave en sus deberes de proteger la salud y seguridad del trabajador, lo que deviene en una culpa patronal…” (fl. 2, cdno. ppal).

3. La empresa demandada se opuso a las pretensiones del libelo; en cuanto a los hechos aceptó los extremos de la relación de trabajo y negó los restantes. Propuso las excepciones de falta de causa para pedir e inexistencia de la obligación.

4. El Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del 19 de septiembre de 2000, condenó a la demandada pagar a los demandantes la suma de $8.937.18 por concepto de retención ilegal de prestaciones sociales y absolvió de las demás súplicas impetradas.

II. La sentencia del tribunal

Del recurso de apelación interpuesto por la demandada conoció la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, la cual, mediante la sentencia ahora impugnada, confirmó la del a quo.

El ad quem consideró que Márquez Usme ciertamente perdió la vida en un accidente laboral, “Pero conforme a lo normado en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, solo cuando exista culpa suficientemente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo, está obligado a la indemnización total y ordinaria de perjuicios”.

Agrega que “el artículo 63 del Código Civil define la culpa leve, como la falta de diligencia y cuidado que un hombre emplea ordinariamente en sus propios negocios. Recuérdese que conforme al artículo 1.604 ibídem, es esta clase de culpa por la que se responde en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes, como lo es el contrato de trabajo”.

Más adelante sostiene que se acreditó que la empresa “instruyó suficientemente al causante, sobre la forma como debía prestar su labor de vigilancia y seguridad privada, según se observa en certificado que obra al folio 69 del expediente; y que además para su vinculación no solo le realizó examen físico sino también prueba sicológica (fl. 65); lo dotó suficientemente con elementos necesarios para su labor de vigilancia (fl. 70), y estaba constantemente supervisando su trabajo e impartiéndole instrucciones y apoyo acerca de cómo debía realizarlo (fl. 54).

“También se demostró que la labor que estaba realizando el causante era de simple vigilancia en la Unidad Intermedia de Salud del barrio Belén (fl. 54). Obsérvese entonces que de las anteriores pruebas no puede inferirse que la demandada haya incurrido en negligencia o descuido, que hubieren ocasionado el accidente, pues para cumplir con su obligación de proporcionar seguridad al trabajador, de conformidad con el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, la empleadora debe imponer normas acordes con el fin de proporcionar y garantizar la seguridad necesaria para la prestación del servicio en las condiciones propias de cada labor, y así lo hizo.

“Pero aunque la inconformidad del apelante radica fundamentalmente en el hecho de que no se le hubiese proporcionado al trabajador un chaleco antibalas, pues afirma que de haberlo tenido puesto el día del in suceso hubiese salvado su vida, toda vez que los proyectiles lesionaron órganos del tórax, en sentir de la Sala no era necesario que se le brindara esa clase de protección, pues su labor de vigilante en un centro de salud no lo requiere, ya que simplemente se le necesitaba para mantener el orden en ese lugar y no permitir el ingreso de armas, para lo que se le entregó un detector de metales; valga decir que su labor era simplemente de prevención y no de custodia de bienes, valores o personas, pues aunque se afirma en la apelación que la empresa conocía de la custodia que se hacía allí de un delincuente, este hecho no fue acreditado en el proceso”.

Recurso de casación

Inconforme con la decisión del Tribunal, la parte actora interpuso el recurso extraordinario a través del cual persigue la casación parcial del fallo de segundo grado para que convertida la Sala en sede de instancia revoque parcialmente la decisión del a quo y, en su lugar, condene a la sociedad demandada pagar la indemnización total y ordinaria de perjuicios de que trata el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.

Con dicho objetivo formula un cargo, oportunamente replicado, en el que acusa la sentencia de violar en forma directa por interpretación errónea los artículos 57.2 y 216 del Código Sustantivo del Trabajo en relación con los artículos 63 y 1604 del Código Civil; 63, 73, 74.6, 74.7, 74.25, 97 y 103 del Decreto 356 de 1994; 78 del Decreto 2535 de 1993; 60 y 61 del C. P. del T.; 177 (inciso 2) del C. de P. C., interpretación errónea que condujo a dejar de aplicar los artículos 14, 19, 55 y 56 del C. S. del T.; 1603 del Código Civil y 74.23 del Decreto 356 de 1994.

Para la demostración del cargo, el censor empieza por precisar que acepta los supuestos de hecho de la sentencia en tanto su inconformidad se contrae a cuestionar la interpretación dada a las normas con las que se desató el litigio.

A partir de esa circunstancia, prosigue, el Tribunal da por sentado que el empleador dio cumplimiento a la obligación legal contenida en el artículo 57.2 del C.S.T. que impone como deber especial del patrono la de proporcionar al trabajador los elementos adecuados de protección contra los accidentes de trabajo.

Explica que la conclusión del fallador parte de una exégesis errada de la disposición legal aludida en relación con lo establecido por el Decreto 356 de 1994, Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, cuyo contenido está dirigido a regular ese tipo de actividad para diferenciarla de las fuerzas militares y de policía (art. 63); tal servicio, como se colige del artículo 73 ídem, es de naturaleza especial y no el de simple vigilancia a que se refiere la legislación del trabajo, como lo pregona la sentencia impugnada, por cuanto su finalidad es la de “disminuir y prevenir las amenazas que afecten o puedan afectar la vida, la libertad personal o el tranquilo ejercicio de legítimos derechos sobre los bienes de la persona que recibe su protección sin alterar o perturbar las condiciones para el ejercicio de los derechos y libertades públicas de la ciudadanía y sin invadir la órbita de competencia reservada a las autoridades”.

Estima el censor que de lo anterior se desprende que dicho servicio “encara una amenaza y que las personas naturales a quienes se les confía la misión descrita en la norma, están expuestas de manera permanente a un riesgo y por lo tanto, el ejercicio de esa actividad por parte de los trabajadores que materialmente la prestan, comporta de por sí un riesgo y un peligro”.

“De ahí que esa errada lectura, continúa, que el ad quem hizo de las normas estatutarias citadas, lo llevó a una equivocada hermenéutica del artículo 57.2 del C.S.T., al estimar que la demandada dio cumplimiento a la obligación especial de procurar a su trabajador elementos adecuados de protección para prevenir el accidente que le costó la vida, por el hecho de haberlo dotado de arma… o porque se le haya suministrado uniforme…

“De lo visto es perentorio concluir que la demandada no cumplió con la obligación impuesta al empleador en el artículo 57.2 del Código de la materia, con mayor razón si el oficio desempeñado por el ex trabajador que padeció el accidente se realizaba en un medio agresivo y violento como el que es propio de nuestro país en general y en particular la ciudad de Medellín, en donde hechos como el rescate violento de delincuentes, narcotraficantes, en clínicas y hospitales han ocurrido frecuentemente, hecho notorio del que todo el público ha tenido noticia y conocimiento.

“No habiendo pues la empresa demandada suministrado a su trabajador elementos adecuados para prevenir y protegerlo del accidente, esto es elementos adecuados según la naturaleza y clase del oficio desempeñado, del entorno, del sitio y del medio en que actuaba, pues no se puede confundir vestuario o ropa de trabajo con elementos de protección, incurrió en una omisión culpable que la hace responsable de las consecuencias provenientes de su conducta omisiva”.

Se refiere a continuación al entendimiento dado por el ad quem a los artículos 63 y 1604 del Código Civil; en lo concerniente al primero considera que conforme a esa disposición la culpa leve se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano, lo que quiere decir que para que el deudor pueda exculparse de su responsabilidad no le basta con observar un cuidado de cualquier naturaleza sino el que corresponde “a un buen padre de familia”, es decir que aplicando esos criterios al caso en examen se tiene que no es suficiente para el empleador dotar a los vigilantes con uniforme y arma de dotación para repeler el ataque sino que “se debe dar al trabajador elementos que lo protejan y prevengan de accidentes de trabajo, adecuados a la clase de oficio o actividad y demás circunstancias antes anotadas, así no haya norma expresa que indique su clase y naturaleza”; en cuanto al otro precepto, estima que la prueba de la diligencia corresponde a quien ha debido emplearla, o sea, debía el patrono demostrar que no omitió el deber de dotar al empleado con los elementos adecuados de protección contra el accidente de trabajo que le causó la muerte.

Imputa al Tribunal no haber aplicado el artículo 56 del C.S.T. según el cual de modo general “incumben al patrono obligaciones de protección y seguridad para con los trabajadores”... De ahí que en materia de seguridad y prevención de accidentes de trabajo, las obligaciones de protección contra los riesgos no solamente se derivan de la relación contractual sino que devienen de la misma ley y por lo tanto es dable concluir que el concepto de culpa en materia laboral trasciende el plano de la culpa leve y se erige en la culpa levísima, esto es, “en aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes (art. 63 C.C.)”.

Consideraciones de la Corte

Aun cuando el recurrente acusa al Tribunal de haber interpretado erróneamente los artículos 57 numeral 2º y 216 del Código Sustantivo del Trabajo, no explica en realidad en qué consiste exactamente dicho yerro, ya que en vez de hacer este ejercicio como lo imponen las reglas de casación, se explaya en un extenso alegato en el que soslaya lo esencial como es refutar la hermenéutica realizada por el juzgador y la que a su juicio corresponde a dichas disposiciones, que es lo que en rigor debe hacerse cuando se trata de demostrar la ocurrencia de desvíos como el denunciado en este caso. 

Pero es que en definitiva al referirse a la primera de las normas legales antes indicadas el Tribunal se limitó a decir que para efectos de cumplir con la carga allí impuesta el empleador “debe imponer normas acordes con el fin de proporcionar y garantizar la seguridad del servicio en las condiciones propias de cada labor” (fl. 128, cdno. ppal), entendimiento que además de ser el que corresponde a dicho precepto no es refutado explícitamente por el impugnante. 

Y en cuanto al otro enunciado legal, el artículo 216 del CST, el ad quem simplemente dijo que conforme al mismo “solo cuando exista culpa suficientemente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo, está obligado a la indemnización total y ordinaria de perjuicios”, alcance que se compagina con su tenor literal y en el que no subyace ni por asomo el yerro denunciado, amén de que, al igual que ocurrió con el precepto atrás señalado, tampoco explica la censura cómo se dio el desatino que denuncia. 

En lo concerniente a las disposiciones de los Decretos 356 de 1994, con excepción del artículo 74-23, y 2535 de 1993, debe decirse que el ad quem no pudo incurrir en su interpretación errónea por cuanto respecto de ellas no hizo la más mínima alusión. 

Igual situación a la ya señalada se presenta con las restantes disposiciones denunciadas, más exactamente con los artículos 63 y 1604 del Código Civil, a las cuales en últimas el recurrente termina por darles el mismo entendimiento que les otorgó el Tribunal, por lo que respecto de ellas no pudo cometer el desafuero endilgado.  

Por otra parte, lo que en el fondo controvierte el censor son las conclusiones del Tribunal en cuanto no halló acreditada la culpa patronal, al encontrar, por el contrario, que el empleador cumplió cabalmente con sus obligaciones de seguridad y protección. Desde esa perspectiva eminentemente fáctica, el ataque debió plantearse por la vía indirecta en dirección a demostrar que en últimas el empleador no se ciñó a los reseñados deberes. 

En ese sentido, del desarrollo del cargo aflora con nitidez que los cuestionamientos importantes hechos a la sentencia recurrida tienen un matiz fáctico, como se desprende de los siguientes pasajes de la demanda de casación: 

“A partir de estas circunstancias, el Tribunal da por sentado que el empleador dio cumplimiento a la obligación legal contenida en el artículo 57.2 del C. S. T. que impone como deber especial al patrono la de proporcionar al trabajador los elementos adecuados de protección contra los accidentes de trabajo”. 

“De ahí que esa errada lectura que el ad quem hizo de las normas estatutarias, lo llevó a una equivocada hermenéutica del artículo 57.2 del C. S. T., al estimar que la demandada dio cumplimiento a la obligación especial de procurar a su trabajador elementos adecuados de protección para prevenir el accidente que le costó la vida. 

“De lo visto es perentorio concluir que la demandada no cumplió con la obligación impuesta al empleador en el artículo 57.2 del Código de la materia”. 

La determinación de si en un caso concreto el empleador suministró o no los elementos de seguridad a uno de sus trabajadores es asunto relacionado con los hechos y los supuestos fácticos del proceso; por lo tanto, socavar en casación las conclusiones en uno u otro sentido del juzgador es tarea que sólo puede abordarse por la vía indirecta pues por la vía jurídica es lógicamente imposible, por más referencias y alusiones que se hagan a las normas violadas y al concepto en que se produjo su quebranto. 

Finalmente es pertinente agregar que no existe en el marco del artículo 216 del C. S. del T. una especie de presunción de culpa para los casos en que el trabajador se desempeñe en una actividad de alto riesgo o inclusive peligrosa; por el contrario, dicho precepto legal proscribe toda clase de responsabilidad objetiva, que genera una indemnización a forfait, y convierte al empleador en sujeto pasivo de la obligación resarcitoria sólo en el evento de que el infortunio profesional sea imputable a culpa, leve o levísima, suya. 

Como la inferencia del ad quem en el sentido de que no se acreditó que hubo culpa patronal en el accidente de trabajo en que perdió la vida Walter Márquez Usme sigue intacta, la acusación no está llamada a prosperar.

Por consiguiente, el recurso no es estimable.

No hay lugar a costas en el recurso extraordinario, por cuanto no hubo oposición.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 1º de noviembre de 2000, en el proceso ordinario laboral seguido por MARIA MERCEDES USME ALZATE y JOSE JOAQUIN MARQUEZ OLARTE contra la sociedad SEGURIDAD RECORD DE COLOMBIA LTDA “SEGURCOL”.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Magistrados: Carlos Isaac Nader—Francisco Escobar Henríquez—José Roberto Herrera Vergara—Luis Gonzalo Toro Correa—Germán G. Valdés Sánchez—Isaura Vargas Díaz—Fernando Vásquez Botero.

Secretario: Jesús Antonio Pastas Perugache