Sentencia 16788 de junio 5 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

NO ES UN DERECHO DE LOS SINDICATOS DE EMPLEADOS PÚBLICOS

EXTRACTOS: «La negociación colectiva constituye una de las expresiones propias del principio de libertad sindical garantizado en la Constitución Política de Colombia y desarrollado a través de las normas que conforman la segunda parte del Código Sustantivo del Trabajo, toda vez que a través de este medio es como se cumple, esencialmente, uno de los objetivos inherentes al derecho de asociación sindical, como es el de concertar dentro de un proceso de discusión pacífica, acuerdos con los empleadores que se traduzcan en una mejoría de las remuneraciones y de las condiciones laborales de los trabajadores. De esta manera se logra un punto de equilibrio entre los intereses antagónicos que una y otra parte representan y defienden en el mundo de la producción, lo que conlleva un efecto estabilizador sobre las relaciones laborales.

De ahí que la Constitución Política de Colombia en su artículo 55 garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, pero eso sí, dejando a la ley la posibilidad de consagrar excepciones al respecto.

Pues bien, una de las excepciones que señala la ley al derecho de negociación colectiva protegido por la Carta Política es la contenida en el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo, referente a los empleados públicos. En efecto, se dispone en la norma antes citada que: “los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas...”. Es decir, que a los empleados públicos les está legalmente vedada la posibilidad de obtener mejoras económicas-laborales a través de un proceso de negociación colectiva.

La prohibición que le impone el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo a los sindicatos de empleados públicos de presentar pliegos de peticiones o celebrar convenciones colectivas fue declarada exequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-110 de marzo 10 de 1994. Para dicha corporación es razonable esta limitación a los sindicatos de empleados públicos porque los servidores afiliados a estas asociaciones tienen a su cargo el ejercicio de la función pública en sus distintas modalidades y la prestación de los servicios públicos; porque considera que es una de las excepciones a que se refiere el artículo 55 de la Carta Política; porque los empleados públicos tienen establecida con el Estado una relación legal y reglamentaria y porque si pudieran presentar pliegos de peticiones o celebrar convenciones colectivas se podría llegar a paralizar la función pública correspondiente y atentar contra el interés colectivo, que debe prevalecer según el artículo 1º de la Constitución.

En este mismo sentido se pronunció la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, a través del concepto de fecha 11 de febrero de 1998 (Rad. 1072). En este pronunciamiento se expresa que el Congreso de acuerdo con los literales e y f del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Nacional delimita las escalas de remuneración de las distintas categorías de empleos y el régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos; por su parte el gobierno fija los salarios de los empleados de la administración central y de los empleados públicos dentro de los límites señalados por el legislador y sin exceder las apropiaciones presupuestales; en relación con las prestaciones sociales corresponde al Congreso dictar la ley con base en la cual las determina según el cargo y el salario del empleado.

En este orden de ideas, es claro que los sindicatos de empleados públicos no tienen la posibilidad legal de generar un conflicto colectivo para entrar a discutir a través de un proceso de negociación colectiva incrementos salariales o cualesquiera otros beneficios relativos a la situación laboral de sus afiliados, toda vez que la fijación del régimen salarial y prestacional de éstos a nivel nacional se encuentra atribuida expresamente por la Constitución al Congreso de la República (art. 150, num. 19, ord. e) y al Presidente de la República en el evento del numeral 14 del artículo 189 ibídem; y, en el ámbito territorial, a las asambleas departamentales y a los concejos municipales (C.P., art. 300, num. 7º y art. 313, num. 6º), ora a los gobernadores y alcaldes en las precisas circunstancias previstas en los artículos 305 (num. 7º) y 315 (num. 7º) de la misma Carta.

Lo anterior no se contrapone a los convenios 151 y 154 de la OIT, aprobados por las leyes 411 del 5 de noviembre de 1997 y 524 del 12 de agosto de 1999 respectivamente, porque en tales instrumentos internacionales se consagra la negociación colectiva para los empleados públicos como una de las opciones que puede adoptar la autoridad nacional competente o también como una medida deseable para que las organizaciones que representan a aquéllos participen con las autoridades públicas competentes en el establecimiento de las condiciones de trabajo, así como en la solución de sus diferencias laborales. Por ello, se hace en éstos una invitación a los Estados para que, de acuerdo con las situaciones propias de cada Nación, se adelanten campañas de estímulo y fomento de tal mecanismo de concertación en el sector público. Lo que, además, por mandato constitucional —inciso dos del artículo 55 de la C.P.— constituye un deber para el Estado colombiano.

Aún más, el numeral 3º del artículo 1º del Convenio Nº 154 deja abierta la posibilidad de que, en lo referente a la administración pública, la legislación o la práctica nacionales puedan fijar modalidades particulares de aplicación de dicho convenio.

Sobre este aspecto ya se había pronunciado la Sala en fallo de homologación dictado el 20 de junio de 1997 (rad. 10008) en algunos de cuyos apartes se dijo:

“Cuanto a la petición subsidiaria, debe también observarse que no es procedente toda vez que el arbitramento no descartó de manera arbitraria las solicitudes respetuosas formuladas por los empleados públicos, ni las dejó de estudiar por omisión, sino que con razones atendibles, que la Sala comparte, consideró que tales reclamaciones no se encontraban dentro del ámbito de su competencia. Y no puede la Corte asignársela por analogía sin menoscabar el derecho al debido proceso.

En efecto, como lo expresa la asociación recurrente, el artículo 123 de la Carta Política denomina “servidores públicos” a los miembros de las corporaciones públicas, y a los “empleados” y “trabajadores” del Estado y de las entidades descentralizadas y dispone que todos ellos “ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento”.

En el artículo 125 la Constitución establece que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera a excepción, entre otros, de los trabajadores oficiales. Y en el artículo 130 se refiere a la Comisión Nacional de Servicio Civil, responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de los que tengan carácter especial.

Por tanto y no obstante que desde la Ley 50 de 1990 (art. 58) es posible la constitución de sindicatos mixtos, que agrupen empleados públicos y trabajadores oficiales, aún la ley no ha establecido un mecanismo para que se lleve a efecto la negociación del pliego de peticiones de los trabajadores oficiales, al unísono con las “solicitudes respetuosas” que hasta ahora pueden presentar los empleados públicos que no solamente por norma general son empleados de carrera y por lo tanto sujetos a regímenes especiales en distintos aspectos, sino que además tienen expresa prohibición legal de presentar pliegos de peticiones y de firmar convenciones colectivas de trabajo (CST, art. 416).

Es sabido que con la presentación del pliego de peticiones se inicia un conflicto colectivo que puede terminarse con la firma de la convención colectiva de trabajo o llegar hasta el tribunal de arbitramento obligatorio para su solución, mediante el laudo arbitral; mientras que los aludidos memoriales de solicitudes no tienen el mérito de generar conflicto colectivo de trabajo que pueda definirse mediante convención o laudo.

De suerte que, si bien el artículo 39 de la Carta Fundamental consagra el derecho de sindicalización para todos los trabajadores con la única salvedad de los miembros de la fuerza pública; en artículo 55 la misma Constitución se remite a las excepciones previstas en la ley con relación al derecho de negociación colectiva.

Es innegable que el estatuto superior no excluyó del derecho de asociación a los empleados públicos sino que, por el contrario, le dio consagración constitucional a la prerrogativa que ya le había reconocido la ley, a más de que amplió sus garantías al establecer en favor de sus representantes sindicales el fuero y las demás previsiones importantes para el cumplimiento de su gestión. Pero también, es indiscutible que en materia de negociación colectiva les dejó sujetos a lo ya previsto legalmente y a lo que el legislador determine en el futuro, buscando siempre conciliar el derecho de que se trata con el buen funcionamiento de la administración pública, en forma tal que se garantice el interés general, a la vez que se establezcan el procedimiento y la competencia; pues la normas del Código de Procedimiento Laboral, resuelven los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente, en el contrato de trabajo, y no en la relación legal o reglamentaria, que es la que vincula a los empleados públicos con el Estado y que corresponde al campo del derecho administrativo, con excepción del fuero sindical de los empleados públicos (L. 369/97)”.

Así las cosas, se tiene que el tribunal de arbitramento se extralimitó en su funciones cuando extendió a los empleados públicos del Hospital San Francisco de Villa de Leyva ESE, el campo de aplicación del laudo proferido el 10 de abril de 2001, pues el conflicto colectivo iniciado con la presentación del pliego de peticiones por parte del sindicato departamental de empleados de la salud y la seguridad social del departamento de Boyacá “Sintrasalud”, no podía involucrar a tales servidores de dicha institución hospitalaria, dada la limitación consagrada en el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo.

En consecuencia, se declarará inexequible el artículo primero del laudo arbitral en cuanto dispuso que éste también se aplicaría a los empleados públicos del Hospital San Francisco de Villa de Leyva ESE».

(Sentencia de homologación, junio 5 de 2001. Radicación 16.788. Magistrado Ponente: Dr. Germán G. Valdés Sánchez).

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