Sentencia 16789 de abril 26 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-27-000-2005-00290-01(16789)

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Sociedades Bolívar S.A.

Demandado: Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales

Bogotá, D.C., de abril veintiséis de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

De acuerdo con los términos del recurso de apelación corresponde a la Sala determinar la legalidad de la actuación administrativa mediante la cual la administración distrital modificó la liquidación privada del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros del 6º bimestre del año gravable 2000 presentada por la demandante.

La razón de inconformidad planteada en el recurso se concreta en la adición de ingresos por la enajenación de acciones que la actora poseía en la sociedad Inversora Anagrama, Inveranagrama, las cuales constituyen para la demandada activos movibles de acuerdo con su objeto social.

En relación con la base gravable del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, esta corporación (7) ha señalado que en el distrito capital a partir del Decreto 1421 de 1993 y los decretos distritales compilatorios (8) , la base gravable en el impuesto de industria y comercio está representada por los ingresos netos obtenidos por el ejercicio de actividades industriales, comerciales y de servicios, con exclusión de los ingresos por actividades no sujetas, exentas y por algunos ingresos que a manera de exclusiones, quiso conservar el legislador extraordinario en relación con los previstos desde antes por la Ley 14 de 1983. Es así como mantuvo como ingresos a excluir los correspondientes a las devoluciones, rebajas y descuentos, las exportaciones y la venta de activos fijos. Sobre esta última la Sala ha indicado que:

“Como lo señala la normatividad en comento, la utilidad debe derivarse de la venta o enajenación de activos que tengan la naturaleza de activos fijos, bienes para los cuales la normatividad del impuesto de industria y comercio, no los ha definido, como tampoco lo ha hecho la legislación contable a pesar de la abundante regulación que se tiene prevista para su manejo y contabilización. En tales condiciones, es necesario acudir a la definición que la normatividad tributaria del impuesto de renta y complementarios, tiene dispuesto en el artículo 60 del estatuto tributario en los siguientes términos:

“ART. 60.—Clasificación de los activos enajenados. Los activos enajenados se dividen en movibles y en fijos o inmovilizados.

Son activos movibles los bienes corporales muebles o inmuebles y los incorporales que se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente e implican ordinariamente existencias al principio y al fin de cada año o período gravable.

Son activos fijos o inmovilizados los bienes corporales muebles o inmuebles y los incorporales que no se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente (se ha resaltado).

De la norma transcrita se observa que son activos fijos o inmovilizados aquellos bienes que ordinariamente no se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente, es decir que su venta no corresponde con el desarrollo del objeto social principal del contribuyente o ente económico, de manera que tales ventas sean ocasionales y en tal caso los posibles ingresos obtenidos en su enajenación son considerados como extraordinarios, dentro de la normatividad de los impuestos de renta (E.T., art. 26) y de industria y comercio (D. 1421/93, art. 154, num. 5º) así como también en el plan único de cuentas (PUC) para los comerciantes se encuentra prevista en la cuenta 4245 (ingresos no operacionales - utilidades en venta de propiedades planta y equipo).

Por último, es pertinente también aclarar que respecto de las clases de activos fijos además de las previstas ordinariamente en la doctrina contable y señaladas en el PUC para comerciantes, como son los terrenos, construcciones y edificaciones, maquinaria y equipo, equipo de oficina y equipo de computación, entre otros, la Sala considera que las acciones o participaciones societarias pueden considerarse también como activos fijos, dado precisamente el carácter permanente que ordinariamente ostentan al no enajenarse dentro del objeto social del ente económico, como es propio de los activos movibles. Así pues, para la Sala dentro del concepto de activos fijos para efectos de industria y comercio deben entenderse las acciones cuando no se enajenan dentro del giro ordinario del negocio, dando aplicación a la norma reglamentaria del artículo 60 del estatuto tributario (D. 2053/74, art. 20) que aunque previsto para el impuesto de renta, dada la ausencia de normatividad sobre el particular en el citado impuesto municipal, resulta pertinente el artículo 12 del Decreto 3211 de 1979 que a la letra dice:

“ART. 12.—De conformidad con el artículo 20 del Decreto 2053 de 1974, las acciones que se adquieren y no se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente son activos fijos. Las acciones que se enajenen dentro del giro ordinario de los negocios son activos movibles” (se ha resaltado).

De todo lo anterior se tiene que en el distrito capital a partir del año gravable de 1994, la base gravable del impuesto de industria y comercio está constituida por los ingresos netos percibidos en cada período bimestral, obtenidos de la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios disminuidos entre otros con los ingresos por la utilidad en la venta de activos fijos, entre los cuales están las acciones cuando estas no constituyen el giro ordinario de los negocios del contribuyente” (9) .

En el caso sub examine la glosa propuesta por la administración se contrae a la venta que la actora realizó de las acciones que poseía en la Sociedad Inveranagrama S.A. frente a la cual la demandada ha sostenido que tal enajenación hace parte del giro ordinario de sus negocios en virtud de su objeto social.

De las pruebas allegadas al proceso esta corporación advierte que el objeto social de la actora consiste en “la inversión de sus fondos o disponibles en bienes muebles e inmuebles, los cuales tendrán el carácter de activos fijos, con fines rentísticos y de valorización y, particularmente, la conformación, administración y manejo de un portafolio de inversiones propias, constituido por acciones, cuotas sociales y partes de interés en sociedades nacionales o extranjeras; títulos de participación o inversión, bonos emitidos por entidades públicas y privadas, y por otros títulos valores de contenido crediticio o de participación de circulación en el mercado, cédulas u otros documentos de deuda; marcas, patentes u otras formas de propiedad industrial”.

De otra parte se observa que en los antecedentes administrativos obran los siguientes:

— Certificado del revisor fiscal de la sociedad actora en el que consta que la inversión en acciones de Inversora Anagrama, Inveranagrama S.A., fue de carácter permanente, las cuales se adquirieron en el mes de enero de 1997 y se vendieron el 1º de noviembre del 2000 (fl. 58, c.a.).

— Estados financieros a 31 de diciembre de 1999 (nota 7), en el que se relacionan dentro de las inversiones permanentes las acciones de la sociedad Inversora Anagrama, Inveranagrama S.A. (fls. 64 y 138 c.a.).

De lo anterior se advierte que de la atenta lectura del objeto social de la demandante no se puede derivar que en desarrollo del objeto principal, la enajenación de acciones sea del giro ordinario de sus negocios, pues del mismo se observa el carácter permanente de sus inversiones, lo cual se respalda con las pruebas allegadas al proceso, de las que se establece que las acciones en cuestión se contabilizaron como inversiones permanentes e hicieron parte del activo fijo de la actora por más de dos años (10) .

Así las cosas, la enajenación de las acciones de Inveranagrama S.A., se clasifican de acuerdo con el artículo 60 del estatuto tributario como activos fijos por lo que según lo dispuesto en el 38 del Decreto 400 de 1999, vigente para la época, no hace parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, tal como lo declaró la demandante en su liquidación privada correspondiente al 6º bimestre del año gravable 2000.

Lo antes expuesto hace evidente la improcedencia de la sanción por inexactitud impuesta a la contribuyente.

En el mismo sentido la Sala se pronunció en la sentencia de 4 de septiembre del 2008, Expediente 16206, consejera ponente María Inés Ortiz Barbosa.

Resulta del caso precisar que esta corporación en sentencia de 3 de abril del 2008, Expediente 16054, consejera ponente Ligia López Díaz, analizó en un caso con similares supuestos fácticos y jurídicos la inversión que la sociedad actora en ese proceso (Inversora 2010 S.A.), tenía en Inveranagrama S.A. y en tal oportunidad la Sala estimó que la enajenación de las acciones invertidas debían ser incluidas en la base gravable del impuesto de industria y comercio por cuanto las mismas habían sido poseídas por 2 meses, lo cual desvirtuaba la naturaleza de inversión permanente a pesar de haber sido así contabilizadas por la sociedad inversionista. Lo anterior hace evidente que los fundamentos de la decisión en mención, difieren de la inversión que por más de 2 años tuvo Sociedades Bolívar S.A. en Inveranagrama S.A.

Finalmente, frente a la solicitud de condena en costas de la parte demandante, no se advierte que la conducta asumida por la demandada durante el trámite del proceso resulte temeraria o la carencia de motivación o fundamento legal de los actos demandados.

Así las cosas, esta corporación revocará la decisión del a quo y en su lugar anulará los actos demandados. A título de restablecimiento del derecho declarará en firme la liquidación privada del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, presentada por la sociedad actora correspondiente al 6º bimestre del año gravable 2000.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia de 21 de junio del 2007 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, objeto de apelación. En su lugar:

2. ANÚLANSE la liquidación oficial de revisión LR-IPC-11-0001 de enero 19 del 2004 proferida por el grupo interno de trabajo de liquidación y la Resolución EE 98488 del 20 de septiembre del 2004 expedida por la dirección jurídico tributaria - subdirección distrital de impuestos de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

3. A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE en firme la liquidación privada del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros presentada por Sociedades Bolívar S.A., correspondiente al 6º bimestre del año gravable 2000.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudio y aprobó en la sesión de la fecha».

(7) Sentencia de 22 de septiembre del 2004, Expediente 13726, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(8) Decreto 400 de 1999, artículo 38, aplicable al caso concreto.

(9) Sentencia de 22 de septiembre del 2004, Expediente 13726, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(10) Artículo 300 del estatuto tributario.

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