Sentencia 16830 de junio 11 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-27-000-2005-01415-01(16830)

Referencia: Número interno 16830

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Impuesto predial unificado. Año gravable: 2001 y 2002

Actor: Constructora Colpatria S.A.

Bogotá, D.C., once de junio de dos mil nueve.

Fallo

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la sociedad demandante, contra la sentencia de 14 de junio de 2007 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, denegatoria de las súplicas de la demanda.

Antecedentes

La Constructora Colpatria S.A., presentó las declaraciones del impuesto predial unificado del inmueble ubicado en la trasversal 70B Nº 1-50 sur de esta ciudad, matrícula inmobiliaria 50S-40247040, de los períodos y con la información siguiente:

PeriodoFechaAutoavalúoDestinoTarifaImpuesto a cargofl. cdno. ppal.
200127 abr. 20011.202.507.000105‰*$ 6.013.00029
200226 abr. 2002894.485.000105‰*$ 4.472.00030

*Urbanos edificados residenciales de los estratos 1, 2 y 3 de más de 70 m 2 de construcción.

El 10 de junio de 2003 la unidad de determinación - subdirección de impuestos a la propiedad de la Dirección de Impuestos Distritales, profirió el requerimiento especial RE-2003-PEE-45909 [cdno. ppal., fl. 31], a través del cual propuso modificar las anteriores declaraciones así:

PeriodoAutoevalúoDestinoTarifaImpuesto a cargoSxInex
20011.795.148.0003833‰*59.240.00085.163.000
2002894.485.0003833‰*29.518.00040.074.000

*Urbanizados no edificados y urbanizables no urbanizados con área superior a 100 m 2 .

Previa respuesta al requerimiento especial [cdno. ppal., fl. 36], la administración practicó la liquidación oficial de revisión LOR-2004PEE-2129 de 13 de enero de 2004, en la que le determinó el impuesto a cargo e impuso la sanción por inexactitud, según lo propuesto en el acto anterior [cdno. ppal., fl. 42].

Contra tal decisión el 15 de marzo de 2004 la sociedad interpuso recurso de reconsideración [cdno. ppal., fl. 47]; el 10 de agosto del mismo año informó nueva dirección procesal [cdno. ppal., fl. 66-68] y el 18 de marzo de 2005 solicitó la declaración del silencio administrativo positivo [cdno. ppal., fl. 69].

El coordinador del grupo de recursos tributarios por Auto 115639 notificado por estado el 8 de noviembre de 2004, decretó la práctica de algunas pruebas y la suspensión del término para resolver el recurso interpuesto [v. cdno. a., fls. 37 y 36]; mediante oficio de 5 de abril de 2005 le informó al contribuyente que no accedía a la solicitud elevada debido a que el término para resolver el recurso gubernativo estaba suspendido [v. cdno. ppal., fl. 70-75]. Posteriormente mediante Resolución EE-68198 de 10 de mayo de 2005, confirmó la liquidación recurrida [cdno. ppal., fl. 76].

La demanda

En ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, el apoderado de la parte actora, pretende la nulidad de los actos atrás mencionados y a título de restablecimiento del derecho se declare que la sociedad no está obligada a pagar los valores liquidados en los mismos y en firme los denuncios privados.

Invoca violados los artículos 29, 228 y 338 de la Constitución Nacional, 27 y 31 del Código Civil, 3º, 35, 57, 59 y 84 del Código Contencioso Administrativo, 174 y 187 del Código de Procedimiento Civil, 69 de la Resolución 2555 de 1988 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 688, 691, 705, 730, 732, 734, 742, 743, 745, 746, 750 y 778 del estatuto tributario nacional, 2º, 3º, 8º, 24, 55, 64, 81, 82, 97, 101, 104, 113 y 164 del Decreto 807 de 1993, 13 y 21 del Decreto 400 de 1999, 4º parágrafo 1º de la Resolución Distrital 1277 de 2000 y “demás normas concordantes del ordenamiento jurídico”.

En el concepto de violación, en síntesis argumenta:

1. La resolución que resolvió el recurso de reconsideración fue notificada extemporáneamente cuando había operado el silencio administrativo positivo, pues el 15 de marzo de 2004 recurrió el acto liquidatorio y de conformidad con el artículo 732 del estatuto tributario, la administración contaba con un año a partir de dicha fecha para resolver, término que venció el 15 de marzo de 2005. El auto de pruebas no suspendió el plazo de que trata el parágrafo del artículo 104 del Decreto 807 de 1993, toda vez que fue notificado a una dirección procesal equivocada y solo tuvo conocimiento del mismo hasta junio de 2005.

2. Nulidad por falta de competencia del funcionario que profirió el requerimiento especial y la liquidación oficial de revisión. Al respecto se refiere a los artículos 81 y 82 del Decreto 807 de 1993 y 688 y 691 del estatuto tributario nacional, según los cuales corresponde al jefe de fiscalización expedir dicho acto y no a la unidad de determinación.

3. De conformidad con lo previsto en el Decreto 807 de 1993 (arts. 24, 55 y 97) y la Resolución 1277 de 2000, el requerimiento especial relacionado con la declaración del impuesto predial del año gravable 2001, fue extemporáneo, dado que el denuncio fue presentado el 27 de abril de 2001 —fecha de vencimiento del término para acceder al 15% de descuento por pronto pago y a partir de la cual se cuenta el de firmeza de la declaración privada—, y el requerimiento solo fue notificado el 16 de junio de 2003; circunstancia que implica la nulidad de la actuación enjuiciada, según lo dispuesto en los artículos 730 del estatuto tributario y 104 del Decreto Distrital 807 de 1993.

4. Violación de los derechos de defensa y al debido proceso, toda vez que el auto de pruebas de 5 de noviembre de 2004 no fue notificado, impidiéndosele ejercer sus derechos; además solo después de expedida la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, se le entregó copia del mencionado auto.

5. Igualmente fueron vulnerados tales derechos por parte de la administración al no valorar adecuadamente y en su totalidad el acervo probatorio, ni atender las reglas de la sana crítica, ni los principios de justicia y equidad tributaria, dado que las pruebas aportadas en la vía gubernativa, son idóneas para demostrar la existencia de la edificación.

6. El distrito desconoció la construcción existente en el predio, la cual corresponde a la definición de edificio del artículo 69 de la Resolución 2555 de 1988 del IGAC, norma que para la fecha de causación del tributo, no exigía un mínimo de área construida del terreno para tenerlo por edificado, como la misma autoridad lo sostuvo en el Concepto 1006 de 2004.

7. El Distrito Capital al pretender hacer efectivo un mayor pago del impuesto predial del que legalmente corresponde al contribuyente, incurre en “enriquecimiento injustificado”.

8. Por último, afirma que los datos informados en las declaraciones en cuestión, son veraces, reales y completos y que no es viable la sanción de inexactitud al existir diferencia de criterios entre las partes.

La oposición

La apoderada del Distrito Capital se opuso a la prosperidad de las súplicas de la demanda.

Propuso la excepción de inepta demanda por indebido agotamiento de la vía gubernativa en cuanto a la presunta carencia de competencia de los funcionarios para proferir el requerimiento especial y la liquidación de revisión, pues se trata de un hecho nuevo no objeto de discusión en la vía gubernativa, lo cual impediría su examen en la instancia judicial.

Frente a los cargos formulados manifestó:

1. El auto de pruebas fue notificado válidamente. El cambio de dirección fue radicado el 10 de agosto de 2004 y el 9 de noviembre del mismo año dicho auto fue entregado en la dirección antigua, la que según el artículo 563 del estatuto tributario, continuaría vigente por los 3 meses siguientes, sin perjuicio de la validez de la nueva informada.

Notificado en tiempo el auto de pruebas, el término para resolver el recurso quedó suspendido por 90 días, así interpuesto el 15 de marzo de 2004, el plazo máximo para decidirlo vencía el 15 de junio de 2005, sin embargo, el acto que lo resolvió fue notificado por edicto desfijado el 14 de junio.

2. Los actos acusados fueron expedidos por el funcionario competente en virtud de la delegación de funciones contenida en el Decreto Distrital 270 de 2001 [art. 24] y conforme a lo dispuesto en los artículos 81 y 82 del Decreto 807 de 1993 y 688 y 689 del estatuto tributario y a lo dispuesto en el artículo 10 del Acuerdo 52 de 2001 del Concejo de Bogotá.

3. El requerimiento especial se notificó dentro del término legal de dos años contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo para declarar, el cual para el año 2001 venció el 6 de julio del mismo año y dicho acto fue conocido por el contribuyente el 16 de junio de 2003.

4. No se vulneró el derecho de defensa del contribuyente, toda vez que el auto de pruebas fue debidamente notificado y contra él no procedía recurso alguno; además era necesario, pues se requerían otros elementos de prueba para resolver el recurso.

5. Con fundamento en el artículo 161 de la Resolución 2555 de 1988, afirmó que los factores que inciden en el avalúo de los edificios y construcciones en general, son los materiales de construcción; además, según lo advierte el Concepto 1006 de 2004 para la realización de cualquier tipo de construcción, se requiere obtener previamente la licencia correspondiente y para que un predio se considere construido, es necesario que la edificación reúna las condiciones señaladas en el artículo 69 de la mencionada resolución, unido al elemento de permanencia, lo que no ocurre en el caso.

6. Para modificar el uso y destinación de un predio, es necesario que la construcción reúna los requisitos legales; además, de no existir la denuncia de construcción ante el Catastro, se deben allegar pruebas tendientes a demostrar la realidad física del mismo, pues no basta la información suministrada en la declaración privada.

7. La actuación se ajusta a la ley, sin que se configuren los requisitos para considerar que se incurrió en enriquecimiento indebido.

8. Es procedente la sanción por inexactitud, toda vez que el contribuyente liquidó y pagó el tributo, sin dar cumplimiento a la normatividad.

La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, mediante sentencia de 14 de junio de 2007, declaró no probada la excepción de inepta demanda y denegó las súplicas de la demanda.

En cuanto a la excepción estimó que la incompetencia de los funcionarios que expidieron el acto previo y el liquidatorio y la extemporaneidad del requerimiento especial, alegadas, no son hechos nuevos sino mejores argumentos tendientes a obtener la nulidad de la actuación, pretensión que guarda identidad con la propuesta en el recurso gubernativo.

De otra parte, despachó desfavorablemente los cargos propuestos por la actora, en primer término, al estimar que la competencia de los funcionarios operó por ministerio de la ley, dado que por medio del Decreto Distrital 270 de 5 de abril de 2001, se delegó en cabeza del funcionario de la unidad de determinación, la expedición del requerimiento especial y de la liquidación oficial de corrección; acto que produjo sus efectos a partir de la publicación.

Encontró el a quo que el requerimiento especial relacionado con el año gravable 2001, fue notificado dentro del término legal, pues el término de 2 años de que trata el artículo 705 empieza a correr desde el vencimiento del plazo para declarar, para el caso a partir del 6 de julio de 2001, así notificado el acto el 16 de junio de 2003, lo fue en tiempo.

Respecto del alegado silencio administrativo positivo precisó que el auto de pruebas fue notificado por correo a dirección correcta, así operó la suspensión del término para decidir el recurso de reconsideración, por 90 días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 del Decreto 807 de 1993, por tanto la resolución que lo resolvió fue oportuna; además advirtió que el auto de pruebas fue notificado en debida forma, sin que de manera alguna se haya incurrido en violación del derecho de defensa.

En cuanto a la tarifa y destino del predio, luego de referirse al carácter del impuesto predial y su causación, a las funciones legales asignadas al catastro distrital, en particular las relacionadas con el avalúo catastral, base de liquidación del tributo que fiscaliza y determina la administración distrital de impuestos, y a partir del análisis de las pruebas allegadas, sostuvo que estas no dan fe de la existencia de una construcción para el 1º de enero de 2001, que modificara o transformara el predio, ni que a la misma fecha estuviera registrada en la oficina de Catastro, que permitieran darle al predio el tratamiento de urbano edificado de uso residencial.

Así consideró la determinación oficial ajustada a la legalidad, sin que se configure enriquecimiento injustificado o vulneración de los principios constitucionales invocados por la demandante; concluyó que la sociedad desconoció las características reales del predio y liquidó el impuesto predial con una tarifa inferior a la que le correspondía, sin que pueda predicarse que la inexactitud obedeció a una diferencia de criterios.

El recurso de apelación

El apoderado de la parte demandante dentro de la oportunidad legal interpuso recurso de apelación, lo sustenta así:

1. Ocurrencia del silencio administrativo positivo - extemporaneidad en la notificación de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración. Informado el cambio de dirección procesal por el contribuyente, la administración debió enviar el auto de pruebas a ambas direcciones, esto es a la antigua y a la nueva, sin que pueda entenderse que por haber enviado el acto solo a la dirección anterior la notificación se efectuó en debida forma.

Se equivoca el tribunal al sostener que la administración podía abstenerse de decretar la inspección ocular, cuando lo cierto es que fue decretada, pero no practicada y en su momento esta prueba era necesaria, pertinente, conducente e idónea y debía valorarse junto con los demás medios de prueba y a la luz de las reglas de la sana crítica.

Insiste en la violación de los derechos de defensa y debido proceso, porque se practicaron pruebas, en las que no pudo ser parte activa, ni revisar, debido a la ausencia de notificación del auto que las decretó.

2.Otras violaciones de los derechos de defensa y del debido proceso por el manejo del tema probatorio. Sostiene que no podía dársele pleno valor probatorio al boletín catastral y desconocer las demás pruebas allegadas, pues de conformidad con los conceptos 1006 de 2004 y 861 de 2000, no se requiere la inscripción catastral de la edificación para efectos de autodeterminación de la base del impuesto predial; y de acuerdo al Concepto 670 de 1998, en la época no se exigía área mínima de construcción del terreno, para considerarlo edificado.

La entidad competente para certificar “el estrato, características físicas y uso de los predios”, es el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, así los datos sobre uso contenidos en el boletín catastral, son meramente informativos. Sobre el tema transcribe apartes del Concepto 992 de 2003.

De otra parte, las respuestas de entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, por si solas no desvirtúan la existencia de la edificación; y resalta que el juzgador no examinó la aerofotografía del IGAC allegada el 21 de octubre de 2004.

3. Nulidad por falta de competencia. Expresa que el Decreto 270 de 2001, fue derogado por el artículo 57 del Decreto Distrital 333 de 2003, actos en los cuales se enumeran las funciones de la unidad de determinación, pero que a su juicio, no son suficientes para demostrar la competencia de los funcionarios para expedir el requerimiento especial y la liquidación oficial.

4. Extemporaneidad del requerimiento especial relacionado con la declaración del impuesto predial del año gravable 2001. Manifiesta que la declaración fue presentada el 27 de abril de 2001, para beneficiarse del descuento por pronto pago, fecha a partir de la cual debe contarse el término de firmeza del denuncio privado, por lo que notificado el requerimiento especial el 16 de junio de 2003, lo fue fuera del plazo legal, y en consecuencia la actuación es nula.

5. Sanción por inexactitud. El tribunal consideró insuficientes las pruebas aportadas para acceder a la pretensiones, es decir, que el rechazó se debió a la falta de comprobación, hecho no sancionable con inexactitud; además los datos suministrados son veraces, reales y completos.

Alegatos de conclusión

El apoderado de la parte actora reitera lo dicho en el memorial del recurso.

La apoderada del Distrito Capital, insiste en argumentos expuestos al contestar la demanda en el sentido de resaltar que no se configuró el silencio administrativo positivo; que los actos acusados fueron proferidos por funcionario competente; que el término de firmeza se cuenta desde el vencimiento del término para declarar sin sanciones; que no existe prueba que demuestre que al momento de causación del tributo existía construcción que modificará la naturaleza del predio; que la actuación se ajustó a derecho sin que pueda predicarse enriquecimiento injustificado.

Razones por las cuales la administración tributaria encontró que la contribuyente no liquidó el impuesto predial unificado correspondiente a las vigencias 2001 y 2002, con el destino y la tarifa que respondían a la realidad del predio, lo cual constituye inexactitud sancionable.

El Ministerio Público, guardó silencio en esta oportunidad procesal.

Consideraciones de la Sala

En el caso se discute la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales la administración tributaria distrital, modificó las declaraciones del impuesto predial unificado, presentadas por la demandante, por los años gravables de 2001 y 2002, del predio ubicado en la trasversal 70B Nº 1-50 sur de esta ciudad.

En los términos del memorial de apelación, corresponde a la Sala decidir si la resolución que resolvió el recurso de reconsideración fue extemporánea; si los funcionarios que profirieron el requerimiento especial y la liquidación de revisión tenían competencia para ello; si el requerimiento especial proferido en relación con la declaración del impuesto predial del 2001, fue extemporáneo; si procedía la sanción por inexactitud y si se desconoció el derecho de defensa y debido proceso.

Término para resolver el recurso de reconsideración

El tribunal consideró que decretadas las pruebas por la administración, el término para resolver el recurso gubernativo se suspendió por 90 días, de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 104 del Decreto Distrital 807 de 1993, por lo que la resolución que lo desató fue oportuna.

La actora ahora apelante insiste en que no operó la suspensión de dicho término porque el auto de pruebas no fue notificado a la dirección procesal y con ello se violó el derecho de defensa y contradicción; que se decretó la inspección ocular pero no fue realizada y que se practicaron otras pruebas sin su audiencia.

Así las cosas, debe la Sala determinar si en el caso debe aplicarse el artículo 733 del estatuto tributario nacional o el parágrafo del artículo 104 del Decreto Distrital 807 de 1993, para establecer si fue oportuna la resolución que resolvió el recurso gubernativo.

El Decreto 807 de 1993 (1) fue expedido por el Alcalde Mayor del Distrito Capital, en desarrollo de las facultades legales conferidas en especial por los artículos 38 numeral 14, 161, 162 y 176 numeral 2º del Decreto 1421 del 21 de julio de 1993 [estatuto orgánico de Santa Fe de Bogotá, D.C.].

El artículo 176 del Decreto 1421 de 1993, facultó al Gobierno Distrital para expedir las normas estrictamente necesarias para armonizar las disposiciones vigentes en el distrito con los preceptos del estatuto tributario nacional, de entre otras materias, las relacionadas con el régimen fiscal.

Se resalta que la facultad de expedir normas en materia del régimen fiscal no fue amplia, por el contrario, fue restringida a “las estrictamente necesarias”, para armonizar las disposiciones tributarias vigentes en el distrito con las del estatuto tributario nacional, limitación que no le permitía ampliar términos ni establecer supuestos de hecho no previstos en la norma superior.

El inciso primero del artículo 104 del mencionado Decreto 807 [mod. D. 401/99, art. 54], dispone que “sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales del presente decreto y en aquellas normas del estatuto tributario nacional a las cuales se remiten sus disposiciones, contra las liquidaciones oficiales, las resoluciones que aplican sanciones y demás actos producidos por la administración tributaria distrital, procede el recurso (de) reconsideración el cual se someterá a lo regulado por los artículos 720, 722 a 725, 729 a 734 del estatuto tributario nacional”.

El parágrafo del aludido artículo 104 establece: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 733 del estatuto tributario nacional, el término para resolver el recurso también se suspenderá cuando se decreta la práctica de otras pruebas, caso en el cual la suspensión operará por el término único de noventa días contados a partir de la fecha en que se decrete la primera prueba”.

El artículo 732 del estatuto tributario nacional dispone que el término para resolver el recurso de reconsideración, es de un año, contado a partir de su interposición en debida forma; y el 733 ib. prevé que dicho término se suspenderá cuando se practique inspección tributaria, mientras esta dure y hasta por tres meses cuando se practica de oficio.

De conformidad con las normas mencionadas, la administración distrital cuenta con el término de un (1) año para resolver el recurso de reconsideración, contado a partir de su interposición en debida forma, plazo que puede ser suspendido cuando se practica inspección tributaria, por el término de su duración, si esta se lleva a cabo a solicitud del contribuyente y hasta por tres meses, cuando es oficiosa.

En este entendido, es claro que el parágrafo del artículo 104 del Decreto 807 ib., al establecer que puede suspenderse por 90 días, el término para resolver el recurso de reconsideración, cuando se decreten otras pruebas, adiciona un supuesto no contenido en la norma nacional, según el cual el plazo para resolver los recursos se suspende mientras dure la inspección y hasta por tres meses cuando se decreta de oficio.

Al respecto es preciso destacar que sobre el particular la Sala, mediante sentencia de 27 de marzo de 2008, Expediente 250002327000-2003-02379-01 [16166], Actor: Corporación El Minuto de Dios, C.P. Ligia López Díaz, modificó el criterio expuesto en ocasiones anteriores (2) y consideró que:

“... debe inaplicarse el parágrafo del artículo 104 del Decreto Distrital 807 de 1993 porque contiene un supuesto que no está previsto en el estatuto tributario nacional. El artículo 733 del estatuto tributario ya trascrito, prevé la suspensión del término únicamente cuando se practique inspección tributaria sin que en dicha norma o en alguna otra se haya advertido la suspensión de términos por ‘la práctica de otras pruebas’.

“El artículo 162 del Decreto 1421 de 1993, remite a las normas del estatuto tributario nacional sobre procedimiento, sanciones, declaración, recaudación, fiscalización, determinación, discusión, cobro y en general la administración de los tributos, las cuales son aplicables en el distrito conforme a la naturaleza y estructura funcional de sus impuestos. Por su parte, el artículo 176 ib., facultó al gobierno distrital para expedir las normas estrictamente necesarias para ‘armonizar’ las disposiciones vigentes en el distrito con los preceptos del estatuto tributario nacional” (3) .

Acorde con lo anterior, la Sala con fundamento en la excepción de ilegalidad inaplicará el parágrafo del artículo 104 del Decreto Distrital, excepción que si bien no tiene consagración constitucional, tiene fundamento en el artículo 12 de la Ley 153 de 1887 declarado exequible por la Corte Constitucional (4) , que en tal oportunidad precisó que el juez contencioso administrativo es la autoridad con la facultad “de inaplicar, dentro del trámite de una acción sometida a su conocimiento, un acto administrativo que resulta lesivo del orden jurídico superior. Dicha inaplicación puede llevarse a cabo en respuesta a una solicitud de nulidad o de suspensión provisional formulada en la demanda, a una excepción de ilegalidad propiamente tal aducida por el demandado, o aun puede ser pronunciada de oficio”.

En tales condiciones se atenderá al texto de la norma superior y se procederá a decidir.

En el caso, el recurso de reconsideración fue interpuesto el 15 de marzo de 2004 (cfr. cdno. ppal., fls 47); mediante Auto 115639 de fecha 5 de noviembre de 2004 se ordenó “oficiar a las empresas de servicios públicos de Bogotá, D.C., a fin de que sean certificados los servicios y el estrato del terreno ubicado en la trasversal 70B Nº 1-50 sur para las fechas de 1º de enero del 2001 y 1º de enero del 2002, con el fin de determinar las características físicas y usos dados al predio así como también el destino y la tarifa dentro del impuesto predial unificado para los años gravables 2001 y 2002” y “todas las demás pruebas que sean conducentes y pertinentes para resolver el recurso de reconsideración” [cdno. ppal., fl. 96].

Según consta en el cuaderno de antecedentes, el 5 de noviembre de 2004 se libraron oficios dirigidos a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, ESP, Codensa ESP y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP [v. cdno. a., fls. 33 a 35], y el 25 de abril de 2005 a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá [v. cdno. a., fl. 18].

Así las cosas, no obra en el expediente prueba de que mediante el citado Auto se haya ordenado y practicado inspección tributaria, que diera lugar a la suspensión legal de ese término, así la administración contaba para decidir y notificar la decisión del recurso de reconsideración hasta el 15 de marzo de 2005, no obstante la resolución que lo resolvió fue proferida con fecha 10 de mayo de 2005 y notificada por edicto desfijado el 14 de junio siguiente, según consta en el folio 93 del cuaderno principal.

En este orden de ideas, es claro que el acto que resolvió el recurso de reconsideración no se profirió y notificó dentro del término legal y con ello, al tenor de lo dispuesto en el artículo 734 del estatuto tributario, se entiende el recurso fallado a favor del recurrente (5) .

Por lo anterior, se dará prosperidad al cargo analizado, sin que sea necesario revisar los demás planteados en el memorial de apelación; en consecuencia se revocará la decisión del a quo y en su lugar se anularán los actos demandados y a título de restablecimiento del derecho, se declarará en firme la declaración privada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revócase la sentencia apelada. En su lugar:

Inaplícase el parágrafo del artículo 104 del Decreto Distrital 807 de 1993, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En su lugar, declárase la nulidad de la liquidación oficial de revisión LOR-2004PEE de 13 de enero de 2004 y de la Resolución EE-68198 de 10 de mayo de 2005, proferidas por la unidad de determinación de la subdirección de impuestos a la propiedad y el grupo de recursos tributarios de la Dirección Distrital de Impuestos; a título de restablecimiento del derecho, declárase en firme las declaraciones del impuesto predial unificado del inmueble ubicado en la trasversal 70B Nº 1-50 sur de esta ciudad, matrícula inmobiliaria 50S-40247040, correspondientes a los años gravables 2001 y 2002, presentadas el 27 de abril de 2001 y 26 de abril de 2002, respectivamente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

Magistrados: Martha Teresa Briceño de Valencia, Presidente—Hugo Fernando Bastidas Bárcenas—William Giraldo Giraldo—Héctor J. Romero Díaz.

(1) “Por el cual se armonizan el procedimiento y la administración de los tributos distritales con el estatuto tributario nacional y se dictan otras disposiciones”.

(2) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 24 de octubre de 2007, Expediente 16094, M.P. Héctor J. Romero Díaz.

(3) En esta providencia se acogió la posición de la doctora María Inés Ortiz Barbosa, expuesta en el salvamento de voto presentado en el fallo cuyo criterio modifica.

(4) Sentencia C-037 de 26 de enero de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(5) En este sentido la sentencia de 27 de marzo de 2008, número interno 16017, actor: Fiduciaria Central S.A., C.P. María Inés Ortiz Barbosa.

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