Sentencia 16835 de diciembre 14 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 16835

Acta Nº 58

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gonzalo Toro Correa

Bogotá D.C., catorce de diciembre de dos mil uno

EXTRACTOS: «Se considera

Plantea el censor que el tribunal incurrió en evidente error de derecho al dar por demostrada la existencia de la convención colectiva, mediante las copias simples de la misma que aportó la parte demandada a folios 222 y siguientes, sin tener en cuenta las solemnidades que “ad sustantiam actus” establece el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo.

Aunque en realidad, en las copias a que se refiere el censor y que tuvo en cuenta el tribunal para determinar la obligación de reintegro con base en la cláusula quinta de la convención colectiva, no se observa la nota de su depósito ante el Ministerio de Trabajo dentro de los 15 días siguientes a su firma, que ha considerado y aun considera esta Sala, después de la sentencia del 25 de octubre de 2001 (rad. 16505), como de indispensable acreditación para darle validez al acto, lo cierto es que, aunque tal deficiencia es suficiente para configurar el dislate que denuncia el cargo, no podría la Corte quebrar la decisión de segunda instancia, porque al entrar en sede de instancia, necesariamente se encontraría con las copias de la misma convención, obrantes a folios 226 a 345, remitidas por la Dirección Territorial de Trabajo y Seguridad Social (Antioquia) del Ministerio del Trabajo, en respuesta al oficio 257 del 10 de febrero de 2000 emanado del juzgado de conocimiento. Copias que en su hoja final (fl. 345 vlto.) presentan nota de autenticación del director de la oficina remitente, con constancia de su depósito oportuno ante esa dependencia.

No son de recibo las objeciones que hace el censor a dicha documentación, en consideraciones de instancia, pues ella fue solicitada como prueba en la demanda y, decretada en su oportunidad por el juzgado del conocimiento, y fue allegada al proceso antes de la celebración de la cuarta audiencia de trámite, de donde cumple con los requisitos de legalidad y aducción, necesarios para su estimación. Además, no es óbice para su estimación el que algunas de las hojas no presenten sello de la oficina remitente, pues al final (fl. 345, vlto) se está certificando la autenticidad de todo el documento.

Ahora bien, con relación a las consideraciones que hace la censura, con base en jurisprudencia anterior de esta Sala, sobre el requisito de la autenticación de las copias para la validez de la prueba, es oportuno aclarar que la Corte, recientemente, rectificó su doctrina al respecto, en sentencia del pasado 25 de octubre (rad. 16505), de la cual es pertinente reproducir aquí los siguientes apartes:

“No obstante lo anterior, estima la Sala pertinente precisar algunos criterios, a guisa de corrección doctrinaria, en torno a la eficacia probatoria de las fotocopias simples de la convención colectiva del trabajo. En esta dirección cabe recordar que en sentencia del 16 de mayo de 2001 (exp. 15120), esta corporación sostuvo:

“Y como consecuencia de ello ha entendido, reiterada y pacíficamente la jurisprudencia, que al ser la convención colectiva de trabajo un acto solemne, la prueba de su existencia está atada a la demostración de que se cumplieron los requisitos legalmente exigidos para que se constituya en un acto jurídico válido, dotado de poder vinculante, razón por la cual, si se le aduce en el litigio del trabajo como fuente de derechos, su acreditación no puede hacerse sino allegando su texto auténtico, así como el del acto que entrega noticia de su depósito oportuno ante la autoridad administrativa del trabajo.

A juicio de la corporación, en lo que atañe con la aducción de la convención colectiva de trabajo al proceso y la demostración de su depósito en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, comprendida la trascendencia de tal tipo contractual en las relaciones entre trabajadores y empleadores —que es lo que explica la solemnidad que trae el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo—, la vigencia de la formalidad de la autenticación del documento respectivo que informe sobre esos actos está plenamente ameritada, visto el impacto que sobre la seguridad jurídica de los contratos en los que incide, tiene la certeza de que el instrumento convencional, no solo existe en la realidad material, sino que tiene efectos en derecho, como lo ha reconocido la jurisprudencia.

De modo, pues, que el carácter de solemne que tiene la convención colectiva de trabajo, impone que al documento que la contiene no se le puede aplicar la tesis genérica según la cual es probatoriamente válida su aportación al proceso laboral en fotocopia o copia simple, como acontece en el caso, ya que permitirlo implica la vulneración del artículo 61 del Código Procesal del Trabajo que al consagrar la libre formación del convencimiento por parte del fallador expresa: “El juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad ad sustanciam actus, no se podrá admitir su prueba por otro medio (…)”.

Pese a la tesis precedente, estima la Corte que, sin ignorar la solemnidad que a la convención colectiva de trabajo le atribuye el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, se debe morigerar de alguna manera el rigorismo que se venía ejerciendo frente a la aducción de esta prueba en fotocopia o copia simple, pues el ánimo del legislador al regular este aspecto, a través de la expedición de la Ley 446 de 1998, y con ella los artículos 10 y 11, no fue otro que el de mejorar e impartirle mayor celeridad a los procedimientos, incluido, obviamente el del trabajo.

De modo que la Sala, para rectificar la anterior posición, considera necesario armonizar lo previsto por el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, con el artículo 11 de la Ley 446 de 1998, precepto último que al reglar sobre la autenticidad de documentos dispuso que: “En todos los procesos, los documentos privados presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, se reputarán auténticos, sin necesidad de presentación personal. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con los documentos emanados de terceros”.

El texto anterior involucra dos conceptos distintos para darle connotación probatoria a un documento privado, uno la autenticación, y el otro, la presentación personal, con lo cual modificó expresamente, en primer lugar, el artículo 279 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto éste sólo le daba al documento privado igual valor que al documento público si estaba autenticado, y al desprovisto de autenticidad le concedía el mérito de prueba sumaria, si había sido suscrito ante dos testigos.

Pero esta innovación legislativa no solo reformó el citado artículo 279 del Código de Procedimiento Civil, sino también lo hizo respecto del 254 ibídem, pues le dio pleno valor a las copias, porque debe entenderse que un documento privado desprovisto de autenticación y de presentación personal, puede estar contenido en una copia o en una fotocopia simple.

En ese orden, se impone afirmar que no hay razón para que dicho criterio no se le aplique a la convención colectiva de trabajo, si se aporta a un proceso en copia o fotocopia simple, con la aspiración de servir de prueba, siempre y cuando, obviamente, contenga la constancia o el sello de haberse depositado en el Ministerio de Trabajo dentro del término de los 15 días siguientes a su firma, previsto en el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo.

De esta suerte, en obedecimiento a lo consagrado actualmente por el artículo 11 de la Ley 446 de 1998, si la convención colectiva agregada en copia o fotocopia simple contiene el sello que dé fe del depósito oportuno o una certificación en tal sentido, tiene pleno valor probatorio lo contenido en ella. De la misma manera se tendrán por cumplidos los ritos de solemnidad a saber: que se celebró por escrito, que se extendió en un número de ejemplares igual al de las partes y que una copia más se depositó dentro del término legal en la oficina del Ministerio de Trabajo.

Por consiguiente, trasladadas las reflexiones anteriores el asunto del que se ocupa la Sala, queda evidenciada aún más la equivocación del sentenciador de segundo grado, pues de acuerdo con lo que se acaba de señalar si la fotocopia simple de una convención colectiva en la que aparezca la nota de su depósito oportuno tiene plena eficacia probatoria si es aportada en la oportunidad y con las formalidades legales, con mayor razón la tiene la copia que se allegó al juicio, puesto que la misma aparece remitida por la jefe de la división trabajo inspección y vigilancia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, regional Cartagena, quien además al último folio firmó y estampó un sello autenticando y dando fe de que correspondía al original, amén de que en la misma aparece un sello de depósito del 20 de enero de 1982, es decir, dentro del término de ley, pues fue firmada el 14 de los mismos mes y año”. (fls. 268 a 342 vto.)

Por lo tanto el cargo no prospera.

En vista que no prospera la demanda y hubo oposición, las costas en el recurso extraordinario serán a cargo del recurrente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia dictada el 13 de febrero de 2001 por la Sala Octava de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del juicio ordinario laboral que le adelanta María Cristina Velásquez Zapata al Instituto de Seguros Sociales.

Costas a cargo de la parte recurrente.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

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