Sentencia 16867 de febrero 21 de 2002 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta Nº 024

Magistrado Ponente:

Herman Galán Castellanos

Bogotá, D.C., febrero veintiuno de dos mil dos.

EXTRACTOS: «Hechos

El juzgado 48 de instrucción penal militar en ejercicio de las atribuciones derivadas de los decretos 1856 y 1863 de agosto 18 de 1989, dictados con base en las facultades extraordinarias contenidas en el Decreto 1038 de 1984 que declaró turbado el orden público y, por ende, en estado de sitio el territorio nacional, practicó diligencia de allanamiento el 21 de agosto a la casa número 19, ubicada en la esquina de la avenida “El lago” del barrio Ciudad Jardín de la ciudad de Cali, siendo, al parecer, la presunta propietaria la señora Amparo Arbeláez Pardo, quedando el inmueble bajo la custodia y vigilancia del Batallón de Policía Militar Nº 3 y puesto a disposición del Consejo Nacional de Estupefacientes.

Actuación procesal

El Juzgado Tercero Especializado de Cali, mediante auto de octubre 27 de 1989 decretó la iniciación de la investigación preliminar, con fundamento en la diligencia de allanamiento antes indicada y mediante auto de diciembre 11 del mismo año se abstuvo de abrir investigación, ordenando la entrega del inmueble en forma definitiva y la consulta de ésta decisión ante el superior jerárquico (fl. 80, cdno. 1).

Mediante auto de julio 9 de 1990, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, al desatar el grado jurisdiccional de consulta, revocó íntegramente el auto, ordenando, en consecuencia, la apertura de instrucción. En cumplimiento a lo anterior, el juzgado tercero especializado de esa ciudad, declaró abierta la investigación el 27 de agosto de 1990 (fl. 125, cdno. 1).

La Fiscalía General de la Nación a través de un fiscal regional, mediante resolución de julio 18 de 1994, decretó a favor de la señora Amparo Arbeláez Pardo preclusión de la investigación, decisión que al ser consultada fue revocada por la unidad de fiscalía delegada ante el tribunal nacional, mediante resolución de noviembre 30 de 1994, ordenando proseguir con la investigación por el delito de testaferrato. La señora Arbeláez Pardo fue vinculada al proceso mediante diligencia de indagatoria que se cumplió el 13 de febrero de 1995 y con providencia del 23 de febrero siguiente se le resolvió la situación jurídica absteniéndose de decretarle medida de aseguramiento.

Mediante resolución de mayo 8 de 1996, la fiscalía regional declaró cerrada la investigación y evaluó el mérito de la actuación sumarial el 24 de julio de 1996 con preclusión de la instrucción a favor de la procesada (fl. 278, cdno. 3), disponiéndose el grado jurisdiccional de consulta de la decisión anotada, conforme al artículo 206 del entonces vigente Código de Procedimiento Penal.

Al cumplirse la revisión de la actuación con ocasión al grado jurisdiccional de consulta, la unidad de fiscalías delegadas ante el tribunal nacional, consideró que la prueba incorporada en el expediente resultaba suficiente para proferir resolución de acusación en contra de la señora Amparo Arbeláez Pardo, por el delito de testaferrato (fl. 94, cdno. unidad de fiscalías delegada ante el Tribunal Nacional), contra la que se interpuso el recurso de reposición procediendo la fiscalía delegada a abstenerse de tramitarlo conforme se anuncia en la resolución del 28 de febrero de 1997.

La fase de la causa le correspondió a un juzgado regional de la ciudad de Santiago de Cali, el que mediante auto de abril 7 de 1997, avocó el conocimiento del proceso y ordenó imprimir el trámite previsto en el artículo 42 del Decreto 2790, abriendo el juicio a pruebas por el término de 20 días calendario, luego del cual presentadas las conclusiones por parte de los sujetos procesales el 4 de diciembre de 1997, absolvió a la acusada de los cargos formulados en la resolución de acusación, disponiéndose la consulta del fallo.

Mediante sentencia del 30 de junio de 1999, el tribunal nacional en Sala de Decisión mayoritaria en curso del grado jurisdiccional de consulta, revocó la decisión adoptada en primera instancia por el juzgado regional y en su lugar, condenó a la señora Amparo Arbeláez Pardo por el delito de testaferrato previsto en el artículo 6º del Decreto 1856 de 1989, adoptado como legislación permanente por el artículo 7º del Decreto 2266 de 1991, a la pena principal de 6 años de prisión y multa equivalente a 3000 salarios mínimos mensuales y a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la privativa de la libertad.

(...).

El cargo no prospera

2. Segundo cargo, primero subsidiario: En este reproche acusa al tribunal de conculcar el numeral 1º del artículo 304 del Código de Procedimiento Penal, al haber dictado la sentencia de segunda instancia, careciendo de competencia para ello, pues la profirieron en momentos en que los términos se encontraban suspendidos, quebrantando de esta manera el presupuesto del juez competente anejo al debido proceso.

A la par, denuncia que dicha sentencia no fue firmada por el presidente del Tribunal Nacional, en tanto que, en la misma fecha el presidente de la corporación autenticó el salvamento de voto.

No le asiste razón al censor en el reproche efectuado, orientado a la declaratoria de nulidad de la sentencia de segunda instancia, toda vez que, la jurisdicción y competencia no sufrieron, por la emisión de la sentencia cuestionada, afrenta alguna en razón de la suspensión de términos autorizada por la colegiatura a instancia de la secretaría y para facilitar el inventario de procesos requerido por el Consejo Superior de la Judicatura —Sala Administrativa— con ocasión de la finalización de la llamada justicia regional que según el artículo transitorio 205 de la ley estatutaria de la administración de justicia, debía dejar de funcionar "a más tardar el 30 de junio de 1999".

En efecto, comparte la Sala las apreciaciones que en punto de la jurisdicción y competencia destaca el procurador delegado ante esta corporación, cuando señala que:

“La jurisdicción se define como la facultad de administrar justicia en nombre del Estado y de acuerdo con la ley concepto que se desprende de los artículos 29, 116, 228 y 229 de la Carta Política que garantizan el derecho de los coasociados, a tener la posibilidad de ser juzgados por un funcionario designado previamente por la ley”, en tanto que, “la competencia es la forma como se distribuye la jurisdicción y se manifiesta en la facultad del funcionario para conocer un caso concreto de acuerdo con la ley preexistente que así lo establezca, factor inmanente al debido proceso, que tiene su génesis en el artículo 29 de la Carta”.

De acuerdo con lo expuesto, la censura propuesta por falta de competencia del juez de segundo grado, no corresponde a la realidad normativa, toda vez que, de acuerdo con el artículo 112 del Código de Procedimiento Civil, al que se llega por principio de integración, se autorizó sólo el cierre extraordinario de la secretaría de la corporación, decisión que fue anunciada públicamente mediante la fijación de avisos en lugares visibles de la sede del tribunal, hecho sobre el cual no existe discusión, al punto que el censor en desarrollo de la impugnación transcribe el contenido de tal información.

Dicha suspensión extraordinaria de los términos, en manera alguna, puede constituir pérdida de la jurisdicción y competencia atribuida por la Constitución y la ley a los funcionarios judiciales que para aquel entonces integraban la justicia regional, puesto que se trataba en particular de relevar a los empleados de dicha dependencia de la atención a los usuarios de la justicia regional en el horario que por disposición legal está destinado a ello, orientado a la elaboración del mencionado inventario.

Tal determinación, obviamente, conlleva a una parálisis en la actividad judicial, lo cual no significa la cesación de la vigencia del mandato constitucional consagrado en el artículo 228 que establece que la administración de justicia, además de pública es permanente con las excepciones que señala la ley, de esta manera, las normas atinentes a la suspensión deben aplicarse en forma restrictiva por constituir la excepción a garantías de los ciudadanos.

Ahora bien, el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal, vigente para la fecha de los hechos (hoy art. 166) señala algunos motivos que conducen a la suspensión de los términos procesales, que se traducen en la no realización de actividades que impliquen la presencia de los sujetos procesales, puesto que éstos no se contabilizan para los usuarios de la justicia.

Tal es el caso sometido a consideración de la Sala, en el que claramente se marca la diferencia, pues a la postre se decidió la suspensión de los términos más no la de los procesos, de donde de manera diáfana se infiere que la competencia derivada de la ley permanecía inalterable. En tales circunstancias los funcionarios judiciales estaban plenamente facultados para tomar válidamente sus decisiones, las cuales, una vez reactivada la labor judicial, se notificarían a los sujetos procesales conforme a las previsiones legales, para que éstos sin mengua alguna de sus derechos ejercieran los recursos que consagra la ley. Permanecieron pues incólumes los derechos de la partes y, por contera, los principios de publicidad y contradicción, como en el presente caso en que la sentencia fue notificada personalmente al defensor de la procesada el 6 de julio de 1999 (fl. 124, cdno. del Tribunal Nacional) quien sin dificultad alguna interpuso el recurso extraordinario de casación contra la sentencia proferida el pasado 30 de junio.

Tampoco la Sala observa razón en la acusación en cuanto a la violación del principio de lealtad previsto en el artículo 18 del Código de Procedimiento Penal de la época, pues al emitirse la sentencia en las condiciones anotadas en manera alguna se observa, que los magistrados integrantes de la Sala de Decisión hubieren conculcado las reglas de la ética o hubieren actuado de mala fe.

De este modo, debe concluir la Sala que los funcionarios magistrados integrantes del extinto Tribunal Nacional, no perdieron la jurisdicción ni la competencia, con ocasión de la suspensión de los términos durante los últimos días de vigencia de la justicia regional.

Así mismo, carece de relevancia la protesta del censor en el sentido de que la autenticación de la sentencia impugnada no fue suscrita por el presidente de la corporación, sin embargo, sí lo hizo en el salvamento de voto que ostenta la misma fecha. Válido resulta, entonces, el análisis efectuado por el Ministerio Público al descorrer el traslado, que enraiza en la preceptiva del artículo 49 del Decreto 2271 de 1991, pues la función del presidente consiste en autenticar los autos y sentencias proferidos por los magistrados integrantes de la corporación, función que podía asumir el vicepresidente de la colegiatura, sin que tal asunción resquebrajara la validez del fallo que fue proferido por los funcionarios judiciales integrantes de la Sala de Decisión, atendiendo que tal autenticación tenía por fin la de proteger la reserva de identidad de los funcionarios judiciales de la justicia regional.

Debe recalcarse con el debido énfasis que no cualquier irregularidad constituye nulidad y que cualquier vicio de actividad sólo puede tener vocación de éxito cuando trasciende al fallo acusado, de tal forma, que éste hubiera sido diferente sin el pretendido defecto. Pero en este caso, ni el censor proyectó la censura en este sentido, ni la trascendencia acotada tuvo siquiera asomo en la sentencia recurrida.

En consecuencia, el cargo no prospera.

(...).

Sin embargo, es conveniente advertir que el carácter permanente del delito de "testaferrato", en varias decisiones ha sido reconocido por la Sala de Casación Penal, criterio que ciertamente se ha tenido en cuenta desde el pronunciamiento del 9 de noviembre de 1990, en el que se señaló que la conducta prevista en el artículo 6º del Decreto 1856 de 1989 es de ejecución permanente, considerando que continúa cometiéndose mientras subsista la condición de testaferro o de ilícita simulación (2) , siendo reiterado por la Corte en decisiones de noviembre 12 de 1998, 23 de agosto de 2000 (3) , y enero 18 (4) y 19 de diciembre 19 de 2001 (5) .

(2) Corte Suprema de Justicia, M.P. Saavedra Rojas, Édgar. Auto, noviembre 9 de 1990.

(3) Corte Suprema de Justicia, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

(4) Corte Suprema de Justicia, M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón.

(5) Corte Suprema de Justicia, M.P. Fernando Arboleda Ripoll.

De la lectura cuidadosa del libelo, no se deriva razón valedera o motivos sobrevinientes que insten a la Corte a un cambio de jurisprudencia. En consecuencia, se reitera sobre el testaferrato que:

“... se perfecciona, como ya se dijo, en que por medio de contrato, escritura o cualquier otro medio legal, un bien pasa a figurar como de propiedad de quien realmente no lo es, pues se trata simplemente de una persona que presta su nombre para que figuren en su cabeza bienes que en realidad pertenecen a terceras.

Y este delito continúa perfeccionándose mientras subsista su condición de testaferro, puesto que el bien jurídico protegido por la norma continúa vulnerándose mientras dure la ilícita simulación” (6) .

(6) Corte Suprema de Justicia, M.P. Fernando Arboleda Ripoll.

La Corte no es ajena al contenido de la preceptiva del artículo 230 de la Carta Política, según el cual los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio de la ley y que la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina, no son de carácter obligatorio y que constituyen solamente directrices auxiliares de la actividad judicial y que las partes pueden distanciarse de ellos, empero, es inexacto que se desconozca su pacífica reiteración por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

(...).

Atendidas las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR la sentencia impugnada, de fecha, origen y contenido consignados en esta providencia.

Cópiese, comuníquese, devuélvase y cúmplase.

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