Sentencia 1691-03 de abril 14 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CALIFICACIÓN DE SERVICIOS

Desviación de poder cuanto la calificación no es objetiva y justa por razones de orden personal.

EXTRACTOS: «En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la señora Ángela Cano Restrepo, a través de apoderado, solicitó la declaración de nulidad de toda la actuación administrativa y cada uno de los actos que declararon la insubsistencia de su cargo de oficial mayor grado 8 y que se contienen en los siguientes actos proferidos por el Juez 30 Penal Municipal de Medellín: calificación de servicios del 15 de marzo de 1996 hasta el 31 de diciembre del mismo año; Resolución 004 del 9 de abril de 1997 que no accedió a la reposición de la calificación; Resolución 005 del 15 de abril de 1997 que ordenó el retiro del servicio; y Resolución 006 del 23 de abril de 1997 mediante la cual no se repuso la declaratoria de insubsistencia. [...].

El asunto a dilucidar se contrae a establecer si el acto de retiro de la demandante está viciado de nulidad, por violación del debido proceso y haberse fundado en la calificación de servicios insatisfactoria que, a su vez, fue proferida irregularmente, con falsa motivación y desviación de poder.

Antes de desatar la cuestión litigiosa dirá la Sala, como lo ha reiterado en diferentes ocasiones que el acto de calificación, por ser un acto de trámite, no es pasible de demandarse en esta jurisdicción. Puede ser, eso sí, objeto de censura dentro del proceso en que se acuse de ilegalidad el acto de retiro, en tanto es fundamento de este, mas sobre tal acto no puede pronunciarse sentencia de mérito. Ello, se repite, no obsta, para que se estudien los motivos de inconformidad que contra la calificación endilga la demandante, por cuanto tal fue el fundamento del acto definitivo de retiro que es el que definió su situación jurídica con la entidad.

Violación del debido proceso

El demandante fundamenta el cargo de violación al debido proceso, en la vulneración a los principios de imparcialidad objetividad, equidad y justicia, por no haberse declarado impedido el calificador, por cuanto existía entre ellos una enemistad grave, al punto de que este ni siquiera le dirigía la palabra, y cualquier asunto se lo comunicaba mediante memorandos.

Según da cuenta el plenario, fueron razones de orden personal las que deterioraron la relación entre el juez y la demandante, situación que se agravó por la declaratoria de insubsistencia decretada mediante Resolución 006 del 2 de junio de 1995, con fundamento en la calificación insatisfactoria (fl. 116 c. 2), decisión que fue declarada nula por el Tribunal Superior de Medellín - Sala Civil, el 27 de junio del mismo año (fls. 31 y ss. cdno. ppal.).

Posteriormente, mediante proveído del 10 de mayo de 1996, el citado funcionario decretó indagación preliminar con el fin de investigar la presunta comisión de una falta disciplinaria realizada por la demandante en su calidad de oficial mayor de su despacho.

Las diligencias adelantadas en desarrollo del proceso disciplinario iniciado fueron asumidas por la Procuraduría Metropolitana del Valle de Aburrá, a petición de la implicada. La procuradora, una vez examinado el expediente, encontró algunas imprecisiones que dieron lugar a la nulidad de lo actuado y a la reposición de la actuación anulada. Una vez concluido el estudio y examinado el acervo probatorio resolvió absolver de toda responsabilidad disciplinaria a la señora Cano Restrepo (fls. 67 y ss.).

El hecho de que el juez calificador hubiese solicitado investigación disciplinaria contra la demandante no implica, necesariamente, la existencia de enemistad. El derecho a pedir que se investigue la conducta de los servidores públicos tiene como finalidad proteger la pulcritud que debe guiar la función pública. Admitir que toda solicitud de investigación disciplinaria lleva a la causal de enemistad, pondría en duda la rectitud de los servidores públicos quienes, por principio, tienen el deber de denunciar los hechos que, a su juicio, puedan constituir falta disciplinaria, so pena de incurrir en incumplimiento de sus obligaciones.

No obstante que debe descartarse la imparcialidad de la calificación por enemistad de la juez con la demandante, debe la Sala examinar si la calificación fue objetiva, justa e imparcial, dado que el cargo que formula el demandante se centra en la vulneración al principio de imparcialidad, por razones de enemistad.

Del estudio de las pruebas documentales y testimoniales que obran en el plenario no le cabe duda a esta Sala que la calificación de que fue objeto el demandante por el periodo comprendido entre el 15 de marzo de 1996 y el 31 de diciembre del mismo año fue injusta.

Son innumerables las pruebas que gravitan en el expediente que llevan forzosamente a concluir que la mala calificación impuesta por el Juez Treinta Penal Municipal no fue objetiva, justa y razonable, sino producto de las desavenencias y del enrarecido clima laboral que tenía el despacho, ambiente este creado, básicamente, por el errado manejo del juez sobre los aspectos administrativos y de recursos humanos, que llevó al punto, como relatan los testigos, de marginar a la demandante, no asignarle procesos, no dirigirle la palabra y valerse de cualquier motivo para pasarle memorandos.

La actitud del juez no resulta razonable si se tiene en cuenta que la demandante se encontraba vinculada al servicio de la rama judicial desde el año de 1975 y que siempre se desempeñó de manera eficiente, como dan cuenta las declaraciones recibidas. [...].

Las anteriores declaraciones no dejan duda de la persecución laboral del juez hacia la demandante y que sus actuaciones tenían la finalidad de desestabilizarla laboralmente. No de otra manera se explica que nunca pudiera manifestarle alguna inquietud de manera verbal sino que en todo momento se valiera de memorandos.

Y si bien es cierto que tres de los declarantes afirman que no existía ninguna situación anormal, debe tenerse en cuenta que son empleados del juzgado y, por ende, deben defender los intereses de su superior.

De igual manera, dentro del acervo probatorio que obra en el proceso se encuentran algunos memorandos y sus respectivas respuestas que el calificador y la evaluada intercambiaron, de los cuales se pone en evidencia que, efectivamente, existía una relación antagónica, con un entorno de malos entendidos y dificultades que torpedeaban el ambiente y las relaciones laborales entre ellos (fls. 227-233, 267, 283, 291).

No obstante, el juez procedió, sin que mediara una declaratoria de impedimento de su parte, a efectuar la calificación de servicios de la demandante, la cual era determinante para su permanencia en el cargo.

No puede pasarse por alto que en las evaluaciones efectuadas por el mismo funcionario, por los periodos 90-91, 91-92, 92-93 (fls. 220-226) mientras reemplazaba al juez titular del despacho, la demandante obtuvo calificación “satisfactoria”; y que en el periodo 92-93, cuando se desempeñaba como juez titular (se posesionó en propiedad el 16 de septiembre de 1992), el funcionario le hubiera dado calificación insatisfactoria, dando lugar a su retiro. Ello no se compadece con la lógica, si se tiene en cuenta que el juez Benítez se encontraba ocupando el cargo desde 1989 y nunca antes había tenido queja de la empleada. Pero además, durante los más de 20 años de servicio en la rama judicial la demandante no fue objeto de sanción disciplinaria. Todas esas circunstancias pesan sobre la objetividad de la calificación.

Las anteriores pruebas documentales constituyen indicios fehacientes de que fueron las razones de orden personal las que determinaron la calificación insatisfactoria de la actora, por lo que la Sala encuentra configurado el cargo de desviación de poder formulado en la demanda.

Finalmente, en relación con el llamado en garantía, dirá la Sala que si bien es cierto que el juez le dio un manejo errado a la relación con su subalterna, no por ello puede afirmarse que haya actuado con culpa grave o dolo, tal como lo exige el artículo 77 del Código Contencioso Administrativo y el inciso 2º del artículo 90 de la Carta Política.

No le asistió entonces razón al a quo al despachar desfavorablemente las súplicas impetradas, lo que impone revocar la sentencia apelada para, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sub Sección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del treinta (30) de octubre de dos mil dos (2002) proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las súplicas de la demanda.

En su lugar, se dispone:

1. DECLÁRASE LA NULIDAD de las resoluciones 005 del 15 de abril de 1997 que ordenó retirar del servicio a la señora Ángela Cano Restrepo y 006 del 23 de abril de 1997 mediante la cual se negó la reposición de la anterior decisión.

2. DECLÁRASE la Sala inhibida para fallar de mérito sobre los actos de calificación y los que resolvieron los recursos interpuestos contra dicha calificación, por ser actos de trámite, como se indicó en la parte motiva de esta providencia.

3. A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE al Consejo Superior de la Judicatura reintegrar a la actora al cargo que ocupaba u otro de igual o superior categoría, de funciones y requisitos afines para su ejercicio. Igualmente, la entidad reconocerá y pagará a la misma, los salarios y prestaciones sociales que se hayan causado entre la fecha en que se produjo la desvinculación hasta aquella en que sea reincorporada al servicio.

4. DECLÁRASE que no ha existido solución de continuidad en la prestación de sus servicios.

5. ORDÉNASE la actualización de las condenas en los términos de artículo 178 del Código Contencioso Administrativo dando aplicación a la siguiente fórmula:

 

En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por el actor desde la fecha en que se produjo su retiro, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por mes y para los demás emolumentos, teniendo en cuenta el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.

6. ORDÉNASE que sobre el valor de la condena que resulte, se descuenten las sumas percibidas por la actora por concepto del desempeño de otros cargos oficiales durante el tiempo concomitante de esta condena.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(Sentencia de 14 de abril de 2005. Expediente 1691-03. Consejera Ponente: Dra. Ana Margarita Olaya Forero).

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