Sentencia 16912 de mayo 27 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación Nº 16912

Acta Nº 18

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gonzalo Toro Correa

Bogotá, D.C., veintisiete de mayo de dos mil dos.

EXTRACTOS: «Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de José Amado Jaramillo Castrillón contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 12 de marzo de 2001, en el juicio que le sigue a la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato S.A. “Fabricato S.A.”.

Antecedentes

José Amado Jaramillo Castrillón llamó a juicio ordinario laboral a la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato S.A. “Fabricato S.A.”, para que se declarara que la demandada deberá continuar pagando al actor la pensión voluntaria que le reconoció el 31 de diciembre de 1981 y que le suspendió el 14 de septiembre de 1993, junto con los reajustes legales y las mesadas adicionales de junio y diciembre y las costas del proceso.

En sustento de sus pretensiones afirma que laboró para la demandada desde el 23 de enero de 1958 hasta el 31 de diciembre de 1981, fecha en la cual, por mutuo acuerdo, dieron por terminado el contrato, previo reconocimiento de una pensión de jubilación voluntaria; que al momento de la terminación del contrato de trabajo el demandante contaba 48 años de edad, pues nació el 14 de septiembre de 1933; considera que no obstante haberle otorgado la pensión condicionada al cumplimiento de los 60 años de edad, adquirió el carácter de vitalicio, por cuanto el ISS no subrogó a la demandada en el pago de la pensión, por haberse otorgado ésta con anterioridad a la vigencia del Decreto 2879 de 1985; que al momento de serle suspendido el pago de la pensión voluntaria, la mesada pensional era de $ 96.554.

La accionada, en la respuesta a la demanda, se opuso a las pretensiones; aceptó los extremos de la relación contractual y el hecho de haber concedido la pensión por motivos de salud del actor, la cual, dice, quedó condicionada hasta que cumpliera los 60 años de edad; que los demás hechos debían probarse. En su defensa propuso las excepciones de cosa juzgada, pago, prescripción, falta de causa legítima, la genérica, y la subrogación del riesgo en el ISS.

El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 10 de marzo de 2000 (fls. 101 a 106, c. ppal.), absolvió a la demandada de todos los cargos formulados en la demanda; declaró probada la excepción de cosa juzgada e impuso costas al demandante.

La sentencia del tribunal

Apeló la parte actora, y el Tribunal de Medellín, por fallo del 12 de marzo de 2001 (fls. 118 a 126, c. ppal.), confirmó el del a quo; no impuso costas.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el ad quem consideró que en el primer proceso, surtido ante el mismo Juzgado Doce Laboral, la decisión del a quo fue confirmada por esa misma Sala el 15 de diciembre de 1995, y que el presente proceso fue presentado el 11 de diciembre de 1998, por lo cual se encuentra ejecutoriada la sentencia de aquél. Que en ambos procesos hay identidad de partes, pero no tienen el mismo objeto y la causa tampoco es igual; que en consecuencia no existe cosa juzgada.

Aduce que, como en la apelación se habla de la compartibilidad de las pensiones a cargo de las empresas, la demanda “se presentó por disposiciones distintas al artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, como es el Decreto 2879 (Acuerdo 29/85), en cuyo texto se dispuso que la compartibilidad de las pensiones a cargo, hasta ese entonces de las empresas y el lSS tendría lugar a partir de la vigencia de dicha norma, esto es del 17 de octubre de 1985 y no podría hablarse de compartibilidad de pensiones con anterioridad a dicha fecha.

Que “Cita la recurrente el artículo 18 del Decreto 758 de 1990, como la norma que reguló la compartibilidad de las pensiones extralegales, procediendo a transcribirlo, para rematar diciendo “Sobre este tema ha dejado sentada la Corte, jurisprudencia sobre la compartibilidad de las pensiones voluntarias, la cual ha sido retomada por el honorable tribunal en innumerables fallos contra la misma empresa objeto de este proceso”.

“No es difícil deducir que se está planteando en el recurso una situación diferente a la que se esbozó en el libelo demandatorio, como quiera que allí se pretende que la pensión de que disfrutaba el accionante continúe en cabeza de la accionada en forma vitalicia. Y como bien sabido es que para esta instancia no está establecida la facultad extra y ultra petita, no puede entrar a estudiarse este aspecto del recurso.

“Aunque es lo cierto que al reclamante se le otorgó pensión de jubilación voluntaria antes de entrar en vigencia el Acuerdo 29 de 1985 (aprobado por el D. 2879/85), la misma se limitó hasta cuando el actor cumpliera los sesenta años de edad, tal como lo referencia en la demanda, razón por la cual no puede tornarse en vitalicia como se pretende en este proceso.

“Situación diferente ocurriría si no se hubiese fijado dicha limitante, caso en el cual no ofrecería ninguna duda del derecho vitalicio” (fls. 124 y 125, c. ppal.).

(...).

Se considera

No incurrió el tribunal en interpretación errónea del artículo 5º del Acuerdo 29 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del mismo año, como lo arguye la censura, ya que lo que aquel adujo es que de acuerdo a su texto, antes del 17 de octubre de 1985, no podía hablarse de compartibilidad de pensiones, lo cual no contradice lo sostenido por la jurisprudencia sobre el punto.

También dijo el ad quem que al reclamante se le otorgó la pensión de jubilación voluntaria antes de entrar en vigencia el citado acuerdo y que como la misma se limitó hasta cuando el actor cumpliera los 60 años de edad, no podía tornarse en vitalicia, consideración esta en la que no se está haciendo una interpretación de la norma en mención, para eventualmente estimar que respecto de ella hubo una equivocada hermenéutica, pues el fallador sólo la utilizó como referencia; además de que no debe perderse de vista que la pensión voluntaria le fue otorgada al actor el 31 de diciembre de 1981 y que la norma cuestionada no reguló expresamente pensiones extralegales reconocidas con anterioridad a su vigencia, sino que se refirió a las concedidas a partir de su publicación que fue el 17 de octubre de 1985.

Adicionalmente cabe recordar que esta Corte ha venido sosteniendo que las pensiones voluntarias reconocidas por los empleadores a los trabajadores antes de entrar en vigencia el Acuerdo 29 de 1985, serían indefinidas, salvo que se estipulara su restricción, como en este caso fue lo que encontró acreditado el ad quem, según lo afirmado por la parte actora en el propio texto de su demanda. En Sentencia 9540, del 8 de agosto de 1997, en lo pertinente, se dijo lo siguiente:

“De ahí que la jurisprudencia haya tenido en cuenta que si en las relaciones laborales el patrono se obliga de manera pura y simple por un acto o declaración de voluntad, asume esa carga prestacional de manera indefinida y sin restricciones o posibilidades de subrogación no estipuladas o no precisadas por quien se obliga, pues las modalidades que afectan el derecho, o sea la condición o el plazo extintivo o su resolución, son situaciones que exigen declaración expresa del obligado”.

Por tanto, el cargo no prospera.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 12 de marzo de 2001, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del juicio ordinario laboral que le adelanta José Amado Jaramillo Castrillón a la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato S.A. “Fabricato S.A.”.

Costas a cargo de la parte recurrente.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

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