Sentencia 16931 de agosto 19 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente:

Dr. Javier Díaz Bueno

Actor: Maritza Blanquicett de Hernández y otros.

Autoridades Nacionales

Santafé de Bogotá, D.C., agosto diecinueve de mil novecientos noventa y nueve.

EXTRACTOS: «Los actos acusados en su orden disponen:

a) Acuerdo 179 de 1996.

“ART. 3º—La dirección ejecutiva de la administración judicial deberá ampliar el plazo de inscripción al concurso de méritos establecido mediante Acuerdo 150 de septiembre veintiuno (21) de 1995, expedido por esta Sala, destinado a la conformación del registro nacional de elegibles para la provisión del cargo de magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los consejos seccionales de la judicatura, con el fin de que sus actuales magistrados, no incursos dentro de las hipótesis consagradas en el artículo primero del presente acuerdo, que no se hubieren inscrito dentro del término indicado en la convocatoria a concurso, puedan realizar su inscripción.

— Los interesados deberán presentar para ante la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, debidamente diligenciada, la tarjeta de inscripción, en el lapso comprendido entre el veintiséis (26) al treinta (30) de agosto del año en curso. Para tal efecto, las salas administrativas de los consejos seccionales de la judicatura proveerán oportunamente el material de inscripción.

— Con la tarjeta de inscripción, el solicitante deberá presentar actualizados los documentos de que trata el numeral 2.4 del Acuerdo 150 citado.

— Para efectos de la valoración de los factores de experiencia adicional y capacitación y publicaciones previstos en la convocatoria del concurso, sólo se tomará en cuenta lo acreditado hasta el día 27 de octubre de 1995, con el objeto de preservar el principio de igualdad frente a los demás participantes.

b) Acuerdo 190 de 1996.

“ART. 1º—El nombramiento de los magistrados de las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura, para proveer vacantes definitivas, será efectuado por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de las listas de candidatos que para cada cargo y mediante acuerdo, conforme la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, según se dispone en los artículos siguientes.

ART. 2º—La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura conformará el registro nacional de elegibles destinado a la elaboración de listas de candidatos para proveer las vacantes definitivas que, a partir del 2 de noviembre de 1997, se presenten en los cargos de magistrados de la Sala Disciplinaria de los consejos seccionales de la judicatura, con los aspirantes que superen el concurso de méritos convocado mediante el Acuerdo 150 de 1995, los integrantes del registro nacional de elegibles para el cargo de magistrado de Sala Penal de Tribunal Superior de Distrito Judicial que manifiesten su interés en los términos del presente acuerdo, y con los magistrados en carrera de la Sala Penal de los tribunales superiores que lo soliciten y cumplan las previsiones del Acuerdo 106 del presente año, de la Sala Administrativa”.

c) Acuerdo 191 de 1996

“ART. 1º—Ordenar a la dirección ejecutiva de administración judicial ampliar el plazo de inscripción al concurso de méritos establecido mediante Acuerdo 150 de septiembre veintiuno (21) de 1995, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, destinado a la conformación del registro nacional de elegibles para la provisión del cargo de magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los consejos seccionales de la judicatura, con el fin de que todos los interesados en el mismo, en razón al cambio de régimen del cargo de período fijo al de carrera judicial, que no se hubieren inscrito dentro del término indicado en la convocatoria a concurso, puedan realizar su inscripción”.

En esencia, el libelista para impetrar la anulación de los actos antes transcritos, parte de la base de que, sus poderdantes se hallan en carrera judicial y en tal virtud la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura al expedir tales disposiciones para los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los consejos seccionales de la judicatura, incurrió en violación de la normatividad invocada.

Lo anterior, en razón de que allí se adoptan disposiciones in abstracto, al establecer un régimen especial para que concursen con el fin de acceder a los cargos que venían desempeñando, explícitamente los consideró no pertenecientes a la carrera judicial, y les señaló por exclusión generalizada que no pertenecían a la carrera judicial.

Básicamente estructuran las peticiones de la demanda, en que, el Consejo Superior de la Judicatura a través del Acuerdo 12 de 10 de junio de 1993 reglamentó el concurso de méritos y la selección de magistrados para integrar las salas jurisdiccionales disciplinarias y administrativas de los consejos seccionales de la judicatura.

Los demandantes fueron designados en propiedad y confirmados sus nombramientos, mediante Acuerdo 12 de 25 de octubre de 1993.

En esas condiciones consideran que los amparaban las prerrogativas de carrera judicial, por lo tanto las disposiciones de los acuerdos acusados son ilegales.

Por su parte la dirección ejecutiva mediante su apoderado se opone a las peticiones de la demanda y para el efecto en síntesis afirma que; el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo 12 de 1993 realizar un proceso de selección para magistrados de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias, porque para esa época tales cargos no se consideraban de carrera.

Que el procedimiento adelantado para proveer dichos cargos, no se ciñó a las previsiones del Decreto-Ley 52 de 1987, norma que para entonces se consideraba como el estatuto de carrera judicial aplicable y por ende tal procedimiento no constituyó un verdadero concurso público de méritos que determinaran formalmente el ingreso a la carrera judicial.

Al parecer del ente demandado el mencionado procedimiento no constituyó un verdadero concurso público que determinara el impreso a la carrera judicial porque la calificación de selección no correspondió a un puntaje cierto que permitiera determinar un resultado por riguroso orden de méritos. No se establecieron elementos objetivos para medir la experiencia profesional y docente de los candidatos, ni referencias de valoración a tenerse en cuenta para la confrontación de los tipos de experiencia, ni la forma como habría de hacerse la valoración entre candidatos.

Tales vinculaciones se hicieron en propiedad para un período de cuatro (4) años, procedimiento que no estuvo sujeto al estatuto de carrera judicial, es decir, “... realizado el concurso, quienes ingresen al servicio serán nombrados en período de prueba (art. 34)”. El nombramiento en período de prueba será de dos años para magistrados.

Consecuencia de la no vinculación en período de prueba, tales funcionarios nunca han sido calificados en el desempeño del cargo, requisito de obligatorio cumplimiento para el ingreso a la carrera.

En suma, los demandantes consideran que ingresaron al concurso a los cargos de magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, los ampara el status de carrera judicial, por lo tanto el Consejo Superior de la Judicatura no podía “explícitamente” considerarlos no pertenecientes a la carrera judicial, no había lugar a que se les concediera plazo especial para inscribirse al concurso abierto. El ente demandado se opone a la prosperidad de las peticiones, porque no ingresaron mediante un verdadero concurso de méritos.

El problema jurídico sometido a consideración de la Sala ya ha sido objeto de examen y decisión en un buen número de procesos en los cuales se han impugnado actos de carácter particular mediante los cuales el Consejo Superior de la Judicatura, ha negado la inscripción en la carrera judicial a los funcionarios que ingresaron a los cargos de magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los consejos seccionales de la judicatura.

Se concluyó en el tales sentencias que, quienes ingresaron al cargo de magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Seccionales de la Judicatura con base en el Acuerdo 12 de 10 de junio de 1993 por medio del cual el Consejo Superior de la Judicatura

reglamentó el concurso de méritos y la selección de magistrados para integrar las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura y luego fueron designados mediante el Acuerdo 12 de 25 de octubre de 1993 y confirmado su nombramiento, los amparan los derechos de carrera judicial.

Lo anterior por cuanto, el artículo 193 de la Ley 270 de 1996, dispuso:

ART. 193.—Permanencia en la carrera. Los actuales funcionarios y empleados que con anterioridad a la expedición de la presente ley hubiesen sido vinculados a la rama judicial mediante la respectiva designación en propiedad para el cargo, por período fijo a término indefinido (sic), quedan incorporados al sistema de carrera judicial previsto en esta ley estatutaria y a los derechos derivados de la misma, sin necesidad de providencia que así lo declare.

PAR.—Con el fin de determinar su ingreso a la carrera los funcionarios y empleados que se hallen en período de prueba serán evaluados por una sola vez, en su desempeño durante todo el tiempo que hayan ejercido el cargo con tal carácter, en la forma que establezca el reglamento que para el efecto expida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”.

La Corte Constitucional al juzgar la disposición antes transcrita, la declaró inexequible precisando que las razones de la decisión, se referían solamente a las vinculaciones realizadas mediante nombramientos directos, pues en el caso de las personas que hubiesen sido nombradas en propiedad como consecuencia de un concurso público, resulta constitucionalmente viable —además de justo— que ellas ingresen al sistema, con el lleno de los demás requisitos legales.

Para mayor ilustración, se transcribe a continuación la parte pertinente de las consideraciones expuestas en la sentencia de 10 de septiembre de 1998, dictada en el proceso 16.825 actor:

Carmelo Tadeo Mendoza Lozano:

“El artículo 125 de la Constitución Nacional señala la regla general según la cual, los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera a excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Así mismo el artículo 7º del Decreto 052 de 1987, prevé que todos los cargos en la rama judicial son de carrera y deberán ser provistos por el sistema de méritos, con excepción de los que expresamente allí se indican. En tales excepciones no se encuentra el cargo de magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los consejos seccionales de la judicatura.

En otros términos, el empleo que se examina no se incluyó en las excepciones a la regla general trazada en el artículo 125 del mandato Constitucional antes mencionado, ni en el Decreto 52 de 1987 y dada la naturaleza del mismo, la ley estatutaria de la administración de justicia lo incluyó expresamente en el sistema de carrera judicial, como más adelante se verá.

El artículo 6º del Decreto 2652 de 1991 dispuso que “Los magistrados de los consejos seccionales serán elegidos por la Sala Plena del Consejo Superior, para un período de cuatro años, así:

Los correspondientes a las salas administrativas de ternas que para cada cargo presenten los tribunales superiores de distrito y contencioso administrativos.

Los de las salas jurisdiccionales disciplinarias mediante el sistema de concurso de méritos.

En cumplimiento de lo anterior y con el fin de proveer los cargos de magistrado de las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales, el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo 12 de 1993, convocó a concurso de méritos para la selección de los citados magistrados.

Como la Corte Constitucional en sentencia de 8 de julio de 1993 declaró inexequible el numeral 14 del artículo 4º del Decreto 2652 de 1991 que atribuía a la Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura la elección de los magistrados de los consejos seccionales, dicha corporación mediante Acuerdo 31 de 27 de junio de 1993 dispuso:

“... la elección de los magistrados de las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura se hará por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, de listas no inferiores a tres candidatos por cada cargo que, previo el concurso de méritos reglamentado en el Acuerdo 12 de 1993, le remita la Sala Administrativa del mismo Consejo.

“Por lo anterior la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo 12 de 1993 designó entre otros, al actor para integrar la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura.

Lo anteriormente expuesto, no es materia de discusión. La controversia se origina por lo siguiente:

A partir de la expedición de la ley estatutaria de la administración de justicia los magistrados de las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura son de carrera judicial. Así lo dispone el inciso 5º del artículo 130 de la Ley 270 de 1996: “Son de carrera los cargos de magistrado de los tribunales superiores de distrito judicial y de los tribunales contencioso administrativo y de las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura”, previsión reiterada en el artículo 158 de la misma ley, en los siguientes términos: “Son de carrera los cargos de magistrados de los tribunales y de las salas de los consejos seccionales de la judicatura...”.

Inicialmente el artículo 193 de la Ley 270 de 1996 dispuso:

ART. 193.—Permanencia en la carrera. Los actuales funcionarios y empleados que con anterioridad a la expedición de la presente ley hubiesen sido vinculados a la rama judicial mediante la respectiva designación en propiedad para el cargo, por período fijo a término indefinido (sic) quedan incorporados al sistema de carrera judicial previsto en esta ley estatutaria y a los derechos derivados de la misma sin necesidad de providencia que así lo declare.

PAR.—Con el fin de determinar su ingreso a la carrera los funcionarios y empleados que se hallen en período de prueba serán evaluados por una sola vez, en su desempeño durante todo el tiempo que hayan ejercido el cargo con tal carácter en la forma que establezca el reglamento que para el efecto expida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”.

La Corte Constitucional declaró inexequible el inciso 1º y exequible el parágrafo de la disposición antes transcrita.

Sobre Ia inexequibilidad del inciso 1º hizo la siguiente precisión:

“Claro está y así se hará saber en la parte resolutiva de esta providencia que las consideraciones precedentes se refieren solamente a las vinculaciones realizadas mediante nombramientos directos, pues en el caso de las personas que hubiesen sido nombradas en propiedad como consecuencia de un concurso público, resulta constitucionalmente viable —además de justo— que ellas ingresen al sistema de carrera con el lleno de los requisitos legales corno se explicará más adelante.

(...).

Ahora bien, la inexequibilidad del inciso 1º y la exequibilidad del parágrafo, llevan a esta Corte a puntualizar que no por esta decisión los funcionarios y empleados de la rama judicial a que se refiere el inciso 1º del artículo bajo examen pierden sus cargos. Lo que sucede es que ellos no podrán ahora ser incorporados en forma automática al régimen de carrera judicial y, si aspiran a tal objetivo, deberán someterse a los requisitos generales que establezca la ley y que reglamente el Consejo Superior de la Judicatura. Lo anterior como se dijo anteriormente, no cobija a los servidores públicos que han sido nombrados en propiedad a través de un concurso; en este caso, la Sala Administrativa de la referida corporación, deberá adelantar los trámites necesarios para incorporarlos al régimen de carrera, siempre y cuando reúnan los requisitos adicionales que la ley hubiese previsto para tales efectos”.

Así pues, en el proceso quedó establecido que el Decreto 2652 de 1991 dispuso que los magistrados de los consejos seccionales de la judicatura, serían designados para un período de cuatro años, y que los magistrados de las salas jurisdiccionales disciplinarias de dichas corporaciones, serían designados mediante el sistema del concurso de méritos.

Que en cumplimiento de lo anterior, el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo 12 de 1993 reglamentó el concurso de mérito y la selección de magistrados, para integrar las salas jurisdiccionales disciplinarias y administrativas de los consejos seccionales de la judicatura.

Tampoco hay discusión de que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo 12 de 1993 nombró en propiedad y confirmó al demandante en el cargo de magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura.

En esas condiciones, para la Sala es claro que la situación del demandante se acomodaba a la previsión que inicialmente contempló el artículo 193 de la Ley 270 de 1996 y que lo cobija la precisión que sobre el particular expuso la Corte Constitucional.

En efecto la disposición declarada inexequible disponía que los actuales funcionarios y empleados que con anterioridad a la expedición de la presente ley hubiesen sido vinculados a la rama judicial mediante la respectiva designación en propiedad para el cargo, “por período fijo a término indefinido (sic)”, quedan incorporados al sistema de carrera judicial previsto en esta ley estatutaria y a los derechos derivados de la misma, sin necesidad de providencia que así lo declare.

La Corte Constitucional al juzgar dicha disposición, aclaró que las razones de la inexequibilidad se referían solamente a las vinculaciones realizadas mediante nombramientos directos, pues en el caso de las personas que hubiesen sido nombradas en propiedad como consecuencia de un concurso público, resulta constitucionalmente viable —además de justo— que ellas ingresen al sistema de carrera, con el lleno de los demás requisitos legales.

El actor, como se vio, había sido nombrado en propiedad y como consecuencia de un concurso público.

La circunstancia de que en la época del ingreso hubiera sido para un cargo de período fijo, la contempló el artículo 193 de la Ley 270 de 1996 en los términos ya indicados, y la Corte Constitucional dejó a salvo los derechos de carrera de quienes hubieran ingresado con nombramiento en propiedad como consecuencia de un concurso público.

No pasa por inadvertido la Sala que en la transcripción que la Corte Constitucional hizo del artículo 193 de la Ley 270 de 1996 en lo referente a “... designación en propiedad para el cargo por período fijo a término indefinido ...”, se observa cierta imprecisión, sin embargo, vistos los antecedentes y armonizadas las normas que sirven de fundamento a la demanda, en atención a los principios constitucionales que gobiernan la materia, en caso de duda en la aplicación de las fuentes formales de derecho se debe aplicar la situación más favorable al servidor.

También el Consejo Superior de la Judicatura se opone a las pretensiones de la demanda porque el concurso de méritos sólo señaló como factores de selección para los concursantes la entrevista personal y la experiencia profesional o académica, cuando el artículo 25 del Decreto 52 de 1987 dispone que en ningún caso la entrevista podrá utilizarse como única modalidad de concurso.

Sobre el particular, se advierte que, el Acuerdo 12 de 1993 por medio del cual el Consejo Superior de la Judicatura realizó la convocatoria a concurso, no es materia de discusión en el presente proceso, por ello la Sala no entra a calificarlo. Además si dicha convocatoria adolece de alguna precariedad jurídica, tal circunstancia es atribuible a la autoridad pública que realizó el concurso y las inconsistencias del mismo, no podrían atribuirse a los concursantes, o trasladarse a los mismos sus eventuales imprecisiones.

No sobra agregar que la convocatoria es norma obligatoria y reguladora de todo concurso y en tal virtud el Consejo Superior de la Judicatura no podría sustraerse a los términos de la misma con el fin de negar los derechos de carrera del administrado.

Se observa también que mediante el Acuerdo 12 de 1993 por el cual el consejo superior de la judicatura, realizó la convocatoria a concurso, en el artículo 3º señaló los requisitos que debían reunir los aspirantes, los cuales básicamente son los mismos que la Ley 270 de 1996 exige en los artículos 127 y 128 para el cargo de magistrado, que en ningún momento la entidad demandada ha dicho que el actor no los cumpliera.

Es indispensable aclarar que con la finalidad de garantizar el buen servicio público, el nominador tiene la potestad de proveer un empleo de libre nombramiento y remoción a través de concurso para evaluar los factores que debe reunir el candidato, sin que de tal comportamiento puedan derivarse derechos de carrera.

Sin embargo, en esta oportunidad la situación es diferente pues como ya se precisó, el Decreto 2652 de 1991 en el artículo 6º dispuso que los magistrados de las salas jurisdiccionales disciplinarias serían elegidos “... mediante el sistema de concurso de méritos”; para tal efecto el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo 12 de 1993 hizo la respectiva convocatoria, la cual como ya se dijo es de carácter obligatorio y como resultado de ella, se designó al demandante.

Finalmente la Ley 270 de 1996 definió dichos cargos como de carrera y a la parte actora la amparan los derechos inherentes a la misma por las razones ya expuestas.

En conclusión, al demandante por virtud de la transición institucional, al ingresar por concurso público y haber sido nombrado en propiedad para el cargo de magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, lo amparan los derechos de carrera judicial por las razones antes expuestas. En consecuencia; se accederá a las súplicas de la demanda.

Ahora bien, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura mediante el primero de los actos acusados, es decir, el artículo 3º del Acuerdo 179 de 5 de agosto de 1996, ordenó ampliar el plazo de inscripción a concurso de méritos para la provisión de los cargos de magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los consejos seccionales de la judicatura con el fin de que sus actuales magistrados que no se habían inscrito, pudieran realizar la inscripción, excepción hecha a los funcionarios que se desempeñaban en el cargo de magistrado de la Sala Disciplinaria de los tribunales superiores de Distrito Judicial de Antioquia, Barranquilla, Cali y Cundinamarca, incorporados a las salas disciplinarias de los correspondientes consejos seccionales quienes según el artículo 1º del mismo acuerdo si estimó que conservaran los derechos de carrera.

Al ordenar la ampliación del plazo para los otros magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, dicha disposición, en verdad desconoció los derechos de carrera de quienes ingresaron por concurso según el Acuerdo 12 de 1993, de conformidad con las razones expuestas en la sentencia antes transcrita, razón por la cual es procedente su anulación.

En relación con los artículos 1º y 2º del Acuerdo 190 de 28 de agosto de 1996, se observa: En el primero dispone que el nombramiento de magistrados de las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura para proveer vacantes definitivas se efectuará por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, según lo dispone en los artículos siguientes.

En el artículo 2º prevé que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura conformará el registro nacional de elegibles destinado a la elaboración de lista de candidatos para proveer las vacantes definitivas que, a partir del 2 de noviembre de 1997, se presenten en los cargos de magistrados de la Sala Disciplinaria de los consejos seccionales de la judicatura, con los aspirantes que superen el concurso de méritos convocado mediante el Acuerdo 150 de 1995.

Si se examinan desprevenidamente los artículos 1º y 2º del Acuerdo 190 del 28 de agosto de 1996, prima facie, no se observaría su ilegalidad pues de un lado a términos del artículo 166 de la Ley 270 de 1996, la provisión de cargos se hace de candidatos con inscripción vigente en el registro de elegibles, que para cada caso envíen las salas administrativas del consejo superior o seccionales de la judicatura y en segundo lugar de acuerdo con el numeral 5º del artículo 112 de la misma Ley 270 de 1996, corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura designar a los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los consejos seccionales de la judicatura.

Sin embargo, como en las disposiciones acusadas dan instrucciones para la provisión de los cargos de magistrados de las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura con los aspirantes que superen el concurso convocado mediante el Acuerdo 150 de 1995 en el entendido de que quienes los desempeñaban no estaban amparados por las prerrogativas de la carrera judicial, emerge de esa manera su ilegalidad, pues como antes se precisó en la sentencia antes transcrita y así se ha concluido en reiterados pronunciamientos los demandantes habían ingresado a dicho cargo al amparo del Acuerdo 12 de 1993, les asistían derechos de carrera por las razones ya expuestas.

Se declarará igualmente la nulidad del artículo 1º del Acuerdo 190 de 1996, y del artículo 2º del mismo acuerdo, únicamente en lo que tiene que ver con la provisión de los cargos de magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Ios consejos seccionales de la judicatura, es decir, se declarará la nulidad de las siguientes frases de este artículo:

“... para proveer las vacantes definitivas que a partir del 2 de noviembre de 1997, se presenten en los cargos de magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los consejos seccionales de la judicatura ...”.

Se impugna también el artículo 1º del Acuerdo 191 del 28 de agosto de 1996, que dispone:

“ART. 1º—Ordenar a la dirección ejecutiva de administración judicial ampliar el plazo de inscripción al concurso de méritos establecido mediante Acuerdo 150 de septiembre veintiuno (21) de 1995, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, destinado a la conformación del registro nacional de elegibles para la provisión del cargo de magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los consejos seccionales de la judicatura, con el fin de que todos los interesados en el mismo, en razón al cambio de régimen del cargo de período fijo al de carrera judicial, que no se hubieren inscrito dentro del término indicado en la convocatoria a concurso, puedan realizar su inscripción”.

Este artículo es igualmente violatorio de los derechos de carrera judicial de los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los consejos seccionales de la judicatura que ingresaron a través del concurso reglamentado por el Acuerdo 12 de 10 de junio de 1993 y designados en propiedad mediante el Acuerdo 12 de 25 de octubre del mismo año, por las mismas razones que atrás se expusieron.

En efecto, mediante dicho artículo la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ordena a la dirección ejecutiva de administración judicial ampliar el plazo de inscripción al concurso de méritos para la provisión del cargo de magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los consejos seccionales de la judicatura, con el fin de que todos los interesados en el mismo, en razón del cambio de régimen del cargo de período fijo al de carrera judicial, que no se hubieren inscrito dentro del término indicado en la convocatoria, pueden realizar su inscripción.

La disposición en tal sentido, considera como las anteriores, a los funcionarios que fueron designados en tales cargos en desarrollo del Acuerdo 12 de 1993, sin derechos de carrera cuando, como se precisó si los cobijaban tales prerrogativas. Por las razones que se han expuesto se declarará su nulidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE LA NULIDAD de las siguientes disposiciones: artículo 3º del Acuerdo 179 de 1996, 1º del Acuerdo 190 de 1996 y 1º del Acuerdo 191 de 1996, expedidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

DECLÁRASE LA NULIDAD de las siguientes expresiones contenidas en el artículo 2º del Decreto 190 de 1996, expedido por la misma entidad:

“... para proveer las vacantes definitivas que a partir del 2 de noviembre de 1997, se presenten en los cargos de magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Seccionales de la Judicatura..”.

CÓPIESE Y NOTIFÍQUESE. Ejecutoriada esta providencia archívese el expediente.

Discutida y aprobada por la Sala en sesión celebrada el día 19 de agosto de 1999».

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