Sentencia 16934 de enero 29 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-27-000-2006-01333-01(16934)

Consejera Ponente:

Dra. Ligia López Díaz

Actor: Fundación Cardio - Infantil Instituto de Cardiología

Demandado: Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá

Bogotá, D.C., veintinueve de enero de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En el presente caso se controvierte la legalidad de los actos administrativos por los cuales se determinó oficialmente el impuesto correspondiente a los bimestres 2 a 6 de 2000; 1 y 2 de 2001.

La Sala precisa que de conformidad con la Ley 14 de 1983 “por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”, el impuesto de industria y comercio grava en una jurisdicción municipal, el ejercicio de una actividad comercial, industrial o de servicios. Los sujetos pasivos son las personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho, que realizan el hecho gravado, independientemente de la naturaleza jurídica que ostenten, salvo que la ley las exceptúe, como ocurre con el artículo 39 de la misma norma que prohíbe gravar con el impuesto de industria y comercio los servicios que prestan los hospitales adscritos o vinculados al sistema nacional de salud, en los siguientes términos:

“ART. 39.

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior (esto es la facultad de los municipios de otorgar exenciones de impuestos municipales) continuarán vigentes:

(...).

2. Las prohibiciones que consagra la Ley 26 de 1904; además, subsisten para los departamentos y municipios, las siguientes prohibiciones:

(...).

d) La de gravar con el impuesto de industria y comercio los establecimientos educativos públicos, las entidades de beneficencia, las culturales y deportivas, los sindicatos, las asociaciones de profesionales y gremiales sin ánimo de lucro, los partidos políticos, y los hospitales adscritos o vinculados al sistema nacional de salud” (resaltado fuera del texto.)

Este literal fue parcialmente modificado por el artículo 11 de la Ley 50 de 1984, que dispone:

“ART. 11.—Cuando las entidades a que se refiere el artículo 39, numeral 2º literal d) de la Ley 14 de 1983 realicen actividades industriales o comerciales serán sujetos del impuesto de industria y comercio en lo relativo a tales actividades”.

Estas normas se aplican al Distrito Capital pues se acogieron en los mismos términos por el numeral 4º del artículo 4º del Acuerdo 21 de 1983 compilado en el literal d) y en el parágrafo 1º del artículo 35 del Decreto Distrital 400 de 1999.

En consecuencia esta prohibido a los municipios y distritos de someter al gravamen industria y comercio a los establecimientos, entidades, asociaciones y hospitales indicados en la norma. Se trata de una prohibición no en relación con la actividad sino directamente con el hospital o clínica adscrita al sistema nacional de salud. Es una prohibición legal, general y obligatoria, que forma parte de la estructura del impuesto de industria y comercio y que es diferente de las exenciones.

En cuanto al alcance del concepto “hospitales adscritos o vinculados al sistema nacional de salud”, es necesario precisar cómo está conformado el sistema y qué entidades lo integran, conforme a la normatividad aplicable.

En primer lugar, el Decreto 356 de 1975 “por el cual se establece el régimen de adscripción y vinculación de las entidades que prestan servicio de salud”, dispuso en su artículo 9: “Las entidades de derecho privado que presten servicios de salud a la comunidad, por el solo hecho de prestar estos servicios, se entienden vinculadas al sistema nacional de salud” (resaltado fuera del texto).

En segundo lugar, la Ley 10 de 1990, “Por la cual se reorganiza el sistema nacional de salud y se dictan otras disposiciones”, en el artículo 52 derogó expresamente el anterior decreto, sin embargo, no excluyó a las entidades de derecho privado, por el contrario, las incluyó de manera expresa, así:

“ART. 4º—Para efectos de la presente ley, se entiende que el sistema de salud comprende los procesos de fomento, prevención, tratamiento y rehabilitación: que en el intervienen diversos factores tales como los de orden biológico, ambiental, de comportamiento y de atención propiamente dicha, y que de él forman parte, tanto el conjunto de entidades públicas y privadas del sector salud, como también en lo pertinente, las entidades de otros sectores que inciden en los factores de riesgo para la salud (...)” (resalta la Sala).

Por su parte el artículo 5º ibídem, señala que el sector salud está integrado por el subsector oficial y por el subsector privado, este último conformado por:

Entidades o instituciones privadas de seguridad social y cajas de compensación familiar, en los pertinentes a la prestación de servicios de salud;

Fundaciones o instituciones de utilidad común;

Corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro;

Personas privadas naturales o jurídicas.

Particularmente, frente a las entidades privadas, el artículo 7º ibídem dispone:

“ART. 7º—Prestación de servicios de salud por entidades privadas, las fundaciones o instituciones de utilidad común, las asociaciones y corporaciones, sin ánimo de lucro, y en general, las personas privadas jurídicas, podrán prestar servicios de salud en los niveles de atención y grados de complejidad que autorice el Ministerio de Salud o la entidad territorial delegatoria”.

La Ley 100 de 1993 reorganizó el sector salud, bajo el nombre de “sistema de seguridad social en salud”, conformado, entre otros por el Gobierno Nacional, el Fosyga, las entidades promotoras de salud, EPS y las instituciones prestadoras de salud, IPS, definidas éstas últimas como “entidades oficiales, mixtas, privadas, comunitarias y solidarias, organizadas para la prestación de los servicios de salud a los afiliados del sistema general de seguridad social en salud, dentro de las promotoras de salud o fuera de ellas...” (art. 156).

El artículo 177 ibídem define las “entidades promotoras de salud” como “las entidades responsables de la afiliación y el registro de los afiliados y del recaudo de sus cotizaciones, por delegación del Fondo de Solidaridad y Garantía...”.

De acuerdo con las anteriores normas, la prestación de servicios de salud por parte de entidades privadas, tales como las asociaciones y corporaciones sin ánimo de lucro, hacen parte del sistema nacional de salud, como reiteradamente lo ha considerado la Sala en diversos pronunciamientos (4) y en consecuencia, al distrito le está prohibido gravar con este tributo sus actividades de servicios, con excepción de las industriales y comerciales que realicen, conforme al artículo 11 de la Ley 50 de 1984, pues, la intención del legislador al expedir el artículo 39 de la Ley 14 de 1983 “fue no someter al cumplimiento de ninguna de las obligaciones sustanciales ni formales relacionadas con el impuesto de industria y comercio, cuando las entidades de salud estuvieran organizadas como clínica u hospitales y se ocupan de un servicio público de salud (5) ”.

Ahora bien, como ha precisado la Sala en ocasiones anteriores, si bien los recursos que perciban las clínicas y hospitales no son susceptibles de ser gravados en virtud de lo dispuesto en el literal d) numeral 2º del artículo 39 de la Ley 14 de 1983, por disposición del artículo 11 de la Ley 50 de 1984, no corren la misma suerte, es decir, están sujetos al gravamen los ingresos provenientes de actividades industriales y comerciales que reciban las entidades hospitalarias (6) .

En consecuencia, los servicios de salud prestados por parte de entidades privadas, como en este caso la Fundación Cardio Infantil – Instituto de Cardiología que hace parte del sistema nacional de salud no están sujetos al impuesto de industria, comercio y avisos, y en consecuencia a la dirección de impuestos distritales le está prohibido gravar con este tributo sus actividades de servicios.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia del 28 de septiembre de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudio y aprobó en la sesión de la fecha».

(4) Sentencias del 2 de marzo de 2001, exp. 10888 y 13299 del 10 de junio de 2004, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié; 9 de diciembre de 2004, exp. 14174, M.P. Elizabeth Whittingham García; 15 de junio de 2006, Exp. 15185, M.P. Ligia López Díaz.

(5) Sentencia del 2 de marzo de 2001, Exp. 10888, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

(6) Sentencias del 30 de noviembre de 2006, Exp. 15608, M.P. Ligia López Díaz y del 28 de junio de 2007, Exp. 15465, M.P. María Inés Ortiz Barbosa.

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