Sentencia 1696 de octubre 2 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Ref.: Expediente 1696

Demandante: Alfredo Manrique Reyes

Electoral

Consejero Ponente:

Dr. Mario Alario Méndez

Santafé de Bogotá, D.C., octubre dos de mil novecientos noventa y siete.

(...).

Como en el cargo anterior, el demandante no explicó cómo o por qué el acto acusado contraría principios y derechos constitucionales y de qué manera desconoce el orden justo, lo cual constituye una deficiencia que hace impróspero el cargo.

(...).

De lo anterior se tiene que el nombramiento de veedor es ejercicio de una facultad atribuida por la ley al Alcalde Mayor, no la consecuencia de un procedimiento administrativo, lo cual hace innecesarias más explicaciones para concluir que el cargo de violación al debido proceso no está llamado a prosperar.

(...).

Observa la Sala que si el Alcalde Mayor tiene la facultad de nombrar veedor, como lo señala el referido artículo, y el cargo de veedor es por período igual al de aquél o por el tiempo que faltare, según sea el caso. Así, el nombramiento del señor Manrique Reyes como Veedor terminó en cuanto terminó el período del alcalde que lo nombró, y nada impedía al nuevo alcalde designar veedor, para el resto del período, en uso de esa facultad...

Entonces, debe entenderse que el nombramiento del señor Manrique Reyes como veedor lo fue sólo para el resto del período del Alcalde Mayor que hizo la designación, que culminó el 31 de diciembre de 1994, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 del Decreto 1421 de 1993.

La circunstancia de que el alcalde hubiera designado nuevo veedor cuando ya había transcurrido la mitad de su período no inhibía el ejercicio de la atribución de que conforme a la ley dispone el alcalde de nombrar ese funcionario, cuando ni siquiera existe término legal para hacer el nombramiento y siendo además que puede efectuarlo el alcalde por todo el período o por lo que falte de éste, es decir, al comienzo del mismo o con posterioridad.

(...).

En consecuencia, el cargo no prospera.

... sino el artículo 38, numeral 8º, del mismo estatuto, que dice:

“ART. 38.—Atribuciones. Son atribuciones del alcalde mayor.

(...).

8. Nombrar y remover libremente los secretarios del despacho, los jefes de departamento administrativo, los gerentes de entidades descentralizadas, el tesorero distrital y otros agentes suyos. Conforme a las disposiciones pertinentes, nombrar y remover a los demás funcionarios de la administración central. Igualmente, velar por el cumplimiento de las funciones de los servidores distritales y ejercer la potestad disciplinaria frente a los mismos.

(...)”.

La norma transcrita no guarda relación con el asunto que se examina, pues apenas hace referencia a una de las atribuciones del Alcalde Mayor de nombrar y remover libremente algunos funcionarios, sin referencia al veedor distrital, que por lo mismo no pudo ser violada.

Por otra parte, ya se dijo, el acto de nombramiento acusado fue expedido por el Alcalde Mayor en ejercicio de la atribución que le otorga el artículo 124 del Decreto 1421 de 1993, lo cual descarta el cargo de falta de competencia. Y, se repite, la circunstancia de que ese nombramiento fue realizado con posterioridad a la iniciación del período del alcalde no constituye causal de nulidad.

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