Sentencia 16960 de septiembre 12 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 108

Magistrado Ponente:

Fernando E. Arboleda Ripoll

Bogotá, D.C., doce de septiembre de dos mil dos.

EXTRACTOS: «Se considera

Cargo primero. Error de derecho por falso juicio de legalidad. Ineficacia de los reconocimientos en fila de personas.

El reconocimiento en fila de personas, entendido como el acto por el cual se busca establecer la identidad de una persona que ha participado en la comisión de un delito, a través de otra que afirma haberla visto y que es puesta en contacto visual con ella, no tiene en nuestra legislación procesal penal la categoría de prueba autónoma, como acontece con la inspección, la pericia, los documentos, el testimonio, la confesión y los indicios. Por esta razón, y su condición de prueba derivada del testimonio, ha sido tradicionalmente considerada complemento de éste, aunque con entidad jurídica propia.

Esto quiere decir que, en cuanto acto procesal es autónomo, y que el incumplimiento de los requisitos legalmente requeridos para su validez no afecta la eficacia jurídica de la prueba a la cual complementa (testimonio), ni viceversa. Por eso, cuando se pretende atacar la validez de ambas, ha de hacerse de manera separada, indicando la clase de error cometido en cada caso, y su trascendencia; y si lo pretendido es atacar una sola, debe tenerse en cuenta que la otra mantiene su vigencia, y que continúa, por tanto, produciendo efectos jurídicos, en los términos indicados en los fallos de instancia.

Ahora bien. No siempre que en la producción de una determinada prueba son omitidos requerimientos de forma, su obtención se torna ilegítima. Para que lo sea, se requiere que la exigencia omitida tenga el carácter de esencial, es decir, que constituya presupuesto necesario para que el acto surja a la vida jurídica. Si carece de esta connotación, podrá afirmarse que existió una irregularidad, pero no que la prueba es nula por defectos de forma. Habrá casos, desde luego, en los que la informalidad, a pesar de no ser esencial, puede acarrear implicaciones en otro campo, como por ejemplo en la valoración de su mérito, situación que debe ser tenida en cuenta para efectos de la selección de la vía de ataque.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 368 del Código de Procedimiento Penal de 1991, vigente cuando se cumplió la fase de la instrucción en este asunto, el reconocimiento en fila de personas debía realizarse con sujeción a las siguientes reglas básicas: (1) interrogatorio previo al testigo “para que describa la persona de que trata, y para que diga si la conoce, o si con anterioridad la ha visto personalmente o en imagen”; (2) conformación de una fila de personas integrada por el implicado y por lo menos seis personas más de características morfológicas semejantes; (3) asistencia de un defensor; (4) que en el acta se deje constancia de las personas que integraron la fila, y de quien hubiese sido reconocido.

De estas exigencias, sólo dos tienen el carácter de esenciales: la relacionada con la forma como debía estar conformada la fila de personas, y la atinente a la presencia de un defensor. El interrogatorio previo al testigo no tiene esta connotación, por resultar ajena a la estructura del acto, y estar fundamentalmente orientada hacia la obtención de información que pudiera incidir en la valoración de su mérito probatorio. Por eso, en el nuevo código quedó excluido como requisito de forma (art. 303). Tampoco ostenta dicha condición la previsión referida a la obligación de dejar consignados los nombres de las personas que integraron la fila, por tratarse de una exigencia que guarda relación con las formalidades del acta, mas no con la producción misma de la prueba.

En el caso que es objeto de estudio, el casacionista sostiene que los juzgadores incurrieron en un error de derecho por falso juicio de legalidad, al tener como pruebas los reconocimientos realizados por los testigos Julio César Chamorro Sierra y Eugenio Manuel García Cañavera, no obstante carecer de valor, por haber sido omitido en su práctica el requerimiento consistente en interrogar previamente a los testigos sobre las características físicas de la persona a reconocer, y sus contactos visuales con ella, y porque los testigos después de los hechos vieron personalmente al acusado en las instalaciones de la fiscalía, y también su fotografía en el diario La Libertad.

Como puede verse, el cargo contiene doble ataque. De un lado se cuestiona la validez de la prueba porque los testigos no fueron interrogados en la forma indicada en la norma; de otro, por haber sido el implicado visto por los testigos antes del reconocimiento. Dicho planteamiento, independientemente de que el supuesto fáctico que le sirve de sustento sea o no veraz, resulta antitécnico, por varias razones: (1) porque entremezcla indebidamente ataques de naturaleza totalmente distinta (falsos juicios de legalidad con falsos juicios de convicción); (2) porque la omisión de practicar el interrogatorio previo no tendría incidencia en la validez de la prueba, sino en la valoración de su mérito, razón por la cual el ataque debió haber sido planteado como error de hecho por falso raciocinio, y no de derecho por falso juicio de legalidad; (3) porque la circunstancia de haber visto al imputado antes del reconocimiento, ya personalmente, ora a través de imágenes (fotografías o tomas de televisión, por ejemplo), no afecta de suyo la validez jurídica del reconocimiento, ni lo torna ineficaz.

La prueba, cuando esta última situación se presenta, será jurídicamente válida, y el juez podrá valorarla, sólo que deberá hacerlo con sujeción estricta a los postulados de la reglas de la sana crítica, tomando en cuenta los antecedentes que pueden incidir en su fuerza demostrativa, pues no es lo mismo que los recuerdos del testigo permanezcan exentos de interferencias, a que hayan sido reforzados con nuevas imágenes, capaces de incidir en la percepción del testigo. Por tanto, también en este supuesto, el ataque debió ser propuesto como error de hecho por falso raciocinio, y no de derecho por falso juicio de convicción, como lo sugiere la delegada en su concepto.

Al margen de estas inconsistencias técnicas, de suyo suficientes para desestimar la censura, se tiene que el casacionista omite demostrar la trascendencia del yerro, pues se limita a afirmar la inexistencia jurídica de los reconocimientos por vicios de forma, sin indicar por qué razón las restantes pruebas allegadas al informativo, y que fueron tenidas en cuenta en los fallos de instancia para afirmar la responsabilidad del procesado, entre los que se encuentran los testimonios de las personas que realizaron los reconocimientos, y la prueba indiciaria (presencia en el sector, posesión del arma, mala justificación), cuyo análisis el casacionista omite abordar, resultaban insuficientes para mantener la decisión de condena.

Adicionalmente se advierte que no todas las afirmaciones del actor son ciertas. En relación con el reconocimiento realizado por Julio César Chamorro Sierra, se tiene, por ejemplo, que dentro del texto de la misma diligencia se le preguntó al testigo si con anterioridad a los hechos había visto la persona que acababa de reconocer, o si había tenido contacto visual con ella después de los mismos, habiendo manifestado que nunca lo había visto, y que tampoco había leído los periódicos, ni observado su fotografía (fl. 19 cdno. 1), circunstancia que hace que la propuesta de ataque pierda sustento fáctico.

Igual situación se presenta en el reconocimiento efectuado por Eugenio Manuel García Cañavera (fls. 21/1), pues del estudio del acta se establece que el testigo hizo previamente una descripción de las características físicas de la persona que había visto y pretendía reconocer, y aunque no fue interrogado en relación con los otros aspectos (si lo conocía de antes o lo había visto después), dicha omisión, como ya se dejó dicho, no tiene las implicaciones jurídicas que el casacionista reclama.

Se desestima la censura.

Cargo segundo: Error de hecho por falso juicio de identidad. Tergiversación del contenido de los testimonios de Jesús Alberto y Óscar José Reyes Mendoza, Eugenio Manuel García Cañavera, Sofanor Nisperuza Camargo, José Joaquín Mármol Castro y Carlos Andrés Martín Arias.

La fundamentación del cargo es equivocada. El casacionista deriva la configuración del error, no de la falta de correspondencia entre lo dicho por los testigos y la aprehensión material que de su contenido hicieron los juzgadores de instancia, como correspondía hacerlo frente al error denunciado, sino de las diferencias que en su opinión existen entre las descripciones realizadas por los declarantes y las características físicas del implicado.

Esta confusión en el planteamiento, producto de la falta de claridad en torno a lo que debe ser entendido como error de hecho por falso juicio de identidad, y de creer, equivocadamente, que los errores que se relacionan con la identidad del procesado son de este tipo, se evidencia en el desarrollo de la censura, donde el casacionista, en lugar de confrontar las afirmaciones de los testigos con las de la sentencia, en procura de demostrar que los juzgadores distorsionaron su contenido, se dedica a relacionar una a una las descripciones realizadas por ellos, para sostener, dentro del marco de una apreciación muy personal, que no coinciden con las del procesado.

Esta forma de alegar, resulta inaceptable en sede extraordinaria, no sólo porque impide conocer el verdadero alcance de la impugnación, sino porque se reduce a una discusión propia de instancia, donde lo único que queda claro es que el actor no comparte la decisión de condena. Si consideraba, como lo afirma, que los juzgadores incurrieron en un error de hecho por falso juicio de identidad en la apreciación de los datos morfológicos suministrados por los testigos, debió demostrar que entre lo dicho por ellos y lo afirmado por el tribunal no existía correspondencia fáctica, situación que no acredita, y si lo pretendido era demostrar que las referidas descripciones no coincidían con las características físicas del acusado, debió plantear error de raciocinio por desconocimiento de las reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas, y acreditar la trascendencia del yerro, labor que tampoco cumple.

Estas breves consideraciones, y las expuestas por el procurador delegado en su concepto, que la Sala comparte, resultan suficientes para desestimar la censura. Respecto de la petición de la delegada, de que se proceda por la Corte a realizar la dosificación de la pena para el delito de homicidio, en aplicación del principio de favorabilidad, basta decir que el competente para cumplir esta labor es en principio el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 97.7 del nuevo estatuto procesal penal, y que cuando la sentencia se encuentra en tránsito de causar ejecutoria, corresponde hacerlo provisionalmente, si fuere necesario, al juez de conocimiento. La Corte, como juez de casación, sólo se ocupa de esta labor cuando la pena impuesta en la sentencia impugnada debe ser modificada en virtud del recurso extraordinario, situación que no se presenta en el caso en estudio. Será, por tanto, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, el encargado de dar aplicación al principio de favorabilidad, en virtud del tránsito legislativo.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR la sentencia impugnada.

Comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. CÚMPLASE».

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