Sentencia 16971 de febrero 2 de 2006 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 16971

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Octavio Munar Cadena

Bogotá Distrito Capital, dos de febrero de dos mil seis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Débese acotar, ante todo, que el cargo, además de haber sido planteado de manera similar a un alegato de instancia, denota otras hondas deficiencias técnicas en su formulación, habida cuenta que, de un lado, asume una actitud abiertamente contradictoria, pues sin adentrarse en distinciones de ninguna especie, tanto aboga por la simulación absoluta como por la relativa e, incluso, por la existencia de un hipotético mandato oculto, sin reparar en que esas figuras se excluyen entre sí, y de otro, porque de entrada el recurrente acusó al sentenciador de haber incurrido en diversos errores de hecho en la apreciación de algunas pruebas, por causa de los cuales habría quebrantado los preceptos señalados por la censura; pero, seguidamente, denunció la “violación medio” de los artículos 187 y 250 del Código de Procedimiento Civil, especie esta de infracción que, como es sabido, es propia de error de derecho, no del de facto sobre el cual se fincó el cargo; amén que algunos de los hipotéticos desaciertos que el impugnante le enrostra al juzgador ad quem, calificándolos como errores de hecho, constituirían, de haber realmente existido, errores de derecho. En efecto, de ser cierto que el tribunal se abstuvo de valorar en conjunto las pruebas, tal falencia se trocaría en un error de esta última especie, desde luego que implicaría el quebrantamiento del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, no de aquella otra.

Pero, además, si se escinden de la acusación aquellos aspectos que la enturbian, igualmente habría que concluir que se abstuvo el censor de refutar de manera cabal, explicita y frontal las reflexiones fundamentales de las que se valió el fallador para desestimar los pedimentos de la demanda, esto es lo concerniente con la simulación absoluta allí pedida, aspecto en torno al cual, según se advierte en la demanda que dio origen al proceso, realmente circuló el pleito, deficiencia esta que examinará la Corte con más detenimiento a continuación.

2. Si bien no puede negarse que la sentencia cuestionada denota alguna ambigüedad, en cuanto contiene un conjunto heterogéneo de argumentos, dispersos y deshilvanados, encaminados a examinar diversas cuestiones, algunas de ellas ni siquiera planteadas claramente en la demanda incoativa del litigio, no es menos cierto que el juzgador de segundo grado asentó paladinamente la razón por la cual no podía abrirse paso la simulación pedida por la parte demandante.

Puntualizó, en efecto, que “lo único claro y descartable es que hubiese existido la simulación absoluta, o bien relativa, interpretando la demanda sin desconocer el principio de la congruencia de que trata el artículo 305 del código de los ritos civiles; lo cual es perfectamente posible al tratar de presentarse esta última modalidad de simulación por interpuesta persona para disimular la verdadera identidad del adquirente del bien; pero que no pudo suceder porque exige el acuerdo o ‘concilio fraudulento’ previo o coetáneo con el enajenante o tradente del derecho de dominio, quien al rompe y palmariamente descartó ese actuar simulante, porque no tenía interés alguno en que esto sucediese; superando de esta forma el dicho de Carlos Humberto Rueda Gómez quien declaró a petición del codemandado Jorge Herrando, y manifestó que 8 días antes de hacerse la escritura oyó a José David decirle al doctor Ortiz Méndez que le hiciera la escritura a Hernando, pero este declarante es de oídas y su testimonio se descarta... De lo expuesto por los testigos respecto de la ejecución de actos posesorios compartidos y de la procedencia de los dineros de las arcas de la sociedad común de los hermanos Guerra Moreno, no puede deducirse plenamente que hubiese existido la simulación; ni siquiera en la forma referenciada por el a quo en su providencia, cuando aludió en su motivación que se estaba en presencia de un mandato oculto, es decir que la simulada no era la compraventa sino el mandato”.

Significa lo anterior, entonces, que no obstante las divagaciones del juzgador sobre otras cuestiones, al referirse al objeto del litigio asentó que era necesario el acuerdo con el “tradente”, quien en este caso descartó “al rompe y palmariamente” ese actuar simulante, “porque no tenía interés alguno en que esto sucediese”.

Empero, frente a tan rotunda aseveración, se abstuvo el impugnante, quien, como quedó dicho, trazó su acusación por la vía indirecta de la causal primera, de refutarla abierta y adecuadamente, esto es, poniendo de presente que, contrariamente a lo colegido por el fallador, en el proceso obraban las pruebas —que debió individualizar— que demostraban lo contrario, es decir, que el concilio echado de menos por aquel sí estaba debidamente probado, o por el contrario, si su disputa con el tribunal era meramente jurídica debió desarrollar un discurso encaminado a demostrar que, conforme a la ley, la simulación no requiere del concilio entre los contratantes echado de menos por el fallador.

No obstante, a ello no se aplicó la censura, la cual, por el contrario, se circunscribió a afirmar en el punto, con notoria imprecisión y sin emprender ejercicio argumentativo alguno, que no se necesitaba el acuerdo con el vendedor, pues para el efecto era suficiente el que existió entre los hermanos. Se trata, pues, de una tímida y feble refutación, enunciada pero no sustentada, en la que el impugnante alude a los que, en su parecer, deben constituir los elementos estructurales de la simulación.

En todo caso, dejando de lado la parquedad de la acusación y las deficiencias técnicas que acusa, valga la pena la siguiente acotación marginal enderezada a demostrar que dicha inferencia del fallador no puede tildarse de desatinada, por las siguientes razones:

Suele suceder que los contratantes, contrariando el fin específico de determinado acto jurídico y quebrando a su guisa la identidad que debiera existir entre el contenido de su voluntad con la exteriorización de la misma, extiendan intencionadamente una declaración de voluntad discrepante con la realidad, es decir, que fingen o simulan el negocio jurídico, originando con ello condiciones de inseguridad e imprecisión tales que amenazan los derechos tanto de terceros como los de ellos mismos, circunstancia que dio lugar a que la jurisprudencia de la Corte, fincada en el artículo 1766 del Código Civil, hubiese decantado los diversos elementos que estructuran esa singular modalidad de contratación y la acción que de la misma dimana.

Relativamente a la naturaleza de la simulación, cabe anotar, entonces, que ella presupone la deliberada disconformidad entre la verdad oculta y la declaración aparente, es decir, que la misma es producto del acuerdo de las partes encaminada a fingir total o parcialmente el contenido del contrato.

De ahí que no sea posible concebir la simulación en forma unilateral, es decir sin un concierto de las partes en tal sentido, desde luego que dicho fenómeno no se presenta cuando solamente uno de los contratantes tiene la intención de fingir la declaración de voluntad, sin que el otro preste su colaboración con la misma finalidad. Cuando así acontece, es decir cuando los contratantes no convienen en ocultar o desfigurar el negocio jurídico, el querer unilateral de uno de ellos no trasciende y, a lo sumo, podrá calificarse como ‘una reserva mental’, que por sí sola carece de relevancia jurídica.

“Precisamente el criterio generalizado sobre la necesidad del acuerdo simulatorio, lo explica la jurisprudencia de la Corte así: ... ‘La simulación en un contrato solamente puede ofrecerse cuando quienes participan en él se conciertan para crear una declaración aparente que oculte ante terceros su verdadera intención que puede consistir, en descartar inter partes todo efecto negocial (simulación absoluta), o en que se produzcan otros efectos distintos, en todo o en parte, de los que surgen de la declaración aparente (simulación relativa). Cuando uno solo de los agentes, mediante el contrato persigue una finalidad u objeto jurídico que le oculta al otro contratante, ya no se da el fenómeno simulatorio, porque esta reserva mental (propósito in mente retento) no convierte en irreal el contrato celebrado en forma tal que este pueda ser declarado ineficaz o dotado de efectos distintos de los que corresponden al contrato celebrado de buena fe por la otra parte; esta se ha atenido a la declaración que se le ha hecho; carece de medios para indagar si ella responde o no a la intención interna de su autor, y esa buena fe merece protección’ (Cas. Civil, abr. 29/71, t. CXXXVIII, pág. 314).

“La jurisprudencia de la Corte se ha fundado en la doctrinan foránea, pues en esta se ha sostenido que necesariamente la simulación requiere del acuerdo de las partes, porque en su defecto solo habría una mera reserva mental, que nada afectaría la fuerza vinculante del contrato, como lo exponen Héctor Cámara y Francisco Ferrara, pues el primero sostiene al abordar el tema que ‘como primera condición es primordial para la simulación la conformidad de todas la partes contratantes; no basta que alguna manifieste la declaración en desacuerdo con su íntimo pensamiento, sino que es imprescindible que el otro contratante formule la suya y en inteligencia con el primero. La ficción supone una relación bilateral entre los que efectúan el negocio, quienes cooperan juntos en la creación del acto aparente, en la producción de la falsa imagen constitutiva del acto simulado’ (Simulación en los actos jurídicos, pág. 29). Criterio semejante expone el segundo de los citados, como quiera que en el punto afirma: ‘La simulación supone un concierto, una inteligencia entre las partes; estas cooperan juntas en la creación del acto aparente, en la producción del fantasma jurídico que constituye el acto simulado, sin el concurso de todos, la simulación no es posible; no basta con el propósito de uno solo, pues con ello se tendría una reserva mental y no una simulación’ (La simulación de los negocios jurídicos, pág. 44) (negrillas no textuales).

“ ... No ofrece duda que el proceso simulatorio exige, entonces, la participación conjunta de los contratantes y que, si así no ocurre, se presentaría otra figura, como la reserva mental, que no tiene ninguna trascendencia sobre la validez y fuerza vinculante del negocio jurídico celebrado en esas condiciones.

“Poco interesa que la simulación sea absoluta o relativa, pues en una y otra se requiere del mencionado acuerdo, como quiera que la creación de una situación jurídica aparente, distinta de la real, supone necesariamente un concurso de voluntades para el logro de tal fin. De suerte que si no hay acuerdo para simular, no hay simulación, el deseo de una de las partes, sin el concurso de la otra de emitir una declaración que no corresponde a la verdad, no pasa de ser, como antes se afirmó, una simple reserva mental, fenómeno diferente de la simulación” (G.J. CLXVI, págs. 98 y ss.).

3. En síntesis, de lo anteriormente dicho deviene lo siguiente:

a) Como ya se dijera, se abstuvo la censura de cuestionar la inferencia de índole fáctica del tribunal, conforme a la cual no estaba probado en el proceso el concilio simulatorio urdido entre el comprador y el vendedor, pacto que aquel consideró cardinal en esa especie de negociaciones.

b) El recurrente, quien había trazado su acusación por la vía indirecta, no cuestionó en el plano fáctico esa vertebral deducción del sentenciador y, por el contrario, incurriendo en notoria deficiencia técnica, intentó desviar en el punto la impugnación hacia un ámbito eminentemente jurídico, relacionado con las condiciones legales necesarias para que se estructure la simulación por interpuesta persona; empero, tal imputación no paso de ser una mera afirmación carente de sustentación argumentativa.

c) No obstante, examinadas las elucidaciones del juzgador, encaminadas a exigir concilio simulatorio de todos los intervinientes en el acto jurídico, ellas no pueden calificarse de equivocadas, pues, por el contrario, el concierto de voluntades en tal sentido es la médula de la simulación.

d) Por demás, es palpable que la mayoría de las imputaciones de la censura están orientados a denunciar inexistentes e irrelevantes yerros de apreciación probatoria; en efecto, el sentenciador no solo reparó en las pruebas que el recurrente señala, sino que desgajó las inferencias que este echa de menos. Así, infirió los actos de posesión de los dos hermanos sobre la finca, la desorganización contable de su empresa e, incluso, que los dineros con los que se pagó el precio pudieran salir de los fondos sociales. Solo que, a pesar de estar esto demostrado, por la nuclear razón ya examinada, no podían abrirse paso las peticiones de la demanda.

Es decir, para explicarlo en otros términos, que esos hechos no ponían de presente que existió el acuerdo simulatorio fraguado entre comprador y vendedor que el tribunal entendió era menester en el punto.

Subsecuentemente, el cargo no prospera.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia del 13 de junio de 2000, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del proceso ordinario adelantado por Marcela Liliana, Heriberto David, Rafael Humberto Guerra Manrique, actuando en su calidad de herederos de José David Guerra Moreno frente a Jorge Hernando Guerra Moreno, la Sociedad Inversiones Económicas Ltda., Julio Ortiz Méndez, Leonor Ortiz de Navas, Lucila Reyes de Ortiz, Sofía Ortiz de Riveros y Jorge Eduardo, Rafael, y Eduardo Ortiz Méndez.

Costas en el recurso de casación a cargo de la parte recurrente. Tásense.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen».

ACLARACIÓN DE VOTO

Bien poco lo que exige una aclaración como la de ahora. Esta vez, por cierto, bastan unas breves líneas.

Dice la Corte que la demanda de casación es contradictoria. Y de veras que lo es. En efecto, es impropio alegar allí indiscriminadamente fenomenologías jurídicas tan diversas, y a veces excluyentes, a saber: simulación —en la doble modalidad de absoluta y relativa—, y mandato oculto. Ante varias cosas de esa laya es imposible contestar el cargo. A eso entonces, por culto a la más elemental de las lógicas, ha debido circunscribir su respuesta la Corte.

Empero, la Sala cayó en añadiduras innecesarias. Se entregó con ardor a un discurso prolijo para rematar diciendo que también fue equivocación del casacionista no haber atacado aquello de que la simulación requiere acuerdo engañoso de los contratantes. Concluyo entonces: si lo contradictorio del cargo incluía igualmente el mandato oculto, y en el evento de haber sido esta la hipótesis preferida por el censor —por supuesto que el que escoge es él y no la Corte—, no tenía porqué formular ataque en ese sentido, desde luego si no se pierde de mira que esta figura jurídica, como su nombre lo indica, precisamente por oculta, excluye el fingimiento acordado de los contratantes; estos se ponen de acuerdo para contratar, mas nunca para distorsionar la voluntad.

Para mí tengo que la Corte olvidó muy pronto lo que recién afirmaba y fue que la demanda era contradictoria.

Y no luce bien que la Corte se arrogue el derecho de escoger por el censor, para de ahí correr a exigir cosas que si bien cuadra con algunas de las varias que promiscuamente fueron pedidas, no les hace a todas.

Insisto, el cargo, no más que por contradictorio, era incontestable. Y la Corte, por lo mismo, impedida estaba para seleccionar a su gusto una cualquiera de aquellas cosas, y mucho menos con la intención de fabricar el escenario desde donde pudiera brindarse el solaz de una reprimenda más para el casacionista. Reprimenda que, por lo que se ve, resulta tan injustificada como rebuscada.

La respuesta al cargo fue entonces desventuradamente excedida.

Una vez más se habló en demasía. Y, como casi siempre, se cae en desacierto.

Manuel Isidro Ardila Velásquez 

Fecha ut supra

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