Sentencia 16971 de septiembre 12 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ESTATAL

COMPETENCIA PARA SU EJECUCIÓN E INTEGRACIÓN DEL TÍTULO EJECUTIVO

Consejero Ponente: Dr. Germán Rodríguez Villamizar

Radicación número: 16.971. Actor: Instituto Nacional de Vías. Referencia: Sentencia ejecutiva. Demandado: Seguros Confianza S.A.

Bogotá, D.C., doce de septiembre de dos mil dos.

Decide la Sala el recurso de apelación presentado por la parte ejecutada contra la sentencia proferida por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 11 de marzo de 1999, mediante la cual se dispuso:

“1. No declarar probadas las excepciones propuestas por la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confinanza S.A.

2. Seguir adelante la presente ejecución tal como fue decretada en el mandamiento ejecutivo del 24 de julio de 1997.

3. Ordenar que por la secretaría se practique la liquidación del crédito con sus intereses y costas.

4. Condénase en costas al ejecutado. (fl. 62, c. ppal.- mayúsculas fijas del texto).

I. Antecedentes procesales

1. Mediante demanda ejecutiva presentada a través de apoderado judicial el 17 de junio de 1997 (fls. 8 a 12, c. ppal.), el Instituto Nacional de Vías, Invías, solicitó librar mandamiento de pago contra Construcciones y Equipos S.A. por la suma de $ 60.841.314, más los intereses que se generen hasta cuando sea efectivamente cancelada, como también por las costas del proceso.

2. El tribunal libró mandamiento de pago el 24 de julio de 1997 por el capital ($ 86.127.925,82) y por los intereses que se generen hasta cuando sea efectivamente cancelada“ (fls. 15 y 16, c. ppal.).

3. La parte ejecutante mediante escrito presentado el 1º de septiembre de 1997 desistió de las pretensiones, con relación a la sociedad Construcciones y Equipos Ltda., y solicitó que la ejecución se continuara contra la Compañía de Seguros Confianza S.A. (fl. 18, c. ppal.). La solicitud presentada por la parte demandante, fue despachada favorablemente por el tribunal por auto del 2 de noviembre de 1997, a través del cual se aceptó el desistimiento respecto de la sociedad Constructora y Equipos Ltda. ( fl. 21, c. ppal.).

4. El mandamiento de pago fue notificado a la compañía aseguradora ejecutada el 12 de diciembre de 1997 (fl. 25, c. ppal. ), quien la contestó oportunamente (fls. 30 a 38, c. ppal.). Aceptó algunos hechos y negó otros. Propuso las siguientes excepciones: a) título ejecutivo incompleto; b) prescripción de la acción derivada del contrato de seguro y, c) responsabilidad máxima de la aseguradora.

5. En sentencia del 11 de marzo de 1999, el tribunal de instancia consideró que los documentos aportados por la parte ejecutante reunían los requisitos exigidos por la ley para librar mandamiento de pago, toda vez que de los mismos se desprende una obligación clara, expresa y exigible a favor del Instituto Nacional de Vías y en contra de la Compañía de Seguros Fianzas S.A.

Para denegar las excepciones propuestas, el tribunal expuso el siguiente razonamiento:

a) No es dable alegar la inexistencia del título ejecutivo, porque del proceso claramente se deduce que la entidad ejecutante allegó copias auténticas del contrato 261 de 1994, de las pólizas 04303175 y 04303176 y de la Resolución 1381 de marzo de 1995. Concluyó que todos estos los documentos relacionados conforman un título ejecutivo complejo, y aclaró que no era necesario acompañar con la demanda el acto de liquidación final del contrato.

b) En lo que atañe a la excepción de prescripción, consideró el tribunal que el demandado confundió la competencia temporal de la administración para dictar un acto administrativo y el derecho a poner en funcionamiento la actividad judicial, indicando que debería hablarse de caducidad y no de prescripción como erróneamente lo entendió la ejecutada.

c) Por último, en relación con la excepción que la demandada denominó como “responsabilidad máxima de la aseguradora”, el a quo expresó que la sumatoria de los valores asegurados por incumplimiento en las pólizas cuyas copias obraban en el expediente, permiten concluir que cubrían un valor igual al estimado en el mandamiento de pago librado.

6. La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia (fl. 69, c. ppal.), impugnación que fue concedida por auto del 3 de junio de 1999.

7. La parte ejecutada señaló que conforme a las condiciones generales de la póliza expedida, para que la aseguradora estuviera obligada a cancelar el valor del siniestro era necesario que se allegara al proceso, copia de la resolución que declaró el siniestro debidamente ejecutoriada y del acta de liquidación final del contrato, interpretando que la administración y el tribunal desconocieron el contrato de seguro, pues éste último documento no se allegó.

Puso de presente, además, que como consecuencia del incumplimiento de las condiciones generales de la póliza (prueba del siniestro y la estimación del siniestro) por obvias razones no produce efectos jurídicos el mandamiento de pago dictado, dado que no emerge una obligación clara, expresa y actualmente exigible.

II. Consideraciones de la Sala

A efecto de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada, la Sala abordará los siguientes aspectos: 1) la competencia para conocer de la presente ejecución y, 2) las excepciones propuestas en el caso concreto.

1. Competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa para conocer de procesos ejecutivos.

Uno de los objetivos buscados con la expedición de la Ley 80 de 1993, fue la expedición de un régimen jurídico común y el establecimiento de unidad de jurisdicción para todos los contratos que celebraran las entidades y organismos que el numeral 1º del artículo 2º de aquella denomina, genéricamente, “entidades estatales” (1) .

(1) Así como también, la superación de otros problemas que evidenciaba la reglamentación legal de la contratación la administración pública prevista en el Decreto-Ley 222 de 1983, tales como el exceso de reglamentación, multiplicidad de controles y trámites en el proceso de contratación, responsabilidad diluida, dualidad de categorías de contratos (administrativos y de derecho privado de la administración); por manera que la Ley 80 de 1993 se expidió con la pretensión de ser un estatuto de principios, con prevalencia del principio de autonomía de voluntad de las partes, unificación del régimen jurídico, y determinación de una sola categoría de contratos, denominada “contratos estatales”.

Es así entonces como, en el artículo 75 de la citada ley, se adscribió a la jurisdicción contencioso administrativa la competencia para conocer de las controversias contractuales derivadas de los llamados “contratos estatales”, esto es, de aquellos en los que al menos una de las partes es una entidad estatal.

Sin embargo, ese propósito no ha tenido realización plena, porque, de una parte, desde el punto de vista del régimen jurídico, existe una mayúscula cantidad de contratos de la administración pública que escapan a la regulación de la Ley 80 de 1993, en tanto están sujetos a otros regímenes especiales, en algunos casos porque así lo prevé expresamente la Ley 80 de 1993 (2) , en otros, en razón de la vigencia que mantienen algunos estatutos especiales anteriores a la expedición de dicha ley (3) , y en otros eventos porque se trata de regímenes estipulados en legislación especial posterior (4) , y de otra, en cuanto al juez del contrato se refiere, igualmente las controversias de algunos contratos se encuentran asignadas a la jurisdicción ordinaria, como ocurre por regla general con los contratos que celebran las empresas de servicios públicos domiciliarios (5) .

(2) Como por ejemplo, el contrato laboral (artículos 13, 32 y 40), los señalados en el artículo 13, los contratos de telecomunicaciones y servicios de televisión (art. 33, par.), los de concesión del servicio de telefonía básica fija conmutada de larga distancia nacional e internacional (art. 34), adquisición y suministro equipos, construcción, instalación y mantenimiento de redes y de los sitios de ubicación de éstos (art. 38), exploración y explotación de recursos naturales (art. 76), los que celebren las sociedades de economía mixta en las que el capital accionario propiedad del Estado es inferior al 50% (art. 2º, num. 1º), los que celebren los establecimientos de crédito, compañías de seguros y demás entidades financieras de carácter estatal, que correspondan al giro ordinario de las actividades propias de su objeto social.

(3) Como es el caso del régimen de las universidades estatales, que por disposición de Ley 30 de 1992, es de derecho privado; los contratos en materia de reforma urbana, regidos por las leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997; los contratos de ciencia y tecnología (D. 591/91), etc.

(4) Así acontece por ejemplo con los contratos en materia de radioaficionados (L. 94/93), los de las empresas sociales del Estado, que están sometidos a las reglas del derecho privado (L. 100/93, art. 195); los de concesión de infraestructura vial (L. 105/94); los de obras civiles, adquisiciones, suministros, seguridad aérea y aeroportuaria que celebre la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil (L. 105/94, art. 54), por regla general los de las empresas de servicios públicos domiciliarios (L. 142/94, art. 32); los de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (L. 161/94); los que se pacten con iglesias o confesiones religiosas con personería, cuyo efecto sea la prestación del servicio de educación (L. 115/94, art. 200).

(5) Así se deduce de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 142 de 1994: “Salvo en cuanto la Constitución Política o esta ley dispongan expresamente lo contrario, la Constitución y los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta ley, se regirán exclusivamente por las reglas de derecho privado...”. Sin embargo, de manera excepcional la misma ley dispuso que algunos contratos son de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa, como por ejemplo, en los que se pactan cláusulas exorbitantes (art. 31, inc. 2º) y los de concesión (art. 39.1).

No obstante, bajo ese marco legal, por regla general, sí corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo la competencia para conocer del proceso ejecutivo derivado de la póliza otorgada por el contratista para garantizar el cumplimiento de un contrato estatal, como se trata en el presente caso, por las siguientes razones:

1. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 25, numeral 19, en concordancia con lo reglado en el artículo 41, inciso segundo de la Ley 80 de 1993, para efectos de ejecutar un contrato estatal, por regla general se requiere que el contratista preste una garantía única que ampare el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el mismo.

En efecto, la primera de las normas anteriormente citadas, establece lo siguiente:

“ART. 25.—Del principio de economía. En virtud de tal principio: (...).

19. El contratista prestará garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual se mantendrá vigente durante su vida y liquidación y se ajustará a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado. Igualmente, los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos”.

Por su parte, el artículo 41 de la ley en referencia dispone:

“ART. 41.—Del perfeccionamiento del contrato.

Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve por escrito.

Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto (...)” (resalta la Sala).

2. Así mismo, el artículo 75 del referido estatuto contractual le asignó a la jurisdicción contencioso administrativa la competencia de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución. En auto del 22 de noviembre de 1994, expediente S-414, la Sala Plena de la corporación explicó el alcance de esta norma de la siguiente manera:

“...de la norma transcrita claramente se infiere que la Ley 80 le adscribió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo la competencia para conocer de las controversias contractuales derivadas de todos los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento, entendiéndose que se trata en este último caso de proceso de ejecución respecto de obligaciones ya definidas por voluntad de las partes o por decisión judicial. Observa que la Ley 80 de 1993 aplica un principio según el cual el juez de la acción debe ser el mismo juez de la ejecución, recogiendo lo que ha sido la tendencia dominante en el derecho moderno, de trasladar asuntos que eran del resorte de la jurisdicción ordinaria por razón de la materia, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, buscando criterios de continuidad y unidad en el juez, posición que si bien no es compartida por todos los jueces, sí es una tendencia legislativa...”.

En el mismo sentido, se pronunció la Corte Constitucional al resolver la exequibilidad del artículo 75 de la Ley 80 de 1993, mediante sentencia C-388 del 22 de agosto de 1996:

Actuando en una forma congruente y siendo coherente con la determinación de crear una sola categoría de contratos para el sector público, el legislador también procedió a unificar el juez competente para resolver las controversias derivadas de los mismos, dentro de las cuales se encuentran no sólo las que se presenten en la etapa precontractual y contractual sino también en la postcontractual, competencia que radicó en la jurisdicción contencioso administrativa, cuando aparece en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, que es objeto de acusación parcial en este proceso.

Al analizar este precepto legal advierte la Corte que no adolece de falta de claridad, pues, en tratándose de la asignación de competencias, en él aparece determinado el órgano de la rama judicial a la cual se dirige: jurisdicción contencioso administrativa; y la materia o asuntos que le corresponde conocer: controversias contractuales derivadas de los contratos estatales, así como de los procesos de ejecución o cumplimiento de los mismos.

Analizadas las competencias que específicamente la Carta radica en cabeza de la jurisdicción contencioso administrativa no se encuentra la que se refiere al conocimiento de los procesos ejecutivos originados en contratos estatales; por consiguiente, bien podía el legislador sin contrariar la Constitución, asignarla a la jurisdicción citada que es la encargada de dirimir los litigios en que es parte la administración.

Es que los procesos de ejecución son una clase de los contenciosos pues participan de las características propias de éstos. Sin embargo, su finalidad es diferente de la de los demás de la misma índole, ya que su objeto no es el de declarar un derecho dudoso, sino hacer efectivo el que ya existe reconocido en un título ejecutivo perfeccionado antes de que exista la relación jurídico procesal.

En este orden de ideas, puede afirmarse que no le asiste razón al actor pues la expresión demandada contenida en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, no carece de claridad ni contiene falla alguna en su redacción, como tampoco vulnera el debido proceso ni impide el acceso a la justicia“ (se adicionan negrillas).

3. La póliza de seguro que toma un contratista con una compañía aseguradora en beneficio de una entidad pública, tiene como fuente el contrato estatal que previamente han celebrado las partes, como quiera que aquélla tiene el propósito exclusivo de garantizar el cumplimiento de dicho contrato y, tan sólo al momento de quedar en firme el acto administrativo mediante el cual la entidad contratante declara la realización del siniestro, esto es, cuando por causas imputables al contratista, tiene ocurrencia uno de los riesgos amparados por la póliza, las multas o la cláusula penal pactadas en el contrato, o la caducidad del mismo, según sea el caso, es que surge para la aseguradora la obligación de indemnizar.

Es tan cierto lo anterior, que el título ejecutivo o de recaudo para efectos de reclamar el pago coactivo de la póliza en los procesos que tienen por fundamento el cobro de obligaciones derivadas del contrato de seguro suscrito por el contratista en beneficio de la entidad contratante, será complejo, conformado básicamente por el contrato estatal, el acto administrativo ejecutoriado que declara la ocurrencia del siniestro y la respectiva póliza de garantía. En este sentido, la Sala se ha pronunciado en los siguientes términos:

“...¿Cuándo nace la obligación de indemnizar por parte del asegurador? Es decir: ¿A partir de cuándo es exigible por la administración al asegurador el pago de la acreencia?

Cuando el beneficiario del contrato de seguros es la administración, la obligación de indemnizar por parte del asegurador se hará exigible sólo cuando el acto administrativo constitutivo que reconozca la existencia del siniestro, el cual concreta una obligación clara y expresa, esté en firme.

En efecto: el Código Contencioso Administrativo enseña lo siguiente sobre el carácter ejecutivo y ejecutorio de los actos administrativos:

“ART. 64.—Salvo norma expresa en contrario, los actos que queden en firme al concluir el procedimiento administrativo serán suficientes, por sí mismos, para que la administración pueda ejecutar de inmediato los actos necesarios para su cumplimiento. La firmeza de tales actos es indispensable para la ejecución contra la voluntad de los interesados”.

Ese acto administrativo es la manifestación jurídica de reconocimiento del acaecimiento del riesgo asegurado (hecho).

Por lo tanto, cuando el Estado reconoce, en acto administrativo, la existencia del siniestro de estabilidad de obra o de otros de carácter contractual en contra del asegurador puede concluirse que el crédito a favor de la administración sí tiene fuente en el contrato estatal, pues, de una parte, el siniestro que debe indemnizar el asegurador es el reconocido por la administración y, de otra, la causa del acaecimiento del riesgo asegurado no es nada menos que el incumplimiento del contratista estatal.

Además en apoyo de lo anterior puede recurrirse al Código de Comercio el cual califica como víctima al beneficiario del contrato de seguro de responsabilidad. Por lo tanto si la responsabilidad del asegurador proviene de que acaeció el riesgo asegurado por el tomador, es decir el incumplimiento contractual del contratista de la administración, se colige también que el reconocimiento del siniestro en acto administrativo que manifiesta una obligación clara expresa contra el asegurador, cuando esté en firme (exigibilidad), conformará con otros documentos una acreencia derivada de un contrato estatal. Esos documentos son: el contrato estatal y la garantía (6) .

(6) Sentencia del 12 de octubre de 2000, expediente 18604, actor: Distrito Capital de Bogotá.

En ese sentido, en el caso que ahora ocupa la atención de la Sala, en las condiciones generales del contrato de seguro allegado con la demanda (fls. 39 y 40, c. 2), clara y expresamente se estipula que el siniestro se causa con el acto administrativo ejecutoriado que declara la realización del riesgo amparado con la póliza

En efecto, en los numerales 4º y 5º de ese acápite del contrato se establece lo siguiente:

4. Siniestro.

Se entiende causado el siniestro:

4.1. Con el acto administrativo motivado, en firme y debidamente notificado a la aseguradora que declare la realización del riesgo que ampara esta póliza, por causas imputables al contratista.

4.2. En caso de incumplimiento del contrato, con el acto administrativo motivado, en firme y debidamente notificado a la aseguradora que declare la caducidad del contrato y ordene la efectividad de la cláusula penal pecuniaria estipulada, por causas imputables al contratista.

4.3. En el caso de multas con el acto administrativo motivado, en firme y debidamente notificado a la aseguradora que imponga al contratista las multas estipuladas en el contrato.

5. Pago del siniestro.

La aseguradora pagará el valor del siniestro así:

5.1. Para el caso del numeral 4.1., dentro del mes siguiente a la comunicación escrita que haga la entidad estatal contratante, acompañada de la copia auténtica del correspondiente acto administrativo debidamente ejecutoriado.

5.2. Para el caso previsto en el numeral 4.2., dentro del mes siguiente a la comunicación escrita que con tal fin haga la entidad estatal contratante, acompañada de una copia auténtica de la resolución correspondiente debidamente ejecutoriada y del acta de liquidación final del contrato.

5.3. Para el caso presentado en el numeral 4.3., dentro del mes siguiente a la comunicación escrita que con tal fin haga la entidad estatal contratante, acompañada de una copia auténtica de la resolución ejecutoriada que impuso las multas.

PAR.—No obstante, la aseguradora podrá optar por cumplir su prestación continuando la ejecución del contrato, si en ello consiente la entidad estatal contratante” (fl. 39, c. 2).

4. La competencia para conocer de las controversias originadas en la ejecución de las pólizas únicas de cumplimiento de los contratos estatales, no corresponde a la jurisdicción coactiva sino a la contencioso administrativa. Sobre el particular, la Sala en sentencia del 24 de agosto de 2000 (7) , cuando declaró la nulidad del artículo 19 del Decreto 679 de 1994, norma esta que consagraba que la ejecución de tales garantías era competencia de aquella jurisdicción, precisó:

(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 24 de agosto de 2000, expediente 11.318. Actor: Hernando Pinzón.

“El inciso primero del artículo 75 de la Ley 80 de 1993, fijó competencia en esta jurisdicción para los procesos de ejecución, bien sea a instancias de la administración como del particular contratista, en consecuencia no es aplicable la Ley 6ª de 1992. Esta legislación, lo que hizo fue expedir una reforma tributaria y otorgó facultades al Gobierno Nacional para emitir títulos de deuda pública interna, dispuso un ajuste de pensiones del sector público nacional y se dictaron otras disposiciones.

No obstante en su artículo 112 otorgara facultades a las entidades nacionales para el cobro coactivo, de conformidad con los artículos 68 y 79 del Código Contencioso Administrativo; así, las entidades públicas del orden nacional tales como ministerios, departamentos administrativos, organismos adscritos y vinculados, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante el trámite de jurisdicción coactiva podrán hacer efectivos los créditos exigibles a favor de aquellas; sin embargo, esta disposición no se hace extensiva a los títulos ejecutivos derivados de los contratos estatales, aun en el caso que la administración declare la ocurrencia del riesgo y ordene hacer efectiva la garantía única de cumplimiento en contra de la compañía aseguradora, pues en modo alguno, esta circunstancia constituye una excepción a dicha disposición especial regulada por el artículo 75.

La Sala precisa que si bien es cierto la Ley 80 no derogó en su totalidad el artículo 68 del Código Contencioso Administrativo, el cual prevé el trámite de la jurisdicción coactiva en favor de la administración pública, sí derogó el numeral 4º de la norma, puesto que esta disposición facultaba a las entidades estatales para aplicar el procedimiento coactivo en contra de los contratistas, siempre que los contratos, las pólizas de seguro y las demás garantías que otorgaran a favor de las entidades públicas, integrarán título ejecutivo con el acto administrativo de liquidación final del contrato, o con la resolución ejecutoriada que decrete la caducidad, o la terminación según el caso. El artículo 75 derogó dicha prerrogativa de la administración y fijó la competencia únicamente en el juez contencioso para el trámite de los procesos de ejecución, cuya fuente de la obligación la configure un contrato estatal.

Tampoco son aplicables los artículos 823 y siguientes del estatuto tributario, pues estas disposiciones dada la especialidad de la materia, se aplicarán para el cobro coactivo de las deudas fiscales por concepto de impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones, de competencia de la Dirección General de Impuestos Nacionales. Para tal efecto, deberá seguirse el procedimiento administrativo coactivo que se establece en los artículos siguientes.

Tan cierto es lo anterior que el artículo 828 del estatuto tributario, determinó cuáles son los títulos que prestan mérito ejecutivo e indicó que este efecto lo tenían las liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las declaraciones tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su cancelación; las liquidaciones oficiales ejecutoriadas, los demás actos de la administración de impuestos debidamente ejecutoriados, las sentencias y demás decisiones judiciales ejecutoriadas que decidan demandas en relación con impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses que administra la Dirección General de Impuestos y las garantías y cauciones prestadas a favor de la Nación para afianzar el pago de obligaciones tributarias, a partir de la ejecutoria del acto de la administración que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones garantizadas.

Por último, se observa que con la expedición de la Ley 142 de 1993 que organizó el sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen, se reguló el proceso de responsabilidad fiscal, el cual adelantarán, de oficio las entidades de control fiscal, de conformidad con sus artículos 72 y siguientes. Pero, sin duda esta regulación especial no está relacionada con los procesos ejecutivos contractuales.“ (negrillas fuera del texto).

2. Las excepciones propuestas en el caso concreto.

La parte ejecutada propuso la excepción de título ejecutivo incompleto. En esa dirección presentó los siguientes fundamentos.

a) Conforme a la cláusula 5.2 del contrato de seguro, para que la aseguradora proceda a efectuar el pago del siniestro es requisito sine qua non acompañar con la demanda ejecutiva la copia debidamente ejecutoriada de la resolución que declare el siniestro y del acta de liquidación final del contrato.

b) El tribunal y el Invías desconocieron las previsiones del contrato de seguro, por cuanto no se cumplieron con los requisitos establecidos en las condiciones generales de la póliza para hacer efectivo el pago de la indemnización, razón por la cual el mandamiento ejecutivo dictado no produce efectos jurídicos.

Frente a la excepción de falta de existencia de título ejecutivo propuesta por la parte ejecutada, la Sala no comparte dicho planteamiento, por las siguientes razones:

A folios 1 a 45 del cuaderno de pruebas del expediente obran los siguientes documentos debidamente autenticados:

— Los contratos de obra pública 260 y 261 de 1994, celebrados entre el Instituto Nacional de Vías y la sociedad Construcciones y Equipos Ltda. ( fls. 1 a 8 y 19 a 25, c. 2).

— Las pólizas de cumplimiento 04303175 y 04303176, que tienen por objeto garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se desprenden de los contratos 260 y 261 de 1994 ( fls. 15 a 18 y 26 a 29, c. 2).

— La Resolución 1381 del 23 de marzo de 1995, dictada por el director general del Instituto Nacional de Vías mediante la cual declara el incumplimiento de los contratos 260 y 261 de 1994, y ordena hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, por la suma de $ 60.841.314 (fls. 30 a 32, c. 2).

— La constancia de notificación por edicto que se realizó sobre la Resolución 1381 del 23 de marzo de 1995 (fls. 33 y 34, c. 2).

— La Resolución 4702 del 18 de agosto de 1995, proferida por el director general del Instituto Nacional de Vías, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la Compañía Aseguradora Fianzas S.A., y decidió confirmar la Resolución 1381 del 23 de marzo de 1995 (fls. 35 a 40, c. 2).

— La constancia de notificación por edicto que se realizó sobre la Resolución 4702 del 18 de agosto de 1995 (fls. 41 a 44, c. 2).

Pues bien, a juicio de esta corporación, los documentos allegados al proceso conforman un título ejecutivo complejo que prestan mérito ejecutivo como quiera que en ellos consta una obligación clara, expresa y actualmente exigible y, por lo tanto, no son de recibo los argumentos presentados por la parte ejecutada, toda vez que el acta de liquidación final del contrato no es un documento que deba obrar en el proceso para integrar el título; basta que exista claridad sobre el monto de la obligación y los documentos que la hacen expresa y exigible, para que sea procedente la ejecución de garantías de un contrato estatal.

En efecto, la Sala al pronunciarse sobre los supuestos que deben probarse para que sea pertinente la ejecución de garantías de contratos estatales, sostuvo lo siguiente:

“La obligación forzada o ejecutiva en contra del asegurador con fuente en un contrato estatal debe probarse no sólo con el acto administrativo en firme que exigió la obligación de indemnización de aquél; es necesario probarse, en forma concurrente, la existencia de los siguientes documentos:

— el contrato estatal que es fuente de ese crédito (L. 80/93, art. 75);

— la garantía otorgada por el contratista estatal en la cual traslada los riesgos al asegurador, para su indemnización en el evento condicional de su incumplimiento (L. 80/93, art. 25, num. 19, inc. 1º);

— el acto administrativo que, en primer término, reconoce la existencia del siniestro (obligación de indemnizar del asegurador) y que, en segundo término, exige al asegurador la indemnización (CCA, art. 68); y

— el documento en el cual conste que ese acto administrativo está en firme, con el cual se comprueba el carácter ejecutivo del mismo (CCA, art. 64)” (8) .

(8) Auto del 12 de julio de 2001, expediente 16.669.

Conforme al antecedente jurisprudencial transcrito, encuentra esta corporación, que el acta de liquidación final del contrato no es un documento que obligatoriamente deba acompañarse con la demanda ejecutiva, para que la póliza de cumplimiento preste mérito ejecutivo.

Por otro lado, la Sala observa que en el sub judice se integró correctamente el título ejecutivo complejo, razón por la cual los planteamientos esbozados por la parte ejecutada no tienen vocación de prosperidad.

Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia proferida por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 11 de marzo de 1999.

Cópiese y notifíquese. Cúmplase.

Magistrados: Ricardo Hoyos Duque, presidente de Sala—Jesús María Carrillo Ballesteros—Alier Eduardo Hernández Enríquez—Germán Rodríguez Villamizar.

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