Sentencia 16997 de octubre 23 de 2000 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego

Aprobado acta Nº 181

Bogotá, D.C., veintitrés de octubre de dos mil.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. De acuerdo con el artículo 396 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el artículo 53 de la Ley 81 de 1993, habrá lugar a la sustitución de la detención preventiva por detención domiciliaria, una vez determinado que el delito por el que se procede prevé una pena cuyo mínimo no excede de cinco (5) años de prisión, cuando además se establece que el sindicado por sus características familiares, laborales y vínculos con la sociedad, comparecerá al proceso y no coloca en peligro a la comunidad.

2. Es necesario aclarar que el examen de las características familiares, laborales y los vínculos comunitarios del acusado no es un procedimiento ciego, sino que tiende a una finalidad legalmente identificada: optar entre la detención preventiva y la domiciliaria. Por ello, el mencionado análisis no puede desconocer la naturaleza del fin propuesto.

3. Por otra parte, la detención, preventiva o domiciliaria, tiene como fines marcados el aseguramiento de la comparecencia del acusado al proceso y, eventualmente, la ejecución del fallo, según lo disponen el artículo 9.3 de la Ley 74 de 1968, aprobatoria del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, y el artículo 7.5 de la Convención americana de derechos humanos, aprobada por la Ley 16 de 1972, cuyo rango constitucional resulta indiscutible a la luz del artículo 93 de la Carta Política.

De modo que las condiciones objetivas y subjetivas exigidas para conceder la detención domiciliaria deben relacionarse con los fines de la eventual ejecución de la pena, entre otras cosas porque se trata de hacer un pronóstico razonable (no de condenar anticipadamente) y cualquier concesión graciosa o ligera podría frustrar el cumplimiento de la sentencia (C.P., art. 12). Es en razón de tal teleología que el precepto del artículo 396 exige el examen de las “características familiares, laborales y vínculos con la comunidad”, con el ánimo de establecer si ellas constituyen un ambiente propicio o favorable para la resocialización o mejora del procesado y como tal también garantiza la comparecencia de éste al proceso; pero igualmente alude la norma a que, por la vía de esa misma previsión racional, sea posible concluir que el acusado “no coloca en peligro a la comunidad”, lo cual significa tener como norte la prevención general como mecanismo de protección a la sociedad de la comisión de nuevos delitos.

4. A partir de los cargos que se han consolidado en la resolución acusatoria, cuyo mérito o demérito probatorio y jurídico no podrá anticiparse ahora, la Corte advierte el siguiente cuadro:

4.1. La sucesión de cinco (5) comportamientos delictivos graves, descubiertos en el lapso de pocos meses del año de 1998, en cabeza de un administrador de justicia, cuya dinámica no sólo afectó bienes institucionales sino que involucró la corrupción del funcionario y la de algunos asociados y también se proyectó en el sojuzgamiento y la lesión patrimonial a otra persona que fue su víctima, denota una proclividad cierta y hasta ahora demostrada hacia el delito, de tal manera que no existe la tranquilidad suficiente para predecir que el procesado no cometerá nuevos hechos punibles al regresar al seno comunitario (aunque en el ámbito situacional restringido del domicilio familiar), así no puedan ser ya funcionales, pues sólo desasosiego genera su marcada audacia e incontinencia para feriar la dignidad del cargo y la seguridad individual y colectiva que se le había confiado a través de tan importante investidura en un Estado social y democrático de derecho.

4.2. El mérito de la prevención general, al lado de los demás fines de la pena, radica en su vocación por la paz jurídica de la comunidad, cuya garantía incumbe fundamentalmente al derecho penal, la cual puede verse quebrantada o seriamente afectada cuando los asociados ven regresar inopinadamente a casa (así sea en detención domiciliaria) a quien, inicialmente visto y aceptado por ellos como guardián de la legalidad, después la ha vulnerado abierta y persistentemente, sin escrúpulos para acrecentar significativamente en la sociedad los males que él tenía como misión atacar. En realidad, se deja en la comunidad afectada un sabor a amargo de desequilibrio en la aplicación del derecho, una sensación de apertura a la impunidad, que de pronto estimularía a otros, en medio del desconcierto, a seguir el mal ejemplo.

4.3. Es verdad que la familia del acusado está bien conformada, una esposa profesional que oficia de juez de la República y un pequeño hijo que reclama asistencia, pero acorde con la acusación cuyo mérito no se cuestiona ahora, ni la sacralidad de su función ni la compañía de dos seres con dotes tan especiales (prudencia, rectitud y autenticidad) sirvieron en su momento para contener su ambición trasunta en una cascada delincuencial realizada por quien, paradójicamente, puso a funcionar el derecho, no como un sistema de seguridad, como debe ser, sino como un perverso instrumento de intranquilidad comunitaria.

Bastan estas consideraciones para conceder la razón al fiscal apelante y, en consecuencia, se revocará la providencia examinada. Como consecuencia, el procesado será trasladado de su residencia en el municipio de “La Montañita”, Meta, a un centro de reclusión no ordinario.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

Revocar el auto por medio del cual el Tribunal Superior de Cali concedió la detención domiciliaria al procesado Leonel Gerardo Pinilla Patiño. En consecuencia, el acusado regresará a la detención preventiva, efecto para el cual se oficiará el director del Inpec, con el fin de que le asigne un establecimiento especial distinto a los centros de reclusión ordinarios. Se entenderá cancelado el compromiso adquirido por el procesado mediante caución juratoria.

Cópiese, comuníquese y devuélvase».

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