Sentencia 1700131030219951059303 de septiembre 1º de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. César Julio Valencia Copete

Exp. 17001310302-1995-10593-03

Bogotá, D.C., primero de septiembre de dos mil cinco.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el demandante contra la sentencia de 21 de febrero de 2000, proferida por la Sala Civil - familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en el proceso ordinario iniciado por José Milciades Zuluaga Castaño frente a Construcciones Manizales Limitada.

IV. Consideraciones de la Corte

1. Como es sabido, el recurso de casación persigue, de manera general, la unificación de la jurisprudencia nacional, la realización del derecho objetivo en los respectivos procesos, así como la reparación del agravio que la sentencia recurrida pueda infringir a los interesados.

Para estos efectos, el ordenamiento jurídico tiene previstos los motivos que habilitan al interesado para acudir a este medio extraordinario de impugnación, entre los cuales se destaca, por venir al caso, el haberse incurrido en alguna de las causales de nulidad consagradas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, siempre que no se hubiere saneado, sin perjuicio, desde luego, de la nulidad de origen superior establecida por el artículo 29 de la Constitución Política, como tuvo oportunidad de precisarse en los fallos de constitucionalidad C-491 de 1995 y C-217 de 1996.

2. Es evidente que las nulidades se encuentran instituidas en orden a obrar como remedio excepcional para corregir o subsanar determinadas irregularidades que pueden surgir a lo largo del trámite de un proceso, las cuales, por su entidad y relevancia, terminan por distorsionar las formas propias de cada juicio, a la vez que lesionan gravemente las garantías fundamentales con que cuentan los asociados, en especial, el debido proceso y el derecho de defensa, imperantes para todo tipo de actuaciones.

Así mismo, ha de decirse que el régimen de las nulidades está gobernado por diversos principios, como los de taxatividad, trascendencia, protección y convalidación, al paso que está sometido a lineamientos bien precisos, no solo en lo tocante con las situaciones que dan lugar a ellas, sino en cuanto a la oportunidad y requisitos para proponerlas, la forma como pueden entenderse saneadas, y los efectos que se derivan de su declaración, entre otras materias.

3. Ahora, si, como se ha visto, las nulidades no persiguen la simple defensa de la forma procesal —en abstracto—, sino la protección efectiva de intereses concretos, emerge, como regla general, que la legitimación para invocarlas siempre deberá estar vinculada al agravio o lesión que afecte específicamente a la persona que de ella se duele, pues solo así este correctivo cumplirá la función preventiva o reparadora que le ha sido asignada, antes que actuar como un mero dispositivo sancionador o represivo.

En este preciso sentido, la Sala ha recalcado cómo “... se hace imperioso... recordar... el postulado de la legitimación para aducir las nulidades, que traduce, en su acepción más simple, que no todos los sujetos procesales pueden invocarlas indistintamente”, de manera que “... por lo que hace a las nulidades que se reputan saneables, solo puede alegarlas el sujeto directamente agraviado, como que, de conformidad con el inciso 2º del artículo 143 del Código de Procedimiento Civil, ‘la parte que alegue una nulidad deberá expresar su interés para proponerla’, preceptiva que, apunta la Corte, ‘define el punto con toda exactitud porque, básicamente, de lo que se trata es de saber enfrente de cuál de las partes del proceso es que media el hecho anómalo, y, por ende, a quién perjudica’ (Sent. feb. 4/87)” (G.J. t. CCLV, pág. 891).

Y, particularmente, cuando se trata de la causal establecida en el numeral 9º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, esto es, en los eventos de falta de notificación o emplazamiento en debida forma, como aquí se alega, la misma ley se encarga de reiterar categóricamente que “solo podrá alegarse por la persona afectada”, como aparece en el inciso 3º del artículo 143 ibídem; ciertamente, siguiendo la providencia citada, es de verse que “... el interés a examinar... es el de la persona afectada con la indebida vinculación suya al proceso; esto es, un interés suyo, propio, que, por lo mismo, no lo puede alegar sino él; nunca lo puede hacer otra persona a su nombre. Lo que autoriza a decir que, en punto de nulidades, y acaso mayormente en la que ahora se estudia, a nadie le es lícito sacar provecho del perjuicio ajeno; y muchísimo menos cuando para ello tiene que poner en labios del indebidamente emplazado, en una labor de mero acertijo, un perjuicio que este no ha manifestado. ... Como corolario de lo dicho se desprende que solo el indebidamente vinculado a un proceso está en la posibilidad de evaluar la irregularidad así cometida, y, como cosa que pertenece a su fuero interno, exteriorizar si con ella experimenta gravamen o perjuicio; como es obvio, a ese respecto nadie lo puede suplantar...”.

4. En este orden de ideas, aflora nítidamente la falta de legitimación del impugnador para invocar la causal de nulidad con que aspira al quiebre de la sentencia, toda vez que las supuestas informalidades u omisiones que ha descrito se encuentran vinculadas exclusivamente a los intereses de terceras personas, lo que, de paso, apareja que ellas no le causarían agravio alguno a quien ahora las presenta ante la Corte.

En efecto, el recurrente aduce enfáticamente que debieron ser citados al litigio “... los demás copropietarios de los parqueaderos ... y el vendedor de la cuota adquirida por el demandante...” (resalta la Sala), afirmación de la que se desprende que, por supuesto, lo reclamado es una convocatoria que no se predica de él mismo, sino que alude a sujetos bien diversos, que, eventualmente, serían los únicos perjudicados con tal anomalía, circunstancia que, por sí sola, inhabilita al demandante para asumir la defensa de una posición que no es la suya.

Adicionalmente, ni siquiera como hipótesis podría sostenerse que la falta de comparecencia de las mencionadas personas les generó perjuicio o agravio alguno, pues, como quedó visto, la sentencia del tribunal desestimó íntegramente las pretensiones, de suerte que en nada pudo afectarlas. Del mismo modo, no puede pasarse por alto, como lo reconoce el impugnador, que varios de ellos fungieron dentro del proceso como testigos, circunstancia que viene a significar que tuvieron cabal conocimiento de la existencia del proceso y del contenido del mismo, como se deduce del propio tenor de sus versiones, y que, aun así, no estimaron necesaria su intervención o no estuvieron interesados en propiciarla.

5. Es evidente, pues, que no prospera el cargo.

V. Decisión

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 21 de febrero de 2000, emitida en el proceso referenciado.

Costas a cargo del recurrente. Liquídense.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.

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