Sentencia 1704 de septiembre 25 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero Ponente:

Dr. Luis Eduardo Jaramillo Mejía

Ref.: Expediente 1704

Santafé de Bogotá, D.C., septiembre veinticinco de mil novecientos noventa y seis.

Actor: Marco Marín Vélez

Electoral segunda instancia

“ART. 95.—Inhabilidades. No podrá ser elegido ni designado alcalde quien:

(...).

4. Se haya desempeñado como empleado o trabajador oficial dentro de los tres (3) meses anteriores a la elección o designación”.

La condición de docente del ciudadano demandado y de consiguiente la de empleado oficial, se encuentran debidamente acreditadas en el expediente con las pruebas que bien se detallan en la sentencia del a quo (fls. 56 y 57).

Probados estos hechos, considera la Sala que tratándose en este caso de una situación fáctica y de derecho similar a otras ya estudiadas y decididas, el criterio sentado al respecto cobra validez y se reafirma en esta oportunidad, pues, los planteamientos que presenta el demandante pretendiendo su modificación, no son de recibo por las razones que seguidamente se anotan:

De acuerdo a la jurisprudencia de la corporación que en su parte pertinente se transcribe en el fallo de primera instancia (fls. 58 y 59), es claro que el encabezamiento del artículo de la Ley 136 de 1994, hace relación a la imposibilidad tanto de elegir como de designar alcaldes y ello significa que la inhabilidad comprende tanto a los alcaldes que lo sean por elección o mediante nombramiento.

Pero la jurisprudencia hace la salvedad de que este principio o regla se aplica siempre y cuando en el numeral que corresponda no se haga alguna precisión o restricción.

En la causal consagrada en el numeral 4º del citado artículo que es la invocada, se establece de manera expresa que las conductas descritas generan inhabilidad si se producen antes de la elección, es decir la norma hace precisión en este sentido restringiendo su aplicación a quien se haya desempeñado como empleado o trabajador oficial dentro de los tres (3) meses anteriores a la elección. Ahora si la norma guarda silencio respecto a la designación, por vía de interpretación no es válido extender sus efectos a este acto, porque las inhabilidades emanan de la constitución y la ley, lo que implica que tengan carácter expreso, restrictivo y consecuentemente no sean aplicables por virtud de la analogía.

El recurrente hace un encomiable esfuerzo académico tendiente a demostrar, que por virtud del encabezamiento del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, la causal 4 hace referencia a la imposibilidad, tanto de elegir como de nombrar alcaldes, pues entiende que en ese principio se refleja el espíritu y la voluntad del legislador ordinario en el sentido de establecer iguales inhabilidades en uno y otro caso, idea que remata con la siguiente hipótesis: “pudo acontecer como ha sucedido en muchas ocasiones cuando la opinión pública conoce por informaciones periodísticas que leyes aprobadas por el Congreso de la República, sancionadas y publicadas lo son omitiendo o agregando artículos o expresiones no apreciables en el texto original.

En nuestro caso pensemos que al legislador le pareció innecesario agregarle al numeral 4º del artículo 95 el vocable “o designación”, al entenderlo redundante por cuanto su voluntad y mandato lo imprimió en el comienzo de la referida norma”.

Estas apreciaciones no tienen consistencia jurídica frente al concepto de inhabilidad, son simples supuestos sin el alcance que les da el actor, pues el legislador bien pudo pensar de otra manera, verbigracia que la prohibición para ser alcalde establecida en el numeral 4º la restringía únicamente al caso de la elección, a fin de impedir como bien lo expresa la representante del Ministerio Público, “que los candidatos prevalidos de su condición de servidores públicos, ejerzan su función y la utilicen para influir y para determinar al electorado hacia un comportamiento favorable a su elección, aspecto este que no se presentaría en el caso de la designación...”, postura que es la sostenida por la Sala y que dada su reiteración, conduce a la confirmación de la sentencia objeto de apelación.

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