Sentencia 17045 de abril 24 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: Nº 17045

Acta Nº 15

Magistrado Ponente:

Fernando Vásquez Botero

Bogotá, D.C., veinticuatro de abril de dos mil dos.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de Ismael de Jesús Espinosa Molina contra la sentencia de fecha 30 de marzo de 2001, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso que el recurrente le promovió a la sociedad Cementos El Cairo S.A.

Antecedentes

Ismael de Jesús Espinosa Molina demandó a la sociedad Cementos El Cairo S.A., para que, previos los trámites de un proceso ordinario laboral de primera instancia, se declare que existió un contrato verbal de trabajo, el cual se prolongó durante más de 20 años; que cumple con los requisitos exigidos para el otorgamiento de la pensión plena; que, en consecuencia, se condene al pago de las mesadas comunes y especiales debidas a partir del lleno de los requisitos, así como, los intereses por mora conforme al artículo 141 de la Ley 100 de 1993; que se condene en costas a la sociedad demandada.

Los hechos expuestos por el demandante en sustento de las anteriores pretensiones, son: que celebró contrato de trabajo verbal con la sociedad demandada, en varios períodos, uno de abril de 1943 hasta mediados de 1945, otro de enero de 1946 hasta finales de 1951, y finalmente desde comienzos de 1960 a finales de diciembre de 1967; que con posterioridad se le hizo un nuevo “contrato de libranza”, para el vehículo número 86, tipo volqueta, correspondiente a la sociedad demandada, lo cual se cumplió con el fin de obviar las consecuencias del contrato laboral, no obstante de continuar haciendo las mismas labores y percibiendo su salario mensual; que en ese contrato la sociedad dijo darle el vehículo en depósito; que el vehículo era destinado únicamente en lo que el propietario le permitiera, y sobre todo al transporte de cemento y demás materiales de las empresas demandada o de Cementos Nare o Cementos Argos; que dicho automotor se le entregó a través de un contrato de libranza con la finalidad de obviar las consecuencias de un contrato laboral; que la empresa demandada lo hacia figurar como socio capitalista de una sociedad de hecho configurada con la empresa demandada, pero nunca tuvo la propiedad del vehículo.

También, en el escrito demandador, se agrega: que las órdenes le fueron dadas directamente por el jefe de rutas de la sociedad demandada, quien a su vez las recibía de José Avendaño, Gonzalo Ramírez y de un ingeniero de apellido Ortiz; que debía laborar 24 horas continuas y descansaba 12; que su salario era pagado cada 20 días o cada mes, previos los viajes efectuados y las rutas, siendo éste casi siempre superior al mínimo legal, pero no se le reconocían otros derechos como las primas, vacaciones, recargos nocturnos, auxilio de cesantía, etc.; que no fue afiliado a ningún sistema de seguridad social; que estuvo vinculado hasta el mes de octubre o noviembre de 1988 cuando la empresa demandada lo despojó de su vehículo; que laboró durante más de 20 años al servicio de la empresa demandada y sin embargo no se le ha reconocido sus derechos por vejez; que la empresa celebró contratos semejantes con 45 trabajadores y al igual que a él no se les ha reconocido la pensión de jubilación con excepción del señor Luis Eduardo Valencia Ortiz; que la sociedad le debe las mesadas pensionales comunes y las especiales de que habla la ley; que de los contratos de libranza se desprenden todos los elementos a que se refiere el artículo 23 de Código Sustantivo del Trabajo; que cuando no cumplía con el contrato en la forma acordada era sancionado por la empresa no sólo con el no pago de los salarios, sino que además era suspendido y hasta lo despedían de su cargo.

La demanda se contestó con oposición a las pretensiones, y la negación de los hechos esgrimidos por el actor donde se pretende derivar una relación contractual laboral, para aseverar que con el demandante se celebraron varios contratos de naturaleza comercial; como medios exceptivos, con el carácter de previos, se plantearon los de “falta de jurisdicción o competencia”, “compromiso” y “trámite inadecuado de la demanda”, y de fondo las que denominó: “transacción”; “pago”; “prescripción” y “carencia de derecho sustantivo”.

La primera instancia la desató el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 25 de agosto de 2000, en la que se absolvió a la empresa demandada de todas las pretensiones. Apelada tal decisión, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín, con providencia del 30 de marzo de 2001, la confirmó.

Los fundamentos que tuvo en cuenta el ad quem para adoptar la decisión recurrida, en lo que al recurso extraordinario interesa, son: que la prueba arrimada al proceso en forma regular y oportuna, tanto documental como testifical, examinada en su contexto y conforme a la libre formación del convencimiento, permite concluir que ciertamente entre las partes enfrentadas en el juicio, no existió un auténtico contrato de trabajo, con todos los elementos esenciales que lo integran, principalmente el de la subordinación jurídica específica, el cual resulta indispensable en esta clase de relaciones y que la distingue de las demás, como lo concluyó el a quo.

El recurso de casación

Fue interpuesto por el apoderado de la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por esta corporación, que procede a resolverlo previo el estudio de la demanda que lo sustenta y su réplica.

Al fijar el alcance de la impugnación el recurrente indicó:

“Pretende el recurso extraordinario la casación total del fallo recurrido, en cuanto absolvió a la empresa demandada del pago de la pensión, para que, convertida esa Sala en sede de instancia, se sirva REVOCAR el fallo de primera instancia y en su lugar condene a Cementos El Cairo S.A. a los pedimentos de la demanda formulada por Ismael de Jesús Espinosa Molina. Se fijen las costas en el recurso extraordinario y en las instancias”.

Con fundamento en la causal primera de casación laboral, el impugnante le formula a la sentencia controvertida, el siguiente

Cargo único

“La sentencia acusada viola en forma indirecta y por aplicación indebida los artículos 1º, 9º, 14, 19, 22, 23, 24, 40 y 260 del Código Sustantivo de Trabajo. Artículo 48 y 53 Constitución Nacional. Artículos 177, 197, 251, 254 del Código de Procedimiento Civil en armonía con el artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral”.

Los errores evidentes de hecho que denuncia el impugnante como incurridos por el tribunal, son:

“Dar por demostrado, sin estarlo, que entre las partes existió un contrato diferente al laboral

No dar por demostrado, estándolo, que entre las partes existió un contrato de trabajo con sus elementos esenciales”.

Las pruebas que denuncia el recurrente como causantes de los desatinos fácticos relacionados, por su no apreciación, son los documentos visibles a folios 14 a 20, 22 a 27, 45 a 48, 61 a 65 y 88 del expediente. Así mismo, acusa la falta de apreciación de la respuesta al hecho octavo de la demanda.

Demostración del cargo

Aduce el censor: que el elemento salario o remuneración, propio de cualquier relación de trabajo subordinada, fue confesado por el apoderado de la empresa demandada al responder el hecho octavo de la demanda, ya que si bien allí no admite pago salarial, sí se acepta la cancelación de fletes, que es otra forma de remunerar el trabajo; que sobre la prestación personal del servicio, es diciente la cláusula undécima de los contratos de folios 22 y siguientes, llamando más la atención la cláusula de exclusividad que aparece inserta en los contratos y que no puede imponerse sino a un trabajador y no a un contratista independiente; que en los contratos celebrados por las partes, se reflejan obligaciones constitutivas de subordinación, como imponerle valores de fletes y facultad de disposición sobre el vehículo, entrega de comprobantes, mantenimiento del servicio eficiente y que el fondo en dinero que debía constituir el librador era manejado por la empresa, lo cual si era un negocio civil o comercial debió ser acordado por los contratantes; que la misma prueba testimonial enseña que las labores desempeñadas por el actor eran similares a las cumplidas por personas vinculadas laboralmente con la contradictora e inclusive se le imponían ordenes e instrucciones tanto a transportadores como a trabajadores.

Réplica

Esgrime el opositor: que el tribunal no pudo haber dejado de valorar la respuesta al hecho octavo de la demanda, dado que de los claros y precisos términos que se utilizan en su proveído, cuando textualmente se expresa: “la prueba arrimada al proceso (...), examinada en su conjunto”; que ello indica que para resolver tuvo en cuenta todas las pruebas incorporadas al juicio; que, además, en lo que atañe con los contratos celebrados por las partes, de su lectura se deja ver nítidamente que el vinculo jurídico que de antaño existía fue completamente distinto a una relación contractual laboral de índole subordinada, como con acierto la calificó la sentencia recurrida.

Se considera

Toda la discusión planteada por el impugnante gira en dirección a la naturaleza jurídica del vínculo contractual que existió entre las partes contratantes; pues mientras el tribunal concluyó que la relación es ajena al campo laboraI porque no se demostraron los elementos que la estructuran y en especial la subordinación jurídica propia del contrato de trabajo, para el censor sí hay medios de prueba que contradicen esa inferencia y que permiten dar por acreditado que los servicios prestados por el actor se desarrollaron en virtud a un contrato sujeto a las normas del Código Sustantivo del Trabajo.

Empieza la Sala por anotar que, contrario a lo que sostiene el censor, el tribunal sí tuvo en cuenta la respuesta al hecho octavo del escrito de demanda, ya que en la sentencia después de relacionar lo que se expresa en cada uno de éstos, se lee: “luego de cumplidas a cabalidad las diligencias de notificación y traslado de la demanda, el representante legal de la accionada, asistido igualmente por mandatario judicial especial, dio respuesta oportuna a los hechos relacionados por el accionante en el libelo inicial, anotando que nos eran ciertos en la forma como están concebidos (...)”.

Además, la respuesta al aludido hecho, no contiene confesión porque no se dan los presupuestos del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, y se incurre en la contradicción de acusarla, al unísono, de no valorada y apreciada erróneamente.

De otra parte, se tiene que el impugnante no acusa varios de los medios de prueba que le sirven de fundamento al tribunal para prohijar la decisión del sentenciador de primer grado, como lo son los testimonios recepcionados y los interrogatorios que absolvieron las partes; lo que era necesario hacerlo porque hay que entender que el juzgador los valoró al expresar: “la prueba arrimada al proceso en forma regular y oportuna tanto documental como testifical examinada en su conjunto (...)”.

La aludida omisión implica que el fallo recurrido permanezca incólume con base en los elementos probatorios inatacados; advirtiendo que si bien la prueba testimonial no es calificada en casación laboral, cuando sirve de fundamento para la decisión, debe ser atacada, que es lo que posibilita a la Corte que, demostrado el yerro con la que si tiene la aludida connotación, entra a estudiar aquélla.

Pero es más, así se diera por superada la deficiencia anotada, el cargo tampoco lograría tener prosperidad, en atención a que del examen los medios de convicción denunciados por su equivocado juicio estimativo, encuentra la Corte que en ninguno de ellos es posible concluir que el tribunal incurrió en un yerro protuberante al no dar por demostrado que las partes estuvieron vinculadas por un contrato de trabajo.

Así se afirma por cuanto lo que contienen los contratos que fueron arrimados al proceso, acusados por su equivocada estimación, no es la subordinación jurídica propia e inherente a una relación contractual de naturaleza laboral, sino que por el contrario son la diversidad de cláusulas pactadas por las partes en ejercicio de la autonomía de su voluntad que consigna obligaciones correlativas de los contratantes propias del tipo contractual acordado entre ellos.

Además de lo anterior, los acuerdos a que llegaron éstos respecto de la forma como se desenvolverían los contratos de transporte visibles a folios 22 a 27, 45 a 48, 61 a 65 del expediente, no reflejan una actitud movida por el ánimo de pretender aparentar un vínculo negocial diferente al que aparece allí consignado, para de esa forma evadir el pago de acreencias de naturaleza laboral.

Y es aunque resultan complejos los contratos que celebraron las partes, en donde el demandante sólo aportó su fuerza de trabajo como conductor de un vehículo automotor de propiedad de la sociedad demandada y cuya destinación era para el transporte exclusivo de los materiales de ella, así como el de las empresas Cementos Argos S.A. y Cementos del Nare S.A., no por ello puede deducirse, inexorablemente, que se está en presencia de una relación laboral regida por el Código Sustantivo del Trabajo, pues de los claros y precisos términos acordados afloran, además, concesiones, derechos y obligaciones que no son propias y mucho menos comunes a un asalariado dependiente, como es la posibilidad de hacerse dueño de la propia maquinaria que, con cierto grado de autonomía e independencia, conduce, al igual que el mantenimiento a su vehículo que inicialmente le fue entregado no como una herramienta de trabajo para la realización de las labores acordadas, sino como usufructuario en el primer período y como propietario en el segundo, según las cláusulas que allí fueron pactadas.

Así mismo, debe precisarse como lo ha hecho la Sala en oportunidades anteriores en donde se han analizado contratos similares al que ahora ocupa su atención, que la fijación del precio de los fletes la constitución del fondo para el manejo del dinero que producía el vehículo, la administración por parte de la empresa demandada de esas sumas dinerarias en los términos consignados en los contratos y la exclusividad para el transporte de mercancías, no son reglamentos o imposiciones que provengan de la parte demandada para con el actor, sino que obedecen al atípico convenio suscrito, en el que las partes, al estampar su firma, le dieron el visto bueno a dicho pacto, surgiendo así obligaciones y derechos correlativos para ambos contratantes.

En el anterior contexto, no es acertada la afirmación que hace el recurrente, en el sentido de que las ya referidas obligaciones son constitutivas de la subordinación jurídica propia de un contrato de trabajo, pues nada se opone a que en virtud de la iniciativa privada y dentro del marco de la autonomía de la voluntad, se hagan convenios de esa índole, no regidos por las normas laborales, sino por disposiciones civiles o comerciales, dependiendo de la naturaleza jurídica del contrato respectivo.

Finalmente, como el censor acude a la aplicación del principio de la primacía de la realidad, para de esa forma obtener la infirmación del fallo recurrido, es pertinente transcribir lo dicho por la Corte a ese respecto, en la sentencia del 26 de marzo del 2001, radicación 15256, reiterada en la del 7 de febrero del presente año, radicación 16483, a saber:

“En razón de la trascendencia del tema tratado, encuentra la Sala conveniente referirse una vez más a un aspecto doctrinal, antes de abordar el estudio de las discrepancias fácticas de la censura, relativo a que controversias como la planteada en este caso deben ser resueltas atendiendo el postulado constitucional de primacía de la realidad, según el cual son necesariamente las circunstancias que se puedan extraer de la realidad las que determinan el convencimiento del juez respecto a la índole de los servicios prestados por una persona natural, en contraposición de los datos aparentes que puedan informar los documentos o contratos provenientes de las partes, máxime cuando éstos ofrezcan duda de simulaciones o fraudes a la ley laboral que resulten perjudiciales al trabajador. Principio que no se traduce, como parece entenderlo el recurrente, en una presunción relativa a que todos los documentos de naturaleza comercial, que involucren una prestación de servicios personales, siempre contienen encubrimientos y falsedades, pues lícitamente pueden corresponder a situaciones reales.

En este sentido vale recordar que conforme al ordenamiento constitucional y legal nada se opone, a que en desarrollo de la libertad de industria y comercio que deriva de los principios de actividad económica y de libre iniciativa privada consagrada en el artículo 333 del primer ordenamiento, las empresas puedan celebrar contratos de naturaleza comercial con personas naturales o jurídicas para la ejecución de tareas o la prestación de servicios en actividades inherentes a las normales de su empresa o negocio.

(...).

En síntesis de las cláusulas del convenio referido se desprende que la voluntad de las partes fue la de ajustarse a un tipo de contratación mercantil, que se asimila al contrato de agencia comercial regulado en los artículos 1318 a 1331 del Código de Comercio, en los que se prevé que uno de los objetos del mismo es la distribución de uno o varios productos del empresario, quien no podrá servirse de varios agentes en la misma zona, que puede pactarse la prohibición para que el agente promueva en el territorio que se le demarque un producto de competidores del empresario, que el agente tiene derecho a una remuneración y la obligación de cumplir el encargo que le ha sido confiado conforme a las instrucciones recibidas, así como el deber de ofrecer al empresario las informaciones necesarias respecto de las condiciones de mercado en la zona asignada, y toda otra que sea útil para los fines propios de la actividad comercial.

No surge entonces del contrato mencionado que el actor haya estado subordinado laboralmente a la empresa demanda, pues de ninguna de sus estipulaciones se infiere conclusión en tal sentido y bien por el contrario las mismas partes dejaron constancia referente a que su relación no era de carácter laboral. Además conviene reseñar que este documento no aporta dato alguno referente a las circunstancias reales que rodearon el desarrollo de las obligaciones convenidas por las partes”.

Resumiendo, se tiene que el tribunal no incurrió en ninguno de los desatinos fácticos denunciados, dado que de las pruebas atacadas no se infiere la existencia de una relación contractual laboral entre las partes.

Por lo anterior el cargo no prospera.

Como el recurso se pierde y fue replicado, las costas por el mismo se le impondrán al impugnante.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 30 de marzo de 2001, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el juicio que Ismael de Jesús Espinosa Molina le promovió a la sociedad Cemento El Cairo S.A.

Costas a cargo de la parte demandante y recurrente.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.

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