Sentencia 1706 de enero 29 de 1998 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

CONSEJO DE ESTADO 

SECCIÓN QUINTA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Ref.: Expediente 1706

SECCIÓN QUINTA

Consejero Ponente:

Ref.: Expediente 1706

Dr. Luis Eduardo Jaramillo Mejía

Consejero Ponente:

Actor: Héctor E. Orjuela García y Luis H. Duarte Montaña

Dr. Luis Eduardo Jaramillo Mejía

Santafé de Bogotá, D.C., enero veintinueve de mil novecientos noventa y ocho.

Actor: Héctor E. Orjuela García y Luis H. Duarte Montaña

Electoral única instancia

Santafé de Bogotá, D.C., enero veintinueve de mil novecientos noventa y ocho.

Como según la Carta Política, la revocación del mandato solo es predicable de los gobernadores y los alcaldes, sólo a estos funcionarios se aplicará este principio. Resultaría jurídico y políticamente contrario al espíritu de la carta, y desde el punto de vista práctico manifiestamente inconveniente. En efecto, convocar al pueblo a la elección de una autoridad municipal o departamental que lo haya de gobernar por término que forzosamente habrá de ser breve toda vez que, como lo establece la ley sub-examine, la revocación solo procede pasado un año del cumplimiento del mandato, es decir, faltando menos de dos para concluirlo, carece de sentido tanto desde el punto de vista de la filosofía que inspira nuestra Carta como práctico”.

Electoral única instancia

En síntesis, el criterio de la Corte en relación con la convocatoria de mandato del gobernador o del alcalde, es que el período para el nuevo elegido será de tres (3) años.

Como según la Carta Política, la revocación del mandato solo es predicable de los gobernadores y los alcaldes, sólo a estos funcionarios se aplicará este principio. Resultaría jurídico y políticamente contrario al espíritu de la carta, y desde el punto de vista práctico manifiestamente inconveniente. En efecto, convocar al pueblo a la elección de una autoridad municipal o departamental que lo haya de gobernar por término que forzosamente habrá de ser breve toda vez que, como lo establece la ley sub-examine, la revocación solo procede pasado un año del cumplimiento del mandato, es decir, faltando menos de dos para concluirlo, carece de sentido tanto desde el punto de vista de la filosofía que inspira nuestra Carta como práctico”.

Posteriormente en la sentencia C-586 de diciembre 7 de 1995 el concepto lo hizo extensivo al caso de vacante absoluta presentada por destitución y en sentencia C-448 de 1997 lo aplicó sin limitación alguna.

En síntesis, el criterio de la Corte en relación con la convocatoria de mandato del gobernador o del alcalde, es que el período para el nuevo elegido será de tres (3) años.

Planteada así la controversia es evidente que el punto central de ésta radica en la naturaleza del período de los alcaldes, punto sobre el cual se presentan tesis opuestas por los extremos de la litis, pero sobre el cual la Sala tuvo oportunidad de fijar su criterio en un caso de similares pretensiones siguiendo la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Posteriormente en la sentencia C-586 de diciembre 7 de 1995 el concepto lo hizo extensivo al caso de vacante absoluta presentada por destitución y en sentencia C-448 de 1997 lo aplicó sin limitación alguna.

En efecto en sentencia dictada el 15 de enero de 1998 en el expediente 1698 dijo esta Sala:

Planteada así la controversia es evidente que el punto central de ésta radica en la naturaleza del período de los alcaldes, punto sobre el cual se presentan tesis opuestas por los extremos de la litis, pero sobre el cual la Sala tuvo oportunidad de fijar su criterio en un caso de similares pretensiones siguiendo la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado.

“De acuerdo con el artículo 260 de la Constitución Nacional, los ciudadanos eligen en forma directa a los alcaldes y según el artículo 314 ibídem, para un período de tres (3) años.

En efecto en sentencia dictada el 15 de enero de 1998 en el expediente 1698 dijo esta Sala:

El artículo 293 de la Carta defirió a la ley la regulación de las faltas absolutas y temporales, y la forma de llenar las vacantes de los ciudadanos elegidos por voto popular, para el desempeño de funciones públicas en las entidades territoriales.

“De acuerdo con el artículo 260 de la Constitución Nacional, los ciudadanos eligen en forma directa a los alcaldes y según el artículo 314 ibídem, para un período de tres (3) años.

En relación con los alcaldes que es el tema de estudio, se han dictado varias disposiciones en desarrollo del canon constitucional: artículo 15 del proyecto de ley estatutaria “por el cual se reglamenta el voto programático”; el artículo 112 parcialmente y el 114 de la Ley 104 de 1993, normas todas declaradas inexequibles por la Corte Constitucional.

El artículo 293 de la Carta defirió a la ley la regulación de las faltas absolutas y temporales, y la forma de llenar las vacantes de los ciudadanos elegidos por voto popular, para el desempeño de funciones públicas en las entidades territoriales.

Se dictó así mismo la Ley 136 de 1994 que en sus artículos 85, 106 y 107 reguló tal aspecto.

En relación con los alcaldes que es el tema de estudio, se han dictado varias disposiciones en desarrollo del canon constitucional: artículo 15 del proyecto de ley estatutaria “por el cual se reglamenta el voto programático”; el artículo 112 parcialmente y el 114 de la Ley 104 de 1993, normas todas declaradas inexequibles por la Corte Constitucional.

El primero además de referirse al período de tres (3) años precisó que éste se iniciaría el primero de enero siguiente a la fecha de la elección.

Se dictó así mismo la Ley 136 de 1994 que en sus artículos 85, 106 y 107 reguló tal aspecto.

El segundo faculta al Presidente de la República, en relación con el Distrito Capital de Santafé de Bogotá y a los gobernadores con respecto a los demás municipios, para que en caso de falta absoluta o suspensión, designar alcalde con los siguientes requisitos allí impuestos.

El primero además de referirse al período de tres (3) años precisó que éste se iniciaría el primero de enero siguiente a la fecha de la elección.

En el tercero se establece, de acuerdo al tiempo transcurrido del período, si hay lugar a convocar a la elección de nuevo alcalde o a la designación para llenar la vacante absoluta, pero de estas normas los artículos 85 y 107 también fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-448 de 1997, quedando un vacío legislativo en relación con el mandato del artículo 293 de la Constitución de 1991, respecto a la forma de llenar las vacantes absolutas de los alcaldes municipales, pues para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, la regulación se hizo mediante el Decreto 1421 de 1993”.

El segundo faculta al Presidente de la República, en relación con el Distrito Capital de Santafé de Bogotá y a los gobernadores con respecto a los demás municipios, para que en caso de falta absoluta o suspensión, designar alcalde con los siguientes requisitos allí impuestos.

La sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo atrás enunciada, se dictó el 25 de noviembre de 1997, en el expediente S-746 de procesos acumulados, con ponencia del Dr. Mario Alario Méndez sentó el criterio jurídico respecto al tema en torno al cual gira este debate.

En el tercero se establece, de acuerdo al tiempo transcurrido del período, si hay lugar a convocar a la elección de nuevo alcalde o a la designación para llenar la vacante absoluta, pero de estas normas los artículos 85 y 107 también fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-448 de 1997, quedando un vacío legislativo en relación con el mandato del artículo 293 de la Constitución de 1991, respecto a la forma de llenar las vacantes absolutas de los alcaldes municipales, pues para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, la regulación se hizo mediante el Decreto 1421 de 1993”.

En efecto, dentro de un marco constitucional define los dos conceptos que han suscitado opiniones encontradas en la jurisprudencia y la doctrina. Precisa:

La sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo atrás enunciada, se dictó el 25 de noviembre de 1997, en el expediente S-746 de procesos acumulados, con ponencia del Dr. Mario Alario Méndez sentó el criterio jurídico respecto al tema en torno al cual gira este debate.

“Son períodos institucionales aquellos objetivamente establecidos en fechas determinadas e individuales los que se inician con la posesión del elegido o nombrado. Los períodos de los alcaldes, así como los de gobernadores, son períodos institucionales no individuales, porque la Constitución determinó la fecha de su iniciación, y precisamente porque se trata de períodos institucionales hay lugar a nombrar o elegir, por el resto del período a quien haya de reemplazar al mandatario que falte”.

En efecto, dentro de un marco constitucional define los dos conceptos que han suscitado opiniones encontradas en la jurisprudencia y la doctrina. Precisa:

Llevados estos conceptos al campo práctico agrega:

“Son períodos institucionales aquellos objetivamente establecidos en fechas determinadas e individuales los que se inician con la posesión del elegido o nombrado. Los períodos de los alcaldes, así como los de gobernadores, son períodos institucionales no individuales, porque la Constitución determinó la fecha de su iniciación, y precisamente porque se trata de períodos institucionales hay lugar a nombrar o elegir, por el resto del período a quien haya de reemplazar al mandatario que falte”.

“La primera elección popular de gobernadores tuvo lugar el 27 de octubre de 1991 y los elegidos en esa fecha tomaron posesión de sus cargos el 2 de enero de 1992, según lo estableció en el artículo 16 constitucional; lo que quiere decir que el período que por mandato constitucional se inició el 2 de enero de 1992 terminó el 1º de enero de 1995; el que comenzó el 2 de enero de 1995 concluirá el 1º de enero de 1998, y así sucesivamente como resultado obvio. Y, en lo que dice relación a los alcaldes, por el artículo transitorio 19 se dispuso que los que se eligieron en 1992 —cuyo período habría vencido el 31 de mayo de 1994, por disposición de los artículos 3º del acto legislativo número 1 de 1986 y de la Ley 78 del mismo año— ejercerían sus funciones hasta el 31 de diciembre de 1994; así, pues, el período siguiente, que se encuentra en curso, se inició el 1º de enero de 1995 y terminará el 31 de diciembre de 1997, y el que se iniciará el 1º de enero de 1998 terminará el 31 de diciembre del 2.000, y así sucesivamente, como es obvio.

Llevados estos conceptos al campo práctico agrega:

Lo propio ocurrió, también por disposición del artículo transitorio 19, respecto de diputados y concejales, cuyos períodos se iniciaron el 1º de enero de 1995 y son también períodos institucionales”.

“La primera elección popular de gobernadores tuvo lugar el 27 de octubre de 1991 y los elegidos en esa fecha tomaron posesión de sus cargos el 2 de enero de 1992, según lo estableció en el artículo 16 constitucional; lo que quiere decir que el período que por mandato constitucional se inició el 2 de enero de 1992 terminó el 1º de enero de 1995; el que comenzó el 2 de enero de 1995 concluirá el 1º de enero de 1998, y así sucesivamente como resultado obvio. Y, en lo que dice relación a los alcaldes, por el artículo transitorio 19 se dispuso que los que se eligieron en 1992 —cuyo período habría vencido el 31 de mayo de 1994, por disposición de los artículos 3º del acto legislativo número 1 de 1986 y de la Ley 78 del mismo año— ejercerían sus funciones hasta el 31 de diciembre de 1994; así, pues, el período siguiente, que se encuentra en curso, se inició el 1º de enero de 1995 y terminará el 31 de diciembre de 1997, y el que se iniciará el 1º de enero de 1998 terminará el 31 de diciembre del 2.000, y así sucesivamente, como es obvio.

Es evidente, entonces, que siendo el período de los alcaldes institucional, el que se inició el 1º de enero de 1995 y culminó el 31 de diciembre de 1997, no podía ser modificado al presentarse la vacante absoluta por fallecimiento de quien ejercía como titular en el municipio de Ventaquemada - Boyacá, lo ajustado a la Constitución era elegir al reemplazo para el resto del período, como lo hizo la delegación del Consejo Nacional Electoral mediante Resolución 001 de 1995, pero al ser revocado este acto señalándole al elegido un período completo de tres (3) años, la Resolución 76 del 15 de mayo de 1997 en sus artículos primero y undécimo en los cuales el Consejo Nacional Electoral hizo el pronunciamiento, resulta violatoria del artículo 314 de la Constitución Nacional en cuanto establece el período institucional de los alcaldes.

Lo propio ocurrió, también por disposición del artículo transitorio 19, respecto de diputados y concejales, cuyos períodos se iniciaron el 1º de enero de 1995 y son también períodos institucionales”.

La violación pues es de rango constitucional y la norma fue invocada por el actor, lo que lleva a la prosperidad de las pretensiones de nulidad, sin necesidad de más consideraciones.

Es evidente, entonces, que siendo el período de los alcaldes institucional, el que se inició el 1º de enero de 1995 y culminó el 31 de diciembre de 1997, no podía ser modificado al presentarse la vacante absoluta por fallecimiento de quien ejercía como titular en el municipio de Ventaquemada - Boyacá, lo ajustado a la Constitución era elegir al reemplazo para el resto del período, como lo hizo la delegación del Consejo Nacional Electoral mediante Resolución 001 de 1995, pero al ser revocado este acto señalándole al elegido un período completo de tres (3) años, la Resolución 76 del 15 de mayo de 1997 en sus artículos primero y undécimo en los cuales el Consejo Nacional Electoral hizo el pronunciamiento, resulta violatoria del artículo 314 de la Constitución Nacional en cuanto establece el período institucional de los alcaldes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, en desacuerdo con la Procuradora Delegada, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

La violación pues es de rango constitucional y la norma fue invocada por el actor, lo que lleva a la prosperidad de las pretensiones de nulidad, sin necesidad de más consideraciones.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, en desacuerdo con la Procuradora Delegada, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

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