Sentencia 17071 de diciembre 12 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Acta Nº 58

Ref.: Expediente 17071

Magistrado Ponente:

Dr. José Roberto Herrera Vergara

Bogotá, D.C., doce de diciembre de dos mil uno.

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por Dalhom S.A. en Concordato contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 27 de abril de 2001, en el juicio promovido por Jacobo Castro Pérez contra la recurrente.

I. I. Antecedentes

Jacobo Castro Pérez demandó a la sociedad Dalhom S.A. en Concordato con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la parte de cesantía e intereses que no le fueron liquidados ni cancelados, bonificaciones, salarios, indemnizaciones por despido y moratoria, entre otras pretensiones, y las costas del proceso.

Como fundamento de tales pretensiones, en lo que interesa al recurso, afirmó haber prestado servicios a la sociedad demandada mediante contrato de trabajo e término indefinido entre el 5 de enero de 1987 y el 10 de abril de 1997, fecha en que se vio obligado a renunciar porque no le despachaban mercancía. Se desempeñó como vendedor, ubicado durante todo el tiempo como el mejor vendedor profesional, categoría máster, con promedio mensual en el último año de $ 3.500.000 aproximadamente, pago que la sociedad le efectuaba llevando dos clases de registros, y durante todo el tiempo le descontó el valor del IVA del monto que le correspondía como liquidación.

La sociedad en la respuesta a la demanda aceptó la prestación de servicios; señaló que canceló todas y cada una de las prestaciones sociales; que pactaron remuneración a destajo sin sujeción a horario o jornada. Se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de pago, prescripción, inexistencia de las obligaciones y de causa para el nacimiento de la obligación de pago de comisiones (fls. 117 a 124).

Mediante sentencia de 6 de marzo de 2000, el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá absolvió a la sociedad demandada y condenó en costas al actor (fls. 429 a 436).

II. II. La sentencia del tribunal

Al desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en sentencia de 27 de abril de 2001, revocó parcialmente el fallo de primera instancia y en su lugar condenó a la demandada a pagar $ 206.977,38 por cesantía, $ 21.713,00 por intereses a la cesantía y $ 53.329,30 diarios por indemnización moratoria; confirmó en lo demás el fallo de primera instancia y no impuso condena en costas.

En lo que incumbe al recurso de casación, expuso el tribunal que como se pretende el pago de la cesantía por todo el tiempo con fundamento en que no fue liquidada correctamente, específicamente porque no se incluyó la base salarial correcta, citó el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, para señalar que debe incluirse todo lo que recibe el trabajador por concepto de comisiones que constituye salario.

Relacionó varios medios de prueba: comunicación del trabajador mediante la cual se acogió al nuevo régimen de cesantía folio 270; comprobantes de pago del fondo de cesantías Colpatria y autorización del trabajador para ser cancelada a la demandada folios 260 a 261 y 265; liquidación de prestaciones sociales folio 250 y certificado expedido por el director general de contraloría en el que constan los pagos efectuados al demandante en el período de 1996 a 1997 (fls. 327 a 329, y expuso varias circunstancias para no acceder a las pretensiones. Empero, precisó que “a pesar de lo anterior como en los pagos relacionados en el cuadro Nº 2 certificados por el director de la contraloría, se especifican los descuentos, los pagos de comisiones mes por mes y otros conceptos y de ello se deduce que al actor se le debe $ 206.977,38 correspondiente al excedente de la cesantía del año de 1977; a esa suma se condenará y se revoca la absolución de primera instancia”. Igualmente, que ante la evidencia de reliquidar lo pagado por cesantía, procedía también de intereses, que ascendió a la suma de $ 21.713.

Con relación a la indemnización moratoria aludió al artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, al criterio jurisprudencial para su aplicación, y precisó que:

“como está visto que en este caso se ha proferido condena por concepto de prestaciones sociales, siendo que la falta de pago se originó por efectuar la liquidación del auxilio de cesantía con un salario inferior al que realmente recibió el trabajador y no hay hecho ni razones que permitan establecer que el empleador hubiera desvirtuado la presunción de mala fe al momento de terminar el contrato de trabajo, se debe condenar a la indemnización moratoria pedida”.

En consecuencia, condenó a pagar $ 53.329,30 diarios, a partir del 10 de abril de 1997, hasta cuando se efectúe el pago de la suma debida.

III. El recurso de casación

Inconforme con la anterior decisión, la sociedad demandada pretende que la Corte case parcialmente la sentencia recurrida en cuanto la condenó a pagar cesantía, intereses y moratoria, confirmó la sentencia de primera instancia en todo lo demás y dejó el proceso sin costas, para que convertida en tribunal de instancia confirme la sentencia del a quo.

Con tal fin formula dos cargos. En el primero acusa la sentencia, por vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 65 y 249 del Código Sustantivo del Trabajo, así como el artículo 99 numeral 4º de la Ley 50 de 1990 y el artículo 1º de la Ley 52 de 1975.

Expuso que el ad quem incurrió en los errores evidentes de hecho, siguientes:

“Dar por demostrado sin estarlo, que al término del contrato de trabajo del señor Jacobo Castro Pérez la sociedad Dalhom S.A. en Concordato le adeudaba un saldo de cesantías, por el tiempo comprendido entre el 1º de enero de 1977 y el 10 de abril del mismo año, así como unos intereses a la cesantía por el mismo lapso señalado.

“No dar por demostrado estándolo que a la fecha de terminación del contrato de trabajó del señor Jacobo Castro Pérez el 10 de abril de 1977, la sociedad Dalhom S.A. en Concordato canceló al actor el valor total del auxilio de cesantía y los intereses de la misma por el lapso comprendido entre 1-01-97 y el 10-04-97”.

A los anteriores yerros fácticos llegó el sentenciador por la errónea apreciación de la siguiente prueba:

Inspección judicial, en la cual se aportó el documento que obra a folio 328, y que se denomina relación de nómina correspondiente al señor Jacobo Castro entre los períodos comprendidos de enero de 1996 y junio de 1997.

Como prueba dejada de apreciar, y que según la censura, tiene incidencia en la decisión, denuncia el documento que obra a folio 250, denominado liquidación de prestaciones sociales, suscrito por el demandante, y debió apreciarse en relación con las órdenes de descuento sobre salarios suscrita por el demandante, que obran a folios 251 y 252.

En la demostración expone el recurrente que el sentenciador no hubiera incurrido en los errores de hecho puntualizados, si hubiera analizado correctamente el documento que denominado cuadro Nº 2, que corresponde al documento de folio 328, donde aparecen claramente determinados los ingresos del demandante durante 1997, los cuales sumados, tomado el tiempo trabajado en dicho año, y aplicado el procedimiento establecido en el artículo 99 numeral 4º de la Ley 50 de 1990, se aprecia que el valor de la cesantía que corresponde al actor es de $ 237.434,00 y los intereses por el mismo período entre el 1º de enero al 10 de abril de 1997, de $ 7.914,00, por lo que se equivocó totalmente el sentenciador.

Que si hubiera analizado correctamente el denominado cuadro Nº 2, no habría podido deducir de ninguna manera que la demandada, le adeudaba la suma de $ 206.977,38 como cesantía, porque “si se suman los ingresos por el auxilio de transporte y comisiones que se encuentran contenidos en el cuadro Nº 2, se determina el promedio salarial para las fechas que me he referido y si se aplica la fórmula contenida en el numeral 4º artículo 99 de la Ley 50 de 1990, el valor del auxilio de cesantía corresponde a la suma de $ 237.434, y no se explica de dónde aparece la suma de $ 206.977,38 a que se refiere el sentenciador de segunda instancia...”.

Manifiesta que el cuadro 2, apreciado erróneamente, tendría que ser analizado conjuntamente con los documentos de folios 250, 251 y 252, “para llegar e la libre formación del convencimiento señalada como criterio de fallo en el artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral”. El documento de folio 250 acredita que la suma a reconocer al demandante por cesantía asciende a $ 237.434, que corresponde a la aplicación matemática del promedio de salarios recibidos entre el 1º de enero al 10 de abril de 1997, y los documentos que reposan a folios 251 y 252, acreditan que el actor autorizó a Dalhom S.A. para descontar del monto de las prestaciones sociales y de los salarios, los saldos que existieran a su cargo por el anticipo de comisiones o préstamos otorgados, y como el demandante le adeudaba la suma de $ 575.564,00 por los anticipos de comisiones y préstamos recibidos, se le descontó de la cesantía, intereses y de las comisiones causadas en abril de 1977, por lo que recibió $ 22.310,00, sin que signifique que no se le hubiera reconocido y pagado como cesantía $ 237.434,00. Si el tribunal no hubiera apreciado erróneamente el documento de folio 323 y hubiera apreciado los documentos de folios 250, 251 y 252, habría encontrado que la demandada reconoció el valor de la cesantía liquidado en legal forma, y que descontó del auxilio de cesantía, intereses y de las comisiones devengadas en abril de 1997, el saldo que adeudaba el demandante por préstamos y anticipos de comisiones, descuento autorizado, tal como obra a folios 251 y 252.

Consideraciones de la Corte

No le asiste razón al replicante en cuanto estima que el ataque ha debido proponerse por la vía directa, porque el fundamento de la resolución del tribunal fue eminentemente fáctico, pues como lo explicó en su proveído, apreció la comunicación del demandante mediante la cual se acogió al régimen de cesantía de la Ley 50 de 1990, los comprobantes de pago al fondo de cesantía Colpatria, la liquidación de prestaciones sociales en la cual la demandada tuvo en cuenta un salario base de liquidación de prestaciones sociales de $ 854.036 y los documentos de folios 327 a 329 donde constan los pagos realizados por la demandada al actor por concepto de comisiones. A su turno, el cuestionamiento del recurrente se endereza en esencia a criticar la valoración probatoria del ad quem y enlista los errores fácticos que se produjeron como consecuencia de ello. Siendo cuestión de facto soporte del folio y acusación, propios de la vía indirecta, está técnicamente bien dirigido el cargo.

Sostiene la censura que la demandada liquidó en debida forma la cesantía con base en los ingresos del actor, por el período comprendido entre el 1º de enero y el 10 de abril de 1997, que aparecen en el documento de folio 328.

Según el documento aludido, el actor percibió en 1997 las siguientes sumas por concepto de comisiones y auxilio de transporte: en enero $ 201.430, en febrero $ 12.675 y en marzo $ 1.550.186, montos que ascienden a $ 1.764.291. Adicionalmente en el documento de folio 250, se consignó por comisiones devengadas en abril de ese año $ 140.307, para un total percibido en 1997 de $ 1.904.598, lo que daría un promedio mensual de $ 571.379,40, muy inferior al tenido en cuenta por la demandada que fue de $ 854.764.

Siguiendo lo expuesto no hay deuda alguna por cesantía correspondiente al año de 1997 por cuanto el demandante recibió por tal concepto $ 237.434, superior a lo que le correspondía si se hubiese liquidado esa fracción de 100 días conforme al salario base de $ 571.379, que se desprende ostensiblemente de documento de folio 328, habida cuenta de los pagos realizados por comisiones y auxilio de transporte en el último lapso de servicios computables para el actor, ya que no se discute que se hallaba en el régimen de cesantía contemplado en la Ley 50 de 1990 porque el tribunal así lo dio por sentado.

SI bien apreció el sentenciador correctamente la documental de folio 250 en tanto dedujo de ella los valores tenidos en cuenta por la demandada para la liquidación de prestaciones sociales, dado el indiscutible contenido literal de los guarismos consignados en el folio 328, aparece acreditado claramente el desatino fáctico del tribunal, consistente en no haber tenido en cuenta los guarismos que aparecen de bulto en tal probanza, lo que lo condujo a revocar el acertado fallo del juzgado que había absuelto a la demandada de todas las pretensiones del actor.

Como no hay deuda por cesantía, que fue lo que motivó la condena a indemnización moratoria, es aún más improcedente la condena impuesta por este concepto.

Por cuanto el primer cargo prospera, no es menester el estudio del segundo que perseguía parcialmente el mismo objetivo.

Como consideraciones de instancia basta lo dicho en casación.

Sin ninguna incidencia en la decisión, aprovecha la Corte para precisar por vía de doctrina que el régimen de cesantía regulado por la Ley 50 de 1990 impone a los empleadores la obligación de efectuar el 31 de diciembre de cada año una liquidación “definitiva” de la cesantía causada a favor de los trabajadores sometidos a dicha normativa; por el período comprendido entre el primero de enero y el 31 de diciembre del año respectivo, o por la fracción de año correspondiente, con el deber complementario de consignar dichas acreencias antes del 15 de febrero del año siguiente en el fondo de cesantía a que se halle afiliado el trabajador. De suerte que en cada anualidad o en la fracción de año respectiva, se consolida un derecho a favor del prestador del servicio y es corolario de lo dicho que el empresario que proceda conforme a derecho queda liberado del pago de cesantía por ese período una vez haga el depósito, lo que impide que para liquidaciones siguientes se vuelvan a colacionar fracciones de año del lapso anterior legalmente ya definido.

Como legalmente es deber del empleador a la terminación del contrato, cancelar directamente al trabajador los “saldos de cesantía” pertinentes que no hayan sido entregados al fondo (L. 50/90, art. 99), esto es, el correspondiente al tiempo postrero comprendido entre el primero de enero del último año de servicios y la fecha de extinción del vínculo, es lógico que para tal fin, cuando de salarios variables se trata, se tenga en cuenta el promedio de lo devengado por el trabajador en esa última fracción de año y no los 365 días del último año de servicios porque se incurriría en la incongruencia de contabilizar doblemente para el mismo efecto el tiempo laborado y afectar períodos jurídicamente ya consolidados, lo que pugna con los fundamentos y propósitos del nuevo régimen de cesantía, además de que en la mayoría de los casos dicha forma de liquidación devendría desfavorable a los trabajadores, pues es verdad averiguada que, salvo, casos excepcionales, los salarios aumentan progresivamente, especialmente cuando se trata de la remuneración mínima.

No hay lugar a costas en el recurso extraordinario.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de fecha veintisiete (27) de abril de dos mil uno (2001), proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el juicio promovido por Jacobo Castro Pérez contra la recurrente Dalhom S.A. en concordato en cuanto al revocar el del a quo condenó a la demandada por cesantía, intereses sobre la misma e indemnización moratoria. En sede de instancia, confirma el fallo de primer grado.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, insértese en la Gaceta Judicial y devuélvase el expediente al tribunal.

Magistrados: José Roberto Herrera Vergara—Francisco Escobar Henríquez—Carlos Isaac Náder—Luis Gonzalo Toro Correa—Germán G. Valdés Sánchez—Isaura Vargas Díaz—Fernando Vásquez Botero.

Jesús Antonio Pastás Perugache, Secretario General.

Resumen:

Recurrente: Dalhom S.A. en Concordato

Demandante: Jacobo Castro Pérez

El demandante pretende el pago de parte de la cesantía e intereses no cancelados, bonificaciones, salarios, indemnizaciones por despido y moratoria, intereses, pagos al ISS, entre otros.

El juzgado absolvió. Apeló la parte demandante.

El tribunal revocó parcialmente y condenó a pagar excedente de cesantía, intereses sobre la cesantía, e indemnización moratoria.

Recurre en casación la sociedad. Formula dos cargos por vía indirecta.

Acusa en los dos, de errónea apreciación documento de folio 328 incorporado en la inspección judicial y de no apreciado el de folio 250, corresponde a liquidación de prestaciones sociales por la fracción de año laborado en 1977. Y no apreciados documentos folios 251 y 252.

No prosperan los cargos porque no demuestra los errores denunciados.

Comentarios privados

1. Plantea la demandada que la liquidación por la fracción del último año la efectuó de manera correcta, con base en lo percibido por el trabajador del 1º de enero al 10 de abril de 1977, aplicando la regla establecida en el numeral 4 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Se trata de salario variable, comisiones. Estimó que se debe tomar el promedio de lo percibido en el último año de servicios, y no el promedio de lo percibido en la fracción de año que laboró cuando terminó el contrato de trabajo. Entonces equivocado el argumento para demostrar los yerros fácticos. Tampoco efectuadas las operaciones aritméticas como lo dice el recurrente, coincide con la liquidación que efectuó la demandada.

2. No se ha podido establecer de donde el tribunal llegó a la conclusión que el salario diario promedio era de $ 53.329,3, que correspondería un promedio mensual de $ 1.599.879 que aproximando fracciones de 3, puede llegar a $ 1.599.880. Lo que “si se puede establecer” es que con la suma anterior el tribunal “probablemente” calculó la cesantía y le restó el monto pagado por la demandada y así obtuvo el excedente a que condenó, pero se pierden centavos que terminan en unos poquitos pesos, por eso no hice mención de estas cuentas en el proyecto.

Auxilio de cesantía

ART. 98.—El auxilio de cesantía estará sometido a los siguientes regímenes:

1. El régimen tradicional del Código Sustantivo del Trabajo, contenido en el capítulo VII, título VIII, parte primera y demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen, el cual continuará rigiendo los contratos de trabajo celebrados con anterioridad a la vigencia de esta ley.

2. El régimen especial que por esta ley se crea, que se aplicará obligatoriamente a los contratos de trabajo celebrados a partir de su vigencia.

PAR.—Los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo celebrados con anterioridad a la vigencia de esta ley, podrán acogerse al régimen especial señalado en el numeral segundo del presente artículo, para lo cual es suficiente la comunicación escrita, en la cual señale la fecha a partir de la cual se acoge.

ART. 99.—El nuevo régimen especial del auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:

1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.

3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo.

4. Si al término de la relación laboral existieron saldos de cesantía a favor del trabajador que no hayan sido entregados al fondo, el empleador se los pagará directamente con los intereses legales respectivos.

5. Todo trabajador podrá trasladar su saldo de un fondo de cesantía a otro de la misma naturaleza. El gobierno fijará el procedimiento que deba seguirse para el efecto.

6. Los fondos de cesantía serán administrados por las sociedades cuya creación se autoriza, y cuyas características serán precisadas en los decretos que dicte el Gobierno Nacional, en orden a:

a) Garantizar una pluralidad de alternativas institucionales para los trabajadores, en todo el territorio nacional;

b) Garantizar que la mayor parte de los recursos captados pueda orientarse hacia el financiamiento de actividades productivas.

7. Todos los aspectos que no se modifiquen específicamente por esta ley, continuarán regulados por las normas vigentes del régimen tradicional relativas al auxilio de cesantía.

PAR.—En el evento que los empleadores deban efectuar la liquidación y consignación de la cesantía a que se refiere este artículo y no existan suficientes sociedades administradoras de fondos de cesantía autorizadas para funcionar, el Gobierno Nacional podrá transitoriamente autorizar a otras entidades u ordenar a las instituciones financieras con participación estatal mayoritaria para que cumplan las funciones de sociedades administradoras de fondos de cesantía.

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