Sentencia 1708 de octubre 9 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

ACCIÓN PÚBLICA DE NULIDAD ELECTORAL

SU TITULAR ES EL CIUDADANO

EXTRACTOS: «Los municipios como personas jurídicas de derecho público no están legitimadas para ejercer la acción pública de nulidad de carácter electoral, y ello hace que en este caso se carezca de uno de los presupuestos procesales de la acción, porque es un municipio el que la ejercita por conducto de apoderado.

Bien es cierto que el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, faculta a “toda persona” para solicitar por sí, o por medio de representante que se declare la nulidad de los actos administrativos, comprendiendo el enunciado a todo el que por virtud de la ley tenga tal calificación, pero también lo es que en materia electoral esa facultad por voluntad del constituyente está restringida a los “ciudadanos” pues sólo a éstos otorga la titularidad de la acción en ejercicio de los derechos políticos consagrados en el artículo 40 de la Carta.

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La materia relacionada con los derechos políticos y su titularidad, ya fue examinada por la honorable Corte Constitucional, inicialmente en la sentencia del 14 de enero de 1993 y posteriormente en la sentencia C-131 del 1º de abril del mismo año, ambas sobre demandas de inconstitucionalidad de algunas normas del Decreto 2067 de 1991, entre otras, el inciso final del artículo 2º que permitía su ejercicio por las personas jurídicas, disposición declarada inexequible previa precisión que hizo la Corte del alcance del principio consagrado en el artículo 40 de la Carta, en el sentido de que sólo son titulares de los derechos políticos las personas naturales nacionales que gozan de ciudadanía, concepto que como claramente se aprecia, se enmarca en tres elementos esenciales que definen esa titularidad.

1. Las personas naturales. Porque sólo éstas pueden realizar la prestación cuyo objeto, se debe cumplir en ejercicio de los derechos políticos en lo referente al origen y funcionamiento del poder público.

2. Los nacionales. Porque por razones de soberanía es necesario limitar el ejercicio de los derechos políticos a quienes ostentan tal condición. Se fundamenta en el artículo 9º de la Carta.

3. Los ciudadanos, que son aquellos nacionales mayores de 18 años, de conformidad con el parágrafo del artículo 98 de la Constitución, con las salvedades de ley.

“La ciudadanía es el nexo que une al Estado con un nacional para efectos de concederle derechos y obligaciones políticas, siempre que la persona reúna los requisitos de ley”.

La alta corporación haciendo una clara distinción de los dos tipos de personas que consagran nuestra legislación civil, es concluyente en determinar que por la naturaleza misma de los derechos políticos, éstos únicamente pueden ser ejercidos por las personas naturales, concepción jurisprudencial que si bien surge del examen relacionado con acciones públicas de inconstitucionalidad, es aplicable a las de nulidad de carácter electoral por existir las mismas razones jurídicas.

Evidentemente, interponer la acción pública de nulidad electoral en vía a establecer el orden jurídico supuestamente quebrantado, es propósito que obra en defensa de la Constitución y de la ley, y particularmente en procura de la legitimidad de la investidura de quienes acceden a las funciones públicas, por tanto, esa acción está prescrita como derecho político en el numeral 6 del artículo 40 de la Carta siendo su único titular el ciudadano, así lo establece la regla de la misma disposición al permitirle a aquél, realizar el principio fundamental de participación consagrado en el preámbulo y los artículos 1º, 2º y 3º de la Constitución Nacional, para la conformación, ejercicio y control del poder político.

Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley, es un derecho que según la Corte Constitucional tiene las siguientes características: “El titular del derecho es el ciudadano y no toda persona. En otras palabras, se excluye de este derecho a las personas jurídicas y a las personas naturales que no son ciudadanas: extranjeros, menores de 18 años, los condenados a penas privativas de la libertad que aparejan como pena accesoria la supresión de los derechos políticos”.

Es nota esencial, entonces de la acción pública de nulidad electoral, su titularidad para los ciudadanos, por tratarse de ejercicio del control político».

(Sentencia de octubre 9 de 1997. Expediente 1708. Consejero Ponente: Dr. Luis Eduardo Jaramillo Mejía).

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