Sentencia 17115 de abril 23 de 2002

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACION LABORAL

Rad.: 17115

Acta Nº 13

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gonzalo Toro Correa

Bogotá, D. C., veintitrés de abril de dos mil dos.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de NOEMI UPEGUI DE MORALES, LUZ MARLEN, MARTHA YOMAIRA, HOLMAN FERNANDO, LUIS ALEJANDRO, CARLOS ARTURO y SONIA NOEMI MORALES UPEGUI contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, el 16 de mayo de 2001, en el juicio que le sigue a las sociedades HARINERA DEL VALLE S.A. e INDUSTRIA HARINERA S.A. en liquidación.

Antecedentes

NOEMI UPEGUI DE MORALES, LUZ MARLEN, MARTHA YOMAIRA, HOLMAN FERNANDO, LUIS ALEJANDRO, CARLOS ARTURO y SONIA NOEMI MORALES UPEGUI, herederos de LUIS ALEJANDRO MORALES, llamaron a juicio ordinario laboral a las sociedades HARINERA DEL VALLE S.A. e INDUSTRIA HARINERA S.A., para que se declarara que entre las demandadas y el señor LUIS ALEJANDRO MORALES existió un contrato de trabajo que terminó por muerte del trabajador; que se condene, a favor de la sucesión ilíquida del causante, al pago del auxilio de cesantía y sus intereses, intereses moratorios, compensación de vacaciones, primas extralegales de junio y diciembre, indemnización moratoria, diferencia pensional por el reconocimiento de la plena y la restringida reconocida por el ISS; a la indemnización total y ordinaria de perjuicios por muerte del trabajador; al seguro de vida y a las costas del proceso.

En sustento de sus pretensiones afirman que el causante Luis Alejandro Morales Torres se vinculó a las demandadas mediante contrato de trabajo a término indefinido el 15 de diciembre de 1968; que desempeñó el oficio de jefe de producción o molinero, en la ciudad de San Juan de Pasto, el cual cumplió hasta el 9 de octubre de 1998, fecha de su muerte; que además de las prestaciones legales las demandadas le pagaban una prima extralegal en los meses de junio y diciembre de cada año, equivalente al valor de un salario mensual, computable como factor salarial; que el 27 de junio de 1986 le fue reconocida, por presión del empleador, la pensión restringida por vejez, por parte del ISS y con retroactividad al 17 de octubre de 1985, continuando vigente y sin interrupción el contrato de trabajo; que sufrió quebrantos de salud a causa de las actividades desarrolladas en el Molino, que posteriormente le causaron la muerte por culpa del empleador; que en las demandadas no existe Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, como tampoco las mínimas condiciones de seguridad para sus trabajadores; que con la muerte del esposo y padre se han generado grandes perjuicios de índole económica y moral; que el causante jamás acepto el cambio de régimen a la Ley 50 de 1990 para el pago de cesantía; que jamás disfrutó de vacaciones y tampoco le fueron compensadas en dinero; que hasta la fecha no les han cancelado en forma debida las prestaciones sociales ni los gastos funerarios; que las condenas económicas sean indexadas.

Las demandadas no dieron respuesta a la demanda, más en la primera audiencia de trámite se pronunciaron sobre la reforma de ésta, así: Que el trabajador causante laboró para LA INDUSTRIA HARINERA S.A. desde el 15 de diciembre de 1968 hasta el 30 de agosto de 1985, fecha en la cual se le liquidó, pagándole sus prestaciones sociales; posteriormente, luego de seis años, fue contratado nuevamente (1º de julio de 1991) hasta el 9 de octubre de 1998 en que falleció; que la labor desempeñada fue la de técnico molinero y aduce que le pagó bonificaciones por mera liberalidad; que no lo presionó para que aceptara la pensión de vejez; que las labores desarrolladas por el causante no están calificadas como peligrosas, y que su fallecimiento no se debió a responsabilidad de las empleadoras; que poseen los reglamentos de higiene y seguridad industrial debidamente aprobados y visibles a los trabajadores; que el trabajador no manifestó su inconformidad con el régimen de cesantía de la Ley 50 de 1990; que se le concedieron los períodos vacacionales y se cancelaron todas sus prestaciones sociales; que el auxilio funerario y el seguro de vida debe pagarlos al ISS. En su defensa propuso las excepciones de prescripción, pago, carencia de derecho para demandar, falta de causa, y las innominadas.

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pasto, mediante sentencia del 2 de marzo de 2001 (fls. 491 a 520, C. Ppal.), absolvió a las demandadas de todas las pretensiones formuladas en la demanda; impuso costas a la parte demandante.

La sentencia del tribunal

Apeló la parte demandante, y el Tribunal de Pasto, por fallo del 16 de mayo de 2001 (fls. 18 a 35, C. Tribunal), confirmó el del a quo; impuso costas a los actores en el 30%.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el ad quem consideró, sobre la relación contractual laboral, al analizar medios probatorios allegados al proceso, especialmente el documento de folio 110 del expediente, contentivo de la liquidación final de prestaciones sociales, que el contrato de trabajo se inició el 15 de diciembre de 1968 y finalizó el 30 de agosto de 1985 por renuncia presentada al haberle reconocido el ISS la pensión de vejez, tal y como lo consignó en su comunicación de junio 5 de 1985 (fl. 9, C. accesorio No. 2). Que “no existe medio probatorio alguno que demuestre que el señor LUIS ALEJANDRO MORALES TORRES haya seguido prestando sus servicios a la entidad demandada y así lo declara la testigo MARIA ESTHER FANNY VILLOTA VELA (f. 276), cuando expresa que el citado laborante ‘se retiró del molino un tiempo, unos cinco o seis años’. Y, la declarante IRENE RODRIGUEZ VINUEZA (f.180), expresa en su versión juramentada que ‘que en el año de 1991 él fue vinculado nuevamente a… INDUSTRIA HARINERA’” (fl. 25, C. Tribunal). Que tales testimoniantes le merecen credibilidad por cuanto fueron compañeros de trabajo del causante, lo cual los coloca en situación inmejorable de percibir en forma directa y personal los hechos objeto de su narración.

Adujo que, sólo, a partir del 18 de junio de 1989 comenzó de nuevo el causante a prestar servicios a las demandadas como asesor en la compra de trigo, no por contrato de trabajo sino como contratista independiente, servicios que se prestó en forma esporádica y para la realización de determinada obra, según se desprende de los folios 34, 37 y 48, del cuaderno “Contratista Independiente.” Que a partir del 15 de enero de 1990 y hasta el 15 de julio del mismo año se le cancelaron determinadas sumas de dinero por servicios prestados a la empresa (fls. 36 y 26, C. “Contratista Independiente”), deduciendo que los servicios prestados lo fueron en forma continua, dependiente y remunerados, presunción que no fue desvirtuada por los empleadores. Que entre el mes de noviembre de 1990 y el 30 de julio de 1991 aparecen otras cancelaciones por concepto de honorarios profesionales, ignorándose la clase de servicios remunerados y si lo fueron subordinados o independientes, continuos o discontinuos, y que ante la falencia probatoria se deduce” que lo pagado fue por concepto de honorarios profesionales.

Que en el cuaderno denominado “Segundo Contrato”, de folios 27 a 30 “obra el contrato de trabajo suscrito entre LUIS ALEJANDRO MORALES TORRES y la INDUSTRIA HARINERA S.A., señalándose como fecha de iniciación de labores el 1º de julio de 1991 para desempeñarse como TECNICO MOLINERO, documental no redarguida de falsa en la oportunidad pertinente y por ende surte los efectos probatorios para los cuales fue aportada al proceso, nexo contractual laboral que terminó por fallecimiento del trabajador, acaecido el 9 de octubre de 1998.

“La prueba testimonial es coincidente con lo que se desprende de la documental enunciada, pues los dichos de los testigos MARIA ESTHER FANNY VILLOTA VELA e IRENE RODRIGUEZ VILLOTA –sic- (fs. 276 y 281 respectivamente), señalan en forma categórica que la nueva vinculación laboral se inició el 1º de julio de 1991, quienes por conocimiento directo declaran sobre este aspecto, no así el testigo EFREN TORRES RENGIFO, quien señala que ‘él siempre nos informó’, esto es, que el conocimiento de los hechos que relata lo obtuvo por información del trabajador MORALES TORRES, circunstancia que le resta credibilidad a su versión porque ‘está desprovista de cualquier valor demostrativo, con mayor razón –ha dicho la H. Corte Suprema de Justicia- el testimonio del que afirma un hecho por haberlo oído a la parte misma o a sus causabientes, (sic) en cuanto esa afirmación le sea favorable a éstas.’ (Sentencia febrero 12/80).

“Por su parte, el testigo CARLOS HERNANDO BRAVO ORTEGA (F. 370), da cuenta de hechos que observó cuando se desempeñaba como Gerente de la empresa demandada, pero sobre los hechos posteriores a su desvinculación manifiesta: ‘supongo que siguió trabajando’, suposición que obviamente no forma el convencimiento del juzgador por tratarse de una mera conjetura del declarante.” (fls. 27 y 28, C. Tribunal).

Respecto a la pretensión de indemnización plena y ordinaria, manifiesta el Tribunal que “la actividad probatoria debe estar encaminada a demostrar que el hecho dañoso de la salud e integridad personal del trabajador fue por culpa imputable al empleador, quien no observó ‘aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios’, según la definición de la culpa leve que hace la normatividad sustantiva civil” (fl. 30, C. Tribunal). Que en el caso a estudio la actividad probatoria de los demandantes fue dirigida a demostrar que el bromuro de potasio es ‘mutágeno y cancerígeno’, olvidando que lo que debía demostrar era la culpa comprobada del patrono, finalidad que no cumplió. Que, además, la conclusión de la perito médica forense (fl. 388) descarta la relación directa de la patología con el trabajo como técnico molinero del causante. Que según se infiere del dictamen pericial, “no existe relación de causa efecto del trabajo realizado por MORALES TORRES con las enfermedades padecidas y menos que exista medio demostrativo alguno del que pueda establecerse que tales enfermedades fueron sufridas por culpa imputable al empleador, pues éste suministró al trabajador para la ejecución de sus actividades los elementos preventivos necesarios para evitar las consecuencias derivadas de la exposición a los elementos químicos que manipulaba y la empresa esperaba que su trabajador observe la diligencia y cuidado necesarios en el cumplimiento de sus funciones observando el reglamento de higiene que existía en la empresa, puesto que el empleador muchas veces se encuentra en imposibilidad de indicarle y vigilarlo en forma directa, siendo imprescindible la utilización de los tapabocas, tapaoídos, guantes, camisas, delantales y cascos que se suministraba y, por ende confía en la prudencia y sano juicio de sus subalternos en la utilización racional de tales elementos y en la observancia de las reglas que para el efecto existan. (fl., 31, C. Tribunal).

El recurso extraordinario

Fue interpuesto por la parte demandante y concedido por el Tribunal. Admitido por la Corte se procede a resolver.

Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que se case totalmente la sentencia recurrida y que en sede de instancia “la reemplace por una decisión del siguiente contenido:

“‘Revócase la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pasto el dos (2) de marzo de dos mil uno (2001), y en su lugar se dispone:

“1.- Declarar que entre LUIS ALEJANDRO MORALES, en su condición de trabajador, y la sociedad ‘LA INDUSTRIA HARINERA S.A.’ , en su condición de empleadora, se celebró un contrato de trabajo a término indefinido desde el 1º de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco (1985), que fuera sustituido por la sociedad ‘HARINERA DEL VALLE S.A.’ el 1º de enero de 1996, relación que se extendiera hasta el 9 de octubre de 1998, que terminara por la muerte del trabajador.

“2.- Condenar a la sociedad “HARINERA DEL VALLE S.A.”, a pagar a favor de la sucesión ilíquida del Causante Señor LUIS ALEJANDRO MORALES, representada por sus herederos y la cónyuge supérstite, las siguientes sumas de dinero:

“2.1 La suma DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 70/100 MCTE. ($10.927.361.70) como auxilio de cesantía;

“2.2 La suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 50/100 –sic-MCTE. ($983.462.50) correspondientes al pago de intereses a la cesantía (9 meses);

“2.3 La suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON 50/100 –sic- MCTE ($983.462.50), o sea un valor igual a la referida en el numeral anterior, a título de indemnización, de conformidad con lo preceptuado por el numeral 3º del artículo 1º de la ley 52 de 1975;

“2.4 La suma de VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS UN PESOS CON 80/100 MCTE ($26.901.80) diarios, desde el 9 de octubre de 1998 hasta la fecha en que “HARINERA DEL VALLE S.A.” satisfaga in solidum la totalidad de las condenas, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 65 del C.S. del T.

“3. Condenar a la sociedad “HARINERA DEL VALLE S.A.” a pagar la indemnización total y ordinaria de perjuicios derivadas –sic- de la muerte del trabajador, acaecida por su causa, así:

“3.1 A favor de la cónyuge supérstite Señora Noemí de Morales el valor de los perjuicios a ella causados derivados del daño provocado con la muerte del trabajador en la especie de daño inmaterial (Daño moral), perjuicios que se calculan en dos mil (2000) gramos de oro fino.

“3.2 A favor de cada uno de los hijos, Señores Luz Marlen Morales de Canal, Martha Yomaira Morales Upegui, Holman Fernando Morales Upegui, Luis Alejandro Morales Upegui, Carlos Arturo Morales Upegui y Sonia Nohemi Morales Upegui, el valor de los perjuicios causados por el daño moral sufrido por la muerte del Trabajador, y que se calculan en dos mil (2000) gramos de oro fino para cada uno.

“4. Condenar a la demandada “HARINERA DEL VALLE S.A.” a pagar a favor de los demandantes, las costas del proceso.” (fls. 16 a 19, C. Corte).

Con tal propósito formula tres cargos que fueron replicados y que en seguida se estudian.

Primer cargo

Acusa la sentencia de violar en forma indirecta los artículos 2, 25, 53 y 228 de la Constitución Nacional, 9, 14, 23, 24, 55, 59, 61, 65, 67, 68, 69, 193, 249, y 253 del Código Sustantivo del Trabajo, y 1º de la ley 52 de 1975.

“El error de hecho radica en dar por demostrado, en contravía de la abundante prueba, que la segunda relación subordinada habida entre el causante Sr. LUIS ALEJANDRO MORALES y ‘LA INDUSTRIA HARINERA S.A.’ comenzó el primero (1º) de julio de 1991. Conclusión que impidiera entrar a liquidar la cesantía y sus intereses teniendo en cuenta el tiempo realmente laborado; así como aplicar indebidamente la ley 50 de 1990, toda vez que la liquidación de tales prestaciones se ubican en el sistema tradicional del artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo.

“Las pruebas erróneamente apreciadas son:

“a) De la prueba documental:

“1.- Documento obrante a folio ‘303-B’ del cuaderno principal que contiene Oficio del 5 de noviembre de 1986 No. G-11.251-86 remitido al Señor Luis A. Morales de parte del gerente de La Industria Harinera S.A.

“2.- Oficio G-11.996-87 del 9 de julio de 1987, dirigido por el Gerente de La Industria Harinera S.A. al Señor Fernando Plazas, que obra a folio 307 del cuaderno principal.

“3.- Documento que obra a folio 308 del cuaderno principal, dirigido al Señor Luis A. Morales –memo norma- por el Señor Raúl Amador Borja, con fecha del 25 de noviembre de 1986.

“4.- Documento consistente en tres folios (309 a 311 del cuaderno principal), rubricado el 24 de noviembre de 1986, dirigido al gerente de la Industria Harinera S.A. por el Señor Raúl Amador Borja.

“5.- La prueba documental agregada al proceso en la Segunda Audiencia de Trámite por la Juez de conocimiento, la que obra en el cuaderno compuesta por 48 folios, la que se encuentra identificada como ‘Sr. Luis Alejandro Morales Torres –Documentos- Contratista Independiente- Mayo 1-1980- Junio 30- 1991’.

“b) De La Confesión Judicial:

“Medio probatorio compendiado en actuación judicial que obra a los folios 393 a 444 del cuaderno principal.” (fls. 19 a 22, C. Corte).

En la demostración afirma el recurrente que si el Tribunal hubiera leído el recurso, las pruebas documentales arrimadas al proceso hubieran sido materia de examen, pero las razones allí aducidas fueron ignoradas por el ad quem. Que en el aludido memorial de sustentación del recurso se plantea que en consecuencia “nuestra atención se dirigirá, en consonancia con lo referido en la sentencia que se ataca, a examinar el momento que marca el inicio del segundo período subordinado, en donde la posición de las partes resulta opuesto y la conclusión vertida en la sentencia, en este aspecto, es definitivamente errada” (fls. 23 y 24, C. Corte).

Que el Tribunal naufraga cuando refiere, por ser contraevidente respecto a la pruebas aludidas que, “‘A partir de la data de finalización del nexo contractual laboral no existe medio probatorio alguno que demuestre que el señor LUIS ALEJANDRO MORALES TORRES haya seguido prestando sus servicios a la entidad demandada y así lo declara la testigo MARIA ESTHER FANNY VILLOTA VELA (f. 276), cuando expresa que el citado laborante ‘se retiró del molino un tiempo, unos cinco o seis años’. Y, la declarante IRENE RODRIGUEZ VINUEZA (f.280), expresa en su versión juramentada que ‘en el año de 1991 él fue vinculado nuevamente a… INDUSTRIA HARINERA.’

“Desatendiendo la presunción establecida por el artículo 24 del C.S. del T., en la sentencia se aduce, erradamente, que del Cuaderno denominado ‘CONTRATISTA INDEPENDIENTE’ (hoja No 9 de la sentencia) se infiere que en el inter-reino –sic- comprendido entre el 30 de agosto de 1985 y el 1 de julio de 1991 el Causante prestó servicios de manera intermitente o discontinua; en contravía con lo que muestra dicha documental, en la que se aprecia que el Señor MORALES TORRES colmaba todos los requerimientos de la empresa, hasta el punto de reemplazar al personal a su servicio, como sucediera con el Señor Jorge Dorado, amén de prestar sus servicios como molinero, situación que desborda la franja del contrato ocasional o transitorio.” (fls. 25 y 26, C. Corte).

Que a folio 42 del cuaderno aludido se observa que el causante recibió de la demandada la suma de $372.000.oo por compra de trigo y reemplazo del señor Jorge Dorado, el 26 de diciembre de 1989, lo que forzosamente lleva a concluir que la relación subordinada es anterior al 1 de julio de 1991; que a folios 1, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16 y 17, del mismo cuaderno, obra documental que se refiere a que el causante desempeñaba el oficio de molinero desde finales de 1990, prestación de servicios que, contrario a lo afirmado en la sentencia, es continua y subordinada.

Que si bien el primer contrato terminó el 30 de agosto de 1985, hay evidencia suficiente en el proceso de que el segundo empezó de manera inmediata, el 1º de septiembre del mismo año, como se desprende del documento de folio 303B, reforzado por los de los folios 307 y 308 del cuaderno principal; que la “superficialidad con que se desató el recurso de apelación impidió que el análisis de todas las probanzas se diera de manera coherente, sistemática y armoniosa. Es por eso que Esa Superioridad al examinar las piezas referenciadas, necesariamente, deberá afrontar el análisis de la prueba testimonial, toda vez que en esta tarea también sucumbe el Tribunal, al conceder, a pesar de las evidentes contradicciones y la tacha formulada, credibilidad a las Testigos MARIA ESTEHER FANNY VILLA VELA e IRENE RODRIGUEZ VINUEZA, sin atender la fase medular de los testimonios de los Señores EFREN TORRES (fs. 273 y 274 del cuaderno principal) y HERNANDO BRAVO ORTEGA (fs. 367 a 371 del cuaderno principal).” (fls. 29 y 30, C. Corte).

La réplica

Dice el opositor que el análisis probatorio del Tribunal debe respetarse, ya que el fallador goza de libertad para analizar las pruebas, salvo cuando es evidente o protuberante el error, lo cual no demostró el recurrente.

Se considera

La jurisprudencia ha precisado que cuando se endereza la acusación por la vía indirecta, la violación de las normas sustanciales se produce por aplicación indebida, pero el cargo no queda descalificado por no haberse denunciado en ese sentido, ya que así ha de estimársele en la medida en que se atribuyeron errores de hecho.

En el fondo del cargo, debe decirse que el Tribunal estableció que hubo una inicial relación laboral entre la demandada y el fallecido LUIS ALEJANDRO MORALES, que comprendió del 15 de diciembre de 1968 al 30 de agosto de 1985, para lo cual tuvo en cuenta el documento que contiene la liquidación de prestaciones sociales de dicho contrato, la resolución del Instituto de Seguros Sociales 03681 del 27 de junio de 1986 a través de la cual este Instituto le reconoció al mencionado señor la pensión de vejez y la renuncia que presentó a raíz de tal hecho. Luego, adujo que de acuerdo a los documentos arrimados al cuaderno denominado “CONTRATISTA INDEPENDIENTE”, el causante había prestado servicios en junio de 1989 en la asesoría de la compra de trigo durante los días domingo y “los meses de junio, julio, agosto y septiembre de este año (f. 34); por reemplazo del molinero titular de octubre 2 a noviembre 4 de 1989; por arreglo de colectores del 7 al 17 de noviembre de la anualidad citada y en el mes de diciembre de 1989, por servicios prestados a la empresa como Asesor Técnico (f. 37)”, pero consideró que tales vinculaciones no fueron continuas, sino esporádicas y para la realización de determinada obra; que del 15 de enero de 1990 al 15 de julio del mismo año (fls. 36 y 26) le pagaron dineros por servicios prestados a la empresa, infiriendo que fueron continuos, dependientes y remunerados; que a partir del mes de noviembre de 1990 y hasta el 30 de junio de 1991 le cancelaron dineros por honorarios profesionales (fs. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 y 249) y que en el cuaderno de documentos denominado “SEGUNDO CONTRATO” aparece el contrato de trabajo suscrito entre MORALES y la INDUSTRIA HARINERA S.A. con iniciación el 1º de julio de 1991, el cual terminó por fallecimiento de aquel el 9 de octubre de 1998. Que la testimonial ofrecida por MARIA ESTHER FANNY VILLOTA VELA e IRENE RODRÍGUEZ es coincidente en afirmar que la nueva vinculación empezó el 1º de julio de 1991.

La censura alega que el desacierto del fallador de alzada se presenta al afirmar que entre el 30 de agosto de 1985 y el 1º de julio de 1991, “el causante prestó servicios de manera intermitente o discontinua”, ya que en el cuaderno referenciado como CONTRATISTA INDEPENDIENTE, aparece documento según el cual a aquel “se le canceló la suma de $372.000.oo por compra de trigo y reemplazo del señor JORGE DORADO, el 26 de diciembre de 1989”. Respecto de este documento, precisa decirse que el Tribunal no lo tuvo en cuenta, por lo que mal pudo apreciarlo equivocadamente como se señala al inicio del cargo; con todo, su valoración no hubiera conducido a la demostración de un hecho diferente al concluido por el Tribunal, puesto que si bien allí aparece la constancia de pago por concepto “COMPRA TRIGO NAL Y REEMPLAZO SR JORGE DORADO”, de ninguna manera la documental podría indicar la existencia de un contrato de trabajo, además porque el raciocinio efectuado por el ad quem al revisar los documentos agregados en el mencionado cuaderno, folios 1, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16 y 17 y criticados por el censor, no constituye un desacierto, ya que aunque en algunos de ellos aparece que los servicios que prestó MORALES fueron como molinero, ello no quiere decir que fueran bajo relación subordinada, para de esta forma configurar un desatino manifiesto.

La parte recurrente acusó como erróneamente apreciados los documentos obrantes a folios 303 B, el oficio G11.966-87 del 9 de julio de 1987 y el obrante a folio 308; sin embargo, ellos no fueron objeto de estudio por parte del tribunal, razón que impide a la Sala entrar a analizarlos. De todas maneras si se estudiara tal documental no podría concluirse, como lo alega el cargo, que “Si bien el primer contrato terminó el 30 de agosto de 1985, existe evidencia suficiente de que el segundo comenzó de manera inmediata, esto es el primero (1) de septiembre de 1985”, ya que en el escrito que le dirigió el gerente de la empresa al actor el 5 de noviembre de 1986, le dice que le “agradecería que realizara un viaje a Barranquilla el día 9 de noviembre de 1986 para hacer una revisión general del molino”, para lo cual le remite el pasaje de ida y regreso, le indica donde debe alojarse, así como que “los gastos serán cancelados por el administrador de la sucursal”, y el documento de folio 308 guarda relación sobre el indicado viaje a dicha ciudad, pero sin que ello denote que la relación laboral terminada el 30 de agosto de 1985, se mantenía vigente a la fecha de la comunicación, pues ante la ausencia de salario, órdenes u otros hechos que demostraran subordinación, lo único que podría pensarse es que su intervención fue esporádica y en su carácter de asesor comercial o molinero. La misma observación cabe frente al escrito de folio 307, calendado el 9 de julio de 1987, pues lo que el contiene, y para destacarlo, es que le dan el calificativo de molinero de la empresa, lo cual, como ya se dijo, resulta intrascendente frente a lo que pretendía probar la parte impugnante, esto es, que hubo una sola relación de trabajo.

De suerte que como el censor con el análisis de la prueba calificada no logró demostrar ningún desacierto del Tribunal, la Corte se ve impedida para entrar a estudiar la testimonial denunciada, por no ser prueba apta de examen en casación, dada la restricción prevista por el artículo 7º de la Ley 16 de 1969 y porque, además, la censura no se ocupó de demostrar en qué consistió su equivocada apreciación por parte del ad quem.

Por tanto, el cargo no prospera.

Segundo cargo

Afirma que la “sentencia es violatoria, en forma indirecta, de la ley sustancial contenida en la siguiente preceptiva: artículos 2º, 25º, 53º y 228º de la Constitución Nacional, así como de los artículos 9º, 14º, 23º, 24º, 55º, 59º, 61º, 65º, 67º, 68º, 69º, 127, 193º, 249º y 253º del Código Sustantivo del Trabajo; y del artículo 1º de la ley 52 de 1975. Violación en que se incurriera por errores de hecho provenientes en –sic-la apreciación de todas las pruebas.

“El error de hecho radica en dar por demostrado, en contravía de la abundante prueba, que el salario del Señor LUIS ALEJANDRO MORALES ascendía a la suma de $807.074.oo, suma que constituía su asignación básica mensual, pero que no puede ser considerada como salario, pues la empleadora pagaba dos primas al año, iguales a una remuneración mensual cada una, pagos que se computan como factor salarial. De donde brota –efectuadas las operaciones aritméticas, que el salario del causante ascendía a la suma de $941.563.oo. Valor que no fue tenido en cuenta para la liquidación y pago de la cesantía y demás especies laborales, de donde brota la aplicación indebida de los artículos 65 y 249 del Código Sustantivo del Trabajo, y las demás normas que integran la proposición jurídica.

“Las pruebas erróneamente apreciadas son:

“a) De Los Documentos:

“1.- Documento obrante a folio 339 del cuaderno principal que contiene comprobante de pago No. 134, efectuado por HARINERA DEL VALLE S.A. por la suma de $1.202.8734.oo –sic- a favor del Señor LUIS ALEJANDRO MORALES, mediante el cual se le cancela su sueldo del mes de junio de 1998 por la suma de $807.054.oo; y la suma de $395.780.oo como ‘prima legal’.

“2.- Documento obrante a folio 340 del cuaderno principal que contiene comprobante de pago No 135, efectuado por HARINERA DEL VALLA S.A. por la suma de $1.291.286.oo a favor del Señor LUIS ALEJANDRO MORALES mediante el cual se le cancela su sueldo del mes de julio de 1998 por la suma de $807.054.oo; y la suma de $484.232.oo como remuneración denominada ‘MERA LIB. ADM. JULIO’.

“3.- Documento obrante a folio 146 del cuaderno principal que contiene comprobante de pago No 140, efectuado por HARINERA DEL VALLE S.A. por la suma de $1.016.880.oo a favor del Señor LUIS ALEJANDRO MORALES, mediante el cual se le cancela su sueldo del mes de junio por la suma de $807.054.oo; y la suma de $203.826.oo como ‘auxilio de defunción’, que recibiera la Señora Noemí de Morales.

“b) De La Confesión Judicial:

“Medio Probatorio que se encuentra vertido en la contestación de la reforma de la demanda, por parte de las accionadas, que obra a folios 93 a 108 del cuaderno principal. Especialmente en lo relacionado con la manifestación vertida al contestar el numeral 6º de la demanda (fs. 94).” (fls. 30 a 33, C. Corte).

En la demostración dice que si el ad quem hubiese apreciado la confesión del apoderado de las demandadas referente a que al causante se le pagaban, además de la asignación básica mensual, dos sueldos que constituían factor salarial, conforme a la documental referida, esto forzosamente lleva a concluir que la empleadora no canceló la totalidad de las prestaciones debidas, “en el hipotético evento de que los extremos temporales fueran reales. … Lo que significa que el salario para la liquidación de la cesantía y sus intereses debía ser calculado teniendo en cuenta tales factores y la remuneración mensual devengada por el Causante –que correspondía a la suma de $807.054.oo-; de donde resulta que el salario para efectos de liquidar las prestaciones señaladas asciende a la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE ($941.563.oo).” (fls. 34 y 35, C. Corte).

La réplica

Dice que el cargo no señala la modalidad de la infracción. Que respecto a lo planteado sobre la remuneración mensual del causante, tal punto no fue materia de apelación ante el Tribunal, por lo que hubo conformidad de la parte actora en la citada decisión del a quo.

Se considera

El comentario hecho en la acusación anterior cabe en esta, respecto de la no indicación de la modalidad de violación de la ley.

En este cargo la parte recurrente plantea que el Tribunal erró al dar por demostrado que el salario mensual de LUIS ALEJANDRO MORALES ascendía a $807.074.oo, cuando debió incluirse el equivalente a dos primas al año, “iguales a una remuneración mensual cada una”, para un total de $941.563.oo, valor que se debió tener en cuenta para la liquidación de cesantía “y demás especies laborales”.

El juzgado de primer grado, en relación con el auxilio de cesantía, en lo que viene al caso, sostuvo lo siguiente: “De ahí que la liquidación que se hiciera de este rubro de conformidad con la liquidación de prestaciones sociales visible a folios 148 del cdno. ppal. sea ajustada a derecho por cuanto corresponde al tiempo trabajado, rubro que fue pagado efectivamente a la cónyuge supérstite de conformidad con los documentos visibles a folios 155-157 cdno. ppal. y 2 a 5 del cdno.3”. (folio 503)

En dicha liquidación que comprende el periodo que va del 1º de julio de 1991 al 9 de octubre de 1998, fecha del fallecimiento de MORALES, aparece un salario promedio de $807.054. Sin embargo, la parte demandante en el escrito de apelación no mostró su inconformidad, en torno al monto del salario que el a quo estableció, y esta razón llevó al tribunal a que no se ocupara del punto. De esta suerte, no puede la censura controvertirlo ahora en casación, ya que, se repite, para ello era menester que en concreto hubiera mostrado su desacuerdo en este punto frente al fallo de primera instancia.

Por consiguiente, el cargo no prospera.

Tercer cargo

Acusa la sentencia de ser violatoria, “en forma indirecta, de la ley sustancial. Violación que se concreta en la transgresión de los artículos 2º, 19º, 25º, 53º y 228º de la Constitución Nacional; de los artículos 9º, 14º, 23º, 24º, 216º, 348º, y 349º del Código Sustantivo del Trabajo; y, de los artículos 2341, 2342 y 2355 del Código Civil. Que surge de los errores de hecho provenientes en –sic- la apreciación de las pruebas.

“Las pruebas documentales erróneamente apreciadas son:

“1.- Documento de carácter técnico obrante en el cuaderno principal de folios 292 a 294, mediante el cual la firma Gonzalo Castillo & Cía. ilustra sobre las características del ‘Kadrei’.

“2.- Estudio médico realizado por ‘Patólogos Asociados’, rendido por la Dra. Tereza –sic- García, que obra a folios 302 a 303 del cuaderno principal, en el que se aduce que el Sr Luis Morales padeció de ‘Carcinoma Cortical Suprarenal _sic -‘. ‘Riñón con focos de Nefritis Intersticial’.

“3.- Documento obrante a folio 300 del expediente, emitido el 15 de diciembre de 1998, mediante el cual el Dr. Miguel Builes Marín, del Departamento de Patología de la Universidad de Antioquia confirma a ‘Patólogos Asociados’ su diagnóstico de ‘NEFRITIS TUBULO INTERSTICIAL CRONICA’.

“4.- Documento que obra a folio 313 del cuaderno principal, que contiene, Experticio Técnico-Médico, sobre los padecimientos sufridos por el Señor Luis A. Morales, expedido por la Dra. Nora Álvarez el 25 de enero de 1999.

“5.- Documento que obra de folios 325 a 328 del expediente, respecto de Controles y prohibición del uso del bromato de potasio para la Industria Panadera por su alto potencial mutágeno y cancerígeno.

“6.- Documento que obra a folios 388 del cuaderno principal que contiene experticio médico rendido por la médico forense Magaly Realpe Palacios, con código 1034-5.

“7.- Documento que obra a folios 449 del cuaderno principal que contiene ampliación y aclaración del dictamen rendido a folios 388, proveniente de la médico forense Magaly Realpe Palacios, con código 1034-5.

“8.- Documento de once (11) folios que contiene objeción al dictamen pericial, obrante en el cuaderno principal de folios 456 a 467, presentado al Juzgado de Primera Instancia el día 3 de noviembre de 2000.

“9.- Documento que obra a folio ‘303B’ del cuaderno principal, de noviembre 5 de 1986, en el que el gerente de la Industria Harinera S.A. le ordena al Señor Luis Morales, en el Molino de Barranquilla, ‘verificar la dosificación actual del Kadrei’.

“10.- Copia del reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de ‘La Industria Harinera S.A.’ que obra a folios 168 a 187 del cuaderno Principal, en especial en lo referente a ‘riesgos químicos’ contenidos en el numeral ‘2.2’, que se observa a folio 176.” (fls. 35 a 38, C. Corte).

En la demostración afirma que el ad quem presumió que el causante no utilizó los elementos entregados de ‘bio-seguridad’, aduciendo que su utilización era imprescindible, con lo cual desconoció, “por la múltiple información de carácter documental arrimada al plenario que los elementos referidos no son idóneos para evitar la contaminación de sustancias químicas como el bromato de potasio; siendo obligación, mínima, del empleador dar a conocer a sus empleados sobre los peligros a la exposición de tales sustancias; pues la omisión en la información respecto de la exposición a un peligro, como en el sub-exámine, hace responsable al patrono.” (fls. 39 y 40, C. Corte).

Que los únicos riesgos declarados por la empresa, según el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial arrimado al proceso, fueron los calificados como Riegos Mecánicos, y en los químicos únicamente el polvo de la harina como contaminante. Que es de sobresaltar que la Harinera del Valle S.A. no aportó reglamento alguno de Higiene y Seguridad. Seguidamente transcribe apartes de la sentencia de esta Corporación del 28 de septiembre de 1982, sobre el particular; concluye que la ausencia de dichos reglamentos hacen responsable al empleador de los daños sufridos por su trabajador.

La réplica

Indica que nuevamente el recurrente omite señalar la modalidad de la infracción; que el ad quem concluyó que el bromato de potasio no fue la causa del edema pulmonar, puesto que hay testimonios afirmantes de la utilización del causante de los elementos de protección para sus labores y que la empresa tomó las precauciones necesarias para garantizar las mejores condiciones de trabajo. Que tampoco demostró la parte actora la culpa patronal, y que ésta no se presume.

Se considera

Como en los cargos anteriores, en este no se indica la modalidad de quebranto normativo, a más de que tampoco se precisa el error o los errores de hecho supuestamente cometidos por el tribunal. No obstante, dejando de lado estos aspectos, la Corte emprenderá su estudio, asumiendo que lo que la censura apunta a demostrar es que desacertó el fallador de alzada al no concluir que hubo culpa comprobada del patrono en la muerte de LUIS MORALES.

En primer lugar las indicaciones descritas en el documento de folios 292 a 294, sobre las características del “KADREI”, sin firma alguna con el logotipo de GONZALO CASTILLO M & CÍA. LTDA. y el informe extractado vía internet sobre controles y prohibiciones del bromato de potasio en la industria panificadora de folios 325 a 328, son documentos emanados de tercero, no aptos de análisis en casación dada su equivalencia al testimonio que en materia probatoria le otorga la ley. (art. 277 del CPC)

Los informes de los patólogos MIGUEL BUILES MARIN y MARIA TERESA GARCIA (folios 300 y 702 - 703), corresponden a dictámenes periciales que, por no ser prueba calificada, no son susceptibles de examen al decidir este recurso extraordinario. Tampoco los que da cuenta la censura, obrantes a folios 313, 388 y 449, así como la objeción al dictamen pericial visible a folios 456 a 467

En forma clara, a propósito del tema debatido, el Tribunal adujo que “Según se infiere del anterior dictamen pericial, no existe relación de causa efecto del trabajo realizado por MORALES TORRES con las enfermedades padecidas y menos que exista medio demostrativo alguno del que pueda establecerse que tales enfermedades fueron sufridas por culpa imputable al empleador, pues éste suministró al trabajador para la ejecución de sus actividades los elementos preventivos necesarios para evitar las consecuencias derivadas de la exposición a los elementos químicos que manipulaba y la empresa esperaba que su trabajador observe la diligencia y cuidado necesarios en el cumplimiento de sus funciones observando el reglamento de higiene que existía en la empresa, puesto que el empleador muchas veces se encuentra en imposibilidad de indicarle y vigilarlo en forma directa, siendo imprescindible la utilización de los tapabocas, tapaoídos, guantes, camisas, delantales y cascos que se suministraba y, por ende confía en la prudencia y sano juicio de sus subalternos en la utilización racional de tales elementos y en la observancia de las reglas que para el efecto existan.”

De suerte que de la apreciación del dictamen, no se puede estructurar un error evidente de hecho por parte del Tribunal que lo llevó a concluir sobre la ausencia de culpa de la empresa en la muerte de MORALES.

Denuncia el censor que “HARINERA DEL VALLE S.A.” no posee reglamento de higiene, lo cual resulta intranscendente, pues el hecho de que sea una de las propietarias de “INDUSTRIA HARINERA S.A.”, como se afirma en la demanda, no la obligaba a tenerlo, al menos en lo que tiene que ver con este estudio, como sí lo estaba esta última sociedad, pues fue la empleadora del actor. Ahora, en cuanto a la equivocada apreciación de dicho reglamento, respecto de INDUSTRIA HARINERA S.A., según lo sostiene, porque el arrimado al proceso no tiene previsto el aparte relativo a “RIESGOS QUÍMICOS”, por lo que a su juicio la empresa no posee “REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL”, tal deducción resulta carente veracidad, ya que, el artículo 7 denominado “CONTROL DE RIESGOS”, a más de los riesgos mecánicos (folio 172), trata de los “Riesgos Físicos” (folio 175), que consagra el “Inventario de riesgos y contaminantes ambientales su evaluación y su control” y en el caso específico de protección a los trabajadores allí se indica que “Se proporcionan los elementos de seguridad industrial apropiados a cada operación como son: guantes, respiradores, tapones auditivos, botas y overoles” (folio 173), para el ruido “Proporcionándoles elementos de protección personal como tapones auditivos” (folio 175)y para el “POLVO”, “Proporcionando elementos de protección personal tales como respiradores” y “Efectuando exámenes espirométricos periódicos” (folio 176). Amén de lo dicho, la Resolución 69 del 6 de abril de 1989, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, expresamente, en su artículo primero resuelve “Aprobar el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la empresa LA INDUSTRIA HARINERA S.A., con domicilio en la ciudad de Bogotá,...”, sin dejar de lado que el proyecto aprobado también abarca “las sucursales en Pasto y Duitama”, con lo que se comprueba la existencia de dicho reglamento que la censura pretende desconocer. Así las cosas, no podría afirmarse que hubo equivocada apreciación de esta probanza.

En lo que tiene que ver con el documento de folio 303-B, del 5 de noviembre de 1986, señalado como erróneamente apreciado, no indica la censura la forma como estuvo mal estimado tal documento ni cómo debió apreciarse, razón que impide analizarlo, pues a la Corte no le está dado hacerlo de oficio.

En consecuencia, el cargo no prospera.

Costas a cargo de la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 16 de mayo de 2001 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, dentro del juicio ordinario laboral que le adelanta NOEMI UPEGUI DE MORALES, LUZ MARLEN, MARTHA YOMAIRA, HOLMAN FERNANDO, LUIS ALEJANDRO, CARLOS ARTURO y SONIA NOHEMI MORALES UPEGUI en el juicio que le sigue a las sociedades HARINERA DEL VALLE S.A. y la INDUSTRIA HARINERA S.A. en liquidación.

Costas a cargo de la parte demandante.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Luis Gonzalo Toro Correa—Francisco Escobar Henríquez—José Roberto Herrera Vergara—Carlos Isaac Nader—Germán G. Valdés Sánchez—Isaura Vargas Díaz—Fernando Vásquez Botero.

Jesús Antonio Pastás Perugache, Secretario.