Sentencia 17121 de abril 10 de 2002

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Vásquez Botero

Radicación 17121

Acta 13

Bogotá, D.C., diez de abril de dos mil dos.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de Efraín de Jesús Palacio contra la sentencia de fecha 28 de febrero de 2001, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso que el recurrente le promovió al Instituto de Seguros Sociales Seccional Antioquia.

Antecedentes

Efraín de Jesús Palacio demandó el Instituto de Seguros Sociales Seccional Antioquia, para que, previos los trámites de un Proceso Ordinario Laboral de Primera Instancia, se le reconozca: el derecho a la pensión de sobreviviente a partir del 16 de mayo de 1998, en razón de la muerte de su cónyuge Fabiola del S. Zapata Zapata; las mesadas adicionales de Junio y diciembre; la sanción por no pago o indexación; las costas del proceso.

Los hechos expuestos por el demandante en sustento de las anteriores pretensiones, son: que contrajo matrimonio por los ritos de la iglesia católica con Fabiola del S. Zapata Zapata, la cual falleció el 16 de Mayo de 1998; que con ocasión del fallecimiento de la asegurada, su cónyuge, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes; que el instituto accionado, mediante Resolución 0952 de 1999, negó la pensión solicitada y en su defecto concedió indemnización sustitutiva en cuantía de $1'634.588, la cual fue cobrada; que contra la citada resolución no se interpuso recurso alguno en la vía gubernativa, pero manifestó acogerse al régimen del Decreto 758 de 1990 según el artículo 48 Ley 100 de 1993, en escrito enviado a la entidad de seguridad social.

La demanda se contestó con oposición a las pretensiones, pero se aceptó como cierto el fallecimiento de la señora Zapata Zapata y el vínculo matrimonial que tenía el actor con ella. Como medios exceptivos se plantearon los que denominó: “Pago de la obligación”, e “inexistencia de la obligación”.

La primera instancia la desató el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 17 de noviembre de 2000, la que absolvió al Instituto demandado de las pretensiones. Apelada tal decisión, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, con providencia del 28 de febrero de 2001, la confirmó.

En sustento de su determinación, en lo que al recurso extraordinario interesa, el tribunal expresó:

“La Sala comparte el criterio del a quo, porque no obstante, haberse realizado las cotizaciones por parte de la afiliada, dichas cotizaciones quedaron sin ningún valor, ya que, la demandada llevó a cabo la investigación administrativa respectiva para saber si en realidad, la afiliada Fabiola del S. Zapata Zapata estaba vinculada laboralmente a la que dice era su última patrona, y pudo comprobar que tal vinculo no existió.

“Y por supuesto que al no tener valor las cotizaciones, tampoco se puede decir que las cotizaciones de las últimas 26 semanas, sí se hicieron ajustadas a la ley.

“Pero, aparte de lo anterior, ya es jurisprudencia reiterada que la transición no cobijó las pensiones de sobrevivientes, y por lo mismo, no puede aplicarse el régimen anterior a la Ley 100 de 1993, si la causante falleció en vigencia de esta ley, en 1998.

El recurso de casación

Fue interpuesto por el apoderado de la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por esta corporación, que procede a resolverlo previo el estudio de la demanda que lo sustenta. No hubo réplica.

Al fijar el alcance de la impugnación el recurrente indicó:

“Pretende el Recurso Extraordinario la CASACION TOTAL del fallo recurrido SEDE DE INSTANCIA, se sirva REVOCAR el Fallo de Primer Grado y en consecuencia condenar al ISS a la satisfacción de las súplicas del libelo inicial. Se fijen las costas en las instancias y en el recurso, para que convertida esa Sala en Extraordinario”.

Con fundamento en la causal primera de casación laboral, el impugnante le formula a la sentencia controvertida, dos cargos, los cuales se estudiarán conjuntamente por las razones que en su debida oportunidad se señalarán.

Primer cargo

“La sentencia recurrida viola por infracción directa los artículos 6º y 25 del Acuerdo 049 de 1990 (aprobado por el artículo 1º Decreto 758 del mismo año), en relación con los artículos 11, 31, 50, 141, 142, 288 y 289 de la citada ley. Artículos 42, 48, 53 de la Constitución Nacional".

Desarrollo del cargo

Aduce el censor que acepta como supuestos fácticos de la litis, y que dio por demostrados el Tribunal los siguientes: 1. que Fabiola del Socorro Zapata Zapata falleció en 1998; 2. que no tenía 26 semanas de cotización en el año anterior al fallecimiento; 3. que los aportes efectuados con la empleadora María Eduvina Zapata Zapata entre enero de 1997 y mayo de 1998 no tienen ningún valor.

Con base en lo anterior, se afirma que para el evento presente no se aplican las disposiciones de la Ley 100 de 1993, sino las del acuerdo 049 de 1990 que fuera aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, pues la existencia de principios superiores imponen una solución fundada en la equidad, y en los principios de proporcionalidad y condición más beneficiosa, consagrado éste último en el canon 53 superior. Que el principio de la condición más beneficiosa, tiene como presupuesto, la confrontación de dos diferentes regímenes de pensiones (el antiguo y el nuevo), y comporta que el nuevo no puede tener eficacia jurídica si no resultare más favorable a quien pretende su aplicación, de allí que el derecho, en especial el que regula la materia de seguridad social, se entienda como un avance cualitativo de la base normativa sobre ese aspecto; que aun cuando el Tribunal diga que no existió régimen de transición respecto de las pensiones de sobrevivientes, en principio sería así en lo que en sentido estricto significa un determinado régimen de transición, pero no es menos cierto que el artículo 48 inciso último de la Ley 100 de 1993 consagra una especie de aquel régimen, cuando enuncia que se puede optar por el régimen de pensión de sobrevivientes del ISS vigente al momento de expedición de la ley, siempre que se reúnan todos los requisitos de aquel y, visto está, que en este caso cuando la asegurada falleció, tenía la densidad de cotizaciones (omitiendo las de la empleadora Eduvina Zapata entre 1997 y 1998) para dejar derecho a la pensión de supervivientes a favor de su cónyuge hoy recurrente, ya que cotizó más de 300 semanas antes de la vigencia de la nueva normativa.

Segundo cargo

"La sentencia recurrida infringe indirectamente y por aplicación indebida el artículo 48 inciso 4º de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 6º, 25, 50 del Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad. Artículos 50, 141, 142, 188, 289 de la Ley 100 de 1993."

El único error evidente de hecho que le endilga al Tribunal se circunscribe a “No dar por demostrado que el demandante opto por el régimen de pension de sobrevivientes del Decreto 758 de 1990”.

Las pruebas que se denuncian como causantes del desatino fáctico aludido, son los documentos de folios 4, 5, 6, 52 a 55 del cuaderno número 1, de las que se predica su no apreciación.

Desarrollo del cargo

Para lo del presente cargo también se dice que acepta como supuestos fácticos de la litis, y que dio por demostrados el tribunal los siguientes: 1. que Fabiola del Socorro Zapata Zapata falleció en 1998; 2. que no tenía 26 semanas de cotización en el año anterior al fallecimiento; 3. que los aportes efectuados con la empleadora María Eduvina Zapata Zapata entre enero de 1997 y mayo de 1998 no tienen ningún valor.

Se afirma, a su vez, ser palmario que el tribunal omitió apreciar el documento en que el demandante optó, para efectos de la pensión de sobrevivientes en razón de la muerte de su esposa, por el régimen anterior en pensión de sobrevivientes, esto es, el consagrado en el Acuerdo 049 de 1990 que aprobó el artículo 1º del Decreto 758 del mismo año. Que en este régimen, para tener derecho a la pensión de supervivientes, bastaba que la asegurada hubiere cotizado 150 semanas en los seis años anteriores a la fecha de fallecimiento ó 300 en cualquier tiempo (arts. 6º, lit. b), y 25 literal a del Acuerdo 049 de 1990), lo cual se cumplió en el sub judice, ya que del informe de cotizaciones obrantes folios 52 a 55, se evidencia que la asegurada cotizó más de 300 semanas al sistema en cualquier tiempo y por tanto dejo derecho a la pensión de sobrevivientes a favor de su esposo.

Se considera

No obstante que los dos cargos formulados están orientados por diferentes vías, la Sala los estudia conjuntamente porque persiguen igual finalidad y a su vez se sirven de complemento.

Del análisis a la acusación que presenta el impugnante, se concluye que la tesis central desde la que se enfoca la discrepancia con la sentencia del tribunal, consiste básicamente en que el pedimento de la pensión de sobrevivientes del demandante debe ser estudiado en el marco de las preceptivas anteriores a la expedición de la Ley 100 de 1993, esto es, los artículos 6º y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el artículo 1º del decreto 758 del mismo año, en relación con los artículos 42, 48 y 53 de la Constitución Política, entre otras normas. De ahí que, en el primer cargo, se denuncie la infracción directa de tales disposiciones.

Ahora bien, de la providencia recurrida, que prohijó la del primer grado, salta a la vista que el tribunal para nada tuvo en cuenta las normativas que regían antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, pues tan sólo le bastó para examinar la situación del demandante, si se cumplían con los presupuestos fácticos a que alude el artículo 46 de la ya citada ley, esto es, si a la fecha del fallecimiento de la señora Zapata Zapata, ésta contaba con un mínimo de 26 semanas de cotización. Lo que explicó así: “(...) ya es jurisprudencia reiterada que la transición no cobijó las pensiones de sobrevivientes, y por lo mismo, no puede aplicarse el régimen anterior a la Ley 100 de 1993, si la causante falleció en vigencia de ésta, en 1998”. 

En el contexto anterior, el tribunal no se detuvo a examinar si teniendo en cuenta las cotizaciones pagadas con antelación a la multicitada ley 100 de 1993, al aquí demandante le asistía el derecho a acceder a la pensión de sobrevivientes que se reclama, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, pues como insistentemente lo ha precisado la Sala en contiendas de similares fundamentos de hecho y de derecho a la que ahora ocupa su atención, el crédito social reclamado no se puede negar a los derechohabientes de un afiliado bajo el único pretexto de no cumplir con la densidad mínima de cotizaciones (26 semanas) en el año inmediatamente anterior al deceso, si durante la vinculación con la seguridad social satisfizo las exigencias del artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990.

Precisamente, el criterio que antecede se ha fundamentado de tiempo atrás por la Corte, no sólo en lo que al efecto prevé el inciso cuarto del artículo 48 de la Ley 100 de 1993, en cuanto garantiza el derecho de optar por una pensión de sobrevivientes equivalente al régimen de pensión de sobrevivientes del ISS, que regía con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley, sino, además, en los principios rectores de la seguridad social, el artículo 53 de la Constitución Política y el postulado de la condición más beneficiosa. 

Sentadas las premisas que anteceden, si bien es cierto que el tribunal debió analizar el caso debatido en perspectiva de lo que al efecto establece el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el artículo 1º del Decreto 758 de la misma anualidad, máxime a que en el agotamiento de la vía gubernativa y en el escrito de la demanda se hizo referencia a tal normatividad como fundamento de su derecho, por lo que el primer cargo debe tenerse como fundado, de todos modos la Corte encuentra que éste ni el segundo imponen la quiebra del fallo, ya que al hacerse las consideraciones de instancia, se encontraría que no se dan los presupuestos de hecho que configuran el derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes pretendida.

Así se afirma por cuanto, si se observa la documental que milita a folio 52 del expediente, la cual da cuenta de los períodos de afiliación de la asegurada Fabiola Zapata Zapata al régimen de pensiones del Instituto de los Seguros Sociales, allí se detalla claramente que entre junio 1º de 1970 y agosto 8 de 1970, cotizó 69 días; del 25 de octubre de 1978 al 17 de abril de 1980, cotizó 541 días; y entre junio 19 de 1990 a diciembre 31 de 1994, cotizó 1.657 días, para un total de 2267 días, que reducidos a semanas nos da la suma de 323,8571.

Empero, como la Ley 100 de 1993 comenzó a regir en materia de pensiones el 1º de abril de 1994, se tiene, con referencia a las citadas calendas, así como del total de semanas cotizadas por la asegurada entre junio 1º de 1970 y diciembre 31 de 1994, que necesariamente debe concluirse que no se cumplió con el mínimo de aportes a que alude el acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, esto es, las 150 semanas dentro de los 6 años anteriores o las 300 en cualquier tiempo con antelación a la fecha en que entró en vigencia la citada ley 100.

En estos términos y para hacer más explícita la anterior conclusión, se observa que la asegurada cotizó entre junio 1º de 1970 y el 31 de diciembre de 1994 un total de 2267 días, lo cotizado con anterioridad al 1º de abril de 1994 (fecha en que entró a regir la Ley 100 de 1993 en materia de pensiones), ascendería a la suma de 1997 días (2.267 menos 270), que convertidos a semanas, arrojaría como resultado un total de cotizaciones de 285,2853; cifra que resulta inferior al tope mínimo que exige el Acuerdo 49 de 1990 del ISS.

Del mismo modo, tampoco se cumple el otro presupuesto fáctico de las 150 semanas de cotización dentro de los seis años anteriores, dado que la asegurada no estuvo cotizando en forma continua, sino en algunas anualidades, tal y como quedó consignado con precedencia.

En consecuencia, los cargos no prosperan.

Aunque el recurso se pierde, no se impondrán las costas por el mismo al encontrarse fundado uno de los cargos.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 28 de febrero de febrero de 2001, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del juicio ordinario laboral que Efraín de Jesús Palacio le promovió al Instituto de Seguros Sociales.

Sin costas en el recurso.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Fernando Vásquez BoteroFrancisco Escobar HenríquezJosé Roberto Herrera VergaraCarlos Isaac NaderLuis Gonzalo Toro CorreaGermán G. Valdés SánchezIsaura Vargas Díaz.

Jesús Antonio Pastás Perugache, Secretario.