Sentencia 1713 de junio 6 de 2002 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 20021713 01/388-T

Magistrado Ponente:

Dr. Guillermo Bueno Miranda

Bogotá D.C., junio seis de dos mil dos.

Aprobado según acta 45 de junio 6 de 2002.

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el que fuera reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, y en concordancia con lo previsto en la Ley 270 de 1996, artículo 112, numeral 4º, procede esta superioridad a resolver la impugnación formulada por XXX contra la sentencia proferida el 24 de abril de 2002 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, que NEGÓ el amparo solicitado en la acción de tutela promovida contra la sociedad “XXX S.A. división Datacrédito”, por no hallar vulnerados sus derechos fundamentales constitucionales al buen nombre, el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad, y a obtener una vivienda digna.

Antecedentes

El pasado 10 de abril la accionante instauró la referida tutela con fundamento en los siguientes hechos:

Hace algunos años sirvió de codeudora ante XXX, obligación que ante el incumplimiento de la deudora, tuvo que cancelar por vía ejecutiva en noviembre de 2000.

En octubre de 2001 solicitó ante XXX una tarjeta de crédito XXX, la cual le fue rechazada al consultarse el reporte de Datacrédito respecto del recaudo de una deuda por XXX por cobro jurídico. Igual suerte corrió ante el Fondo Nacional de Ahorro que le rechazó un crédito, directo para adquisición de vivienda.

Por lo anterior acudió a Datacrédito donde se le informó que no obstante haberse cancelado la obligación, la habían sancionado por cinco (5) años, motivo por el cual no obtendría crédito de ninguna entidad que allí consultara datos.

Acogiéndose al precepto contenido en el artículo 19 de la Ley 716 de 2001, el 29 de enero del presente año solicitó a Datacrédito el retiro de su nombre de la central de riesgos, empero al día siguiente se le respondió negándole el alivio, por considerar que debía ser aplicado solo a aquellas personas que dentro del año siguiente a la vigencia de la ley se pusiera al día en el pago de sus obligaciones, y no a quienes se pusieron al día con anterioridad a la vigencia de la misma; ley que fue sancionada y publicada en el Diario Oficial el 29 de diciembre de 2001.

Pretensiones

Solicitó la accionante el amparo constitucional a sus derechos fundamentales ya enunciado, y en consecuencia se ordene a Datacrédito levantar la sanción y eliminar su nombre de la central de datos, como codeudora, ya que se encuentra al día en sus obligaciones, e informar sobre el particular a XXX y al Fondo Nacional de Ahorro (cdno. 1ª instancia, fls. 1 al 4).

Actuación procesal

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, avocó el conocimiento de la tutela el 12 de abril de 2002 (cdno. 1ª instancia, fls. 18/19), dispuso noticiar sobre su inicio a la actora, así como a la entidad accionada, debiéndose librar oficio al director de la misma para que informara y explicara las disposiciones normativas en que se fundó la sanción de cinco (5) años de reporte en su sistema, de la señora XXX; el por qué no aplicó a la situación en particular el precepto del artículo 19 de la Ley 716 de 2001; desde cuando estaba presuntamente reportada la accionante y, según su criterio, cuando quedaría sin vigencia la sanción del reporte, así como los procedimientos para ser excluido del mismo, debiendo allegar copia documental que sustentara su dicho.

Igualmente tener como pruebas los documentos obrantes en la tutela (cdno. 1ª instancia, fls. 18/19).

El apoderado judicial de la sociedad XXX S.A. división Datacrédito, se opuso a la prosperidad de la tutela, y en consecuencia se permitiera el mantenimiento de la información en la base de datos de Datacrédito, correspondiente a la señora XXX.

Sostuvo que la accionante aparecía reportada por una obligación recuperada con XXX en noviembre de 2000, información que debe aparecer en el registro durante cinco (5) años, en virtud de la Sentencia SU-082 de 1995 de la Corte Constitucional, que dispuso tal término de caducidad para pagos producidos como consecuencia de un proceso judicial.

Se remitió a los lineamientos más relevantes de orden constitucional, atinentes al habeas data, el derecho al buen nombre, la intimidad y otros aspectos sustantivos y de procedencia, así:

En cuanto a la inaplicabilidad del alivio contenido en la Ley 716 de 2001, anotó que su texto era claro al establecer una limitación temporal a la aplicación de dicho alivio, pues fue voluntad expresa del legislador que solo cobijaría los pagos realizados en el año siguiente contado desde la vigencia de la ley, y no a los pagos anteriores, como era el caso de la accionante.

Explicó la caducidad de la Ley 716 de 2001, reglamentada mediante el Decreto 181 de 31 de enero de 2002 que indicó que para acceder al alivio previsto en su artículo 19, se requiere el pago de todas las obligaciones por las cuales hayan sido reportadas en los bancos de datos, estableció expresamente que no obstante la aplicación del alivio, “los bancos de datos pueden conservar en sus archivos la información sujeta al alivio”, tal como lo previó en su artículo 2º.

Así que la caducidad inmediata de la información negativa, no consiste —como mal se había entendido— en la eliminación de la información existente en los bancos de datos, sino en que la misma no tenga ningún efecto, y por tanto, no pueda ser utilizada por las entidades financieras o usuarias del servicio para negar un crédito, apoyando su decisión en la información que estando en la base de datos, haya sido cobijada por el alivio. En efecto, el mencionado decreto textualmente dispone que el alivio “implica que dicha información no tendrá ningún efecto, por lo cual no podrá utilizarse para negar un crédito” y que en todo caso “los bancos de datos podrán conservar en sus archivos la información sujeta al alivio de que trata el artículo 19 de la Ley 716 de 2001”.

Concretó que el deber de actualizar la información no significa que el administrador de la base de datos debe eliminar la información histórica “precisamente el registro histórico, es decir aquél que se refiere a un hecho o circunstancia ocurrida en el pasado cercano, es de imprescindible utilidad para el analista de crédito o riesgo, para quien resulta relevante no sólo la información sobre la situación actual crediticia del reportado, sino también la relativa al manejo que le dio a sus créditos con anterioridad ...”.

Concluyó que el criterio de Datacrédito es respaldado por el honorable Consejo de Estado, en cuanto si bien inicialmente consideró que el dato relativo a una obligación en mora debía desaparecer una vez el deudor pagaba lo debido, posteriormente modificó su postura respaldando el criterio según el cual los datos pueden mantenerse por un período de caducidad e inclusive ampliando dicho plazo a cinco (5) años para todos los casos, precisamente porque no existe otra base legal que permitiera la graduación de términos y el juez no tiene alcance de legislador (cdno. 1ª instancia, fls. 23 al 30).

Pruebas

La actora, anexó al libelo de tutela:

Copia de la solicitud de tarjeta de crédito XXX ante XXX (cdno. 1ª instancia, fl. 5).

Reporte de Datacrédito del 30 de noviembre de 2001 (cdno. 1ª instancia, fl. 5).

Escrito presentado ante Datacrédito el 31 de enero de 2002 solicitando ser removida de la base de datos de esa central de riesgos, ya que como codeudora de un crédito con la cooperativa XXX, había cancelado la obligación en su totalidad en noviembre del 2000, y conforme al artículo 19 de la Ley 716 de 2001 las centrales de riesgo deben retirar de sus listas a las personas que como ella se hubieran puesto al día en sus obligaciones financieras, a partir del día en que ese pago fuera reportado (cdno. 1ª instancia, fl. 6).

Respuesta emitida sobre el particular el 20 de febrero de 2002, informándole que en su caso era inaplicable la norma en cita puesto que de su texto se colegia que el alivio debe ser aplicado a aquellas personas que dentro del año siguiente y a la vigencia de la ley, se pusieran al día en el pago de sus obligaciones, y no a aquellas personas que se pusieron al día con anterioridad a la vigencia de la misma.

Que dicha ley fue sancionada y publicada en el Diario Oficial del 29 de diciembre de 2001, “... por lo cual, pagos anteriores a esta fecha y posteriores al 29 de diciembre de 2002, no quedan cobijados por el mencionado alivio ...” (cdno. 1ª instancia, fls. 13/14).

Certificación expedida por XXX el 12 de diciembre de 2001, indicando que se encontraba a paz y salvo por todo concepto con esa entidad cooperativa de ahorro y créditos (cdno. 1ª instancia, fl. 15).

Algunas copias del proceso ejecutivo adelantado ante el juzgado diecisiete civil municipal de esta ciudad, que acreditan que canceló la obligación en calidad de codeudora (cdno. 1ª instancia, fls. 9 al 11).

El apoderado judicial de la sociedad accionada, al descorrer el traslado de la tutela aportó copia simple del Decreto 181 del 31 de enero de 2002, por el cual se reglamentó el artículo 19 de la Ley 716 de 2001, así:

“... ART. 1º—Para acceder al alivio previsto en el artículo 19 de la Ley 716 de 2001, las personas deberán poner al día mediante pago, dentro del año siguiente a la vigencia de la ley, todas las obligaciones por las cuales hayan sido reportadas a los bancos de datos.

ART. 2º—El alivio previsto en el artículo 19 de la Ley 716 de 2001, consistente en la caducidad inmediata de la información negativa, implica que dicha información no tendrá ningún efecto, por lo cual no podrá utilizarse para negar un crédito.

PAR.—No obstante lo previsto en el presente artículo, los bancos de datos podrán conservar en sus archivos la información sujeta al alivio de que trata el artículo 19 de la Ley 716 de 2001” (cdno. 1ª instancia, fl. 43).

Sentencia de primera instancia

La corporación seccional disciplinaria de origen emitió fallo el 24 de abril de 2002 (cdno. 1ª instancia, fls. 45 al 54) negando el amparo solicitado en la acción de tutela propuesta por la señora XXX contra la sociedad “XXX S.A. división Datacrédito” en cabeza de su representante legal, o de quien hiciera sus veces.

Precisó la Sala que la tutela no estaba llamada a prosperar habida consideración que contrario a lo afirmado por la actora, no era posible —ni siquiera por principio de favorabilidad— darle aplicación al artículo 19 de la Ley 716 de 2001, atinente en la caducidad inmediata de la información negativa histórica, implicando que dicha información no tendría ningún efecto, por lo cual no podría utilizarse para negar un crédito, puesto que el mismo, fue objeto de reglamentación en cuanto se dispuso que los bancos de datos no están obligados a borrar el registro histórico que muestre el comportamiento de una persona frente a las entidades crediticias, criterio que fue reconocido en pronunciamientos de tutela de la Sección Tercera del Consejo de Estado (Rad. 20001 133801, Sent. oct. 31/01).

Señaló que en el caso concreto, los bancos de datos están facultados de manera expresa a conservar la información acerca de las obligaciones que les hubieran sido reportadas. Luego el hecho de que le fuera negada a la patente la posibilidad de que su nombre fuera excluido de la central de riesgos de Datacrédito, era una actuación legítima, cuyo término de caducidad está determinado jurisprudencialmente ante el vacío legislativo. Cosa distinta, es que dicha información, no tuviera los efectos ni condiciones para que una entidad financiera pueda o no negar un crédito, conforme al artículo 2º del Decreto 181 de 2002.

En virtud de lo anterior, no se encontraron conculcados ninguno de los derechos planteados por la tutelante, por cuanto se insistió, la entidad accionada al negarse a dejar por fuera del registro de datos de la actora la obligación que mediante cobro judicial satisfizo en noviembre de 2002 (sic), simplemente aplicó la normatividad vigente en la materia, dado que no había operado el término de caducidad que cobijaría tal crédito.

Impugnación al fallo

La impugnación formulada por la accionante en procura de que se revoque el fallo del ad quem y se acceda al amparo constitucional deprecado, fue concedida por auto del 8 de mayo de 2002 (cdno. 1ª instancia, fl. 61).

Señaló que el artículo 19 de la Ley 716 de 2001 no excepciona el derecho fundamental de habeas data, entendido éste como el derecho de toda persona a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en banco de datos o archivos de entidades públicas o privadas, consagrando además una expresa garantía a ese derecho: La caducidad de los datos recogidos en dichos archivos o banco de datos, cuando la persona se ha puesto al día, para gozar así de un buen nombre en el medio crediticio.

Dicha norma alude a las personas obligadas con las entidades públicas, debiendo entenderse que también serían beneficiados todos aquellos individuos que se encontraren en una misma situación frente a entidades privadas, y, en igual forma a quienes se encuentren al día al entrar en vigencia la norma, por la favorabilidad que acarrea la caducidad inmediata de la información negativa histórica.

Aseveró que la interpretación del ad quem violaba el principio de igualdad constitucional “al no darse el mismo tratamiento de quienes solo van a cancelar, a quienes efectivamente ya lo hicimos, cuando nos encontramos cobijados bajo una misma hipótesis ... como quiera que al ponerse al día en los pagos, ha de darse un mismo trato, esto es, no aparecer en los bancos de datos, y en consecuencia, a gozar del derecho a que las informaciones que reposen en dichos bancos, se rectifique ...” hasta el punto que opere la caducidad inmediata de los datos recogidos en dichos archivos o bancos de datos obligando a la entidad correspondiente a no seguir divulgando sobre la mora, en donde la vigencia del dato se pierde cuando el deudor cancela la obligación.

Consideraciones de la Sala

Antes de entrar en un cuestionamiento de fondo, se considera importante anotar que tal como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte Constitucional y aceptado la doctrina, la tutela no es más que un mecanismo que tienen las personas para acudir en defensa de sus derechos fundamentales constitucionales cuando estos sean vulnerados o teman que se llegaren a vulnerar por la acción u omisión de las autoridades.

Para poder entender este mecanismo, es necesario tener en claro que una de las características de nuestro Estado, es precisamente el de ser de derecho, lo que lleva implícito el concepto previo de legalidad, pues de no ser así, estaríamos en presencia de las vías de hecho.

Así las cosas, es claro entender que la tutela como mecanismo no tiene por objeto desplazar las competencias ordinarias o especiales que fueron creadas por el constituyente y desarrolladas por el legislador.

Por ello, obsérvese que la acción de tutela no busca decidir el fondo de los conflictos, pues, insistimos, no es de su esencia, ya que su real objetivo es el de ser garante de los derechos fundamentales.

Es así como dentro de la distribución de nuestro nuevo ordenamiento jurídico quedó establecida como una función perteneciente a la jurisdicción constitucional, y los jueces cuando en tal condición actúan, lo hacen como integrantes de esta jurisdicción, más no dentro de las facultades ordinarias de competencia que le asignó el legislador, de tal manera que la máxima autoridad en esta materia lo es la Corte Constitucional.

Todo lo anteriormente expuesto nos lleva a concluir, que la acción de tutela no puede asumirse como un sistema de justicia paralela al que ha consagrado el ordenamiento jurídico en rigor, pues de ser ello así, nos veríamos avocados a que existieran pronunciamientos encontrados entre las jurisdicciones ordinarias o especiales y la constitucional.

De esta manera, es claro que la acción de tutela se caracteriza porque no es simultánea con las acciones ordinarias, tampoco paralela ni menos adicional o complementaria. acumulativa ni alternativa; tampoco es una instancia ni un recurso de donde se infiere, insistimos, que la acción de tutela no desplaza las acciones ordinarias; por ello las personas tienen el deber de acudir primeramente ante los escenarios jurídicos naturales que el legislador previó en cada caso.

Del asunto sometido a tutela

El accionar apunta a la no aplicación a la actora del alivio contenido en el artículo 19 de la Ley 716 de 2001, para eliminar su nombre de la base de datos “Datacrédito” que le reporta una mora histórica en su crédito cancelado desde noviembre de 2000, en su condición de codeudora; registros que serán de cinco (5) años contados a partir del pago, y que le imposibilita acceder a la adquisición de vivienda con el Fondo Nacional de Ahorro y de la tarjeta de crédito con XXX.

Como el asunto materia de estudio ya fue objeto de pronunciamiento por esta superioridad dentro del radicado 20014518 01 330T, aprobado en la Sala 14 del 21 de febrero del año en curso, en donde se debatía idéntica situación, nos remitiremos a lo ya dicho en aquella oportunidad con el objeto de dar idéntico tratamiento e igualmente para mantener la uniformidad de la jurisprudencia de esta corporación. Veamos:

“... para abordar de fondo el estudio de la acción, se hace necesario ante todo tener en cuenta lo reglado por la Ley 716 del 24 de diciembre de 2001, la cual en su artículo 19 consagró: “Las personas que dentro del año siguiente a la vigencia de la presente ley se pongan al día en obligaciones por cuya causa hubieren sido reportadas a los bancos de datos de que trata este artículo tendrán un alivio consistente en la caducidad inmediata de la información negativa histórica, sin importar el monto de la obligación e independientemente de si el pago se produce judicial o extrajudicialmente”.

“La Defensoría del Pueblo velará por el incumplimiento de esta norma”.

“Pues bien; de la lectura de la norma en cita, no queda la menor duda de que a partir de la vigencia de dicha legislación, existe la obligación legal de aplicar la caducidad inmediata de la información negativa histórica, para aquellas personas que se pongan al día en obligaciones que hubiesen generado un reporte a los bancos de datos, luego el interrogante se suscita es frente a aquellas personas que se pusieron al día con anterioridad a la entrada en vigencia de la aludida norma”.

“Interrogante este que se soluciona con la aplicación de dos principios rectores constitucionales como lo son el de favorabilidad y el de igualdad, el último en la medida en que la norma sería discriminatoria frente a ciudadanos que se encuentran en idénticas condiciones, por ello el tratamiento debe ser igual, es decir opera para aquellas personas que aunque si bien es cierto estuvieron en mora y fueron reportados, al momento de la vigencia se encontraban al día, no existiendo razón válida para negar el derecho a la caducidad de la información negativa”.

“De otra parte, existe la aplicación del principio de la favorabilidad, no propiamente porque exista una ley anterior que regule este tipo de caducidad, pues sabido es que el término de dos años de registro negativo de información se venía aplicando por vía de jurisprudencia, luego es cuestión de combinar lo ordenado en una ley nueva y lo ordenado en reiterada jurisprudencia para concluir que al actor le beneficia más la ley nueva, que la propia jurisprudencia, que dicho sea de paso tenía su vigencia en la medida en que al respecto existía un vacío legislativo, pero como quiera que en los actuales momentos existe norma en concreto que regule la situación, es natural que la voluntad del legislador desplaza los contenidos de la jurisprudencia” (negrillas del despacho).

Quiere decir lo anterior, que se tutelará al actor el derecho fundamental al buen nombre y como consecuencia de ello se ordenará a los entes accionados que en el término de 48 horas contados a partir de la notificación de este fallo, corroboren si el actor se encuentra al día en los créditos reportados en mora por los distintos entes financieros, y en tal eventualidad, deberá proceder a aplicar la caducidad de la información negativa histórica, es decir, la autoridad accionada se abstendrá de remitir a las entidades crediticias la información que hasta la fecha tiene en sus registros, por operar frente a ella la caducidad de la información.

Como consecuencia de lo anterior, se revocará la decisión recurrida y se tutelará al actor el derecho al buen nombre conforme las precisiones aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

ART. 1º—REVOCAR la sentencia proferida el 24 de abril de 2002 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, que NEGÓ el amparo solicitado en la acción de tutela instaurada por la señora XXX contra la sociedad “XXX S.A. división Datacrédito”.

ART. 2º—TUTELAR a la señora XXX el derecho al buen nombre y como consecuencia de ello ordena al representante de la sociedad “XXX S.A. división Datacrédito” que en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta decisión, verifique si los créditos reportados en mora por los distintos entes financieros se encuentran al día, y de ser ello así, se abstenga de emitir información negativa al respecto por operar la caducidad de la información, conforme las anotaciones y precisiones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

ART. 3º—Una vez notificada esta providencia, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

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